Adiós 2020: un año de reafirmación antirracista.

Se va un año trascendental para la lucha antirracista, determinante en las elecciones de Estados Unidos movilizando el voto de las poblaciones negras como nunca antes, según mostraron los mapas de votación.

Estamos despidiendo ya el año 2020, un año que quedará marcado en la historia por una pandemia mundial que ha terminado con la vida de unos dos millones de personas, que ha intensificado las desigualdades sociales y ha reflejado las brechas estructurales que existen en los países, pero también en todo el sistema mundo.

Este contexto ha condicionado todas nuestras formas de vida en los últimos doce meses y ha dado pie a diferentes procesos político-sociales que posiblemente no pueden ser desligados de las coyunturas locales e internacionales. Uno de estos fenómenos tiene que ver con el racismo y por lo tanto con los movimientos antirracistas de muchos lugares del mundo y que posiblemente más que nunca se vincularon desde un plano global. Sin ir más lejos la propia vinculación que se hizo mediáticamente y desde diferentes figuras políticas internacionales del virus con las poblaciones chinas llevaron a comportamientos discriminatorios e incluso a agresiones físicas sobre personas de origen chino o que eran leídas como tales.

Pero si el covid19 ha cambiado muchas cosas otras siguieron su senda. El 25 de mayo George Floyd era asesinado por la policía en Estados Unidos siendo uno de los centenares de personas negras que mueren a manos de la policía cada año en el país. Las imágenes del momento, los interminables ocho minutos, los pudimos ver todo el mundo y sirvieron de mecha frente al hartazgo histórico de estas poblaciones de ser perseguidas, discriminadas, y sometidas como cuerpos a vigilar y castigar, incluso de matar, durante los últimos siglos en muchos rincones del mundo.

El estallido social y político, bajo el marco del Black Lives Matter, no se redujo a Estados Unidos donde condujo a las mayores protestas en las calles en la historia del país y marcó los resultado de las pasadas elecciones que han llevado a la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, sino que tuvo resonancia en muchos otros países como Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Colombia, Argentina, Brasil, República Dominicana, Sudáfrica, Túnez, Nigeria, Australia, y por su puesto en España.

Vimos decenas de compañías de todo el mundo revisar sus marcas por contenidos racistas; gobiernos plantear reformas en los protocolos policiales; estatuas de personajes coloniales y racistas caer y otras ser trasladadas a museos; se consiguió poner sobre la mesa el racismo en medios e incluso en parlamentos. Todo ello evidentemente implicaba recelos y respuestas contundentes por parte de aquellos grupos poblacionales que se sienten señalados y que ven que se pone en entredicho el lugar que ocupan en el mundo, sus posiciones de poder y sus privilegios. De esta forma la respuesta fue evidente en el caso de España retomando el relato que sitúa el orden español en el cuerpo civilizatorio y trascendental en el recorrido histórico de la humanidad negando o justificando sus procesos de dominación y banalizando, invisibilizando, e incluso ridiculizando, sus consecuencias.

Por eso, también vimos a quienes nunca se han preocupado por el racismo llevarse las manos a la cabeza porque pensaban que ya no podrían seguir viendo Lo que el viento se llevó en HBO, ridiculizar la caricaturización histórica de las personas negras de marcas como los Conguitos o escandalizarse porque denominaran a parte de las simbologías con las que han construido sus identidades nacionales —civilizatorias— y espacios públicos como racistas y colonialistas.

Tuvo que venir una pandemia para que “nos diéramos cuenta” de que la comida que llega a nuestra mesa no cae del cielo y que son las manos de personas inmigrantes las que las trabajan pese a las condiciones inhumanas en las que se ven obligadas a trabajar y que en lo que se categorizó como trabajos esenciales las poblaciones inmigrantes racializadas ocupan un lugar trascendental. Que a nuestros mayores les cuidan ellas y que donde gestionaban otros sus cuidados fueron los epicentros de las muertes. Nuestras residencias, sus gestiones públicas sin recursos y sus gestiones privadas que buscan el lucro, llevaron a que dejáramos morir a nuestros abuelos y abuelas.

En España se formalizó el movimiento ¡Regulación Ya! que llevó al congreso una PNL para que se hiciera efectiva la regularización de 600.000 personas que viven en condiciones de irregularidad, lo que se traduce en vivir sin la condición de personas sujetas a derechos, con todas las consecuencias que conocemos. Ninguna de las medidas de ayuda y soporte económico que se aprobaron estuvieron pensadas para estas personas. Se evidenció, una vez más, que las agendas políticas no reconocen sus necesidades.

Te puede interesar:   Trump anuncia oleada de agentes federales en varias ciudades de EEUU

El 10 de junio se aprobaba una de las medidas bandera del gobierno, el Ingreso Mínimo Vital, que dejaba por fuera a toda persona no regularizada. Irónicamente, sin sorprendernos, fue una de las principales excusas de la extrema derecha que lo vinculaba, falsa e intencionadamente, con su mantra discursivo del efecto llamada, y con la falta de priorización de los problemas de las personas españolas frente al resto. Asociaciones y colectivos de inmigrantes construyeron, como otros colectivos, materiales como mascarillas cuando escaseaban y repartieron comida a quienes no les llegaban las ayudas. Pero, a diferencia del resto, fueron detenidos en varias ocasiones por la policía y multados por ello. El 23 de septiembre el Congreso rechazaba la PNL. Meses antes Portugal e Italia habían llevado a cabo un proceso de regularización de personas ilegalizadas en ambos países.

Con la reapertura tras la estricta cuarentena, en lo que denominaron la nueva normalidad, esta se parecía en muchos sentidos a la vieja. Las personas inmigrantes volvieron a ser el chivo expiatorio de los problemas. Así lo certificó la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Ayuso al señalar que los contagios se estaban produciendo, “entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid”. Un concepto se ponía de moda, los rebrotes, y fueron rápidamente vinculados con los jornaleros y jornaleras que trabajan en el campo y los campamentos de chabolas en los que viven. Cabe recordar que en Lleida los hoteles no les aceptaban ni siquiera cuando el que iba a pagarlos era el jugador de futbol Keita Baldé.

Empezamos a ver cómo en diferentes pueblos, inmigrantes que eran trasladados a ellos (con o sin consentimiento) eran recibidos con gritos, insultos y actitudes violentas que rechazaban su presencia vinculándolos con el virus. A su vez, resultó que los inmigrantes que llegaban por la frontera sur eran todos obligados a someterse a una prueba PCR mientras que los que entraban por el norte o por los aeropuertos no tuvieron que hacerlo hasta el 23 de noviembre.

La seguridad y el control nuevamente se focalizaba en unos cuerpos por encima de otros.Llegaban las pateras a las costas españolas como cada año, y pese a que se redujo un año más la cantidad de llegadas al territorio nacional, la concentración masiva en Canarias sirvió como herramienta visual y discursiva para que se continuara hablando de invasión. Todo ello mientras se silencia, para justificar el relato oficial, que solo el 10% de las personas que se encuentran ilegalizadas proviene del continente africano.

Por otro lado, la concentración de las llegadas a las islas se debe que los procesos que van trasladando las rutas migratorias a formas y recorridos más peligrosos por la militarización de las fronteras y la externalización, en este caso de la mano de Marruecos principalmente. En el 2019 España sumó 30 millones de euros a los 140 aprobados por la Unión Europea para Marruecos. En noviembre de este año se anunciaba la compra de 130 vehículos por parte de España, con fondos europeos, para entregárselos a Marruecos con el fin de reforzar el control fronterizo.

Nos encontramos con imágenes terribles que recordaban a Lampedusa. Una isla convertida en una suerte de campo de refugiados para quienes iban llegando. Las capacidades de las infraestructuras desfasadas permitieron que aquellos que necesitan instrumentalizar la inmigración para dar forma a su racismo se frotaran las manos. Llegamos a ver manifestaciones de gente para que no alojaran a los inmigrantes en hoteles, porque podían asumir que durmieran en chabolas, en la calle, hacinados en naves, pero no que se les encerrara —sin la capacidad de elegir— en hoteles. Esto contrastaba con los silencios cuando ardieron campamentos de Lepe en varias ocasiones, cuando una nave donde vivían personas inmigrantes ocupando (porque no tienen otro sitio donde vivir) ardió dejando cuatro personas muertas a principios de diciembre o cuando en septiembre un incendio destruyó el campo de refugiados de Lesbos dejando sin techo a 13 mil personas. Por su parte, la Cruz Roja llegó a pedir a los inmigrantes que no salieran de los hoteles porque podía suponer un peligro para su integridad por las crispaciones contra ellos de la gente.

Te puede interesar:   Castro Soteldo, Jaua y la política reformista

La solución que planteó el gobierno pasó por reforzar la externalización de las fronteras con más promesas y recursos a terceros países. En un viaje de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a Senegal el 22 de noviembre se cerró un acuerdo para exigir un mayor control y retomar los vuelos de deportación saltándose varios reglamentos el derecho internacional. Justo el 12 de noviembre se anunciaba que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impedía expulsar a inmigrantes solo por estar en condición irregular. Mientras, sin que la Unión Europea lo evitase (por lo menos oficialmente), el gobierno se negaba el traslado de estas personas a la península recrudeciendo la situación de hacinamiento en las islas. Aun así, se dieron una serie de vuelos de traslados con muy poca transparencia, una de las características que han definido las acciones del gobierno durante todo el año.

Entre tanto, nuevamente el 12 de noviembre el Parlamento Europeo respaldaba renovar el acuerdo de pesca que da acceso a España y otros países europeos a pescar en aguas de Senegal. Los medios de sobreexplotación que utilizan estas embarcaciones han dejado a gran parte de la población senegalesa que vive de la pesca sin trabajo empeorando las condiciones de pobreza de estas personas y empujándolas a salir del país buscando alternativas de vida.

Por otro lado, el 28 de julio la Justicia de la Audiencia Provincial de Cádiz volvía a dar un mazazo archivando la causa de la muerte de las 14 personas en el Tarajal y dejando claro que disparar pelotas de goma a personas que están nadando por la noche para salvar la vida es legal y sus consecuencias son asumibles. Un tiempo después supimos que un año más Frontex había participado en deportaciones ilegales de inmigrantes en las aguas del Mar Egeo con los denominados “pushbacks” (devoluciones en caliente marítimas).

Y entre todo el ruido, no se debía pasar por alto que el 17 de noviembre por primera vez España reconocía el papel de los organismos públicos en la muerte de la angoleña Samba Martine en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (CIE), en Madrid. La lucha y la insistencia de organizaciones, activistas y familiares daban frutos para hacer justicia con el crimen racista que llevo a la muerte de Samba bajo el amparo de las instituciones del Estado.

Bajo este contexto, y tras años de mucho trabajo por parte de activistas y organizaciones, se creó el CNAAE (Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente de España) que tras convocar varias manifestaciones a lo largo de junio y julio empujados por lo que acontecía en Estados Unidos decidió convocar un encuentro estatal streaming entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de conversatorios en el que se reflexionó de diversos temas en relación con la lucha antirracista.

Durante este año, el 28 de octubre, también supimos gracias al informe ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado de alquiler que el 72,5% de las inmobiliarias en España aceptan discriminar a personas inmigrantes. Y que concretamente en función de un estudio presentado por el Ayuntamiento de Barcelona, las personas con apellido árabe en la ciudad tienen un 20% menos de posibilidades de que les alquilen una casa. Gracias al Informe sobre el Racismo y la xenofobia durante el estado de alarma en España se certificó que durante el primer periodo de cuarentena con los estados de alarma que se sucedieron se recogieron más de 70 incidentes racistas por parte de las instituciones y se señaló que “el perfilamiento étnico racial, el racismo institucional y estructural, la explotación laboral de las personas afrodescendientes y otros grupos étnico-raciales (…) han aumentado durante la pandemia”.

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea publicaba el 22 de septiembre un informe sobre las poblaciones gitanas que señalaba cómo la discriminación que sufren les reduce en 10 años la vida en los países ricos. Y el 30 de septiembre con la presentación del informe Un arraigo sobre el alambre elaborado por Caritas con la Universidad de Comillas nos mostraron cómo el 75% de las personas inmigrantes desempeñan ocupaciones precarias y se atasca en ellas después de 15 años en el país. Que sus ingresos son un 38% menos que los españoles con una tasa de exclusión del doble. Que las mujeres sufren más segregación y el doble de discriminación por ser mujeres. Y que solo el 4,3% reciben prestaciones sociales cuando representan el 12% de la población del país.

Te puede interesar:   La que le espera a África

Mientras tanto, Rita Bosaho, quien fuera elegida para encabezar la Dirección de Igualdad de Trato y Diversidad étnico-racial, nombró al historiador panafricanista y referente de la lucha antirracista Antumi Toasije como presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica en España en una decisión ampliamente celebrada. Pero nadie dijo que todo fuera fácil, y la realidad política y el propio orden del racismo institucional no impidieron que el año terminara con controversia entre la Dirección de Igualdad de Trato con los colectivos y organizaciones antirracistas gitanas que denunciaron su profunda decepción al encontrarse que entre las organizaciones que forman la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato se incluyera una asociación de payos que durante décadas, en palabras de Kale Amengue, “han usurpado la voz política gitana y despolitizado nuestra lucha”.

El 15 de junio salía a la luz la grabación de varios Mossos agrediendo e insultando a un joven negro. El 25 de julio el actor portugués negro Bruno Candé era asesinado a tiros mientras paseaba su perro por un señor blanco que señaló que en Angola mató a muchos “como él”. El 2 de agosto nos enterábamos de que la artista y activista antirracista de origen peruano Daniela Ortiz se vio obligada a abandonar España y regresar a Perú por el cúmulo de amenazas que estaba recibiendo por sus posturas políticas. El 11 de agosto Dawn Butler, una diputada negra británica, denunciaba haber sido sometida a perfilamiento racial por la policía. El 13 de agosto sabíamos de las amenazas de muerte por parte de la extrema derecha a políticas y activistas antirracistas en Portugal. El 8 de septiembre Willy Monteiro, un joven negro, era asesinado en Italia por 4 blancos de extrema derecha. En septiembre se detuvo a los primeros supremacistas blancos, bajo esa condición, en el país. El 26 de noviembre Michel Zecler, productor musical negro, sufría una paliza en París por parte de cuatro policías con todo tipo de insultos racistas.

Dejamos el año con una campaña del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica en España que pone el acento en las redadas y paradas por perfil racial que ha sido fuertemente criticada por sindicatos policiales, y que retrata perfectamente la situación del país que como dice el activista de derechos humanos Sani Ladan “refleja una sociedad que aún no está preparada para mirarse en el espejo”. Una policía que pocos días antes en Las Palmas elaboraban un informe sin datos en el que vinculaban a la inmigración con delincuentes como forma de justificar que sean encerrados en los CIE. Un año en el que Naciones Unidas se vio obligada a publicar un protocolo de actuación de prevención del racismo en las fuerzas del orden de los distintos países.

Se va un año trascendental para la lucha antirracista, tan trascendental como que haya sido determinante en las elecciones de Estados Unidos movilizando el voto de las poblaciones negras como nunca antes evidenciándose transcendente como evidenciaron los mapas de votación. Si hubiera sido por el voto blanco (masculino o femenino) hubiera ganado Trump. Las fronteras se reconfiguraron, se cerraron más que nunca para los que siempre pudieron cruzarlas, pero siguieron significando lo mismo para el resto.

Quienes no estábamos acostumbrados a estar encerrados por no haber hecho nada, a no poder cruzar espacios fronterizos, a no poder despedirnos de los nuestros cuando se nos iban, a sentir que existía todo un aparato de excesivo control sobre nosotros, tuvimos la oportunidad de acercarnos a las experiencias de aquellas personas que conviven con este tipo de realidades cada año. El problema es que parece que no nos sirvió para empatizar. Lo que está claro es que en el 2020 se evidenció que ni siquiera una pandemia global afecta a todas las personas por igual. Diagnóstico que solo sirve para reafirmar los motivos de la lucha política antirracista y contra el capitalismo para el 2021.

Fuente: elsaltodiario.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *