La historia de Francisca, criminalizada por ser pobre, migrante y hablar quechua

El Juzgado de Familia N°1 de Comodoro Rivadavia, en Chubut, la condenó por “mala madre”, le quitó a sus cuatro hijos y los entregó en adopción. El fallo ignoró que era víctima de violencia de género y exponente de una diversidad étnica y cultural. “Son víctimas de un sistema patriarcal y de la mirada prejuiciosa que la justicia suele tener en estos casos”, denuncia la defensa.

Francisca Herrera Cusi no entiende el castellano. Oriunda de Huancarani, en Bolivia, e instalada en la petrolera Comodoro Rivadavia desde 2014, Francisca habla quechua. Esa “imprudencia” arruinó su suerte: hace más de tres años que la justicia de Chubut le quitó sus hijos alegando que ella lo había consentido. Hoy ni siquiera tiene permitido verlos y desconoce dónde están. Otro ejemplo de cómo los prejuicios de condición e identidad –mujer, pobre, migrante– construyen la acusación de “mala madre” y consolidan un sistema patriarcal y clasista.

El 12 de enero de 2018 quedará marcado como una fecha funesta en la vida de Francisca. Ese día, Zacarías Rengifo, marido y padre de sus hijos, los llevó a un control de rutina al centro de salud del barrio Moure, en la periferia de Comodoro Rivadavia. La pediatra que los atendió detectó signos de abuso sexual en una de las menores, provocando la denuncia penal contra el hombre y la consecuente exclusión del hogar. Francisca, a la que nadie podía explicarle por qué de repente en su casa había policías y funcionarios, fue sometida a rutinarios informes socioambientales ordenados por el Juzgado de Familia N°1, a cargo de María Marta Nieto, que ignoraron la condición de mujer pobre, quechua parlante, exponente de una diversidad étnica y cultural y, sobre todo, víctima de violencia de género.

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“Al momento en que la policía notificó a Francisca de la prohibición de acercamiento de su marido, ella no entendía nada de castellano, pedía que alguien le explicara lo que estaba ocurriendo, pero los agentes interpretaron que ella lo estaba encubriendo”, cuenta la abogada Oliva Cortez, quien junto a Sonia Ivanoff, representa a la mujer.

El 16 de enero, cerca de las ocho de la noche, la propia jueza Nieto se presentó en la casa de Francisca, ubicada en un asentamiento alejado del centro, para comunicarle que le quitaba a sus cuatro hijos –dos varones y dos nenas entre los 13 y los cinco años– para institucionalizarlos en “La Casa del Niño”. Luego hizo constar en un acta que la madre entendía y aceptaba la decisión pese a su silencio y estupor.

Una mirada prejuiciosa 

El fallo del Juzgado de Familia 1 de Comodoro Rivadavia que condenó a Francisca por “mala madre” fue ratificado por la Cámara de Casación Penal. Las abogadas Cortez e Ivanoff, además de denunciar la multiplicidad de violencias sufrida por su clienta y señalar los estereotipos que conformaron una sentencia “tan automática como estigmatizante”, solicitaron la nulidad de aquel fallo y la revinculación inmediata de la mujer con sus hijos. En simultáneo, la Comisión por la Memoria (CPM), en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura de Buenos Aires, se presentó como Amicus curiae en la causa.

“Intervenimos en caso similares, como el de Reina Maraz y Yanina Farías, con el objetivo de desandar esta mirada de la justicia que condena por malas madres a mujeres que están en un estado de vulnerabilidad múltiple; son pobres, migrantes y, en los casos de Reina y Francisca, son además quechua parlantes provenientes de zonas rurales que deben insertarse en ciudades que las discriminan. Son víctimas de un sistema patriarcal y de la mirada prejuiciosa que la justicia suele tener en estos casos”, define Margarita Jarque, directora de Litigio Estratégico de la CPM.

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Cuando Francisca iba a visitar a sus hijos a “La Casa del Niño”, la directora la maltrataba y discriminaba por su condición de boliviana. En los informes del Servicio de Protección de Derechos, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia de la municipalidad de Comodoro Rivadavia, se evaluó que la mujer no mostraba interés en la revinculación porque permanecía “callada”. Uno de los requisitos del Juzgado de Familia para restituirle a sus hijos era que tuviera una casa de material con tres habitaciones. De todas las audiencias con la jueza, solo en una participó una persona del consulado de Bolivia que ofició de traductor.

“Planteamos una sentencia de nulidad porque no tuvieron en cuenta que Francisca era víctima de violencia de género, tanto física como económica y que tiene otra cultura. Hubo todo un contexto que ni se consideró, recayendo toda la responsabilidad en ella”, se queja Cortez.

La abogada también destaca que fue una vecina la que le pudo explicar a Francisca las sospechas sobre el marido y que una vez enterada fue de inmediato a la fiscalía para colaborar con una causa que hoy está prácticamente archivada, luego de que la entrevista psicológica a la menor no lograra detectar señales de abuso y que las muestras genéticas halladas resultaran insuficientes.

En 2019, la jueza Nieto resolvió quitarle a Francisca la relación parental de sus cuatro hijos y entregarlos al régimen de adopción. “Hoy no sabemos dónde están; pueden seguir institucionalizados o estar en guardia provisoria con alguna familia. Esto es importante porque los dos mayores son bolivianos y que una jueza argentina este resolviendo sobre ellos, puede desencadenar un conflicto diplomático”, señala Cortez.

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Francisca pasó las fiestas sola, llorando por sus hijos. Se sabe que el ex marido se marchó de la provincia, evidenciando el desinterés. Ella, que ha sido la única criminalizada por la justicia, ya avisó que no va a abandonar la lucha. Aunque tenga que enfrentar a todo un sistema.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/nota/la-historia-de-francisca-criminalizada-por-ser-pobre-migrante-y-hablar-quechua

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