Desafíos de la institucionalización de la economía popular

Especial para Contrahegemoníaweb

El presente diálogo busca historizar al sector de la economía popular y revisar los aportes teóricos para su definición. La acción de los movimientos populares y las políticas públicas del Estado son, además, analizados a la luz de las últimas décadas en la Argentina.

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Este texto es una transcripción de la charla realizada el martes 6 de octubre de 2020 con Mariano Pacheco, director del Instituto “Generosa Fratassi”. La actividad formó parte del ciclo Historia, actualidad y perspectivas de la economía popular organizado por dicho Instituto, en el que también participaron Carolina Brandariz, Silvia Quevedo, Rodolfo Pastore, Flora Partenio y Facundo Harguinteguy.


Mariano Pacheco: La idea es comentar un poco y el eje de “Economía popular, políticas públicas y movimientos sociales” así que bueno, en primer lugar agradecerte y dejarte la palabra para que hagas una primera intervención y luego de eso podamos ir conversando en torno al eje del día de hoy, y al eje general también que nos convoca que es pensar la historia, la actualidad y los desafíos de la economía popular.

Fernando Stratta: Buenas tardes a todos y a todas. Es un poco ambicioso el título de la charla, quedó un poco amplio. A mí se me ocurría arrancar pensando qué es la economía popular, porque es un término que se está usando mucho, creo que con pocas precisiones también, entonces tenemos que definir de qué hablamos cuando hablamos de economía popular. Generalmente aparece asociada a un conjunto de trabajadores y trabajadoras en donde predomina la ausencia de relaciones salariales, o una actividad laboral por fuera de una relación salarial, y que además perciben bajos ingresos. Pero vamos a ver que ninguno de estos elementos la definen, por lo que no pueden ser tomados como “criterios de inclusión” para pensar la economía popular.

Ahora bien, el debate en relación a cómo pensar, cómo conceptualizar al sector de la sociedad que queda –a veces se dice– por fuera, por debajo o sin integración al mercado laboral, tiene una larga data. Yo podría cifrar la cuestión de este debate en los años 60 y 70, sobre todo en Latinoamérica, para pensar básicamente la población excedente relativa.

Autores latinoamericanos[1] comenzaron a pensar esta cuestión proponiendo alternativamente a la idea de ejército industrial de reserva –un concepto caro a la tradición marxista– la idea de la existencia, sobre todo en las sociedades latinoamericanas, de una masa marginal. Es decir, una población que no actúa como el EIR presionando sobre el mercado laboral para bajar el costo de la fuerza de trabajo, sino que quedaría por fuera de este mercado laboral. Esta conceptualización tenía que ver con analizar sobre todo las consecuencias del desarrollismo y los efectos que producía la modernización de la mano de la inversión extranjera directa sobre algunos sectores, que iban formando, como decían algunos autores como José Nun[2], una masa marginal en las sociedades latinoamericanas.

Ahora bien, en la actualidad y sobre todo desde la década del 70 en adelante, las sociedades capitalistas en su fase neoliberal han transformado esto, no se puede seguir hablando en estos mismos términos. Creo que el neoliberalismo desarrolló formas metabólicas de subsunción de esta población excedente. Esto nos lleva a pensar, primero, como plantea el geógrafo inglés David Harvey[3], en los procesos de acumulación por desposesión, que implican procesos permanentes de mercantilización de nuevos espacios de vida. Pero también hay que incorporar a las nuevas tecnologías en la complejidad de pensar la población excedente relativa. Basta mirar lo que está sucediendo en este contexto de pandemia, donde las nuevas tecnologías conforman mecanismos inigualables de superexplotación de la fuerza de trabajo.

Caracterizando muy rápidamente a la fase neoliberal del capitalismo, lo que vemos son nuevas formas de extracción del plusvalor. Entonces, tenemos que pensar la economía popular desde ahí. No podemos pensar la economía popular por fuera, al margen. La economía popular está subsumida a los procesos de valorización del capital. Está en tensión con eso. Como dice Miguel Mazzeo[4], nada está por fuera de la acumulación. La economía popular tampoco está por fuera de los procesos de acumulación. Entonces ahí lo que vemos es la poca productividad de categorías como “marginados”, “excluídos” o “tercer sector”. La economía popular son trabajadores y trabajadoras que, aunque estén caracterizados por estar por fuera de una relación salarial, no pueden pensarse al margen de la lógica de subsunción real a los procesos de valorización del capital.

De hecho, la denominación de EP es relativamente nueva. Y no es casual que sea así, porque justamente hablamos de un sujeto organizado. Hablar de economía popular es consecuencia de un proceso de acumulación histórica de un sujeto particular. Es por eso que hoy estemos hablando de economía popular para pensar al sector de la población excedente relativa.

En síntesis, hay que pensar la economía popular como estrategias de las clases populares para reproducir su vida. Y ahí lo que vamos a ver es una diferencia sustancial entre lo que es la economía capitalista tradicional y la economía popular que, ya dijimos, no se pueden pensar por separado, pero sí identificamos dos lógicas bien diferentes. Mientras la economía capitalista tradicional tiene por centro la reproducción del capital, la acumulación de ganancias, la economía popular tiene por centro la reproducción de la vida. Pero ninguno de estos sectores se encuentra por fuera de las relaciones de explotación.

La economía popular engloba a vendedores ambulantes, cartoneros, pequeños agricultores, feriantes, trabajadores de programas sociales, cooperativistas, obreros de fábricas recuperadas; es decir, es un sector muy heterogéneo, pero de nuevo, no se puede pensar por fuera de las relaciones de explotación que tensionan una sociedad.

MP: Comparto esta mirada respecto del concepto de exclusión, que me parece que es un concepto que está muy en boga en determinados sectores académicos, periodísticos e incluso en la militancia de los movimientos sociales, para pensar en cambio la economía popular en el marco de la explotación capitalista, de las tareas vinculadas también a la reproducción. Pero me surge ahí una inquietud, que creo que es parte de los debates actuales, respecto del carácter de clase de los sectores de la economía popular. Es decir, de clase trabajadora, esto es, en rasgos muy generales, de aquellas mujeres y hombres no propietarios de los medios de producción, que tienen que vender su fuerza de trabajo en el mercado a cambio de un salario, decía Marx. Y hoy le podríamos agregar: o inventarse un trabajo para sobrevivir. Pero también hay sectores precarizados dentro de quienes son asalariados, y a su vez hay sectores que se autodenominan de la economía popular, como recién mencionabas, que son los que integran las empresas recuperadas, que sí tienen medios de producción que han sido obviamente recuperados por sus trabajadores. Entonces preguntarte qué reflexión existe en torno a esta categorización de hasta donde sí, hasta dónde no hablar de clase trabajadora, si te parece que es un concepto flexible también que se va modelando de acuerdo a la situación política y a la constitución de un sujeto.

FS: desde mi humilde conocimiento, me parece que falta una conceptualización de las transformaciones de la clase que vive de su trabajo. Si bien, por supuesto que hay aportes, y que esos aportes no pueden obviar elementos de análisis del marxismo, también es cierto que los tienen que exceder, tienen que estar abiertos. De hecho, hay muchísimos aportes que están viniendo a complejizar las categorías de trabajo y de clase trabajadora.

Vos mencionabas por ejemplo las fábricas recuperadas, los trabajadores que son dueños de los medios de producción; sí, pero no están por fuera de esto que analizábamos antes, de la lógica de valorización del capital. Para decirlo en términos muy teóricos, no están por fuera de la ley del valor. Porque esas mercancías las tienen que vender en el mismo mercado donde produce Mastellone, donde produce Firestone o Kraft Food, por decir multinacionales de cualquier rubro. Entonces, por ejemplo, la propiedad de los medios de producción de una fábrica recuperada, por ahí no dice tanto en relación al funcionamiento de la economía en general, pero sí ahí hay un dato: la economía popular es un sector heterogéneo, como decíamos antes, pero del cual por sus características pueden surgir elementos de otra economía, sin soslayar todos los condicionamientos que venimos señalando. En la economía popular hay elementos, como es la propiedad colectiva de los medios de producción, como es el sobrepeso de las tareas reproductivas (reproducción de la vida y del sujeto, del ser humano) que muchas veces quedan por fuera del análisis de la economía tradicional.

Ahora, justamente, la economía popular hace visibles todos estos elementos que pueden contribuir a pensar otras formas de organización social, formas alternativas a las formas de explotación capitalista que están demostrando llevarnos a una crisis no solamente económica y social, sino también civilizatoria. Entonces la apuesta es por pensar otras formas de organización de la economía, otra forma de organización de la vida, pero para ser totalmente sincero creo que falta bastante conceptualización al respecto.

MP: retomando esto último que planteabas, algo charlamos también con Rodolfo Pastore en relación a “economía social” y “economía popular”, e incluso como decíamos con Flora Partenio el martes pasado de “economía feminista”, muchas veces se usan como sinónimos, sobre todo las dos primeras. Y hay algo que circula en cierta bibliografía más académica quizás, pero que es el rasgo de cierto carácter no capitalista de la economía social. ¿Se podría pensar que quizás en la economía popular, sin llegar a plantear que es no capitalista, sí hay elementos tendencialmente post capitalistas en esto que mencionabas de la propiedad de los medios producción o la forma de organizar las relaciones laborales? ¿Te parece que eso es de un idealismo de un utopismo que está más en ciertas cabezas que elaboran el planteo? ¿Qué es lo que sucede en la realidad? ¿Cómo pensar eso?

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FS: Seguro que hay un componente desiderativo, del deseo, de apostar a que esto sea un espacio de generación de otras formas de organización social. Ahora, hay miles de definiciones de la economía social y miles también de la economía popular, pero creo que hay una diferencia entre ambas. Entiendo a la economía social como un concepto vinculado a el tercer sector de la economía, actividades individuales que no cubren aspectos subyugantes para la acumulación del capital. En cambio, cuando hablamos de economía popular estamos hablando de un sujeto colectivo organizado. Por eso digo que no es casual que estemos ahora hablando de economía popular y no hace 20 años atrás, en el marco de lo que fue el auge de los Movimientos de Trabajadores Desocupados. Recién ahora estamos hablando de economía popular, como expresión de un proceso de acumulación organizativa de trabajadores y trabajadoras que están organizados en el marco de organizaciones sociales, políticas, comunitarias, con fuerte componente territorial. Pero creo que la diferencia fundamental de la economía popular es que hace referencia un sujeto colectivo. Por ahí se marca una diferencia en relación a lo que habitualmente se conoce como economía social.

MP: ¿vos detectadas algún rastreo de esta interrelación entre producción de investigación universitaria y la experiencia de las militancias sociales? Porque las militancias populares han empezado a hablar del concepto en los últimos años. Un poco para rastrear de dónde viene la idea de economía popular. Porque incluso los movimientos dejaron de llamarse sociales para llamarse populares. Hay una especie de retorno de lo popular, una palabra que quizás fue bastante bastardeada por el neoliberalismo. En algunos cursos de formación del Instituto Fratassi charlábamos cómo aparece la idea de “la gente”, y los movimientos vienen e instalan la idea de lo popular. ¿Qué relación hay ahí con lo que ya se venía produciendo quizás en términos más de investigación y de escrituras académicas?

FS: Creo que es al revés. La introducción del término economía popular viene de parte de los movimientos sociales, de los movimientos populares, no viene de la academia ni del Estado. De hecho, algo que quiero dejar planteado a lo largo de la charla es que hay un “desfasaje” de las políticas públicas en relación a la economía popular, porque surge primero la organización de los movimientos y bastante tardíamente hay una respuesta –aunque no me gusta esta palabra– de las políticas públicas del Estado en relación a la economía popular. Entonces, ni la academia ni las políticas públicas se anticiparon a la presencia la economía popular. Fueron los movimientos populares, las organizaciones sociales y políticas las que pusieron en la agenda pública esta cuestión.

A propósito del título que lleva esta charla, quería conversar un poco de qué manera entiendo las políticas públicas. Porque, en principio, me parece importante no entender a las políticas públicas justamente como meras respuestas a las demandas de la sociedad. Tampoco pensar a las políticas públicas como un sistema de acciones públicas, algo que también está presente en la bibliografía académica, esto es, un sistema de acciones públicas determinado por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, ampliando ahí la agencia de actores donde no solamente es el Estado el que responde, sino también organizaciones por fuera del Estado las que intervienen. Hay que escapar de cualquier visión gerencialista, e incluso incrementalista en la teoría de las políticas públicas. Creo que hay que darle otro enfoque a la cuestión. Por eso me parece fundamental recuperar los aportes de Ozslak y O’Donnell[5] de hace bastante tiempo, para entender a las políticas públicas como una toma de posición del Estado respecto a un tema relevante de la sociedad.

Cuando hablamos de políticas públicas estamos hablando de cómo el Estado interviene sobre un tema que organizaciones, movimientos, sectores de la sociedad civil, impusieron en la agenda pública. Pero es una toma de posición del Estado, no es un sistema interaccional, ni mucho menos una respuesta que viene desde arriba. Y cuando decimos una toma de posición del Estado por supuesto estamos hablando de un estado capitalista que regula la vida social.

Entonces, si la política pública es expresión de la posición que asume el Estado para intervenir en la cuestión social, también hay que pensar que el Estado no es un bloque monolítico, que hay unidades diferentes, hay resquicios, hay grietas con diferentes grados de autonomía, como decía Poulantzas, hay autonomía relativa en distintas instancias del Estado que lo hacen permeable a la lucha de clases, permeable a la actividad en la sociedad civil, a la lucha de clases. En este sentido, tenemos que ver las políticas públicas no como un juego de espejos, ni de acciones y respuestas, sino como un proceso de conflictos.

Entonces, cuando analizamos las políticas públicas para la economía popular estamos hablando de cómo el Estado buscó intervenir, o busca intervenir, en el marco de un conflicto abierto en este caso por las organizaciones populares de base territorial.

MP: me gustaría ahora meternos con esto que se ha producido en los últimos años en la Argentina, que es este fenómeno de movimientos que desde abajo, con sus luchas y sus procesos de organización, ponen a la economía popular en agenda. Y un Estado que de algún modo empieza a procesar eso. Al punto que hoy llegamos a la gestión actual del Frente de Todos donde hay una Secretaría de la Economía Social a nivel nacional, que no está ni en el Ministerio de Trabajo ni en el Ministerio de Economía como habían planteado las organizaciones, sino en Desarrollo Social. Pero allí está y de algún modo hoy las organizaciones o gran parte de las organizaciones del precariado que se han dado esa estrategia que implicó construir la UTEP como sindicato propio, pero también darse una estrategia de intervención, para producir esta institucionalización de la economía popular en términos de un proceso de conquista de derechos. Bueno, ¿cómo pensar ahora esta relación? Porque ahora los movimientos populares de algún modo son organizaciones que están en la sociedad civil produciendo organización, trabajo, etcétera, y por otro lado también tienen parte de sus militancias en el Estado. Y es algo relativamente nuevo tal como se planteó en este esquema, si bien siempre hubo militancias populares que quizás iban en una lista y luego eran funcionarios estatales, pero este esquema tal como está planteado aparece como bastante novedoso y reciente de la Argentina.

FS: me gusta analizar la sociedad argentina partiendo de la insurrección popular de 2001. Muchas veces debatimos en qué medida quedaron o no ecos del 2001, y a mí me parece importante remontarse al momento de la insurrección popular sobre todo para pensar las transformaciones en el Estado. Es un punto de inflexión, por eso creo que desde el campo popular no se llegó a pensar en toda su dimensión, o se minimizaron, los cambios en la forma del Estado en la Argentina que surgieron con posterioridad a la insurrección popular de 2001.[6] Y el kirchnerismo es un buen ejemplo de esto, en cuanto a que hay un cambio en cómo se vincula el Estado con la sociedad a partir del año 2003.

Ahora bien, la mayoría de las organizaciones populares, o buena parte de las organizaciones populares que intervinieron fuerte en el período 98-2002, una etapa de alta conflictividad social, se mantuvieron por fuera de una intervención estatal; pero muchos otros grupos sí empezaron a indagar, a intervenir en la arena estatal. Hay una hay una larga discusión respecto al tema, y ahí están los trabajos de Francisco Longa[7] que es uno de los que más ha trabajado la cuestión de repensar críticamente la categoría de “cooptación” del Estado.

A mí lo que me interesa marcar es que con posterioridad al 2001 hay un cambio en la forma en que el Estado se vincula con la sociedad, y que en ese cambio también algunas organizaciones o parte de esta militancia popular de la que hablábamos empieza a ocupar esferas del Estado con la convicción de que desde adentro del Estado se puede transformar.

Para llegar a la actualidad, lo primero que me gustaría plantear es qué pasó con las políticas públicas justamente de esa primera década de los 2000. Si uno analiza esa esa década, lo que va a ver es que hay un conjunto de políticas de asistencia social, que son también políticas públicas, que empiezan a introducir fuertemente en sus postulados la idea de economía social. Las políticas de asistencia social de la primera década de los 2000 “bajan” muy fuerte la idea de economía social. Y esto se ve cuando uno repasa desde el Plan Jefes y Jefas de Hogar (2002), que tuvo una implementación masiva; el Programa Manos a la Obra (2003); el Plan Familia (2004); el Seguro de Capacitación y Empleo (2006); hasta llegar, en el 2009, al Programa Argentina Trabaja (PAT) y la inauguración de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sobre esto me gustaría marcar que en esta primera década, llamativamente, es la política estatal la que impone en la agenda la cuestión de la economía social. Es decir que, en cierta forma, la idea de economía social “baja” a partir de algunos de estos programas.

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Y es interesante además ver que la mayoría de los programas vinculados al trabajo, como el Manos a la Obra o el Argentina Trabaja, estuvieron bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, y no del Ministerio de Trabajo (algo que vos recién mencionabas en relación a la actual estructura de las políticas de la economía popular). Y por otro lado, en esta primera década de los 2000, políticas públicas como el Plan Jefes y Jefas, como el Seguro de Empleo y Capacitación, estuvieron bajo la órbita del Ministerio de Trabajo pero con financiamiento externo, básicamente con financiamiento del Banco Mundial. En cambio, las políticas generadoras de empleo, con una fuerte lógica de economía social es sus postulados, dependieron de la cartera de Desarrollo Social y con financiamiento propio del Estado, a veces recurriendo a la ANSES como fue el caso de la AUH u otros programas.

Acá se da una cosa muy particular en esta primera década, porque hay algo así como un proceso de cooperativización desde arriba. La idea de formar cooperativas baja casi desde la letra de las políticas de asistencia social, es decir de la toma de posición del Estado frente a este problema de la agenda pública. Y el punto de partida para empezar a hablar de economía popular lo podemos rastrear históricamente; quizás el acampe de organizaciones territoriales en el 2009 frente al Ministerio de Desarrollo es un momento significativo, pero sin dudas fundamentalmente la creación de la CTEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular en el 2011 marca un punto de inflexión que expresa esto que veníamos conversando antes: son las organizaciones las que ponen en la discusión pública la cuestión de la economía popular. No es la política del Estado, son las organizaciones las que van a imponer, y lo imponen en la calle, la cuestión de la economía popular.

Entonces, ahí se puede observar que hay un desfasaje de la política pública en la cuestión de la economía popular, porque si en el 2011 la creación de la CTEP se instituye como un mojón bien importante de visibilización, recién es en el 2016 con la Ley de Emergencia Social –e incluso con un gobierno de nuevo signo– cuando se va a traslucir en la letra de la política del Estado la cuestión de la economía popular.

Con la Ley de Emergencia Social y la creación del Consejo de la Economía Popular, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo (interesante pensar cómo ahora esto está bajo la órbita de Trabajo y no de Desarrollo Social) con representación tripartita entre los ministerios de Trabajo, Desarrollo y de las organizaciones, y la creación a partir de esta ley de emergencia social del Salario Social Complementario y del Registro Nacional de la Economía Popular, el RENATEP que ahora en julio de este año comenzó a tener vigencia finalmente. Pero ahí aparece un desfasaje interesante para pensar en todo caso por qué el Estado tomó tantos años en intervenir sobre sobre esta cuestión y cómo, a la inversa de lo que fue la primera década de los 2000, son las organizaciones las que se impusieron, y lo impusieron con movilización en la calle, la cuestión de la economía popular a la cual el Estado de alguna manera comienza a abordar con la Ley de Emergencia Social.

MP: me interesa detenernos un poco en este proceso que hacés de historización de los años recientes en la Argentina, para plantear una paradoja que de algún modo me parece muy importante para pensar algunas de las tensiones actuales –por ejemplo en la coalición gobernante y en su base de apoyo– que tiene que ver con cierto esquema de lo que podríamos denominar las gestiones de la larga década progresista que apuntaron a una política que pasó de lo focalizado, quizás más de las políticas neoliberales en lo social anteriores, a una universalización pero siempre en términos de subsidios y de asistencia, en perspectiva de constituir una sociedad de pleno empleo, más clásicamente peronista digamos en algún punto. Sin embargo, de algún modo dejaron entrever que lo que estaba aconteciendo en el movimiento social era expresión de una transformación estructural de la Argentina y del mundo del trabajo en el plano internacional también. Y luego en los años cortos de retorno neoliberal, son esas gestiones las que de algún modo habilitan una Ley de Emergencia Social que reconoce de hecho al sujeto y le otorga determinados derechos (el cobro del salario social complementario, por ejemplo). Y ahora esa discusión reactualiza cuando sectores quizás más ligados al progresismo plantean “salario social complementario” o no y lo entienden quizás en términos de subsidios, porque hay que dejar de dar subsidios y hay que dar un paso hacia la “renta básica universal” que por otra parte tiene todo un legado más ligado a los Foros Sociales Mundiales de inicios de siglo, una perspectiva de ciertos colectivos y pensadores que lo vienen trabajando más en la órbita europea. Te abro varias cuestiones a la vez con mi intervención, soy consciente, pero creo que todas remiten a un mismo núcleo problemático que es esta interrelación entre neoliberalismo, progresismo y lo que algunos denominan el punto de vista popular para pensar todo esto.

FS: bueno, yo comenzaría repasando qué ocurre con las políticas de asistencia social de los 90, vos lo decías bien, una política caracterizada por ser la expresión directa de lo que planteaban los organismos internacionales, con el Banco Mundial a la cabeza, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo bajando línea, por ejemplo con los famosos Planes Trabajar de aquella época. La característica fundamental de esta política de asistencia social neoliberal era la focalización a una población bien definida, que además debía tener una contraprestación de parte del beneficiario, y al mismo tiempo implicaba la participación de las organizaciones comunitarias en la bajada estos recursos. Interesante para pensar, por qué el BM estaba interesado en la participación de las organizaciones comunitarias en la bajada de estos recursos. Las políticas que repasamos hace un ratito de la primera década de los 2000 cortan con esto, pero es un corte donde podemos ver rupturas y podemos ver algunas continuidades. Porque como dice Ana Logiudice,[8] de las políticas focalizadas de los 90 caracterizadas como programas de contraprestación, ya iniciada la década de los 2000 vamos a ver que comenzamos a asistir a un momento donde surgen los programas de transferencias condicionadas. Por eso decimos que hay rupturas y hay continuidades también con algunos de estos elementos del patrón de la política asistencial neoliberal.

Me parece que en este desfasaje de las políticas públicas que marcábamos antes –el hecho de que haya sido recién en el 2016 la promulgación de la Ley de Emergencia Social– habla también de uno de los desafíos (y vamos a usar la palabra desafíos) para el sector de la economía popular. Planteo esto porque el proceso de institucionalización, a partir de que el Estado reconoce a la economía popular como sujeto y como como sector, plantea una gran potencialidad, que es la posibilidad de favorecer el fortalecimiento de la organización popular. Eso es interesante, cómo estas políticas públicas pueden favorecer el proceso de organización popular. Algo que de hecho está, porque son las organizaciones las que impusieron la cuestión de la economía popular, no partimos de cero. Estas organizaciones de base territorial vienen haciendo un proceso de acumulación en las últimas más de dos décadas.

Ahora, si bien el proceso de institucionalización plantea potencialidades creo que también plantea algunos desafíos (o incluso me animo a decir algunos riesgos). En general, me parece que la economía popular a partir de esta institucionalización debería generar instituciones propias en el proceso, es decir, lograr circuitos de circulación propios y de articulación también propios de la experiencia de la economía popular. El desafío es cómo lograr que la economía popular no quede directamente subsumida a los procesos de valorización del capital, de lo que hablábamos al comienzo de la charla. Fortalecer la economía popular significa generar instituciones propias, circuitos de circulación, de distribución y comercialización propios, y de articulación de todos los actores de la economía popular.

Ahora bien, me parece también que el proceso de institucionalización marca algunos desafíos, que es menester señalarlos para tener una mirada crítica de la propia acción de las organizaciones populares. El primero de esos desafíos es que la economía popular quede integrada, como decíamos, al proceso de valorización de capital; es decir, que se transforme en un sector de mano de obra barata para los procesos de valorización del capital a gran escala. No sería otra cosa que transformar a la economía popular, con asistencia del Estado, en un sector de súper explotación del trabajo. Ese es un riesgo que hay que marcarlo y hay que estar alerta para ir analizándolo en el proceso, en el camino.

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El segundo de los desafíos o riesgos de esta institucionalización es que se anulen las capacidades de generar subjetividades críticas en el ámbito de la economía popular. Es importante pensar esto, cuando en algún momento de la charla nos preguntábamos si la economía popular puede transformarse en un ámbito para pensar otra economía o si eso está solamente en la cabeza de los académicos y en el deseo de los y las militantes. Creo que la economía popular es un ámbito, sobre todo, generador de nuevas subjetividades, de nuevas formas de relacionarse para la reproducción de la vida. Si perdemos de vista que la economía popular es sobre todo un espacio desde donde generar nuevas relaciones sociales, se corre el riesgo de transformarla en una herramienta de aceptación de lo establecido.

Y el tercero de los desafíos que quisiera dejar planteado es que en este proceso de institucionalización se convierta a la economía popular en un sector regulador del conflicto social. Y acá voy a tratar de pensar el por qué en el 2016, en los años de “retorno neoliberal” de acuerdo a la frase que utilizaste, se promueve la Ley de Emergencia Social. Por supuesto que por la capacidad de fuerza y de movilización de las organizaciones populares. Pero también hay que pensar el anverso, hay que observar que el Estado interviene y es un actor de peso que también genera subjetividades. La economía popular puede quedar subsumida como un espacio de regulación del conflicto social y es un riesgo que hay que atravesar.

No sé si sintetizó parte de tu amplia pregunta, pero eran cuestiones que me parecía importante mencionar.

MP: me parece que sí, la verdad que lo de lo último que planteás me parece muy interesante, pero sobre todo para poder hacer, como dijo alguna vez un viejo pelado y sabio –quizás no tan viejo– análisis concreto de las situaciones concretas. En relación a que la capacidad reguladora del conflicto social por parte del conjunto de organizaciones de la economía popular que se han dado una estrategia de institucionalización, quizás implicaría un contexto de una sociedad en movimiento, de un conjunto de movimientos sociales con una estrategia diferente de mayores niveles de radicalización, cosa que creo que en la actualidad y en los últimos años por lo menos prácticamente no se ha visto. Con lo cual ahí habría que ver cómo se desencadena la situación post pandemia, que ha colocado a la sociedad argentina y al mundo entero en una situación muy compleja respecto de cómo salir de esto y cómo no retornar a una “normalidad”, pero que sería una normalidad empobrecida porque se le agregarían las condiciones económicas totalmente adversas para las clases populares.

FS: sí, hay que pensar que las organizaciones populares tienen también en su accionar la posibilidad de ejercer el control social. A veces desde las ciencias sociales hablamos de control social siempre en un sentido negativo. Me parece que, sobre todo en el contexto de pandemia, quedó muy reflejado el accionar fundamental que tienen las organizaciones populares y las organizaciones de la economía popular, y los sujetos y sujetas de la economía popular en la reproducción de la vida. En este sentido es importante marcar que también las organizaciones populares pueden ejercer –y es saludable que ejerzan– control social. Por ejemplo, sin las organizaciones populares en el contexto de pandemia, muchísimos argentinos y argentinas se hubieran quedado sin un plato de comida durante todos estos meses; y fue posible por el accionar de las organizaciones populares y de las organizaciones de la economía popular, que con su capilaridad territorial han llegado hasta los barrios más desventajados de la Argentina. ¿Por qué marco esto? Porque si no lo ejercen las organizaciones al control social, ese control queda en manos de otras instituciones del Estado, que no necesariamente están pensadas para ejercer el control social en estos contextos, sobre todo las fuerzas represivas. Pero tomo la palabra control social para quitarle su costado peyorativo o negativo en las ciencias sociales, para pensar también esto que decía antes, que uno de los riesgos posibles de la institucionalización de la economía popular es convertirse justamente en un regulador del conflicto social. Es parte del desafío que tienen organizaciones con un amplio desarrollo y un amplio acumulado territorial en nuestro país, lo veo como un desafío interesante. Creo que hacer este tipo de cuestionamiento tiene que ver más con tratar de aportar una mirada crítica que de hacer una crítica de lo realmente existente.

MP: Bueno, por mi parte para ir cerrando la actividad, además de preguntarte obviamente si hay algo que te haya quedado en el tintero y quieras agregar como reflexión final, retomar de la pregunta múltiple que te hice la discusión más actual sobre salario social de la economía popular o renta básica universal ciudadana. Si son complementarias y si de acuerdo a nuestra realidad, es más conveniente una que otra. Una discusión que se estuvo dando en algunos ámbitos, por lo menos en los últimos meses.

FS: me pareció muy interesante una entrevista que le hiciste a Alex Roig al respecto.[9] Creo que los planteos de una renta universal tienen un carácter bastante eurocéntrico, están pensados en un debate europeo que es de difícil aplicación en Latinoamérica y en Argentina.

Ha habido todo un debate, sobre todo los primeros meses de pandemia, respecto de cuál va a ser el rol de los Estados, si había un posible retorno a los Estados de Bienestar. Yo dudo mucho de las posibilidades de un retorno al Estado de Bienestar, y sobre todo de algunas miradas progresistas que se hacen este tipo de planteos respecto a que “ha quedado demostrado que el neoliberalismo y la mercantilización de la vida es realmente inconducente para enfrentar este tipo de situaciones como las pandemias, entonces esto marcaría una vuelta a los Estados de Bienestar, que además deberían garantizar una renta universal a toda la población”. Creo que es una mirada que peca de un optimismo desmedido, o directamente de cierta ingenuidad para entender las dificultades que nos presenta todo lo que se ha desarrollado a lo largo de estos meses de pandemia, y que se van a seguir desarrollando. Si miramos por ejemplo lo que está sucediendo en el ámbito del trabajo, vos comenzabas la charla planteando cómo trabajamos más en tiempo de pandemia que antes. Las estrategias de superexplotación del trabajo no creo que se vean morigeradas por la pandemia, no veo esta vuelta ni creo que las soluciones vengan por el lado de una renta universal pensando una ciudadanía totalmente abstracta. En este sentido, la idea de pensar en un salario universal, en la línea de lo que es el salario social complementario pero extendido al conjunto del sector de la economía popular, es una variante que hay que empezar a discutir y a poner en la agenda pública, para correr el debate de este sentido común que emparenta la economía popular con un sector que es beneficiario de subsidios. El salario universal no tiene nada que ver con un subsidio, es el reconocimiento de un trabajo real que, de hecho, en el contexto de pandemia, ha sido totalmente visibilizado. Hay que comenzar a imponer en la discusión la necesidad de un salario universal que reconozca ese trabajo invisibilizado y muchas veces no remunerado, pero que es indispensable para la reproducción de la vida de nuestras sociedades.

MP: bueno Fernando, te agradecemos mucho la participación en este ciclo. Agradecemos mucho a la gente que se ha comunicado y ha dejado también sus mensajes. Bernarda Ballesteros desde Tandil hacía un comentario sobre el salario para los trabajos domésticos de reproducción en el hogar, que entre otras propuso Silvia Federici ¿qué opinión tenés?, te preguntan. No sé si ya está contemplado en la en la respuesta que diste recién.

FS: en relación a esta intervención que hace la compañera, no estaba respondido en lo que había planteado antes. El trabajo doméstico es parte de la economía popular, y creo que la lucha por un salario universal tiene que incluir al trabajo doméstico. En el caso de la campaña que llevaron adelante Silvia Federici[10] y organizaciones que en los años 70 habían planteado la cuestión del salario para el trabajo doméstico, en ese contexto tenía que ver directamente con pedir un imposible, llevar una contradicción al extremo para visibilizar una situación de opresión y explotación. Lo que estaban planteando es que si el capital tiene que pagar por la reproducción de la fuerza de trabajo en el hogar, con eso directamente se pone en jaque la reproducción del capital. Ese era el objetivo de luchar por un salario para el trabajo doméstico. En la actualidad me parece que la lucha por un salario universal tiene que ir de la mano por el reconocimiento del trabajo doméstico, que es parte de los trabajos de reproducción de la vida, a los que hacíamos referencia a lo largo de la charla.


[1] Ver, por ejemplo: Murmis, M., Marín, J. C. y Nun, J., “La marginalidad en América Latina. Informe preliminar”, Instituto Di Tella, Documento de trabajo n°53, Buenos Aires, diciembre 1968.

[2] Ver Nun, José, “Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal”, en Revista Latinoamericana de Sociología, 69-2, México, 1969, pp. 178-236; Nun, José, Marginalidad y exclusión social, Siglo XXI, Buenos Aires, 2001.

[3] Harvey, David, “El nuevo imperialismo. Sobre reajustes espacio-temporales y acumulación mediante desposesión”, en Herramienta n°27, Buenos Aires, 2004.

[4] Mazzeo, Miguel, “La economía popular necesita un proyecto que dignifique sus prácticas”. Entrevista de Mónica Larramendi. En: www.vocesenlucha.com, 14-6-2020.

[5] Ozslak, Oscar y O’Donnell, Guillermo, “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación”, en Revista venezolana de desarrollo administrativo, n°1, Caracas, 1982.

[6] Al respecto pueden verse: Orovitz Sanmartino, Jorge, “Crisis, acumulación y forma de Estado en la Argentina posneoliberal”, Cuestiones de Sociología, nro. 5-6, UNLP, 2009; Bonnet, Alberto y Piva, Adrián, “El Estado kirchnerista. Una aproximación a los cambios en la forma de Estado a partir de la crisis de 2001”. VI Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata, 2010.

[7] Ver: Longa, Francisco, “´Fuimos leales pero no obsecuentes´. La cooptación de los movimientos sociales vista desde el Movimiento Evita (2005-2015)”, Studia politicae, n°46, Universidad Nacional de Córdoba, 2019; “¿Cooptados o autónomos? Notas para revisar -y reorientar- los estudios entre movimientos sociales y Estado en la Argentina contemporánea”, en Revista SAAP, Vol 13, n°2, 2019.

[8] Logiudice, Ana, “La política social asistencial 2001-2009: entre la economía social y la gerencia neoliberal”, VI Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata, 2010; “Pobreza y neoliberalismo. La asistencia social en la Argentina reciente”, en Entramados y perspectivas, Vol. 1, n°1, enero-junio de 2011;

[9] Roig, Alex, “No alcanza una redistribución del ingreso. Hace falta una redistribución del poder”. Entrevista de Mariano Pacheco. Revista Zoom, 8 de julio de 2020.

[10] En 1972 se lanzó en Padua, Italia, una campaña para reclamar un salario para el trabajo doméstico con la formación del Colectivo Feminista Internacional, integrado por mujeres de Italia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. “Su objetivo era la apertura de un proceso de movilización feminista internacional que llevase al Estado a reconocer el trabajo doméstico como trabajo –esto quiere decir, como una actividad que debía ser remunerada—ya que contribuye a la producción de mano de obra y produce capital, posibilitando así que se de cualquier otra forma de producción”. Ver: Federici, Silvia, “Introducción”, en Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, Traficante de sueños, Madrid, 2013, p. 25.

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