De dolores, prepotencias y protestas

La coyuntura actual sigue caracterizada por la tendencia al deterioro de condiciones de vida y de trabajo de las clases populares, en el cuadro social ya deteriorado desde hace años y agravado hoy  por las consecuencias de la pandemia.

Las proyecciones sobre la inflación de marzo parecen indicar que el aumento de precios será similar o algo superior al de febrero. De ser así, la posibilidad de cumplimiento de la meta anual de 29% queda  cada vez más lejana. Hoy se debaten aumentos que podrían entrañar un nuevo golpe al bolsillo: Edenor y Edesur plantean incrementos que van entre el 30 y el  45%, y en algunas categorías mucho más altos. Aumenta el transporte y la discusión sigue álgida respecto de otras tarifas y precios. Las empresas buscan recomponer e incrementar ganancias, a costa del poder adquisitivo de los consumidores y usuarios.

El dato económico que aparece como favorable es que en el último trimestre de 2020 el descenso de la economía fue “solo” del 4,3% respecto a igual período del año anterior, lo que marcaría la consolidación de un “rebote” producido al compás de la reapertura de la economía y del crecimiento de la actividad en la construcción y algunos ramos de la industria. También por el incremento de las exportaciones, vía el aumento de precios de los bienes agrarios. Con todo, los números de la actividad quedan bien por debajo de los ya muy malos de 2019.

Vivimos el cotidiano refuerzo del posicionamiento de los grandes empresarios y sus  emisarios. Menudean las quejas de las grandes empresas por el nuevo sistema de control (SIPRE) propiciado por la Secretaría de Comercio Interior, y lo relacionan con otras medidas “intervencionistas” como los mecanismos de limitación de importaciones y el aumento de alícuota de impuesto a las ganancias. Ya está en curso la campaña en los medios para presentar al SIPRE como un retorno a la época de Guillermo Moreno y una amenaza a la inversión y la iniciativa empresaria. Por ahora es sólo un requerimiento de información, que prevé eventual aplicación de la ley de abastecimientos ante incumplimientos. Si alguna política avanza, o amaga avanzar, sobre el libre albedrío de los empresarios, le espera el choque contra el boicot del gran capital. Ese es el mensaje que pretenden imponer.

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En las negociaciones con el FMI, más allá de que el acuerdo se postergue para después de las elecciones, sigue en pie el tratamiento de un programa a diez años, con un nivel de pagos elevado y las consiguientes “condicionalidades”. Eso lleva aparejado políticas de ajuste estructural, que se sumarían a las ya en curso sobre actualización jubilatoria y sueldos estatales. Se sigue jugando la posibilidad de imponer por esa vía pérdidas de derechos y “flexibilidades” que faciliten las condiciones de superexplotación y deterioro de ingresos y condiciones de vida. CFK pareció introducir una cuña con sus declaraciones del miércoles 24: “Con estos plazos y estas tasas no se puede pagar, porque no tenemos la plata”. Claro que hizo esa proclamación acompañada por el pedido  de un “gesto” por parte de EE.UU, y la refuerza con una reafirmación de la voluntad de pago.

A este respecto hay que justipreciar a expresiones orgánicas del establishment, que suelen no coincidir con los planteos de los opositores más extremos ni tener las preocupaciones “doctrinarias” de los neoliberales a ultranza. Grandes conglomerados que mantienen posturas negociadoras con el gobierno en tanto no intente afectar sus intereses, y apoyan el talante “racional” de los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas, a los que presentan como amenazados por las posiciones que partirían desde el Instituto Patria. 

El Presidente llamó la atención por cadena nacional sobre los atrasos en la vacunación debido a los manejos monopólicos a escala mundial, y acerca de la inminencia de una segunda ola. Pero se desiste de antemano de tomar medidas de restricción, salvo para los viajes desde o hacia el exterior. El temor de demorar o revertir la incipiente y despareja reactivación económica parece pesar más que la preocupación por la salud de la población. 

La salida del Grupo de Lima, un gesto simbólico de reversión de la política exterior de total sometimiento llevada adelante por el gobierno anterior, desata la ira de quienes propician el alineamiento total con las directivas del Imperio, en este caso las de hostigar a como dé lugar a la “dictadura venezolana”.

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El desmadre de Sergio Berni marcó un hito. Todo indica que no sufrirá consecuencias por una conducta que bordeó la agresión física contra un funcionario nacional. Es un grado de impunidad llamativo, disfrutado por un aspirante a la “bolsonarización” que  actúa desde el espacio oficialista. Un sustrato patético lo proporcionó que la disputa entre funcionarios era en parte para apropiarse de un “éxito” que, vaya detalle, se consumó por la atenta perspicacia de una docente y un camionero, en nada relacionados con las “fuerzas de seguridad” que pasaron días sin encontrar a un secuestrador solitario que deambulaba en bicicleta.

La lucha del gobierno con la Corte Suprema y otras instancias del Poder Judicial ocupa un lugar constante en la agenda mediática, pero para el conjunto de la población es una pelea de camarillas que no influye sobre sus vidas. La asunción del nuevo ministro de Justicia, más allá de sus declaraciones de dureza, no parece mejorar de por sí las perspectivas de aprobación de  reformas en ese campo.

Sigue en curso el rearme de la derecha, con el lanzamiento del libro de Mauricio Macri y su proyección en los medios, presentándose de nuevo como la alternativa “republicana”, que estaría en condiciones de terminar para siempre con los abusos del “populismo”. Mientras tanto se organiza el peronismo republicano de Pichetto y  otras formaciones peronistas que adhieren a “Juntos por el Cambio”. La oposición de derecha diversifica su perfil político y organizativo.

Desde abajo…

Sigue, y se acentúa, la progresiva vuelta de las protestas callejeras, protagonizadas por organizaciones territoriales y de la izquierda que vuelven a marcar el ritmo del centro de la ciudad de Buenos Aires, vértice de todas las miradas. Se escuchó un cántico, “En las calles otra vez”, coreado por los manifestantes Las necesidades crecientes de una población pauperizada y con desempleo en aumento recuperan su resonancia pública.

En el terreno sindical hay una divisoria de aguas que no conviene subestimar, entre las conducciones que privilegian la negociación de sus privilegios en detrimento de los intereses de los trabajadores y aceptan una u otra modalidad de “reforma laboral” y las que adoptan posiciones algo más combativas y entran en colisión, todo lo parcial y coyuntural que se quiera, con las grandes patronales.  

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En ese sentido hay en curso conflictos por encuadramiento de trabajadores de las empresas tecnológicas. Si bien el detonante son intereses corporativos, de manejo de recursos, también está en juego que las empresas tengan que aceptar sindicatos que pueden poner límites a las “microrreformas laborales” que imponen con facilidad cuando actúan sindicatos más débiles cuando no totalmente “amarillos”. Por ejemplo, Camioneros y Bancarios disputan con Mercado Libre y sus subsidiarias, en un sentido diferente a la línea de otros gremios s que reverencian a los inversores que “dan trabajo”. Mientras tanto, hasta en un sindicato “gordo” como Sanidad, se ha lanzado un plan de lucha por los bajos salarios.

Los conflictos en la Patagonia vienen marcando hace semanas un enfrentamiento con el poder económico y con la dirigencia política. Ha sido notable la estigmatización de los mapuches, acusándolos de los incendios y reavivando el reclamo en contra de sus ocupaciones de tierras, sobre las que desde el poder político y económico se mantiene la aspiración de resolverlas con represión. En la misma zona lo que se interpretó como una agresión al Presidente también fue pretexto para descalificar a los que luchan contra la megaminería y el extractivismo. Muchos trabajan en la construcción de un enemigo interno, de caracteres poco definidos y multiformes (RAM, anarquismo, trotskismo, ambientalismo “extremista”, etc.) Las luchas siguen, engarzando los conflictos coyunturales con reivindicaciones de largo alcance en el plano ambiental y territorial

Siguen los reclamos por la concesión de la Hidrovía, que al parecer albergó en su momento un proyecto distinto en ámbitos de gobierno y luego viró hacia  una renovación que cambiará de empresas pero no innovará en el manejo. El debate es creciente,  con voces que se oponen a la nueva concesión, e incluso propician la reconstitución de una flota estatal y la recuperación de la administración portuaria por parte del Estado.

Resulta significativo que se haya realizado la concentración del 24 de marzo, pese a la deserción de organismos y agrupaciones afines al gobierno. El Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia sí hizo su marcha y la concurrencia fue importante. También hubo múltiples iniciativas locales de recordación, con buena asistencia. Además del valor intrínseco de la recuperación de la memoria, se trata de otra faceta de la reconquista del espacio público por las expresiones de protesta, en dirección a una clausura simbólica de un período en el que la derecha pareció quedar dueña de la calle.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2021.

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