Los servicios de inteligencia durante el gobierno de Macri (2 de 2)

Especial para Contrahegemonía

Al pensar en el tipo de relación entre el Gobierno (Poder Ejecutivo) y los servicios de inteligencia, ya no desde la supuesta cadena formal de mandos del organigrama, sino desde sus existencias autónomas y en tensión, podemos imaginar conceptualmente tres posibilidades distintas de ese vínculo:

  1. Una complicidad activa por mutuo beneficio; con coincidencia ideológica y/o geopolítica.
  2. Una complicidad pasiva: legitimación por inacción, mirando para otro lado y dejando hacer. Coexistencia distante y desconfiada:  i) con o sin tensiones; ii) con o sin contradicciones ideológicas;
  3. Una coexistencia conflictiva: en disputa abierta o latente, según la evolución de la correlación de fuerzas. Con o sin antagonismo en lo ideológico y lo geopolítico.

Para el caso del gobierno de Macri está claro que se trató de la primera opción.

Entre fines de enero y principios de febrero de 2016, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani (AFI) convocaron al fiscal Juan Ignacio Bidone a una reunión para informarse sobre la causa del llamado “Triple crimen de Gral. Rodríguez” (efedrina). Poco tiempo después, se utilizará ese expediente para autorizar la intercepción de las comunicaciones a Oscar Parrilli, acusado de un supuesto encubrimiento a Ibar Pérez Corradi, aduciéndose que éste habría sido ayudado a fugarse al demorar Parrilli la elevación de un informe de Contrainteligencia cuando estaba al frente de la AFI. A través de esa vía, los espías lograban acceder a una parte de las comunicaciones privadas de Cristina Fernández.

Bajo excusas similares fueron pidiendo otras escuchas y también una serie registros en Migraciones sobre salidas y entradas al país de un listado de personas. Una parte de la información se introducía en la causa y otra parte se la guardaba el fiscal Bidone para comercializarla en el “mercado negro” con agentes de inteligencia y grupos delictivos de traje y corbata.[1]

Este “modus operandi” se repite en otras causas y con otros nombres. No lo inventó el macrismo aunque sí lo potenció, con la particularidad de haber dejado una gran cantidad de rastros. A partir de la información que se ha generado en los últimos años en base a investigaciones judiciales y periodísticas, hay una serie de elementos comprobados que permiten reconstruir una parte del accionar de los servicios de inteligencia durante el gobierno de Cambiemos.

En relación a las disputas en el sistema político, si focalizamos en las operaciones políticas o de inteligencia destinadas a una persecución judicial-carcelaria contra la dirigencia de la gestión saliente y la oposición política en general, la lista incluye -entre otras- las siguientes:

  1. La utilización política de la muerte de Nisman para esmerilar al gobierno de CFK en su tramo final.
  2. El aprovechamiento político del escandoloso raid de José López y los bolsos con dólares en el Convento de las Monjas Orantes y Penintentes Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en el partido de General Rodríguez (junio de 2016).
  3. La utilización de causas de corrupción (algunas inventadas y varias reales) para incidir en las relaciones de fuerzas del sistema político. Entre ellas: las causas “GNL”[2]; “Río Turbio; “Hotesur” y “Vialidad”; la “Mafia de la Aduana”, “Brusa Dovat-PDVSA”, la operación “Hidrovía”, “Dólar Futuro”, entre varias otras.[3] En el año 2018 se inició la causa de “los cuadernos” como “causa madre” en la cual englobar varias persecuciones diferentes, teniendo como referencia cercana el “lava jato” en Brasil.
  4. La puesta en marcha durante el 2017 del “Proyecto AMBA”, con una decena de bases operativas dependientes de la AFI en la provincia de Buenos Aires, destinadas al espionaje político de una variada cantidad de organizaciones y militantes.
  5. La mencionada seguidilla de filtraciones de escuchas a dirigentes, incluyendo el espionaje al Instituto Patria (por el que se iniciaría una de las investigaciones en Lomas de Zamora) y las escuchas a los presos políticos alojados en el penal de Ezeiza.
  6. El estímulo a la delación (cierta o falsa) mediante la figura del “arrepentido”, junto con la utilización indiscriminada de la prisión preventiva (la llamada “doctrina Irurzun”), como método para llegar hasta los cuadros kirchneristas más cercanos a CFK y su entorno.
  7. El apriete directo a jueces para forzar disposiciones.[4]
  8. La seguidilla de detenciones por razones de persecución política, que se cuentan en decenas.

Por detrás y por debajo de estos casos de corrupción que adquieren resonancia mediática y política, existe todo un entramado de intereses conocido como la “patria contratista”, en donde el “modus operandi” combina instancias legales e ilegales, como forma del funcionamiento “normal” del capitalismo “argentino”, tanto en el ámbito privado y como en el estatal.[5]

La “Mesa Judicial”

Al buscar establecer cuál era la cabeza política detrás de la estrategia judicial durante el gobierno de Cambiemos, se ha identificado la existencia de una instancia semi-orgánica, la llamada “mesa judicial” del macrismo. Estaba conformada por el jefe de gabinete Marcos Peña (quien convocaba o suspendía los encuentros), Gustavo Arribas (AFI), José Torello (jefe de asesores), Pablo Clusellas (jefe de Legal y Técnica) y Germán Garavano (ministro de Justicia). Otros nombres vinculados: Fabián Rodríguez Simón (“Pepín”)[6], Juan Bautista Mahiques, Daniel Angelici.

Es probable que en aquel momento ese núcleo político cifrara una buena parte de las expectativas de reelección de Macri en la suerte de este vector judicial, proyectando la campaña electoral del 2019 con CFK sentada en un televisado “banquillo de los acusados”, aislada respecto del peronismo, y recibiendo fuego cruzado desde las causas por corrupción, con la dupla Bonadío-Stornelli (juez y fiscal respectivamente) como alfiles, y la “causa de los cuadernos” como eje articulador del resto de los procesos judiciales en danza vinculados a los casos de corrupción y narcotráfico. Decíamos anteriormente que en general se buscó aprovechar casos reales para desde allí montar las operaciones.

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El espionaje político de la AFI macrista – Algunos nombres

Por debajo de Arribas y Madjdalani, uno de los hombres fuertes durante los dos primeros años fue Diego Dalmau Pereyra.[7] Se sabe que a instancias de este agente se creó el grupo denominado “Súper Mario Bross” (denominado así en la prensa por el nombre del grupo de wasap). Los teléfonos de dos de estos espías (Leandro Araque y Facundo Melo) aportaron una buena cantidad de información al respecto. También el de Jorge Sáez, quien estuvo encargado del reclutamiento del personal, en su mayoría proveniente de la Policía de la Ciudad o Metropolitana.

La base operativa de este grupo estaba ubicada en una casa de la calle Pilar al 1460 en el barrio de Mataderos. Los informes subían aparentemente tanto hacia Dalmau Pereyra como a De Stéfano (Asuntos Jurídicos), y podían llegar eventualmente a Macri vía Susana De Martinengo o Darío Nieto.[8]

En junio de 2018 Dalmau Pereyra fue corrido de la AFI y enviado a Chile; lo reemplazó Alan Ruiz, quien reportaba a Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, siendo cedido para ocupar ahora la jefatura de Operaciones Especiales en la AFI. En Contrainteligencia quedó Martín Coste, a quien formalmente debía reportar Ruiz, cosa que no habría sucedido, según declaró el propio Coste.

Otro de los trabajos de espionaje político de la AFI impulsados por la gestión de Arribas, conocido con mayor profundidad gracias a la investigación de Alejo Ramos Padilla, es el denominado Proyecto AMBA. Formalmente se lo llamó “Dirección de Reunión Buenos Aires”, como un desprendimiento de la “Dirección de Reunión Interior”, en donde la provincia bonaerense estaba anteriormente incluida. Era parte de un reordenamiento del organigrama, legalizado formalmente con la resolución 558 firmada por Arribas en abril de 2017, aunque las bases operativas se activaron con anterioridad (uno de los primeros indicios se remonta al espionaje en una charla de Eliana Gómez Alcorta y Horacio Verbitsky sobre la detención Milagro Sala en septiembre de 2016).

Según la resolución de Ramos Padilla ya citada, “durante el año 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires”.

El encargado del proyecto fue en este caso el abogado Pablo Pinamonti, junto con dos ex policías bonaerenses, Antonio Vicente Melito y Daniel Salcedo.[9]

A las tres bases bonaerenses que ya existían (La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca) se sumaron otras seis nuevas: Haedo-Morón (a cargo de Alicia Nocquet como jefa de la base), Pilar (Andrés M. Maisano), La Matanza (Emilio Carreiras), San Martín (Roberto H. Bianchi), Quilmes (Pedro O. García) y Ezeiza (Ricardo Bogoliuk, a quien reportaba también por otro lado el grupo de D´alessio).

La estructura total se calcula en unos 70 agentes, con los que se espió a una gran variedad de organizaciones políticas.[10]

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Debajo, un local de venta de repuestos de autos. Arriba, la base operativa del Proyecto AMBA instalado por la AFI para el espionaje político en la zona de Ezeiza.

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Foto tomada durante un entrenamiento del personal femenino afectado a la base Haedo, a cargo de Alicia Nocquet[11]

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Fotos realizadas por agentes de la base San Martín, siguiendo a docentes de Suteba Tigre que marchaban por la desaparición de Santiago Maldonado, el 19 de octubre de 2017.

En cuanto a la DaJuDeCo, entre el 2016 y el 2018 el número de escuchas telefónicas se habría incrementado un 34 %, pasando de 30.318 a 40.714 captaciones anuales[12].

Hacia fines del año 2018, mientras la semi-clandestina Mesa Judicial se reunía con una periodicidad quincenal para orientar las operaciones del tridente Servicios-Medios-Jueces, al interior de la AFI el control de las escuchas estuvo disputado aparentemente entre al menos dos sectores distintos: por un lado, la dirección de Contrainteligencia, conducida por Diego Dalmau Pereyra primero, hasta agosto del 2018, y por Martín Coste después. Y por otro lado, una oficina que habría ido creciendo a lo largo del gobierno de Macri, la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ), conducida desde fines de 2015 por el ya mencionado Juan Sebastián De Stéfano, un hombre cercano a Daniel Angelici y Gustavo Arribas.[13] Según afirma Dandan:

“De Stéfano es un punto que une a D’Alessio, los Super Mario Bros y los aprietes a los jueces. Visitó a Carzoglio [para pedirle que meta preso a los Moyano], tuvo bajo su órbita a Pablo Pinamonti [jefe del Proyecto AMBA] de quien D’Alessio buscaba una credencial y a quien le reportaba cuando sentó en Comodoro Py a Gonzalo Brusa Dovat como “el Centeno de PDVSA”. Y a él se refería Alan Ruiz en los audios grabados por los espías como quien se encargaba de emprolijar los seguimientos ilegales que exigía Majdalani.”[14]

A partir de una causa por narcotráfico, que involucra al detenido Marcelo Segovia alojado en la cárcel de Ezeiza, el juez Federico Villena (en complicidad) ordenó escuchar al pabellón entero, en el cual se encontraban varios presos políticos. Algunas investigaciones sugieren que a partir de esto se habría generado una duplicación en las escuchas. Inmediatamente después de concretarse el allanamiento al country en donde residía D´Alessio, se produjo una filtración (vía Carrió), en la que habría estado implicada también la llamada “Área 50” correspondiente a la oficina de inteligencia del sistema Penitenciario, con sede en la calle Varela 266, en el barrio de Flores.

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La casa donde funcionaba el “área 50” durante el gobierno de Macri, en calle Varela 266

Estas transcripciones y audios serán conocidos luego como la “Operación Puf”, que involucró al diputado Eduardo Valdés (quien pronunció esa expresión en una comunicación interceptada aludiendo a Stornelli), junto con algunos dirigentes kirchneristas detenidos en Ezeiza, a quienes acusaron por manejar información sobre las inminentes disposiciones a iniciarse en una causa que involucraba al fiscal de Comodoro Py.

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D´Alessio (espía), Stornelli (fiscal) y Gustavo Sáenz (intendente de Salta)

Hacia mediados de febrero de 2019 estalló entonces el llamado “D´Alessio gate”, iniciado tras el imprevisto allanamiento ordenado por Ramos Padilla a la vivienda del agente inorgánico Marcelo Sebastián D´Alessio, en el country Saint Thomas, en Caning (partido de Esteban Etcheverría). El motivo resultó ser sorpresivo para el allanado: una denuncia de extorsión realizada por el empresario Etchebest. Éste último había grabado una serie de conversaciones telefónicas producidas en los últimos días del año 2018 y enero del año siguiente, incluyendo fotos y una cámara oculta que resultaría decisiva para poner en evidencia a Carlos Stornelli, a quien se lo muestra junto a D´Alessio y al intendente de Salta haciendo negocios turbios en un balneario de Pinamar, con la presencia de Etchebest, que esperaba a pocos metros en otra mesa del mismo bar, llevado allí por el propio D´Alessio en su camioneta mediante una presión psicológica ejercida con fines extorsivos (el objetivo era obligar al empresario caído en desgracia a que cerrara un “trato” en dólares con el fiscal a cambio de evitar la cárcel). La mala praxis del espía puso en evidencia a una parte del grupo operativo y mostró nuevas puntas del ovillo delictivo, gracias a una elemental acción de “contrainteligencia” realizada por Etchebest, quien luego de averiguar algunos datos sobre el sujeto, y con sólo grabar un par de charlas por el celular, le hizo “pisar el palito” al agente del recontraespionaje en pleno desarrollo del intento extorsivo. Para colmo, quedaba involucrado directamente el fiscal estrella del momento (“causa de los cuadernos”), una de las piezas centrales en la ofensiva política coordinada desde la “Mesa Judicial” del gobierno de Cambiemos.

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Con pruebas irrefutables en sus manos, Ramos Padilla asumió la decisión política de impulsar la investigación desde el juzgado de Dolores. A partir de este momento saldrían a la luz una serie de informaciones que pronto se revelarían como la punta de un iceberg mucho más grande. Luego se sumaría la investigación en Lomas impulsada por Augé, y posteriormente la Bicameral de Inteligencia conducida por Leopoldo Moreau, en combinación con Cristina Caamaño desde la intervención de la AFI. Hay otras investigaciones importantes también en curso, como la referida a la Contraofensiva montonera a fines de los ´70, por la cual se está investigando a la estructura de inteligencia militar que dependía de la Jefatura II del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) en aquellos años.

Por otra parte, hay que decir que hacia marzo del 2021, mientras se mantiene en prisión a Milagro Sala, el fiscal Stornelli sigue atornillado en el cargo apuntalando su propia resistencia y la de sus huestes en Comodoro Py, con un plantel que incluye a los los Lorenzetti, los Irurzun, los Villena, los Lijo, los Bidone, los Marijuán y todo el listado ya bastante conocido. Tras los discursos de Alberto Fernández en la apertura de sesiones del congreso el 1 de marzo, y de Cristina Fernández ante la Cámara de Casación dos días después (causa “dólar futuro”), el tema judicial quedó en el centro de la agenda pública bajo la anglosajona etiqueta de “lawfare” (juego de palabras que se traduce al castellano como “guerra legal” o “guerra jurídica”). Días después fue desplazada la ministra de Justicia Marcela Losardo, reemplazada ahora por el rionegrino Martín Soria.

Surge entonces una pregunta no retórica, ¿cabe esperar que con el avance de las investigaciones las injusticias se vayan resolviendo? ¿El mayor conocimiento público de estos “sótanos” genera mejores condiciones políticas para transformar la estructura?

Fuentes

  • Resolución del juez Ramos Padilla – A (Dolores). Ver en link: http://www.saij.gob.ar/juzgado-federal-federal-buenos-aires-dalessio-marcelo-sebastian-otros-asociacion-ilicita-otro-fa20390002-2020-10-21/123456789-200-0930-2ots-eupmocsollaf?
  • Resolución del juez Ramos Padilla – B (Dolores). Link: https://www.cij.gov.ar/nota-38361-Resoluci-n-del-Juzgado-Federal-de-Dolores-en-causa-FMP-88-2019.html
  • Artículos periodísticos de Alejandra Dandan, Luciana Bertoia, Ricardo Ragendorfer, Horacio Verbitsky, Irina Hauser, Raúl Kollman; Izquierda Diario, Revista Crisis, El Cohete a la Luna, Izquierda Web.

[1] Uno de estos casos fue el de Pedro Etchebest, un empresario rural a quien D´alessio buscó extorsionar utilizando información en parte proveniente del fiscal Bidone, que el grupo de agentes solía comprarle en dólares. (ver en: https://www.pagina12.com.ar/206819-confirman-que-el-fiscal-bidone-recibio-dinero-de-la-banda-de)

[2] Entre la documentación encontrada en las computadoras de D´alessio se destaca un informe titulado “Síntesis de investigaciones actuales”, en el cual se proyectan con meses de anticipación acciones que luego serían realizadas, tales como el espionaje sobre ciertos dirigentes o la publicación del libro “El Mecanismo”(editorial Planeta), firmado por Daniel Santoro pero elaborado en realidad por este grupo de agentes, que mediante ese material “blanqueaba” información obtenida a través del espionaje ilegal, para reingresarla luego en el proceso judicial. Esto último se realizó del siguiente modo: aparece en el libro un testigo “en on” a quien luego un juez llama a declarar. El nombre del testigo: Marcelo D´alessio. Este tipo de evidencias, entre otras, han quedado descubiertas gracias a la documentación secuestrada en el allanamiento en la casa del espía. Ver Resolución Ramos Padilla, en link: :

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[3] Ver la Resolución de Ramos Padilla, disponible en el link: http://www.saij.gob.ar/juzgado-federal-federal-buenos-aires-dalessio-marcelo-sebastian-otros-asociacion-ilicita-otro-fa20390002-2020-10-21/123456789-200-0930-2ots-eupmocsollaf?

[4] Como en el caso del juez de Avellaneda Luis Carzoglio por parte del agente Juan De Sefano (de la DAAJ-AFI), quien lo “visitó” para pedirle la detención de los Moyano (abril de 2019), no concretada.

[5] Para una pequeña muestra ilustrativa con nombres propios: “Entre esos empresarios [vinculados a la corrupción de la “patria contratista” en la “causa de los cuadernos”] se encontraban algunos de los nombres más respetables y aristocráticos de la historia del empresariado argentino: Ángelo Calcaterra (primo de Macri y dueño de Iecsa hasta el año pasado), Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), Héctor Zabaleta (ex director de Techint), Armando Loson (Albanesi), Jorge Neyra (Electroingeniería), Claudio Glazman (Soc. Latinoamericana), Carlos Wagner (Esuco) y Roggio, Juan Chediak (José Chediak), Gabriel Romero (Grupo Romero). Esas familias son parte inseparable de la historia del capitalismo argentino, y no como notas al pie.” (Federico Dertaube, febrero 2021; portal Izquierdaweb). Link http://izquierdaweb.com/guerra-judicial-corrupcion-y-capitalismo/.

[6] Ver por ejemplo en: https://www.elcohetealaluna.com/salir-del-armario/; de Alejandra Dandan; marzo de 2021. Y en https://www.tiempoar.com.ar/nota/pepin-rodriguez-simon-el-armador-de-causas-de-macri-va-al-banquillo-de-los-acusados ; Ricardo Ragendorfer, 21 de marzo 2021 en Tiempo Argentino.

[7] “Dalmau Pereyra tiene 54 años [en el año 2020], estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, también estuvo en el Ejército donde ingresó en 1986 y se recibió de subteniente. En 1997 se fue como oficial de inteligencia y luego ingresó a la Secretaria de Inteligencia. Estuvo en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), lo echaron en 2000 y lo volvieron a convocar. Siguió dando clases hasta que en 2015 Silvia Majdalani lo propuso para el cargo de director Operacional de Contrainteligencia. En ese puesto estuvo desde comienzos del gobierno de Cambiemos, pero el 7 de junio de 2018 lo relevaron y lo mandaron a Chile, de donde regresó en mayo de este año”. (Irina Hauser, sept. 2020).

[8] Algunos de los nombres que se fueron conociendo son: “un grupo de agentes que en su mayoría (al igual que Melo, Araque y Sáez) venían de la policía porteña, como Emiliano Matta, su hermano Guillermo, María Mercedes Funes Silva, Daiana Baldassarre, Denisse Aya Tenorio, Dominique Lasaigues, María Belén Sáez (hija de “el Turco” Jorge Sáez), Mariano Flores, Javier Bustos y Jorge Nievas. Hay que sumar a Martín Terra, ex pareja de Maiorana y amigo de Arribas, un hombre del Ministerio de seguridad porteño, Juan Carlos Rodríguez, Andrés Rodríguez del Servicio Penitencario bonenaerense, Gustavo Cicarelli y Jorge Ochoa, ex policías federales.” También María Andrea Fermani, cercana a Dalmau Pereyra. (Irina Hauser, 1 de julio de 2020, “Espionaje ilegal: game over para la banda de Súper Mario Bross”, Página 12.)

[9] “Melito ingresó a la Policía Bonaerense en 1982, tuvo como primer destino la Comisaría de La Matanza en 1983 y retiro obligatorio como comisario en 2014. El 2 de septiembre de 2016 entró a la AFI. Daniel Salcedo es conocido como perito de Sandra Arroyo Salgado, y fue quien sostuvo la hipótesis del homicidio de Nisman. Ingresó a la Bonaerense en 1977, estuvo en la Comisaría de San Antonio de Areco en 1979 y fue jefe de la fuerza entre 2007 y 2009. El 6 de octubre de 2016 entró a la AFI.” – Dandán, A.  Link: https://www.elcohetealaluna.com/el-dia-que-arribas-llamo-a-la-policia-de-camps/

[10] La lista incluye las siguientes: “CTD Aníbal Verón, Quebracho, Corriente Patria para Todos,  Movimiento Popular Antiimperialista, Resistiendo con Aguante, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Comisión Provincial por la Memoria, Frente Miles, La Cámpora, Corriente Javier Barrionuevo , Frente Popular Darío Santillán, Furia Feminista,  Agrupación Unidos por los Niños de Villa Golf, Frente Socialista Popular, Encuentro Popular, ONG Ayudemos a los Chicos, Cooperativa La Tribu, Corriente Pueblo Unido, Asociación Comunitaria Sur, Agrupación Néstor Kirchner, Unión de Juventudes Socialistas, Asociación Civil Latinoamericana de Vecinos de Esteban Echeverría, Organización Madres del Trueque. Y las fuerzas políticas Unidad Ciudadana, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente 1 País, Cumplir, Cambiemos, Compromiso con Vos, Partido Justicialista, Frente Renovador, Partido Obrero, Izquierda Socialista, CO.PE.BO. (Dandán,”El día que Arribas…”)

[11] “Alicia Nocquet ingresó a la Bonaerense en 1977. Su primer destino fue la Dirección General de Investigaciones a cargo de Miguel Osvaldo Etchecolatz, de la que dependían las Brigadas de Investigaciones, la mayoría Centros Clandestinos de Detención. En 1994 estuvo en la Dirección de Narcotráfico Morón-Matanza y en 2006 tomó la Jefatura Departamental de Morón hasta su retiro en 2007. Entró a la AFI el 16 de diciembre de 2016. Tomó la jefatura del territorio que ya conocía: la Delegación de Morón, con 10 agentes a cargo.” (Dandán, “El día que Arribas llamó a la policía de Camps”, en El Cohete a la luna, 20 de diciembre de 2020).

[12] Bertoia, Luciana; “Irurzun no escucha más”, en El cohete a la luna, 16 de febrero de 2020.

[13] Otros nombres: “En Sumarios estaba Real, amigo de Arribas. En Recursos Humanos, Silvia Girón, ex esposa de Arribas y luego Paula Irasciela, segunda esposa. El jefe de gabinete era Darío Biorci, cuñado de Majdalani. En Asuntos Internos estaba Julio Becerini, segundo de Gastón Quindi, otro amigo de Arribas. Y en Jurídicos, De Stéfano.” (Dandán, Alejandra)

[14] Dandan, Alejandra; “El peor Coste”, en El cohete a la luna, 5 de julio de 2020.

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