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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

El presidente está equivocado

El Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández fue entrevistado el día 8 de abril por Reynaldo Sietecase saliendo al aire por FM 89.9 Radio con Vos. En aquella nota habló del transcurso por su contagio de COVID 19 y además contestó sobre diversos temas en los que fue consultado.

Nota completa en: https://youtu.be/3PpnwJyj0Rg

Por casi cuarenta minutos se explayó sobre las medidas para enfrentar la pandemia y dejó manifestado su criterio dialoguista al explicar la necesidad de consensuar a nivel federal las medidas de prevención de contagios para que sus directivas no se contrapongan con políticas provinciales o en CABA. Luego de ello el periodista le nombra el tema del fin de la concesión de Hidrovía SA y tras una breve introducción señalo: “..lo que decidí es que tanto el llamado a la licitación, tanto la adjudicación, tanto el organismo que finalmente quede instituido para controlar el funcionamiento involucre a todas las provincias ribereñas”. Luego de ello agregó: “Necesito mejor control sobre todo eso y la mejor forma de que el control funcione es que muchos ojos interesados pongan los ojos en la hidrovía.. Vamos a llamar a una nueva licitación”. Si quedaba alguna duda agregó: “Muchos me dicen ¡No! que el Estado se haga cargo.. Miren, el trabajo del dragado es un trabajo que lo hacen muy pocas empresas en el mundo porque exige una tecnología de altísimo costo y eso es muy difícil que lo pueda hacer el Estado”.

Ante todo esto digo:

Estimado presidente Alberto Fernandez, ganador por el 48% en primera vuelta como resultado de la estrategia electoral y politica de Cristina Fernandez de Kirchner; Usted está equivocado. Errar es humano y es nuestro deber informarlo porque cada funcionario podrá pagar los costos políticos de sus equivocaciones pero esas decisiones después son bancadas durante décadas por todos los argentinos y argentinas aún después de culminar los mandatos populares. Es bueno que aclare lo que ya sabemos, que es Su exclusiva decisión licitar la red Troncal fluvial como así también toda obra necesaria como el Canal Magdalena. Hoy se están llevando a cabo ambas licitaciones “por peaje” bajo legislación de la dictadura militar del año 1967 y repitiendo el esquema liberal que hundió a la Argentina hasta la más profunda de las desigualdades gracias al decreto 949-2020 que lleva su firma. 

Usted se equivoca en primer lugar en usar esa ley para licitar porque la 17.520 lleva a renunciar al Estado Nacional a todos aquellos items asumidos por 25 años por el complejo agroexportador como costos aceptables por la garantía de navegabilidad. Los operadores del comercio exterior sobre nuestros ríos han transferido esos costos operativos de más de 3 dólares por tonelada declarada hacia los productores que a su vez distribuyen en sus mercados. Esos valores hace más de dos décadas son recaudados por una empresa integrada por capitales extranjeros y desde ya una vez que son salvados los costos operativos remiten ganancias a su casa matriz en el exterior dañando nuestra balanza comercial porque en definitiva es una importación de servicios que dicho sea de paso, puede ser sustituida.

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Usted se equivoca porque para licitar no hace falta que el peaje, que es una atribución propia del Estado desde los comienzos de las civilizaciones egipcias y persas, sea transferido al sector privado y mucho menos extranjerizado. Se equivoca porque al igual que en el transporte carretero regido por esa misma ley es bien sabido que la privatización por peaje no redunda en beneficios proporcionales a los costos que implica. Este tema quedó bien demostrado en las reuniones de trabajo del Consejo Federal de Hidrovía donde distintos actores denunciaron deficiencias del actual permisionario tanto en el dragado como en el balizamiento. A ello hay que agregar que  los concentradores de granos confirman estos reclamos solicitando que  el valor del peaje sea reducido. Para licitar no hace falta hacerlo a cambio de peajes porque aun con modificaciones en su reglamentación sigue vigente la Ley 13.064 que en su Artículo 6 menciona explícitamente la contratación por parte del Estado de servicios de dragado. Como bien sabe, la administración posee cuatro etapas o fases. Dos fases “mecánicas” que son la Planificación y la Organización para luego seguir con dos fases “dinámicas” que son la Dirección y el Control. El uso de la Ley 17.520 cancela toda posibilidad de ejecutar estas últimas porque la Dirección del cumplimiento en los requerimientos son privatizados y el Control, que es vital para la estadística del comercio exterior, es justamente el cobro del peaje que es permeable a no ser cobrado en forma universal e irrestricta. De ese modo, el Estado no solo pierde el valor de los peajes cobrados que incluyen la rentabilidad por el servicio sino también pierde la posibilidad de administrar la navegabilidad por estar voluntariamente ausente en dos etapas del procedimiento administrativo.

Señor presidente, Usted se equivoca en afirmar que muchos ojos interesados mejoran el control. Hoy no hay control como bien se asegura desde la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y ello pasa delante de todos los ojos interesados que ven azorados cómo se repite el esquema liberal. Mirar no es controlar. Controlar es participar en los procedimientos bajo criterios bien específicos de idoneidad y tener el poder administrativo de intervenir para subsanar las fallas. Usted asegura querer controles pero la licitar los servicios “por peajes” sobre nuestras rutas marítimas y fluviales es justamente lo contrario a controlar porque Privatizar es Desregular.

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Es bueno saber que son muchos los que le dicen que el Estado se haga cargo, pensé que éramos una minoría y que no había escuchado la propuesta. Señor presidente; Usted está equivocado en qué hay pocas empresas de dragado, de hecho son bastantes y es un mercado con un extraordinario crecimiento a pesar que varios estados se hacen cargo de esa tarea en forma directa. Debe tener en cuenta que la actual permisionaria realiza los trabajos con mano de obra de argentinos tanto a bordo como en tierra y que la tecnología que utiliza cada empresa no es propia sino adquirida en diversos astilleros del mundo. Que los montos de esas adquisiciones están contempladas en la estructura de costos y teniendo en cuenta el crecimiento e inversiones en sus flotas seguramente su negocio es rentable. Usted debe saber que según un trabajo del Centro de Estudios Agrarios la recaudación por peajes ronda unos 300 millones de dólares y que actualmente hay menos de cinco dragas asignadas en la Argentina para asegurar la navegabilidad de nuestra Red Fluvial. Debe saber que la draga más moderna traída por la actual concesionaria fue construida en los astilleros Keppel Singmarine de Nantong, China con un costo de casi 40 millones de dólares. Eso implica que la inversión total de una flota nueva de 5 unidades, sin contar gastos de armamento, se recupera en tan solo 8 meses de peajes y teniendo en cuenta que la vida útil de estos equipos alcanza los 30 años se puede decir que esa inversión retorna con una tasa de facturación del orden 4.500% respecto al costo de inversión tecnológica. El problema no es la inversión ni el acceso a la tecnología, claramente el problema es la voluntad política.

Usted está equivocado en que es muy difícil que lo haga el Estado. De hecho, lo hizo hasta el año 1995 hasta que la Reforma del Estado destruyó prácticamente todos nuestros recursos estratégicos de desarrollo. Es más, resulta que una de las dragas que se usa actualmente en el Paraná fue construida en la Argentina y ya con varias décadas encima sigue operativa al servicio de la empresa concesionaria a pesar que es propiedad del Estado Nacional. Comparado con los desarrollos tecnológicos en materia satelital esto realmente queda lejos de ser complicado y hablamos tan solo de un tercio de la inversión en el programa SAOCOM lo que permite no solo impulsar nuestra industria naval sino también recuperar la atribución pública del control sobre el comercio exterior recuperando la administración de la navegabilidad de nuestras aguas.

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Claramente acá no se esta hablando de quién va a dragar cuando la OCDE viene a reglamentar la licitación, el problema es otro y seguir ocultando esto con excusas vacías es inútil. Esta rubrica implica condicionamiento e injerencia extranjera como continuidad y consecuencia directa de las políticas económicas del gobierno anterior. No todos se acuerdan que Nicolas Dujovne, parte necesaria en el actual estado de endeudamiento externo argentino presentaba ante este organismo un Plan de Acción ante el Secretario Ángel Gurría en Baden-Baden, Alemania, en el marco de la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20. Que los países que integran hoy la OCDE representan el 75% de la Inversión Extranjera Directa a nivel global y a su vez concentran tanto el 60% del comercio como del PBI mundial. Sabemos que dicen que nos quieren ayudar a que alcancemos estándares internacionales pero lo que vienen haciendo en la región es jaquear el desarrollo con la confrontación ante asimetrías. El Pueblo argentino votó alejarse del liberalismo despiadado que concentra riqueza en pocos y sabemos bien que sin coraje no se lleva adelante el sueño de las naciones.

Como compañero es mi obligación advertir que se está equivocando y que esta decisión trae un gran pesar en el ideario popular que sostiene el actual proyecto político. No esta mal pedir ayuda ante la amenaza, lo condenable es pretender correr el foco de lo que realmente pasa cuando el Pueblo exige Soberanía.

Prefiero ser el que critica aquello que está mal a ser el que acompaña en la obsecuencia del silencio.

César Briatore

DNI 20440363

Obrero Naval y Técnico Superior en Administración Portuaria


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