Todo precio es político

El 2020 fue el año que menos carne se comió por habitante en un siglo: todo un récord. No hace falta investigar las estadísticas, alcanza con mirar los precios en las vidrieras de las carnicerías para suponerlo con certeza. A la par de este triste récord, la venta de carne al exterior se incrementó en un 11 por ciento. Lo que aquí ya no podemos comprar llena de dólares los bolsillos de unos pocos.

En un país con capacidad de generar alimentos para cientos de millones de personas se somete al 64,1% de los menores de 18 años (según datos de la Universidad Católica Argentina) a no comer o comer mal. Según el INDEC, los alimentos subieron durante el 2020 un 9% más que el índice general de inflación.
El precio de los alimentos se dispara y el ministro de economía, Martín Guzmán, adelanta una explicación: “la inflación es un fenómeno multicausal (…) que se resuelve en un esquema dual con la política macro que hay que ir ordenando, y con la gestión del Estado para mejorar la coordinación de las decisiones económicas y un alineamiento de las expectativas con aquello que la macro nos dice que puede ocurrir” (Página 12, 10/03/21)

De esta explicación se pueden deducir dos cuestiones alternativas, aunque no excluyentes. La primera es que la economía necesita ser ininteligible para seguir siendo coto de acción de profesionales de la economía (o del status quo), sin injerencia popular.

La segunda es que lo que la hace ininteligible es el intento, vano, de encontrar explicaciones de lo económico en forma escindida de lo político, del choque y las relaciones de fuerza entre las clases. Uno de los pilares del “sentido común” hegemónico postula la inconveniencia de que la política intervenga en la economía -como si tal cosa fuera posible-, lo que deriva en una mera alucinación colectiva.

Nada de esto resulta entendible si se lo restringe a lo económico y sus “leyes”. Porque la carestía no es una especie de fenómeno natural que sobreviene ante la ruptura de equilibrios (macro)económicos, sino constituye una disputa de poder, una lucha por quienes lograrán apropiarse del valor producido por el trabajo de la población,a través del incremento de los precios de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado y, asimismo, una disputa por quienes acumularán suficiente poder político como para decidir el rumbo del país.

Se trata entonces de encontrar explicaciones sobre esta disputa de poder, anclada en la realidad político-económica de nuestros días, para comprender los aumentos de precios de los alimentos y por, sobre todo, encontrar vía de acción para que la alimentación sea un derecho.

Una nueva relación entre el Estado y las empresas para relanzar la dominación

Las derrotas populares desde principios de los años ’70 y la internacionalización del llamado “capital productivo” transformaron la relación entre Estado y capital. Los grandes capitales –con capacidad ya de instalar su producción donde más les convenga- presionan sobre los Estados nacionales para imponer condiciones más ventajosas, es decir, peores condiciones para el pueblo trabajador local, como requisito para sus inversiones “productivas” orientadas al mercado internacional.

Sobre la falacia de considerar productivos capitales que gozan de tal nombre sólo por su capacidad de apropiarse de la productividad del trabajo (no porque sean capaces de producir nada), los Estados nacionales compiten entre sí por lograr la captación y permanencia del capital, erosionado para ello las condiciones de vida populares y las instituciones políticas que, principalmente desde la segunda posguerra, habían construido hegemonía sobre la base de la convertir en “consumidores” a las clases trabajadoras e incorporándolas políticamente de forma subordinada como “columna vertebral”, nunca como cabeza.

Sobre las ruinas del “Estado benefactor” el neoliberalismo constituyó una nueva estrategia de ofensiva capitalista, articulada ahora a través de la intensificación de la competencia por cuál Estado se abre (liberaliza) más ante los capitales, convirtiendo a la competencia en el modo de subordinación política de los trabajadores. La negación de un aumento de salario o una mejora en las condiciones de trabajo por la imposibilidad de “competir” con producciones extranjeras, la aceptación de la “flexibilización” ante la amenaza de perder el trabajo ante las nuevas tecnologías o ante algunx de los millones de desempleadxs, asumir como razonable que el precio de los alimentos aumente para ponerse a tono con el de otros países, son realidades que conocemos todxs lxs trabajadores.

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El neoliberalismo usó la competencia para desorganizar y fragmentar al pueblo trabajador, transformando a la desmovilización y la individualización en los fundamentos de este nuevo modo de dominación política. Los sindicatos, en manos de las burocracias, dejaron de ser herramientas de lucha de la clase trabajadora para convertirse en ofertoras de servicios –turismo, salud, etc- para uso exclusivo de un pequeño sector de trabajadores devenidos en individuos. Se reemplazaron partidos políticos y organización popular por nombres propios: Néstor, Cristina, Alberto, Mauricio, “Pato” y otros tantos nombres que reemplazan apellidos y por, sobre todo, ocultan procesos sociales y colectivos que permitirían comprender el mundo cambiante.

La internacionalización del capital alumbró el nacimiento de grandes grupos económicos que acabaron definitivamente con la ilusión de toparse con algún empresario con proyecto “nacional” y tornan estéril intentar diferenciar capitales productivos, financieros o mercantiles, imbricados todos ellos en nuevas y gigantescas cadenas globales. En una economía que además se integra al mundo en forma subordinada, como ocurre con la Argentina, la periódica devaluación del tipo de cambio, que repercute directamente en los precios, resulta una forma privilegiada de aumento de las ganancias empresarias a costa del salario y del nivel de vida popular.

Sin la decisión ni la capacidad para transformar esta realidad, gran parte de los neo-progresismos que brotaron en América Latina (con la excepción de Bolivia y Venezuela) se limitaron a aceptar lo dado, incorporando en forma muy parcial y resignificada demandas populares a fin de incorporara movimientos sociales a la vieja institucionalidad política en crisis.

Sin cambios reales y profundos, la alimentación popular resultó gravemente afectada, a través de la cuádruple vía de la carestía, la insuficiencia de los planes alimentarios, la destrucción de las economías locales y la exacerbación del extractivismo como forma de inserción subordinada en el mundo.

Del supermercado a la mesa… ¿de quién?

Hoy el trabajo de lxs habitantes de nuestras tierras termina llenando la mesa de los poderosos.

Las empresas concentradas son las que imponen los precios, en base a la fuerza económico-político-social que han sabido construir. La disfrazan tras supuestas leyes de mercado o tendencias macroeconómicas. Pero escarbando un poco en “leyes económicas” que aparecen como abstractas e impersonales, encontramos la decisión y voluntad de empresas con nombre, apellido, poder y entidad concreta. Para mencionar sólo algunas que inciden en nuestra alimentación:

Marfrig Global Foods, segunda empresa de carne vacuna del mundo, penetró en la Argentina desde el año 2006 y desde entonces se ha adueñado de frigoríficos y empresas, produciendo los productos Paty, Vienísima, Good Mark, Tres Cruces, Bocatti o Avex, entre otras. También encontramos a Soros Fund Management, muy conocida en el ámbito de las finanzas, pero menos en el terreno de la producción y comercialización de alimentos, donde actúa a través de Adecoagro, uno de los gigantes del agronegocio, con participación en granjas y plantas procesadoras lácteas, así como en la comercialización de arroz, maní y granos. Un fondo que se ganó el apodo de “buitre” en el terreno de las finanzas es Black Rock, uno de los principales acreedores de la deuda externa argentina, al tiempo que es el tercer mayor accionista del gigante agrícola Bunge y posee participación en Monsanto, la alimenticia Arcos Dorados (Mc Donald’s), Adecoagro y empresas de alimentos y biocombustibles en Argentina, Brasil y Uruguay. Tyson Funds, la mayor procesadora de carne de los EE.UU., que penetró en Argentina desde el 2011, es una muestra de que inversiones y “empleo de calidad” no suelen ir de la mano. Sólo en los EE.UU., durante la pandemia, 16 mil de sus empleados padecieron el coronavirus y fallecieron 86, lo que la incentivó a colocar títulos en Wall Street por mil millones de dólares para robotizar gran parte de su producción en los próximos años. Seguramente alegarán alguna “ley económica de tendencia creciente al despido y la mecanización” que, sin embargo, dirán, si tenemos paciencia, derramará abundancia y felicidad. Cinco grupos empresarios concentran el 55% de exportaciones de cortes frescos bovinos: frigorífico Gorina, Arre Beef, la familia Braun (dueña del supermercado La Anónima), la compañía brasilera JBS y la china Compañía Central Pampeana. En décimo lugar se encuentra el frigorífico Friar, del grupo Vicentín (El Cronista, 25/03/2021). Quien ha descrito perfectamente esta realidad es Jim Prokopanko, Ceo de Cargill: “Prácticamente la cosa sucede así: Cargill produce fertilizantes fosforados en Tampa, Florida. Vertimos fertilizantes en nuestros cultivos de soja en Estados Unidos y Argentina. Transformamos las semillas de soja en harinas y aceite. Nuestros barcos trasladan esa harina hasta Tailandia para alimentar las aves que nosotros matamos, embalamos y enviamos a los supermercados de Japón y Europa”. Sólo le faltó mencionar a la filial financiera de Cargill, con la que opera en los especulativos mercados a corto plazo.

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Otro actor con creciente incidencia son los supermercados. Su expansión, monopolizando la comercialización de los alimentos, es una muestra de la falacia de las teorías económicas que postulan que su mayor productividad (más ventas con menos empleados) se reflejaría en una baja de los precios. En la realidad sucede lo contrario y la concentración en estos gigantes sólo aumenta la proporción de la comercialización en el precio final de los productos y ahoga a los pequeños productores, que deben aceptar sus condiciones.

Existe una clara articulación entre las empresas del agronegocio y el sector financiero global, que mueve billones de dólares en el mundo, con un crecimiento acelerado de los “mercados a futuro” de los alimentos. Sólo el 2% de estas operaciones termina con la entrega de la mercadería, el resto es revendido en operaciones especulativas, llevando a las nubes el precio de los alimentos, con el resultado que mientras los capitales juegan en la Bolsa, gran parte de la población vuelve del mercado con la bolsa cada vez más vacía.

Sobre la base de estas empresas y otras similares, surgen nuevos actores políticos, como el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que agrupa a más de 60 entidades y cámaras de la cadena del agronegocio, productoras de aceites, biocombustibles, maquinarias agrícolas y mineras, empresas lácteas y otras tantas. Lo coordina el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y viene presionando, no sólo para asegurarse beneficios para la exportación y la baja de retenciones, sino para mantener en manos privadas la Hidrovía del río Paraná, lesiva para la soberanía nacional y los intereses populares. El “olor a bosta” de la rancia oligarquía agrupada en la Sociedad Rural resulta útil para ocultar los aromas no menos desagradables que emanan de la fluida relación entre el CAA y el gobierno de Alberto Fernández.

Con estos protagonistas, la mesa popular estará cada vez más vacía.

Tierra y agua para vivir y para producir


Hay otros rumbos posibles, con un anclaje también importante en nuestra realidad.

Mientras, según datos del Ministerio de Agricultura, un pool de siembra de 17.000 hectáreas de soja y maíz emplea sólo a 21 personas, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) asegura que esa misma extensión de tierra, destinada a la agricultura familiar con métodos agroecológicos, podría ocupar no menos de 2.500 personas y producir verduras sanas y a precio justo para alrededor de 2 millones de personas. Se trata de decidir hacia cuálde estas Argentinas queremos ir; no hay posibilidad de intersección alguna o consenso entre ambas.

No sólo los Ceo’s, también el pueblo trabajador tiene la capacidad de construir y acumular poder político y social como para incidir en el rumbo que adoptemos. Tenemos el ejemplo, hace pocos meses, de los trabajadores del complejo aceitero que realizaron una huelga de 20 días para fijar un precio muy importante para los trabajadores, el de su fuerza de trabajo. Se negaron a tomar en cuenta índices de inflación y niveles de pobreza como vara de medida, para reclamar lo que consideran debe ganar un trabajador para tener una vida digna, según sus propios parámetros. Hicieron asambleas democráticas, articularon entre todos los sindicatos del sector, paralizaron las exportaciones, se movilizaron, denunciaron los objetivos del CAA, construyeron poder y vencieron.

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El precio a nivel internacional de la carne y de los granos de exportación viene subiendo. El precio de la soja casi llega al nivel que tuvo en la primera década del siglo. Pero mientras entonces el pueblo se benefició en parte con esos aumentos, ahora producen una disparada de los precios, mientras crecen la pobreza y el hambre. ¿A qué se debe esta diferencia? No se trata de razones económicas.
En los primeros 2000 el pueblo protagonizó una rebelión que metió miedo a los de arriba, se impuso dejar de pagar la fraudulenta deuda externa, los banqueros debieron blindar sus fachadas, más de 400 empresas fueron recuperadas por los trabajadores, mientras los jueces y políticos del sistema se escondían por miedo a ser reconocidos al salir a la calle; ante esta arremetida popular, como el miedo no es sonso, tuvieron que tirarle algo al pueblo y se cuidaban de enfurecerlo.

En la actualidad perdieron ese temor, los privilegiados toman las calles, ya no quieren largar un centavo ni hacer ninguna concesión que vaya en contra de sus intereses de clase y del rumbo que proyectan para el país. Mientras se pide paciencia y se reclama gobernabilidad, no se tiende a satisfacer los reclamos populares sino las exigencias del empresariado internacionalizado.

El problema del hambre, pobreza y dependencia nacional no es entonces una crisis económica ni tampoco pandémica. Nuestra crisis es política y motiva a pensar porqué el pueblo cedió la iniciativa a los de arriba. Reflexionar acerca de las responsabilidades de izquierdas y progresismos en que esto suceda, las debilidades por las cuales la opción por el “mal menor” pasó de ser una guía para válidas decisiones tácticas a ser el GPS que direcciona construcciones estratégicas. Repensar porqué peleamos tan desarticuladxs, trabajadores, mujeres y disidencias, asambleas socio-ambientales, comunidades originarias; en un terreno demasiado importante y con tanto en común como para que cada cual atienda su juego.

En la reversión de esta situación se concentra no solo la posibilidad de una sociedad mejor que trascienda al capitalismo patriarcal, sino que a nadie le falte algo tan vital y esencial como la comida. Batallar y construir soberanía alimentaria se convierte en cuestión de supervivencia.

Durante el 2020, algunas importantes luchas e iniciativas populares lograron resquebrajar los muros de invisibilidad en los que se pretendió confinarlas. La toma de tierras en Guernica colocó en primer plano la cuestión de “tierra para vivir”. En Entre Ríos, el Proyecto Artigas relanzó la cuestión de “tierra para producir”. “El agua vale más que el oro” fue la convicción que enarbolaron masivamente los pueblos de Mendoza y Chubut. Quizás se trate, tanto para soñar otro país y otra vida posible, como para lograr vencer, de articular estas luchas en un mismo horizonte y práctica de “Tierra y agua para vivir y para producir”.

Fuente: revista theomai

Bibliografía consultada

Robin, Marie-Monique. Las cosechas del futuro: cómo la agroecología puede alimentar al mundo. La Plata, De la Campana, 2013.

Grain. El gran robo de los alimentos: cómo las corporaciones controlan los alimentos, acaparan la tierra y destruyen el clima. Barcelona, Grain, 2011.

Piva, Adrián. Crisis del neoliberalismo y nueva ofensiva de las clases dominantes. En Jacobin América Latina, no, 1 (2020), pag. 54-60

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