¿La dirigencia argentina vive en otro país?

La pregunta puede resultar pertinente para cualquier observador de la realidad argentina en estos días.

Se consolida la pobreza bien por arriba del 40%, la inflación sobrepasa el 4% mensual, el desempleo alcanza los dos dígitos, los trabajos que quedan se precarizan y el salario real desciende. Todo en medio de la amarga realidad con que nos castiga la pandemia, con récord de contagios y de muertes casi a diario y la gran mayoría de la población sin vacunar aún.

Mientras tanto, el Congreso Nacional discute dos leyes: La postergación de las PASO para el mes de septiembre, y una reforma del modo de designación del Procurador General de la Nación con otros cambios en el Ministerio Público Fiscal. ¿Algunos de esos dos proyectos tiene un mínimo impacto sobre la vida cotidiana de argentinas y argentinos? ¿Ayudan a combatir la inflación o el desempleo? ¿Acercan alguna ayuda para los millones de argentines que tienen que recurrir a comedores y merenderos por no tener recursos ni para alimentarse? ¿Aportan algo al combate contra el Covid-19? La respuesta es que de ninguna manera. Sólo alimentan la disputa de superficie por el poder político y las conveniencias del electoralismo. Apenas otro proyecto, orientado a algunas modificaciones de las alícuotas del impuesto a las ganancias, se aparta en algo de esas urgencias por completo ajenas a los intereses y necesidades de la población.

El Poder Ejecutivo puso su parte, con el periplo por Europa, orientado a conseguir apoyo ante el FMI, con el único fin de morigerar un poco las condiciones para el pago de una deuda ilegítima, odiosa e imposible de pagar con los recursos del Estado argentino. Los 45.000 millones de dólares que “debemos” tienen un origen espurio. El pasado gobierno contrajo un préstamo desmesurado, con la activa complicidad norteamericana, ya que EE.UU presionó para que se lo otorgaran. Buscaba un triunfo electoral en medio del desastre generalizado que provocó, y  se le brindaron todos los recursos para ello, con los resultados conocidos. Nadie, desde los sectores con poder en Argentina, se permite cuestionar el origen de esa deuda ni la decisión de pagarla. “Las obligaciones deben ser honradas” es el estribillo que los dirigentes de la burguesía argentina repiten desde el siglo XIX, y ya en el siglo XXI ni la amenaza de una catástrofe social altera esa postura.

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Entretanto los padecimientos de la mayoría de la ciudadanía tienden a empeorar, se mendigan alguna modificación en las sobretasas de interés o un improbable estiramiento de los plazos de pago. Nada de eso garantiza que el Fondo no imponga sus “reformas estructurales” siempre orientadas a empeorar las condiciones de vida y de trabajo del grueso de la población. Así se acepta el hecho de que un gobernante irresponsable e incondicional en el favorecimiento al gran capital, haya hipotecado el destino de nuestra sociedad.

Las  monsergas que en los medios de comunicación dominantes pasan por “análisis político” están dedicadas al entretenimiento con las reales o supuestas internas entre los integrantes de ambas coaliciones. Los “halcones” y las “palomas” de Juntos  por el Cambio, el “albertismo” frente al “cristinismo” en el Frente de Todos. Las presuntas claudicaciones del presidente frente a la vice ocupan espacio a diario y dan lugar a múltiples elucubraciones sobre el poco o poquísimo grado de autonomía que A.F mantiene frente a C.F.K. A la incógnita acerca de si María Eugenia Vidal será candidata, y si en caso afirmativo se presentará en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires se le destinan extensos comentarios. Hasta hay lugar para especular sobre las candidaturas presidenciales para los comicios de 2023, como si no faltaran más de dos años cargados de negros presagios.

La clase dominante va a lo suyo: El empresariado protesta contra cualquier acción de gobierno que pueda afectar así sea en lo mínimo sus intereses, llámese el aumento de algún impuesto, controles de precios, o  restricciones de alguna operatoria. Valga como ejemplo el paro de nueve días de duración que declararon los capitalistas del agro en cuanto se impuso la suspensión por sólo un mes de las exportaciones de carne vacuna. Todo eso no obsta para que los balances de las grandes empresas en el primer trimestre de 2021 exhiban ganancias obscenas, como en el caso del grupo Arcor, cuyos beneficios de enero a marzo estuvieron bastante por encima de los 3.000 millones de pesos.

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Todo indica que el descontento popular se halla en aumento, ante la suma de males que se abaten sobre la mayoría popular sin remisión a la vista. El miedo al contagio puede operar como una parcial contención de las movilizaciones callejeras, pero aun así  las manifestaciones públicas son cotidianas. No hay respuestas efectivas desde los ámbitos oficiales, medidas como el aumento de las asignaciones del Plan Alimentar no son más que paliativos de patas muy cortas, como se encargaron de señalar hasta dirigentes comprometidos con el oficialismo. Desde el ministerio de Economía se levanta la bandera de la disminución del déficit fiscal y se defiende un presupuesto que suprimió el IFE y los ATP en el altar de supuestos equilibrios. La paciencia del pueblo puede agotarse con rapidez, Las perspectivas de la precariedad, la pobreza, incluso el hambre para los de abajo, agudizadas por un “arriba” que aparece ocupado en otros menesteres,  estimulan a la protesta y a la lucha.

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