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Perú. Crisis postelectoral, golpe de Estado y otros escenarios

A más de dos semanas de realizarse la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Perú, aunque las cifras siguen dando como ganador a Pedro Castillo del partido Perú Libre, este no ha sido proclamado presidente. ¿La razón? Keiko Fujimori ha sabido maniobrar a favor de la dilación a la endeble institucionalidad peruana.

En resumen de los últimos eventos, el Jurado Nacional Electoral (JNE) de Perú declaró «infundadas» las reclamaciones por nulidad de actas que introdujo el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, con los cuales esta logró sobrepasar las capacidades del ente en uso y abuso de sus derechos políticos.

El escollo en el JNE yace ahora en el procesamiento o no de solicitudes de nulidad que Fujimori presentó de manera extemporánea al lapso previsto y, adicionalmente, el JNE procederá desde este miércoles 23 de junio a procesar las apelaciones a los dictámenes del propio JNE que introdujo Fuerza Popular.

En lo que a la elección respecta, el colapso burocrático ha sometido a la proclamación de Castillo en un bucle institucional en el que ha quedado comprometido el resultado electoral, y es que la crisis política se agudiza de manera multidireccional y hay muchos factores participando en esta refriega.

Golpe de Estado

Recientemente, el presidente interino Francisco Sagasti ha denunciado la existencia de una carta, que ahora está en manos de la Fiscalía de Perú, donde presuntos exmilitares instigaban a los oficiales en ejercicio a no permitir el ascenso de Castillo a la presidencia, al declarar que su elección era «fraudulenta». Seguidamente, según Sagasti, en el documento llamaron a cometer golpe de Estado contra las instituciones del país.

Este martes 22 de junio, la Defensoría del Pueblo de Perú declaró en un comunicado que esta instancia ha acompañado todo el proceso electoral en todos sus tramos y afirmaron que no hay voluntad, ni en el Órgano Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ni en el JNE, de alterar la voluntad de los votos.

Al mismo tiempo, la Defensoría fijó oposición firme a todo acto de desconocimiento de las instituciones peruanas o golpe, declarando dichos actos contrarios a la Constitución Nacional.

Estos pronunciamientos han sido respuestas a solicitudes de actores de la derecha peruana de anular las elecciones presidenciales, aunque no se haya cumplido el requisito constitucional de un 70% de votos blancos o nulos, única condición que habilita la posibilidad de anulación.

Varios de estos actores también han hecho llamados a desconocer al actual gobierno y producir una ruptura institucional mediante una toma del poder.

El cuadro todo es claramente singular y refleja un momento de grave vulnerabilidad en las instituciones del país andino, que, es evidente, ha sido resultado de una crisis fabricada por el boicot postelectoral que ha generado Keiko Fujimori al empujar a la elección hacia un bucle judicial.

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Fujimori además ha planteado llevar la elección a otras instancias judiciales, aunque la Constitución de Perú no establece estos mecanismos ya que el JNE es el único delegado para la resolución de sus reclamaciones. Debe entenderse esa intención como una posibilidad claramente congruente con las capacidades de cooptación y cabildeo que ha demostrado la familia Fujimori frente a las instituciones judiciales de su país en los últimos 30 años.

Las evidentes incongruencias entre estos argumentos con las propias leyes peruanas siguen teniendo presencia en la crisis postelectoral, justamente por las propias debilidades transversales de la institucionalidad peruana. Es decir, se ha fabricado una crisis política gracias a las oportunidades que han sido generadas desde las propias instituciones peruanas y sus débiles protocolos electorales, que se han traducido en el difícil costo de postergar la proclamación de Castillo y que, por ello, las instituciones del país se vean señaladas y asediadas desde adentro.

Lima ha sido centro de concentraciones, tanto a favor de Castillo como de Fujimori. Los seguidores de Castillo han considerado que la dilación en su proclamación consiste en el desarrollo de un «golpe de Estado electoral» a fuego lento. Mientras que en el fujimorismo las denuncias de «fraude» apuntan paradójicamente a la existencia de un «golpe»
por «robo» de la elección.

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«El Profe» Pedro Castillo ha mantenido a su militancia movilizada y sosteniendo su épica triunfal (Foto: AFP/Getty Images)

La capital peruana ha sido centro de importantes tensiones e incertidumbres, y ahora la elección está sumida en la burocracia leguleya. Tratándose de Perú, que es también la capital mundial del Lawfare, el cuadro es mucho más que peligroso.

Debemos agregar que una cosa es lo que ocurre en las oficinas del JNE y otra en la percepción pública. El 66% de los peruanos considera que Pedro Castillo es el ganador de la segunda vuelta de las presidenciales, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada en La República.

En el estudio también se consultó sobre qué piensa el ciudadano acerca de las denuncias de Fuerza Popular tras la segunda vuelta electoral. El 53% señaló que el fujimorismo no tiene razón y que se trata de una estrategia para desconocer los resultados y, además, la investigación reveló que el 69% de peruanos desaprueba el comportamiento que ha tenido Keiko Fujimori luego del balotaje, esto por haber calificado la elección como un «fraude».

Es evidente que, a estas alturas, a Fujimori no le interesa tanto la opinión pública. Fujimori emergió en la política peruana bajo la marca de su padre, el exdictador Alberto Fujimori, y es la más sobresaliente integrante de la «Yakuza» de Perú. Pese a la situación de su padre, el largo expediente de Keiko blandiendo sus poderes en el entorno judicial le ha dado las destrezas para zafarse de la cárcel y está determinada a seguir eludiéndola a cualquier costo, incluyendo el de arrastrar a todo el país a una crisis y una confrontación.

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Durante la semana pasada un fiscal del caso Lava Jato solicitó su encarcelamiento preventivo señalando que esta estaba violando las condiciones de su libertad provisional, pero esto fue desestimado por un tribunal el lunes 21.

Todos los escenarios están sobre la mesa

En tiempos políticos, la dilación ocurre para que la política tras bastidores se desarrolle extendiendo sus posibilidades. A falta de la proclamación de Castillo, es evidente que el bucle electoral está generando todos los tiempos políticos para diversas posibilidades o escenarios. Varias de esas posibilidades no se excluyen entre sí.

No es difícil hacer un ejercicio de presunciones o estimaciones, pues son tantas que hay que numerarlas. Veamos.

El escenario hasta ahora más enmarcado dentro de lo políticamente correcto y esperado es el de la proclamación de Pedro Castillo, porque hasta ahora así lo indica el 100% del procesamiento de actas electorales y porque se ha declarado como «infundadas» las actas reclamadas por Fujimori. Ello implica la superación de los escollos burocráticos en el JNE y el cumplimiento de todos los retardatarios pasos del débil sistema electoral. Eso sí, se daría una proclamación luego de la estela de crisis y deslegitimación postelectoral que ha producido un daño irreparable en la institucionalidad peruana. Castillo asumiría la presidencia en un país ya maltrecho y con una crisis política de vieja data sumamente acentuada.

Un escenario, que no es el más probable pero sigue teniendo asidero, es el de una reversión del resultado electoral y producir, vía JNE, el nombramiento de Fujimori. Perú no sería solamente el país donde el presidente es depuesto por vía de jurados, también sería el país donde los imponen por esas vías. Ese escenario implicaría un estallido social con posibilidades al día de hoy impredecibles.

Podría haber factores en la política peruana, especialmente en las instancias del Jurado Electoral, siendo abordados por presiones múltiples y considerando favorecer algún lado de la balanza política, previendo las condiciones a futuro del país, bien sea a cargo de Fujimori o bien sea a cargo de Castillo. En este escenario hay que considerar que gran parte de la institucionalidad peruana no quiere un gobierno de izquierda, ni tampoco un gobierno del fujimorismo. Es decir, ante un cuadro claramente adverso para ciertas capas de la clase política tradicional se podría estar negociando el resultado electoral.

Una elección maniatada en el JNE es ahora cosa de leguleyos y no de estadísticas y votos contados. El futuro de Perú parece haber caído en las peligrosas manos del poder tinterillo peruano, anclado en los bufetes de Lima y su gran poder, dividido en grupos y sectores de interés. Recordemos: es el país del Lawfare y la judicialización a ultranza. Cualquier cosa puede pasar.

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Es probable que a estas alturas de la crisis el objetivo estratégico de Fujimori no sea el de alcanzar la presidencia, sino el de fabricar una crisis política para ganar tiempo, negociar su futuro, presionar a la institucionalidad nacional y promover su absolución. Su manejo tras bastidores sería el de agravar la crisis o crear distensiones, desistiendo. En la segunda probabilidad ella no aflojaría este nudo crítico para salir con las manos vacías.

Es probable que todos estos factores de dilación estén alineados para generar una crisis, pero al mismo tiempo para generar tiempo y que por esta simultaneidad sobrevenga otra expresión de la crisis: un golpe de Estado clásico. Esta posibilidad no es para nada descabellada, considerando que el mismo presidente en funciones Francisco Sagasti es el que más está alertando y rechazando tal posibilidad. Evidentemente, un golpe de Estado conviene a quienes en la clase política son adversarios de Fujimori, pero sobre todo a quienes no quieren que asuma Castillo.

Es probable que, tras bastidores, diversos factores estén intentando doblar al gobierno de Castillo antes de que este asuma. Esto, mediante la creación de presiones para someterlo a negociaciones tempranas a cambio de otorgarle la victoria que ya tiene por vía de los votos, pero que está represada en el JNE. Esta posibilidad tiene lugar, dado que Castillo prevé convocar a una Asamblea Constituyente, quiere cambiar la Constitución y dar al traste con la corrupción en la clase política tradicional. Evidentemente, si Castillo se compromete con su oferta de campaña, podría enviar al foso a buena parte de los actores del poder en Perú, así que no debemos dudar que quieran maniatarlo.

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Keiko Fujimori, quien ya ha sido procesada por la justicia peruana, podría estar generando una crisis para negociar su futuro (Foto: Reuters)

Punto de desenlace

El actual nudo crítico de la política de Perú sin dudas va a tener muy pronto un desenlace, pero ello no significa que ocurra la superación de la crisis sistémica y transversal en la nación andina. Podría ser todo lo contrario, incluso en el más sano de los escenarios, que sería el ascenso definitivo de Castillo.

El bucle institucional peruano que se agravó desde 2018 con tres sucesivas destituciones presidenciales evolucionará ahora acorde a las nuevas probabilidades.

Pedro Castillo es hoy por hoy la única figura política sólida en Perú. Tal como han reseñado las encuestas que referimos, su presencia política sigue consolidándose, pese al descalabro postelectoral, ganando terreno como hombre electo, ahora más allá de los sectores que le votaron.

Pero su eventual investidura no va a bastar para la superación de todo el deteriorado amasijo político nacional, pues los intereses entrecruzados y los poderes superpuestos serán parte del cuadro adverso con el que va a lidiar, si así lo determina el JNE. Y es que esto último es lo más trágico, porque parece que su ascenso no será por la vía clara y meridiana de los votos, sino por arbitraje y decisiones tardías del jurado electoral. Su gobierno nacería en una crisis fabricada de manera exprés porque lo que está en larga crisis es el país.

Si Castillo se corresponde con la oferta política que ha hecho a los peruanos, mucho podría cambiar en medio del estertor y las furias desatadas. Pero ya eso quedará para otras reflexiones, recalcamos, si así lo determina el JNEF.

Fuente: Resumen Latinoamericano

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