Nada que agradecer al sistema judicial hondureño: ellos persiguieron a Berta

El caso de Berta Cáceres es emblemático de la lucha de los pueblos organizados que luchan en Centroamérica contra el avasallamiento de empresas, nacionales y extranjeras, que pretenden apropiarse de sus recursos naturales.

El 2 de marzo de 2016, la activista Berta Cáceres fue asesinada por sicarios de la empresa Desa en su casa situada en las afueras de la ciudad de La Esperanza. Se había opuesto durante años a la construcción de una represa que quería hacer la compañía Desa sobre el río Gaulcarque, uno más de los proyectos extractivistas que se construyen en Centroamérica en contra de la voluntad de las comunidades, apoyada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que ella misma había contribuido a formar en 1993.

Este lunes, Roberto David Castillo, expresidente de la compañía Desa y exoficial de inteligencia del ejército hondureño entrenado en Estados Unidos, fue declarado culpable de ser colaborador de la orden del asesinato. Según el veredicto, Castillo coordinó, planificó y obtuvo el dinero para pagar el asesinato de Berta, el cual fue llevado a cabo por siete hombres condenados en diciembre de 2018.

El caso de Berta Cáceres es emblemático de la lucha de los pueblos organizados que luchan en Centroamérica contra el avasallamiento de empresas, nacionales y extranjeras, que pretenden apropiarse de sus recursos naturales.

Acuerpadas por legislaciones lábiles, instituciones estatales complacientes y una corrupción galopante, las grandes empresas desplazan comunidades enteras, degradan su calidad de vida o, en contubernio con ministerios, jueces, la policía y el ejército, criminalizan la protesta social, de tal manera que, cuando los líderes sociales no son asesinados, como en el caso de Berta Cáceres, son espuriamente condenados a prisión después de hostigarlos a ellos, a sus familias, a sus organizaciones y a sus comunidades.

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La frase con la que se encabeza este artículo fue pronunciada por el abogado de la familia Cáceres, Víctor Fernández, al salir del juzgado una vez leído el veredicto de condena a Castillo. Dijo que este demuestra la magnitud de la lucha de Cáceres y de la comunidad lenca ante un estado corrupto que vendió su territorio sin consentimiento: “Su audacia, determinación y dignidad para resistir, defender y triunfar sobre este sistema corrupto sienta un precedente”.

“No tenemos nada que agradecer al sistema judicial. Fueron ellos quienes persiguieron a Berta, la criminalizaron y la desplazaron. Esta victoria es el resultado de nuestra militancia ”, añadió.

Es decir, la lección es esta: solo con la organización y la persistencia populr se puede, eventualmente, acceder a la justicia en países en los que, como en Honduras, prevalecen estados y oligarquías mafiosas.

En Guatemala, por ejemplo, en un caso muy similar al de Berta Cáceres, Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo maya q’eqchi’, defensor de derechos humanos, es actualmente un preso de conciencia que ha estado encarcelado injustamente por más de dos años.

Desde 2015, Caal defendió los derechos de las comunidades de Santa María Cahabón, afectadas por la construcción de la planta hidroeléctrica Oxec sobre los ríos Oxec y Cahabón en el departamento de Alta Verapaz. Presentó una serie de recursos legales contra el proyecto y en 2017 los jueces reconocieron que se violó el derecho a la consulta libre, previa e informadas de las comunidades indígenas.

Como represalia, Bernardo Caal fue acusado de realizar supuestos actos de violencia contra empleados de Netzone SA, contratista de Oxec, el 15 de octubre de 2015. El 9 de noviembre de 2018, un tribunal lo condenó a siete años y cuatro meses de prisión por los delitos de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo agravado.

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Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo que: “Tras haber revisado el expediente penal abierto contra Bernardo Caal, es claro que no hay evidencia sobre los delitos de que se le acusa. Por el contrario, el proceso en contra de Bernardo muestra los mismos patrones de criminalización contra defensores de derechos humanos que hemos documentado por años en el país. Por eso, hoy le nombramos preso de conciencia, exigimos su libertad y pedimos que la Fiscalía General haga una revisión de su caso e investigue a los funcionarios que llevaron la investigación”.

El caso de Berta Cáceres es un caso emblemático de la lucha que llevan adelante pueblos y comunidades de Centroamérica, que se ven avasalladas por la prepotencia de clases gobernantes que no vacilan en entregar las riquezas naturales a quienes se enriquecen a costas de sociedades que se encuentran entre las más pobres y desiguales del mundo.

Fuente: Nodal

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