Algunas reflexiones sobre los significados de Guernica

El 15 de julio de 2021, a pocos días de cumplirse un año del inicio de la ocupación de tierras en Guernica, Alberto Fernández encabezó un acto en el partido de Presidente Perón, del cual Guernica es la localidad cabecera. Durante unos tres cuartos de hora los parlantes emitieron una serie de tonos impostados y lugares comunes mientras el micrófono fue pasando desde la mano de Blanca Cantero (intendenta) a la de Malena Galmarini (esposa de Sergio Massa y presidenta de AySA –Aguas y Saneamientos Argentina-), luego a la de Gabriel Katopodis (ministro de Obras Públicas y actual candidato legislativo), seguido por Axel Kicillof y finalmente por el presidente de la nación. Las palabras y las fotos evitaron cuidadosamente mencionar la toma que había tenido en vilo durante meses a buena parte del sistema político en aquella misma localidad. Y si bien las cosas resultaron finalmente como ellos lo decidieron, al parecer no han considerado que recordarlo fuera un asunto redituable como discurso de campaña electoral. Y entonces callaron, como habitualmente.

Andrés Larroque, sentado entre las primeras filas, no podría escuchar los elogios por los servicios prestados, debiendo conformarse con unos cuantos primeros planos en la transmisión oficial. Si personalizáramos la discusión, podríamos preguntarnos, ¿qué pensaría el ministro de Desarrollo de la Comunidad de aquel silencio por parte de lxs oradores? ¿Y el resto de sus militantes y funcionarixs? ¿Los aliviaba esa omisión? ¿Los inquietaba?

Mientras Galmarini explicaba que sus palabras no querían quedarse sólo en el “como sí”, todo a su alrededor era un descomunal ejercicio del “como sí” hecho escenografía electoral. Visto en retrospectiva, podemos decir que se trató en definitiva de un doble desalojo, primero el real, en el predio, y ahora el simbólico, al cual deben apelar una y otra vez: tapar aquel asunto debajo de la alfombra, desalojarlo -al menos en parte- del debate público y de la conciencia explícita de lxs funcionarios/as y militantes kirchneristas allí presentes. En aras de la unidad, de cara a las próximas elecciones.

Saliendo de los casos personales, podemos formular las preguntas con un mayor grado de abstracción: ¿hasta qué punto la capacidad “metabólica” del orden dominante puede soportar y sobrellevar las tensiones desatadas por sus mismas opresiones, e ir neutralizando las resistencias para finalmente reabsorberlas? ¿Cómo hacer para que los trabajos comunitarios y las investigaciones contrahegemónicas generen un saber que pueda tener mayor incidencia política? ¿Cómo aportar elementos dinamizadores de la conciencia colectiva y sus organizaciones populares de masas? ¿Cómo transformarnos y sobrevivir en el intento?

…..

Hacia fines de agosto de 2020 circularon noticias sobre un “plan de seguridad” en el que estaba trabajando el gobierno nacional y bonaerense. El día 26 de ese mes el diario Página 12 titulaba: “Plan de seguridad para la Provincia. Discutieron en Olivos los detalles del paquete de medidas. Alberto Fernández y Axel Kicillof escucharon las preocupaciones de los intendentes. Habrá más efectivos, patrulleros y cámaras.”[1] Se hablaba de una inversión entre 6 y 10 millones de pesos. La foto que acompañaba la nota era la siguiente:

Meoni, Massa, Fernández y De Pedro

Mientras la vida cotidiana transcurría al ritmo de la cuarentena y la virtualidad[2], el viernes 4 de septiembre de 2020 llegaron los anuncios oficiales, transmitidos en directo desde la residencia presidencial y tres municipios del conurbano bonaerense.

Kicillof, Frederic, Fernández y Berni en Olivos

Dijo allí el gobernador de la provincia de Buenos Aires que “este plan de seguridad probablemente sea uno de los más grandes que se tenga memoria. Contempla la adquisición de más de 2 mil móviles policiales, equipamiento, tecnología, cámaras y paradas seguras”, incluyendo “la construcción de nuevas unidades penitenciarias, con más de 5 mil plazas, y el despliegue de fuerzas federales en el Conurbano”. Mientras anunciaba la incorporación de 10 mil nuevos agentes a la policía bonaerense, lubricaba los anuncios con el maquillaje semántico de ocasión: “Hoy nos estamos ocupando de la seguridad, pero también de impulsar planes de vivienda y reactivación productiva en un trabajo mancomunado con los intendentes”, ya que “la política más importante que podemos implementar es la inclusión social a través de la producción y el trabajo”.[3]

Luego le tocaría el turno al presidente: “En verdad todo este plan es una inversión del Estado nacional de casi 38 mil millones de pesos. Y es plata muy bien gastada. Porque, como lo han explicado quienes me precedieron en la palabra, en verdad lo que estamos buscando es que circular por las calles no sea un riesgo. Si este plan funciona la impunidad bajará. Si la impunidad baja, va a demandar más lugares en las cárceles. Y por eso la construcción de 12 unidades carcelarias es tan importante.”

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Desde nuestro punto de vista, este tipo de declaraciones  alimentan lo que podemos llamar una “ficción orientadora”, una especie de coágulo semántico que arraiga y permanece por debajo del ruidoso pero efímero bullicio del día a día, configurando un horizonte subjetivo que naturaliza cierto aspecto de la realidad. Para el caso de los discursos analizados, podemos esquematizarlo del siguiente modo:

Llamamos entonces “ficciones (des)orientadoras” a ciertas ideas-fuerza que van vertebrando una “línea de flotación ideológica” en una sociedad, y nos permiten conceptualizar lo que a Kicillof y Fernández se les escapa a la hora de festejar la construcción de nuevas cárceles: por debajo del manto ideológico existe una “línea de acero” del sistema político, aquella que distingue entre las palabras y los fierros, o para decirlo en términos guerniquenses, aquel límite donde termina el rol de Larroque y empieza el de Berni. Hablamos de los calabozos en cárceles y comisarías, las “zonas liberadas”, la distinción entre los que pueden ir presos y los que no, los que pueden ser robados en su casa y los que no, los que pueden tener una casa con ducha caliente y los que no, los que tienen parientes presos y los que no. Ciertos “casilleros negros” de la conciencia social sobre los que la agenda política de la clase media prefiere no husmear demasiado, aunque a las instancias de poder concentrado, estatal o paraestatal, no se les escapa que por allí pasa buena parte del “centro de gravedad” del sistema político.

Traducido al poder policial sobre el territorio, podría ilustrarse con el siguiente ejemplo: si a un muchacho, al volver del trabajo en tren, le encuentran un par de porros en el bolsillo, su suerte dependerá del “chip” que se le active al oficial de turno. Si el detenido lleva “portación de cara”, queda habilitado para que se le aplique la siguiente cadena de equivalencias:

En consecuencia, hay una tendencia o corte de clase que lleva al pobrerío a la acumulación de “antecedentes” en los ficheros de las comisarías, con los cuales luego los medios hegemónicos construyen sus relatos de fustigamiento.  

Si por el contrario, el portador del porro presenta el color y las maneras de la clase media, la secuencia será probablemente distinta:

El resultado en este caso es que más del 90 % de la población carcelaria detenida por tenencia de “estupefacientes” son pibes provenientes de los barrios pobres de las grandes ciudades. Este es el escenario estructural en el que se mueven diariamente los engranajes de los aparatos represivos del Estado argentino. ¿Se preguntarán por estas cosas los funcionarios del Frente de Todos al alimentar el monstruito carcelario en plena crisis?

Cuando se preocupan por agregar las referencias al trabajo y la producción mientras realizan los anuncios de más policías en las calles, parecen perder de vista lo que hay al otro extremo del ovillo del cual aprietan: sin un mercado laboral que fabrique desocupación, las instituciones policiales no conseguirían tan fácilmente personal a disposición. Cuando sostenemos que un cierto grado de desocupación estructural es necesaria para disciplinar a la sociedad, eso incluye también este aspecto del reclutamiento de la mano de obra para los aparatos represivos estatales. Ocurre que para muchas personas, presionadas por la incertidumbre laboral, la opción de entrar a la policía termina siendo una vía segura hacia un trabajo estable y en blanco. A esto se le agregan otros factores subjetivos, como la ilusión familiar de que al entrar a la policía “el nene se enderece un poco en la conducta”: suelen ser pibes que vienen de mandarse una o varias macanas, que a veces son graves en serio, y aguijoneados por la culpa propia y ajena, terminan incluso ellos mismos (o mejor dicho, una parte de ellxs) depositando expectativas de “rescate” en la Institución Disciplinadora por excelencia. “Si se sobrevive a los primeros tiempos, luego será cuestión de irse acostumbrando”. 

Cabe aclarar que al hablar de la institución policial con una connotación estructuralmente negativa, en mi caso no lo hago desde una abstracción sin rostros concretos, sino con el recuerdo vivo de varios ex alumnos con quienes hemos compartido muchas horas de cotidianeidad en su vida anterior a la del traje azul y la funda en la cintura. En ese sentido, como docente, me resulta imposible no pensar en la policía bonaerense como una gran maquinaria de formación pedagógica posterior y complementaria a la escuela, sin cuyos certificados no podrían obtener el trabajo. El punto al que queremos enfocar pasa por advertir que los calabozos serán engordados tanto por “pibes chorros” como por policías y ex policías. Los que quedan exentos no son los muchachos de uniforme, sino los de clase media.

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Mientras en la ocupación de Guernica se avanzaba de organización de un cuerpo de delegadxs y se ponían en funcionamiento distintas comisiones de trabajo[4], los programas oficiales de principios de septiembre sobre la “seguridad” ignoraban este tipo de disquisiciones teóricas. Hasta que se produjo el levantamiento policial del lunes 7 de septiembre de 2020, tres días después de los mega-anuncios desde Olivos. Ahí sí se hace inevitable recordar súbitamente que los fierros también hacen política y negocian sus propias “paritarias 9 mm”. Sergio Berni, que ya venía cuestionado a raíz del asesinato y desaparición de Facundo Astudillo Castro a manos de la Bonaerense, recibió el golpe desde donde no se lo esperaba, pero tuvo la suficiente espalda política como para recostarse ciertas fotos:

Un mes después el funcionario sobreviviría nuevamente en su puesto, esta vez luego de la dificultosa tarea de desalojar la ocupación de Guernica.

Ante la evidencia de los hechos, se fue desvaneciendo la hipótesis que tendía a caracterizar a Berni como un “fusible” de Cristina Fernández, con el cual “la Jefa” lograba tener una política hacia el sector social más autoritario –“que también vota”-, evitando de ese modo dejar un vacío que lo termine capitalizando “un facho con poder real”. Después de Guernica nos parece que ya no hay margen para abrigar ilusiones en esos términos.

Una manera de desviar o al menos alivianar la responsabilidad política en la decisión del desalojo es cargar todo en la cuenta de “la Justicia”, en este caso, el Juzgado de Garantías n° 8 a cargo del juez Martín Rizzo, en dupla con el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. De este modo, tanto Berni como Larroque o Kicillof podían aparecer cada tanto en los titulares “pidiendo a la Justicia la postergación del desalojo”, como si la política sobre qué hacer con las tomas de tierras se la decidiera el juez Rizzo desde Cañuelas. Sin embargo, hay que decir que mucha gente prefiere o necesita creer en esa supuesta distribución de roles institucionales respecto de la decisión política adoptada.

Mientras los funcionarios del ministerio de Desarrollo de la Comunidad reconocían como interlocutores válidos a las delegadas y organizaciones intervinientes en la toma, en los medios Larroque mentía sobre el número real de familias ocupantes y apelaba a la siguiente cadena de equivalencias:

A lo sumo podía llegar a nombrarse a Barrios de Pie. No existían en las declaraciones del ministro siglas como FOL, MULCS, OLP-RyL, FPDS-CP, MTR-VL, MST, PTS o MAS. Tampoco mencionaba las donaciones de verduras y frutas que llegaban en manos de otras siglas como la UTT. Está claro que el problema no es con el funcionario de turno, sino con la política de Estado que avala y hace factible con su nombre, su perfil, su firma y su palabra. Y es el entramado de intereses que vinculan a la mayoría de los intendentes del conurbano con el poder territorial de la policía bonaerense lo que explica la supervivencia de esa política más allá de los periódicos recambios electorales.

Hacia fines de octubre, Cristina Fernández hizo conocer su primera “carta” pública dejando por escrito una serie de consideraciones, entre las cuales destacaba nítidamente el llamado al diálogo a Héctor Magnetto (Clarín) y Paolo Rocca (Techint), que unos días después se sentarían con el ministro Guzmán.

Para el caso del miércoles 28 de octubre de 2020, en las horas previas al desalojo de la toma más caliente del conurbano, la foto oficial tocó en el municipio de Esteban Echeverría, gobernado por Fernando Gray (PJ):

Allí el gobernador hizo referencia ante las cámaras a su política contra el delito: “No una seguridad como el gobierno anterior hacía, de puro marketing, sin siquiera invertir, y con sueldos muy retrasados, la verdad no sirve para nada. Y ustedes vieron lo impresionante que es ver alineados a todos esos fantásticos patrulleros con sus choferes, que ahora Sergio les va a contar, que no es lo mismo de siempre, hay cambios también ahí, hay cambios en el modo en que actúa la policía, así que muy muy conforme, porque, de nuevo, nos tratan de correr con chicanas y con consignas amarillistas, les contestamos, como siempre lo pensamos, con transformaciones profundas de la provincia, que es lo que necesita la gente, lo otro pasa, los cambios profundos quedan.”[5]

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¿Cabe tomarse en serio estas palabras, o son sólo espuma electoral para captar el voto de la vecinocracia? Si fuera este último caso, ¿habría que tener el mismo criterio a la hora de escuchar las propuestas de reforma integral en otros ámbitos, como el sistema de salud, por caso? No es por cierto un panorama sencillo de interpretar.

Lo cierto es que luego de participar en el acto en Echeverría aquel 28 de octubre, y mientras declaraba que le había solicitado más tiempo al juez, el ministro Berni se dirigió directamente hacia el predio de Guernica para realizar los preparativos del desalojo que sería concretado con más de 4 mil efectivos en la madrugada del día siguiente.

Si Larroque no estaba al tanto de esta intención distractiva de Berni, debería haber sido un escándalo que habría involucrado a lxs funcionarixs y militantes de ese ministerio, dada la visibilidad e intensidad del conflicto, malestar que no se registró en los hechos. Todo parece indicar que se trató de un simple juego de pinzas, en el cual Larroque dilataba simulando negociar mientras Berni esperaba el momento más apropiado para golpear. Ese mismo día, jueves 29 de octubre, en horas de la tarde, sería desalojada también la ocupación en la estancia Casa Nueva, en Santa Elena (Entre Ríos) luego de una orden judicial que contradecía a otra anterior, predominando finalmente los intereses de los “Etchevehere corruptos”.

Para esa altura, en el caso de Guernica, algo estaba ya bastante claro: el problema para los funcionarios bonaerenses no era que les ocupantes no quisieran negociar, sino justamente lo contrario, ya que la decisión de explorar la posibilidad de un “Tierra por Tierra”[6] llevaba al gobierno provincial a un dilema, puesto que si concretaba la solución que el mismo Larroque estaba proponiendo, eso implicaba aceptar una victoria política del “zurdaje” supuestamente “intransigente y manipulador”. Sería un mal ejemplo. Basta ver la calidad de las propuestas elaboradas por la comisión de urbanismo conformada en la toma, gracias al aporte de militantes, docentes y estudiantes de la UBA, para dimensionar lo que estamos diciendo.[7] La otra alternativa, entonces, era romper las negociaciones antes de que se concreten y desalojar. Fue lo que pasó. Para el primer día del mes de noviembre, la agenda oficial encontraría nuevamente a Fernández, Kicillof y Martín Insaurralde, esta vez en Lomas de Zamora, con nuevos anuncios sobre el “Plan de seguridad”: más policías, más patrulleros, más cámaras de vigilancia.

A un año del inicio de la ocupación, los efectos políticos de Guernica se siguen elaborando en múltiples tramas militantes. La consigna de Tierra para Vivir y Producir se instaló en el debate público, contribuyendo a discutir el problema de la vivienda no sólo desde la ley de alquileres sino también desde la generación de lotes con servicios.

Así mismo, para diversos sectores de la izquierda (que supuestamente no existían,  según la máxima de que “a la izquierda del Frente de Todos está la pared”) Guernica significó la posibilidad de profundizar los intentos de reagrupamiento y “pasar en limpio” ciertos debates de fondo. Uno de ellos, entre otros, es el que nos ocupó en este artículo, respecto de cómo caracterizar la política hacia los aparatos represivos del Estado. ¿Seguir creyendo que el rol de la policía bonaerense no es organizar y gestionar el delito sino combatirlo? La conciencia anestesiada busca olvidar, mientras se pueda, esta región incómoda, tensada al máximo en la “línea de acero” del sistema político. Para finalizar, vale traer una frase escrita en uno de los carteles que marcharon por las calles colombianas en los últimos meses: “detrás del miedo está el país que soñamos”.


[1] https://www.pagina12.com.ar/287626-plan-de-seguridad-para-la-provincia

[2] En el portal ABC por ejemplo se publicaba: “El segundo Acto Público Digital de la historia de la Provincia se desarrolló con normalidad y en los plazos previstos. Un total de 49.027 docentes realizaron 694.085 postulaciones para 25.472 cargos disponibles y cargos de todos los niveles y modalidades ampliando la convocatoria del primer APD y cargos Fines Trayecto Secundario, Fines Deudores de Materias, Fines Trayecto Primario. Las postulaciones se abrieron desde el martes 1° hasta el viernes 4 de septiembre, cumpliendo con los plazos y la dinámica prevista.” En: http://www.abc.gov.ar/49-mil-docentes-en-el-segundo-APD

[3]https://www.gba.gob.ar/comunicacion_publica/gacetillas/kicillof_anunci%C3%B3_junto_al_presidente_el_programa_de_0

[4] Para una cronología de referencia sobre el desarrollo de la ocupación, ver en: https://rededitorial.com.ar/quepasoenguernica/ 

[5] https://www.eldiariosur.com/esteban-echeverria/2020/10/28/esteban-echeverria-recibio-60-moviles-de-policia-bonaerense-43461.html

[6] Hubo por cierto un intenso debate entre distintas organizaciones participantes de la toma respecto de aceptar o no la línea del Tierra por Tierra. Un material que aporta un punto de vista en ese debate puede consultarse en el siguiente link: https://www.corrientemarabunta.org/2020/11/12/sobre-la-intervencion-de-las-organizaciones-en-la-recuperacion-de-tierras-de-guernica/

[7] https://www.corrientemarabunta.org/2020/11/12/guernica-unido-la-cronologia-del-barrio-que-no-fue/

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