Guernica, a un año de la toma. Un camino de promesas incumplidas

El  20 de julio del  2020, 2.500 familias, más de 10.000 personas, entre ellos 3.500 niñes, ocuparon  100 hectáreas en la localidad de Guernica,  municipio de Presidente Perón.  Inmediatamente el bombardeo de los medios y  de un grupo variopinto de políticos y funcionarios se desató contra quienes, en un acto desesperado, fueron empujados por la dramática necesidad de encontrar una porción de tierra para vivir.

El 29 de octubre, 100 días después,  a las 4,30 hs de la madrugada,  un operativo de una magnitud con pocos precedentes que involucró a 4.000 policías, se inició  cortando  la luz en toda la zona, para luego ingresar violentamente al predio donde aún se hallaban cerca  de 1000 personas. Con gases y balas de goma contra  familias con niñes que vivían allí, incendiando las chozas de madera y nylon,  concretaron el ominoso desalojo que duró dos horas. El saldo más de 25 heridos y 40 detenidos.

Poco después, el ministro Berni declaró: “Seguimos firmes… la usurpación de terrenos es un delito”  y agregó: “ Esto no es una cuestión de ponerse de acuerdo, el derecho a la propiedad privada es inviolable”. Acompañó sus declaraciones con un video difundido por varios medios donde expone que en lo que iba del 2020 desalojaron 868 tomas de terrenos y fueron presas 524 personas. Entre quienes celebraron el desalojo junto al ministro de Seguridad de la provincia,  estaban en primer lugar, los que presentaron los papeles que los acreditaban como propietarios, Gervasio Pérez Pesado, el titular de El Bellaco S.A., que construye el country club San Cirano,  Guido Giana, uno de los titulares de Liorsel S.A. poseedora de unas 350 hectáreas en la finca El Trebol. Giana  es además, concejal del municipio Presidente Perón por Juntos por el Cambio y director del Sanatorio Güemes, a ellos se sumó la intendenta justicialista de Presidente Perón, Blanca Cantero, que  expresó su enconada oposición a las familias de la toma,  la funcionaria declaró  “la usurpación de tierras en Guernica está impulsada por movimientos sociales o partidos políticos de izquierda” y rechazó la idea de buscar terrenos fiscales de su comuna para trasladar a las familias que están asentadas allí y porque “ deben ser desalojadas y cumplir  con  la orden judicial” sin alternativa alguna. Cantero está en pareja con Carlos Alberto Acuña, secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) e integrante del triunvirato que está a cargo de la CGT, quien llamó enfáticamente  a terminar con la ocupación de tierras

Hoy, a un año del inicio de la ocupación, el terreno sigue baldío y muchas  de las promesas del gobierno provincial, siguen sin cumplirse, incluso para  aquellos que firmaron el acuerdo propuesto por las autoridades. Cientos de familias siguen sin haber recibido respuesta a sus reclamos básicos. En medio de una  pandemia, que al iniciarse la toma tenía 4.000 contagiados por día cifra que en momentos del desalojo se había multiplicado hasta 16.000, tuvieron que arreglarse por sí solos, la mayoría hacinados en viviendas precarias sin condiciones mínimas  para la vida  en un cuadro severamente agudizado por la expansión del COVID.

Las consignas ”quedate en casa, lavate las manos, si tenes síntomas aislate” pensadas para el otro país, son un golpe al plexo que duele e indigna, para los que como en las villas y más aún en la tomas, carecen de agua y se hallan en condiciones de hacinamiento y sin recursos para defenderse de los contagios y de la muerte.

En estos tiempos de pandemia, la crisis socioeconómica recrudeció golpeando especialmente a los más pobres, el desempleo para quienes trabajan en la economía informal ha sido arrasador, no se puede considerar el aumento de las tomas al margen de este cuadro de extrema gravedad, donde  la mayoría de estas  familias  se hallan  imposibilitadas incluso de acceder a una vivienda dentro de una villa.

Como antes de la toma de Guernica, los violentos desalojos se han seguido produciendo tanto en la provincia de Buenos Aires, decenas de  tomas de tierras tuvieron lugar en Quilmes, La Matanza, José C. Paz, Moreno, Florencio Varela, San Martín, Merlo, San Fernando, entre otros municipios como así también a lo largo de todo el país,  Tierra del Fuego,  Santa Fe,  Misiones  y Chaco, para mencionar algunos de  los más recientes. La mayoría sin cobertura alguna por parte de  los medios masivos, el manto de miedo que impuso la pandemia permite ocultar casi todo,  el deseo excluyente de inmunidad parece servir a quienes silencian los actos que gozan de  impunidad. No hay vacunas contra la pobreza.

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Una sociedad cada vez más insolidaria e individualista, permite el desarrollo recurrente de  la  práctica del desalojo compulsivo de las tomas para las familias desamparadas, lo cual  las condena inevitablemente a ser eternas parias urbanas. La metodología expulsiva no  resuelve el conflicto estructural, sólo lo desplaza hacia otro lugar.

Desde el Parque Indoamericano a Guernica.

Diez años antes de la toma de Guernica, otra ocupación tuvo alto impacto en los medios. El Parque Indoamericano, un espacio público de aproximadamente 130 hectáreas, ubicado al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Villa Soldati, recuperado por relleno de antiguos basurales y en ese momento  escasamente forestado y en estado de abandono. La ocupación por habitantes de las villas de la zona, que según verificó el censo posterior en su mayoría eran inquilinos, duró  cuatro días el 7 de diciembre de 2010, con un brutal  accionar, una fuerza conjunta de la policía Federal y la Metropolitana desalojaron  a balazos a los ocupantes con dos muertos y decenas de detenidos. Ningún responsable está preso y si fueron procesados los representantes de las familias que participaron de la toma.

Hay varias  diferencias,  entre una y otra toma, en primer lugar un contexto distinto con respecto a  la toma de Guernica, el terreno era público, en la represión se superpusieron roles entre  el  gobierno nacional de Frente para la Victoria y el gobierno de la ciudad en manos del PRO y sus aliados, que ante el repudio por la forma  violenta de actuar se  intercambiaron culpas y responsabilidades. Entre los reclamos figuraba el incumplimiento de la ley que reglamentó la construcción de viviendas para los habitantes de la villa 20 y la de urbanización de las villas de la CABA. La represión se justificó en la defensa de un bien público y el rechazo de los vecinos propietarios a la radicación allí de quienes consideraban  individuos peligrosos. Una absurda retórica teniendo en cuenta que en la CABA ambos gobiernos estaban decididos en seguir privatizando tierra pública para el negocio inmobiliario. La gestión Macri Larreta tiene el récord en la materia.

En el caso de Guernica el Estado usó su aparato represivo en defensa de los recientes propietarios privados y no hubo contradicciones entre los distintos niveles de gobierno, municipal, provincial y nacional, aunque tuvieran matices de cómo realizarlo. Hubo un proceso  de negociaciones que involucró a diferentes actores que duró tres meses. La toma de Guernica  tuvo lugar en el marco de la pandemia en desarrollo y con final incierto, que  agiganto el drama de las familias ocupantes.

En las dos situaciones la Justicia cumplió con su papel clasista, en el Indoamericano desde el Ministerio Público Fiscal de la CABA , el fiscal Carlos Rolero, inició, el mismo día de la toma del predio, un  proceso por usurpación y el  juez del Fuero Penal Dr. Gabriel Eduardo Vega dio a lugar, planteando la necesidad del desalojo para restituir el inmueble. La premura con que se actúa en el ámbito judicial  para perseguir a los más pobres puso de relieve su contracara con relación a la morosidad con que se tratan los casos de delitos  que involucran a sectores del poder político y económico.  El desalojo de la toma de Guernica  fue ordenado por el juez de Garantías de La Plata, con asiento en Cañuelas, Martín Rizzo y la restitución del predio a los propietarios fue realizada por el fiscal penal de La Plata a cargo de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta. Hubo dos postergaciones para abrir un tiempo de negociación, el procedimiento final  tuvo la cuota de violencia ya señalada. Sea con balas, gases, topadoras o amenazas y coerción, los desalojos casi siempre incorporan una forma de violencia hacia quienes están entre los más vulnerables de la sociedad. Amparados en recursos legales para la punición como  la  Ley 24454 que en 1995, sancionó el Congreso Nacional,  ley que modificó el delito de usurpación regulado en el Código Penal de la Nación. Esta norma amplió los medios comisivos del delito de usurpación, esto es, las formas a través de las cuales se comete ese delito, y a su vez, aumentó el monto de las penas previstas como castigo. Para quienes ocupan terrenos para darle un valor de uso esencial,  el trato es ponerlos en la vereda de usurpadores ilegales, criminalizándolos y judicializando sus reclamos. Así los gobiernos tienen un aliado sobre el que recostarse para justificar sus actos.

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Quienes se refugian selectivamente en la ley, se niegan a cumplir con las resoluciones adoptadas  por nuestro país en materia del derecho a la vivienda, como la  Declaración de Vancouver sobre Asentamientos Humanos  de la ONU de 1976  que  señaló: “Que ante el aumento de la población… el desarrollo económico desequilibrado… La rápida urbanización improvisada… La dispersión rural… Unas condiciones sociales, ecológicas y ambientales ejemplificadas por la segregación social, la ruptura de las relaciones sociales y de los valores culturales tradicionales y el aumento de la degradación de los recursos necesarios para la vida en el aire, el agua y la tierra ….. la vivienda y los servicios adecuados constituyen un derecho humano básico, y que los gobiernos están obligados a dársela a todos sus habitantes en particular a las clases más desposeídas. Estos principios fueron ratificados por conferencias y diversos eventos internacionales posteriores. Derechos que fueron consagrados por la Constitución Nacional y numerosas leyes aprobadas por el Congreso y las legislaturas provinciales.

Tanto en  la ocupación del Parque Indoamericano  como en la toma de Guernica  el causal común es sistémico, se debe a  la falta de políticas que tiendan a romper con la lógica capitalista de no considerar el suelo urbano como un bien común, negando el derecho  a la vivienda y a un hábitat digno

Los medios y la sacralidad de la propiedad privada

Si bien la línea editorial de los medios masivos es ocultar la mayoría de los desalojos que se producen desde hace décadas, invisibilizando a sus ocupantes y obviando todas las causas tanto circunstanciales como estructurales que fundamentan esto acontecimientos, puntualmente por su magnitud y localización algunos reciben una atención diferencial.

La ocupación  de Guernica fue utilizada para definir líneas de acción que trascendieron su propia temporalidad y motivación, una situación sobre la cual actuaron una sinergia de intereses y actores, gobiernos, justicia, fuerzas represivas, medios de comunicación,  partidos políticos y organizaciones sociales que  se posicionaron enfrentando o respaldando a las  familias y sus modos democráticos de auto-organización, sabiendo que  la forma en  que se resolviera el conflicto era una señal a futuro, no solo para quienes estaban involucrados directamente, sin no para cientos de miles que se encuentran en una situación de indigencia y emergencia habitacional.

Desde las posiciones más reaccionarias hasta las que  se consideran progresistas, acordaron condenar el método utilizado, el mensaje oficial fue, entendemos la situación por la que atraviesan los ocupantes pero este no es el camino. “Tiene razón pero marche preso” dice el aforismo

Como siempre los medios hegemónicos sostuvieron la defensa de la propiedad privada por encima de cualquier otro derecho o contingencia, exigiendo el inmediato desalojo por la via que fuese, la violencia incluida, pues ante la violencia de la usurpación de los ocupantes ilegales solo les cabe la respuesta contundente y ejemplar  de quienes deben velar por los bienes debidamente acreditados. “Esto sirvió para que en la Argentina se dejaran de dar estas discusiones sobre propiedad privada si o no. En ese momento fue como discutir cosas del pasado, y cualquiera sea el gobierno, está claro que la propiedad privada tiene que ser sagrada”, declaró para Infobae el Concejal propietario Guido Giana en mayo de 2021.

En una nota reciente  del diario La Nación del 14/06/21 titulada “Los pasos a seguir cuando te toman un terreno o una casa”  abogados de grandes estudios, conocedores de cómo funciona el sistema judicial, aconsejaban que  hacer  para que los desalojos sean más rápidos y efectivos.

Los ocupantes cuando no pueden ser invisibilizados son cargados de todos los estereotipos y estigmatizaciones que ya forman parte del imaginario construido por la cultura hegemónica, racismo, xenofobia, odio de clase,  una combinación de categorías reaccionarias que generalmente reciben quienes no acreditan ser descendientes de los que  “bajaron de los barcos”, un nosotros de origen europeo frente a  aquellos que  llevan la huella genética de los pueblos originarios, sean estos de nuestro país o de otro territorio de Nuestra América, víctimas de la  segregación social que sufren por no ser parte de los  poseedores de recursos para  integrar el universo de los consumidores y deudores solventes del sistema financiero.

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Durante los primeros días de septiembre  otro conflicto desplazó la atención sobre Guernica, la policía bonaerense se sublevó con reclamos laborales. Miles de sus miembros armados se apostaron amenazantes frente a la casa de gobierno en Olivos y en La Plata. Ante un acto ilegal de sedición, que trajo a la memoria otros nefastos acontecimientos,  la respuesta oficial y del arco político opositor fue legalizar el reclamo y responder con premura a las demandas. Mientras tanto para los ocupantes que reclamaban un techo para vivir se achicaba el cerco con amenazas represivas que se cumplirían poco tiempo después. Los dueños de la tierra contaron como siempre  con el respaldo del Estado de clase  y sus  instituciones, los gobiernos, la justicia y las fuerzas policiales. La vida  vale muy poco cuando se trata de defender el derecho de propiedad. La ocupación de tierra no es un modelo ideal, es el primer paso de un tránsito difícil e incierto hacia una vivienda,  es el camino forzado para sobrevivir, porque el techo no es una opción, como no lo es comer o estar sano, es  un imperativo para subsistir. Desde los orígenes de la humanidad el alimento y el techo son condiciones primarias para la reproducción de la vida.

Los dueños de la  tierra

Los relevamientos realizados en la toma  demostraron que la mayoría de los ocupantes eran inquilinos de las villas vecinas, una modalidad creciente  para aquellos que  no pueden acceder ni siquiera al mercado inmobiliario informal de la venta de las viviendas en hábitats precarios. El precio de la renta que deben pagar por morar hacinados,  aumenta al ritmo del mercado formal y se vuelve cada vez más difícil o imposible de pagar. Los planes nunca los tienen como destinatarios a pesar de representar en muchas villas el 40% de sus habitantes.

Las posibilidades de vivir en una villa se vinculan cada vez más a la posibilidad de alquilar un cuarto con baño compartido, donde viviría toda la familia, sin importar la cantidad de miembros. Suelen ser habitaciones de menos de 10 metros cuadrados, muchas sin ventilación y donde se cocina con una garrafa.

En la raíz del conflicto por el uso de  la tierra urbana  está la propiedad del suelo. El suelo que es apropiado por el mercado deja de ser un bien común destinado al uso para transformarse en una mercancía, pero no es cualquier tipo de  mercancía, pues no es producida por el trabajo, tampoco es reproducible y por tanto es un bien limitado.

No hay vivienda sin terreno, y si bien estos no tienen valor, pues no son producto del trabajo, si tienen precio, y el precio lo pone el mercado. Entonces surge el conflicto entre el deber ser de dar vivienda y la realidad de su negación, y esta  realidad es que  miles de familias no pueden pagar un  precio que es básicamente especulativo, porque en él están contenidas  las rentas, absolutas y diferenciales, generadas socialmente e incrementadas por la inversión pública.  Esta es la esencia de este conflicto social, es el nudo  que encubre la charlatanería mediática y la impostada ofuscación de los políticos mediocres.

El conflicto se explicita cuando la expansión de la ciudad aumenta el interés y el precio sobre algunos de estos predios. El AMBA  es un territorio donde habitan los más pobres y a su vez los más ricos que se recluyeron voluntariamente en countrys. En un radio de 100 km hay cerca de 900 villas y asentamientos y en la misma megalópolis se construyeron  1.100 barrios cerrados de todas las escalas. Muchos de los terrenos,  que en las décadas  50, 60 y 70  del siglo pasado eran loteados por rentables  empresas de bienes raíces que los fraccionaban y ofrecían  a pagar en accesibles e infinitas cuotas fijas, sobre los que se expandió la conurbanización de los trabajadores,  hoy  son apetecidos para mega emprendimientos de operadores inmobiliarios. La colisión se produce, en esta línea de tensión entre el derecho a la ciudad en una vivienda digna y la defensa cerril de la propiedad privada del suelo como instrumento para la reproducción de ganancias extraordinarias.

El Estado, aunque se diga lo contrario, no es el mediador que garantiza el derecho de los más débiles, es parte del problema, pues ha sido y es, más aún durante los últimos gobiernos, el principal proveedor de tierra pública para el mercado inmobiliario a través de la privatización dirigida de los mejores predios del AMBA, especialmente de la CABA,  mientras que la utilización de terrenos para vivienda social se ha ido reduciendo sistemáticamente.

La pobreza de la población, asociada a la falta de empleo y la precariedad del mismo, los bajos salarios, la falta de políticas públicas tendientes a favorecer el acceso al suelo de la población en peores condiciones respecto a empleo e ingresos, definen que los pobres e indigentes urbanos no poseen ninguna posibilidad de acceder al suelo urbano y vivienda de manera “formal” o “legal”. Los planes de vivienda y los créditos,  son para aquellos que pueden acreditar ingresos regulares y afrontar cuotas que este sector no puede sostener.

De no mediar un cambio profundo en la lógica y la práctica política que empujan hacia la mercantilización del suelo, el conflicto se intensificará de manera inevitable y mal que les pese a los que confían en los resultados represivos, seguirán apareciendo nuevas Guernica.

Como salir de la encrucijada? Entre las diversas propuestas hay que pensar en la combinación de formas de propiedad colectivas, cooperativas, comunitarias y estatales, apoyadas en la participación autogestiva de quienes aspiran a una vivienda en un hábitat digno, fuera de las formas hegemónicas de reproducción del espacio del capitalismo, es una alternativa válida con experiencias positivas ya realizadas, que debe ser considerada como parte de un camino de transición hacia una ciudad pensada en el bien común.

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