«Para hacer un reclamo a la Corte Suprema de la Nación, necesitás hacer un depósito previo de 100.000 pesos»

Entrevista a María del Carmen Verdú de Correpi

M.H.: Desde Correpi han producido una agenda antirrepresiva urgente, planteando el acceso gratuito a la justicia para las víctimas de represión y no defensa estatal para sus victimarios. ¿Podrías explicarnos de qué se trata?

M.C.V.: En realidad la agenda es un trabajo de muchos años que contiene una veintena de medidas que si bien no podrían resolver la cuestión de fondo, porque sabemos que la represión es política de Estado, que es parte de las herramientas de cualquier gobierno que tenga que administrar una sociedad dividida en clases necesita utilizar para el control social y el disciplinamiento. Sí existen determinadas medidas que de ser tomadas podrían disminuir de manera muy sensible la letalidad de las fuerzas represivas en la calle.  

Desde hace varios meses, a principios de año, empezamos a trabajar cada uno de los puntos de la agenda como campañas específicas. En el mes de abril, por ejemplo, hicimos eje en la eliminación de todas las facultades policiales para las detenciones arbitrarias vinculado con los treinta años de la detención seguida de tortura y muerte de Walter Bulacio. Luego trabajamos el punto de la prohibición de la portación del arma reglamentaria por los integrantes de las fuerzas de seguridad, que sería un tema que reduciría en un 50% los casos de gatillo fácil y en un 90% los femicidios de uniforme que ocurren respectivamente con el policía, gendarme, prefecto fuera de servicio pero con el arma reglamentaria. 

Y así hemos ido siguiendo con cada uno de los puntos y este mes estamos en torno a este punto que tiene dos facetas, por un lado, el esfuerzo que deben hacer las familias de las víctimas de la represión estatal, ya sea por fusilamiento por gatillo fácil, de muertes en lugares de detención, cualquier hecho de tipo represivo, que para acceder al expediente judicial, para poder ser parte querellante en el ámbito nacional o particulares damnificados en el ámbito provincial, tienen que afrontar una serie de gastos de impuestos y tasas que no tienen que ver con honorarios de abogados porque, por ejemplo, cuando interviene Correpi, ese no es un problema porque quienes somos abogados de Correpi intervenimos solidariamente y en otras provincias hay compañeros y compañeras que intervienen de la misma manera; sino que son requisito esencial para que  puedas leer el expediente, ver las pericias, leer los informes y protocolos de la autopsia, pedir medidas de prueba, poder apelar resoluciones.  

Por poner solamente un ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en este momento, ese gasto ronda los 5.000 pesos, imaginate esa suma para una familia donde a lo mejor el único ingreso que hay es el producto del laburo precario, informal. 

M.H.: Me llamó la atención que para hacer un reclamo a la Corte Suprema de la Nación, necesitás hacer un depósito previo de 100.000 pesos.  

M.C.V.: Sí, efectivamente. En febrero de 1992 la Cámara de apelaciones en lo criminal y correccional de CABA dictó el sobreseimiento del comisario Espósito en el caso de Walter Bulacio y para poder meter ese recurso de queja, en ese momento había que pagar 1.000 pesos, que eran 1.000 dólares porque estábamos en el uno a uno. Hicimos una campaña masiva, donde medios de comunicación independientes y autogestivos, como Fm La Tribu, como Fm La Boca, nos ayudaron a difundir. El eslogan era “necesitamos mil dólares para que Walter llegue a la Corte” y logramos vender mil bonos a un peso cada uno para poder recaudar esa plata en 20 días.  

Lo cierto es que hacen falta cien lucas para llegar a la Corte, cinco mil pesos para poder ver el expediente en sistema y así en cada provincia con sus distintos requisitos, inclusive hay provincias como Santa Fe donde los gastos son superiores a los de la provincia de Buenos Aires, o Tucumán donde también son altísimos. Y no hay manera de eludirlos, eso o lo paga la familia o salimos a hacer una colecta. De hecho más de la mitad de las actividades financieras de CORREPI se destinan a ese tipo de gastos, porque naturalmente no vamos a poner como obstáculo para el acceso a la justicia de nuestros compañeros y compañeras familiares, la falta de plata, si la familia no la tiene la salimos a buscar.  

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Pero cuando no tenés la organización alrededor eso es imposible. Imaginate la cantidad de casos que quedan sin la intervención de la familia por esa imposibilidad. Y como contracara de esto, y acá quiero ser muy clara, porque muchas veces cuando difundimos los videos de los familiares nos critican porque dicen que nosotros nos quejamos de que exista el defensor oficial.  

No estamos hablando de la defensa oficial que es a lo que recurre cualquier preso o cualquier persona que no tiene recursos para un abogado particular en una causa penal. Estamos hablando de que los ministerios de Seguridad, Nación, provincia de Buenos Aires, de CABA y de cada una de las provincias, tiene un cuerpo de abogados especializados, penalistas, gente con muchísimos másteres y currículum notables, contratados para que asuman en forma particular, pero pagados por el Ministerio, la defensa de policías, prefectos, servicios penitenciarios, etc.  

Según sus normas, la definición es “cuando se trata de imputaciones por hechos vinculados al servicio o en ocasión del cumplimiento de su deber” pero resulta que los encontramos desde hace más de 20 años, en causas por fusilamiento por gatillo fácil, por muertes en lugares de detención, torturas, por represiones masivas en movilizaciones.  

Fusilar a Mariano Ferreyra o a Petete Almirón el 20 de diciembre de 2001 o al resto de los fusilados de ese día, fue un hecho de servicio, para esos ministerios que pusieron esa defensa.  

M.H.: Hay un Proyecto de ley contra la violencia institucional actualmente con estado parlamentario. 

M.C.V.: En realidad hay dos, uno en el Congreso Nacional y otro en la Legislatura de la Ciudad, muy similares, el de Ciudad es un poquito más acotado, pero es un resumen del nacional.  

Desde ya te digo que este proyecto en este punto tiene una frase muy complicada que dice “prohibir la defensa institucional en casos graves de violencia institucional” y el problema es quién define “grave”. Si vamos a la definición judicial del delito por la que llegó a debate oral y público la causa Bulacio, no fue una causa grave, porque de hecho la imputación resultó en una condena de tres años de prisión en suspenso. Y eso es un delito menor técnicamente hablando. Entonces estuvo bien que los doctores del ministerio del Interior defendieran al comisario Espósito.  

Tiempo Argentino 

M.H.: Hace cinco años estuviste en Tiempo Argentino en pijama. 

M.C.V.: Sí. La cosa fue muy simple, me levanté en la madrugada para ir al baño y afortunadamente vi los mensajes que me empezaron a llegar ‘negra están entrando en Tiempo’, ‘están entrando en Amenábar, es una patota, Martínez Rojas’. Fue una noche espantosa, una tormenta tremenda, se venía el mundo abajo, así que me puse el tapado que tengo para este tipo de situaciones, tipo capote, me calcé las botas y los lentes; la única precaución que tuve fue avisar a mis compañeros y compañeras de Correpi que estaba yendo, para que estén atentos.  

Cuando llegamos ya había en la puerta una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras no solo de Tiempo Argentino y Radio América que tenía los estudios en el mismo edificio de Amenábar 23, sino también muchísimos afiliados del SiPreBA y compañeros y compañeras de todos los medios, estaba Murúa, por ejemplo, de las empresas recuperadas y, por supuesto, la policía ya había entrado, estaba la patota adentro, nos planteaban que iban a dejar el edificio con custodia policial sin que estén adentro los trabajadores ni los que pretendían ser los dueños, lo cual era absolutamente inaceptable porque justamente se estaba trabajando en la primera edición del diario como producción cooperativa, como empresa recuperada después del proceso de vaciamiento del Grupo 23, con la formada Cooperativa por más Tiempo.  

Allí fue un verdadero forcejeo por momentos literal, por otros simplemente verbal hasta que logramos torcer la voluntad de la fiscal de la Ciudad que intervenía, la Dra. Verónica Andrade, que no se tomó el trabajo de venir a ver en persona lo que estaba sucediendo.  

Una semana después explicó en el Juzgado penal, contravencional y de faltas que no fue porque llovía mucho. Y sí, llovía mucho, estábamos todos empapados hasta los huesos, pero no todos podíamos quedarnos en casa, como sí pudo ella.  

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Pero logramos forzar con esa maravillosa presencia y acompañamiento militante que hubo, que se reconociera formalmente en un acta que terminamos de firmar a eso de las 7:00 que el inmueble debía quedar bajo la custodia de los y las trabajadoras que ya tenían la tenencia del lugar, otorgado por el ministerio de Trabajo en el marco de todo el trámite que venían haciendo por la cuestión de la fuente de trabajo.  

Ellos habían sido designados custodios de toda la maquinaria y demás. El ataque tuvo una particularidad que señalamos desde el primer momento, que fue directamente, no solo a desapoderar a los trabajadores del inmueble, sino a todos aquellos lugares que podían impedir la salida del diario.  

Destruyeron el disco rígido central de las computadoras que permite la conexión entre los distintos puestos de redacción, destrozaron todo lo que tenía que ver con la conexión a internet, para tener señal externa y poder publicar online. Fue absolutamente seleccionado, por eso logramos después de mucho esfuerzo que se calificara el delito como interrupción dolosa de un medio de comunicación y por eso terminamos en la justicia federal.  

En menos de una semana todo eso estaba funcionando de nuevo. Fue impresionante. Al día siguiente estábamos armando la conferencia de prensa, recién acababa de ocurrir todo esto, apenas si había vuelto a casa para bañarme, vestirme decentemente para la conferencia y volver al edificio, y aparecieron los vecinos ofreciéndose a ayudar a arreglar los equipos, y gracias a eso se pudo echar a andar un sistema precario que permitió que en menos de 48 horas hubiese una nueva edición del diario en internet.  

Después vino esa jornada épica de la primera edición en papel que se puso a la venta en Plaza de Mayo el 24 de marzo, que permitió juntar los fondos necesarios para retomar la publicación dominical del diario en papel y el sostén del portal de noticias web, que ahora acaban de renovar y está buenísimo. 

M.H.: ¿En qué estado está la causa en este momento? 

M.C.V.: Tenemos detenido con procesamiento firme al empresario trucho Mariano Martínez Rojas, el que se hacía el dueño de Tiempo Argentino. Esta persona está presa por media docena de causas, una de ellas es la de Tiempo Argentino. Y también tenemos procesamiento firme sin prisión preventiva de todo el resto de la patota que contrató, del jefe de la patota que es un ex servicio y de toda la gente que participó, que pudimos identificar que son alrededor de una docena.  

Y estamos peleando la parte más dura, y que más nos interesa, porque pone de manifiesto la complicidad estatal, que es la situación del comisario Azzolina y el subcomisario Aparicio. Azzolina era el titular de la comisaría 31, que hoy es comisaría de la Ciudad pero que en ese momento era la 31 de la Federal que fue la que mandó dos patrulleros a acompañar a Martínez Rojas y la patota y el que le dijo al cerrajero, contratado de buena fe, diciéndole que era una apertura judicial a la medianoche y fue sin saber de qué se trataba.  

Y fue la policía la que le dijo que abriera porque había una orden judicial y le presentaron a Martínez Rojas como el dueño. Y el subcomisario Aparicio estuvo en el lugar, es el que aparece en la célebre foto donde le estoy haciendo el montoncito con la mano, que la sacó la compañera Claudia Acuña que estaba haciendo el aguante en la puerta de la comisaría. 

Cuando esa foto empezó a circular por internet, la vio mi mamá que tiene 92 años y me llamó y me dijo dos cosas, primero, ‘pobre hombre, ¿por qué lo estás maltratando así?’ y segundo ‘¡Esos pelos! Al menos te hubieras peinado’. 

Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos en Colombia 

M.H.: Quisiera que nos comentaras algo de la actividad de Correpi en Colombia. Sé que el compañero Jalil estuvo allí. 

M.C.V.: Ismael Jalil está trabajando junto con otros compañeros que formaron parte de la delegación en elaborar el informe definitivo que ya supera las 200 carillas. Es un trabajo infernal sistematizar toda la información que han podido chequear de muchísimos casos de represión estatal de carácter gravísimo a lo largo de ese viaje que fue entre el 25 de mayo y el 4 de junio de este año.  

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Fue una delegación, similar a la que se organizó en su momento para viajar a Chile y a Bolivia en 2019 cuando las represiones en cada uno de esos países hermanos. Pero en este caso tuvo la particularidad que fue una iniciativa promovida por las plataformas de DD HH de Colombia que fueron quienes facilitaron, en una situación de muchísima precariedad en cuanto a la seguridad, hay muchísimas anécdotas muy difíciles que tuvieron que afrontar los y las compañeras allí, pero el tener el apoyo y el acompañamiento de las organizaciones locales facilitó bastante las cosas.  

Para que te des una idea, en un momento en el que estaban recorriendo distintas ciudades, se militarizó toda la región de Popayán, donde estaba uno de los grupos, porque la misión se subdividió para cubrir más territorio, y tuvo que ir un auto blindado de la ONU a rescatarlos porque no había seguridad para que circularan por las rutas.  

El informe preliminar se presentó hace unas semanas en distintos ámbitos virtuales, entre ellos una conferencia de prensa virtual en la Legislatura de CABA y está publicado para quien quiera leerlo en la web de la “Misión internacional solidaridad y observatorio de DD HH Colombia” que fue previamente presentado en Bogotá. El informe final va a estar listo a fin de mes y es prácticamente un libro.  

Es impresionante la enorme cantidad de material, que para decirlo muy resumidamente, es un narco Estado terrorista que está implementando un nivel de represión con dos patas, por un lado, lo que tiene que ver con la normativa, lo legítimamente establecido y, por el otro, todos los elementos y herramientas de la ilegalidad. Una combinación letal que genera centenares de homicidios, miles de detenciones arbitrarias, sometimiento a tormentos y lesiones gravísimas.  

Por ejemplo, una cosa que se da repetidamente, son los disparos directamente a la cara para causar pérdida de la vista, como ya lo vimos en Chile, en Bolivia, como lo vimos en Argentina en la represión de diciembre de 2017 por la reforma previsional pero multiplicado y llevado a un extremo que ni siquiera aquí, con la memoria de hechos represivos que tenemos, podemos imaginar.  

M.H.: Te pregunto por el caso de Brandon Romero. 

M.C.V.: Se acaba de cumplir un año de su fusilamiento en Mar del Plata. El pequeño grupo militante de Correpi viene acompañando con mucha fuerza a Romina, su mamá. Hubo una gran movilización en la ciudad de Mar del Plata, con todos los cuidados y prevenciones en función de la pandemia y de esta necesidad que venimos recalcando de cuidarnos colectivamente tanto del virus como de la represión.  

M.H.: Cerco judicial en favor del grupo Albatros por el asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi. 

M.C.V.: La causa de Rafael Nahuel suma y sigue. Ha habido tantas idas y vueltas que ya a esta altura uno realmente pone en duda la posibilidad de que se llegue alguna vez a una sentencia mínimamente satisfactoria. Lo real y concreto es que con los elementos que hay en la causa, los informes periciales, la reconstrucción, el levantamiento de rastros, no hay absolutamente ninguna duda de que el grupo Albatros, que es el grupo especial de choque de la Prefectura, atacó a los compañeros y compañeras que intentaban refugiarse en el monte después de haber tomado por asalto el predio de la comunidad mapuche allí en Mascardi, y que en esa avanzada los únicos que utilizaron armas de fuego fueron los prefectos, tiraron a matar y mataron.  

Y como siempre en estas causas, una cosa es la determinación del tirador individual que es uno u otro prefecto, esa es una simple constatación pericial de qué arma salió el proyectil que mató a Rafael, y lo que siempre seguimos exigiendo y reclamando y es la parte más difícil, que es la responsabilidad de quiénes dieron las órdenes, quiénes mandaron y posteriormente encubrieron.  

Fuente: Rebelion

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