A 3 años de la explosión en la escuela de Moreno ¿accidente o política de Estado? Introducción al dossier

El 2 de agosto de 2018, una explosión por pérdida de gas sacudía a la escuela N°49 “Nicolás Avellaneda” de Moreno y cobraba la vida de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, quienes se encontraban preparando el inicio de la jornada escolar. La propagación de la onda expansiva llegó con fuerza de indignación y dolor a cada casa de Moreno y de la provincia de Buenos Aires que se movilizaron masivamente, denunciando la responsabilidad del Estado por este crimen social y laboral, el abandono sistemático de las escuelas públicas y un pedido de justicia que se mantienen hasta hoy.

Sandra y Rubén eran trabajadores comprometidos con la educación, luchaban contra el vaciamiento de las escuelas públicas y sostenían como podían la Escuela N°49 de Moreno. Ese día habían llegado temprano -como lo hacían cotidianamente- para garantizar el desayuno, para que les estudiantes tuvieran algo caliente antes de empezar con las clases. La escuela acumulaba ocho denuncias por pérdida de gas, sin que las autoridades solucionaran efectivamente el problema.

La muerte de Sandra y Rubén no fue una tragedia ni un accidente, sino la consecuencia del rumbo educativo de desinversión y políticas educativas de vaciamiento de larga data que impulsan los poderes económicos a través de sus ejecutores políticos.  El aliento prioritario a la educación privada, los procesos de tercerización creciente en la escuela pública y la subordinación a los intereses empresarios privados son parte del rumbo perverso que sumerge a la escuela pública en una crisis vital que es sobrellevada por miles de trabajadores y trabajadoras de la educación, que la sostienen con su profesionalidad, compromiso, amor, a costa de su salud física, mental e incluso hasta su propia vida, como sucedió en este caso.

Así como a principios del siglo pasado esas mismas clases dominantes promovían una educación extendida que homogenizara un mercado interno y una creciente mano de obra, ya hace años que pretenden una educación para quienes consideran los esenciales para el sistema y otra para aquellos/as a los/as que consideran deben ocupar el lugar de subordinación y sometimiento a las reglas del mercado que desde ahí imponen.

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Con ese objetivo y en la búsqueda de nuevos nichos de negocios y de una educación fragmentada, que a la vez fragmente al pueblo trabajador también en lo educativo, vienen avanzando en la destrucción de la escuela pública y en el cambio cultural que necesitan para llevarla a cabo con un total descaro, como el de un ministro de educación que declaró públicamente que “debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla”, desnudando las intenciones de las políticas de Estado dirigidas a las generaciones en proceso de formación.

El abandono al que se somete a las escuelas públicas en materia de infraestructura va en sintonía con las políticas educativas más generales que refuerzan una intención privatizadora y de carácter mercantilista de la educación que atentan contra este derecho básico de les estudiantes y refuerzan la creciente deserción o abandono del sistema educativo en los sectores más empobrecidos de la población, al tiempo que alientan la idea meritocrática de que no son las condiciones concretas de vida y de contexto en el que se desarrollan los aprendizajes, sino los méritos o esfuerzos individuales de cada une los que posibilitan logros en materia educativa. Para el caso, la pandemia visibilizó la situación de precariedad de las escuelas y de la vida cotidiana de les estudiantes sin recursos.

Gran parte de las escuelas han tenido que sumar un rol asistencialista a sus funciones, que en muchos casos diluye o sustituye su rol pedagógico y de distribución de conocimiento. Parece ser que para las nuevas generaciones de los sectores más golpeados y vulnerados de la sociedad, la contención y el asistencialismo son las respuestas que los diferentes gobiernos imponen. Esto debería ser problematizado, desnaturalizado y parte de un debate social más amplio entre escuela y comunidad. La obligación del Estado es la de garantizar igualdad de posibilidades para el acceso a toda la población de los bienes comunes que les permitan el “buen vivir”, con participación de las comunidades en la toma de decisiones políticas, sociales, económicas, culturales. Este desplazamiento que se genera al interior de las escuelas, produce una forma de exclusión mayor en las que se niega el acceso al conocimiento a amplias capas de la población.  Problematizar esto de modo que les estudiantes no sean meros receptores de políticas de contención y les docentes simples aplicadores de recetas impuestas.

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Hace muy poco, nos vimos nuevamente conmovides, dolides, indignades. Esta vez, el 29 de junio, en una escuela albergue de Neuquén, una explosión arrasó con la vida de la docente Mónica Jara y de los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi. Las escuelas deberían ser espacios seguros y cuidados y no bombas de tiempo.

 La desinversión en materia educativa no resulta inédita, lo viven las escuelas en lo cotidiano. El nivel de deterioro, la falta de mantenimiento, de inversión en infraestructura adecuada, de seguridad de los edificios, de material educativo imprescindible, es una constante que nunca fue revertido por ninguno de los gobiernos que se sucedieron. Pueden haber adquirido mayor velocidad -como durante la dictadura militar, los ’90 con Carlos Menem o los CEO’s del macrismo- pero nunca fue revertido, ni siquiera se vuelve a un escalón anterior del deterioro creciente. Para salvaguardar que esto siga su curso hoy tenemos un ministro de educación, Nicolás Trotta, representante de los intereses privados en la educación,

Hay otro rostro muy poco difundido de este deterioro escolar, que convierte un espacio que debiera ser placentero y de aprendizajes para la niñez y adolescencia en lugar de peligro, es la creciente y extendida fumigación con plaguicidas. Estas fumigaciones ocasionaron la muerte de la docente Ana Zabaloy -referenta de la Red Federal de Docentes por la Vida- de la que hace pocos días se cumplió el primer aniversario de su fallecimiento. La política de Estado extractivista, depredadora del medio ambiente, laboral y educativo no respeta distancias con escuelas rurales y centros de población, solo protege los negocios y ganancias de los explotadores y saqueadores de nuestros bienes comunes y remacha la dependencia nacional.

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La pandemia puso blanco sobre negro la precariedad en la que se encuentran, la sobrecarga laboral a la que somete a les docentes a costa de la salud física, mental o de la propia vida y el nivel de vulnerabilidad de las poblaciones que asisten a las escuelas públicas.

La escuela pública refleja la enorme desigualdad socio-económica que vive nuestro país. Los circuitos diferenciados por los que transitan les estudiantes ahora quedan expuestos de manera más descarnada con la virtualidad. El discurso desde los ministerios de educación, tanto nacional como provinciales, apelan a un supuesto de verdad que esconde y legitima las dificultades reales que este tiempo provocó en el acceso a la educación, en el derecho a enseñar y aprender.

La pregunta por el sentido de la educación se hace más acuciante que nunca. Lo que nunca varió, gobierne quien gobierne, es que, para cada cambio, cada decisión que se toma respecto al rumbo a seguir en el terreno educativo, se escuchan las voces de funcionarios de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, de Fundaciones sostenidas por los intereses privados o el Vaticano, pero nunca se organiza ni se fomenta un debate para escuchar las voces colectivas de los verdaderos interesados en revertir el deterioro educativo, las docentes, auxiliares, las familias, les estudiantes, el conjunto de la comunidad educativa.

Hay una larga e histórica lucha de docentes, estudiantes, madres y el conjunto de la comunidad educativa contra las políticas de desinversión y la destrucción de la escuela pública y por la educación que incluya a todes y potencie el crecimiento, la formación, la libertad y la capacidad transformadora.  

Desde el Colectivo de Comunicación Contrahegemonía creemos que son estas voces las que deben escucharse. Es por eso por lo que iniciamos hoy este dossier, donde se expresarán las voces y opiniones de docentes, pedagogxs, agrupaciones de base y sindicatos combativos de diversas regiones de nuestro país, como diversas zonas de la provincia de Buenos Aires como Moreno, Matanza, Marcos Paz, Bahía Blanca, La Plata o provincias como Jujuy, Mendoza, Neuquén, Chubut o Santa Fe, entre otras zonas,  Porque creemos que el debate y puesta en marcha de proyectos educativos, así como imponer que se garanticen espacios saludables y seguros para la actividad educativa, tienen que salir de la propia comunidad.

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