Décadas de abandono y desinversión

Se cumplen tres años de la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. A las 8.06 del 2 de agosto de 2018, un escape de gas en la escuela n° 49 de Moreno provocó la explosión que mató a Sandra y Rubén. Al cumplirse un nuevo aniversario, seguimos pidiendo justicia, denunciando la desidia del Estado y reclamando escuelas dignas y seguras.

El estado de abandono de miles de establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires, que viene como mínimo desde hace treinta años, no fue ni es una novedad para les trabajadores de la educación, para les estudiantes ni para las familias.

Problemas de infraestructura en La Matanza

La situación de las escuelas de La Matanza, no es muy distinta a la de miles de escuelas del Conurbano. Prima la desinversión, continúan escuelas sin gas porque para prevenir “nuevos Moreno”, la idea no es arreglar pérdidas y conexiones deficientes, sino directamente cortar el gas. La gestión de Vidal pretendió solucionar el problema de la calefacción de las aulas con aires acondicionados, pero como todo parche, no funcionó. Al no cambiar las redes eléctricas de las escuelas, colapsan los sistemas y las penurias empeoran.

Pero hoy, con el cambio de gobierno, los problemas continúan. Y no son sólo los servicios esenciales, el crecimiento de la matrícula, el pase de alumnes y estudiantes de la escuela privada a la pública por la crisis económica y el empobrecimiento de la mitad de la población, están poniendo en agenda otros problemas de infraestructura.

 El reclamo de aulas y establecimientos nuevos es permanente en las reuniones de UGD (Unidad de Gestión Docente), en el Consejo Escolar y en la Jefatura Regional. Se arrastran desde hace años la falta de jardines de infantes para la educación inicial, pero en muchas escuelas los grados numerosos en primaria y cursos en secundaria, son una constante. El problema no terminó de estallar por la pandemia y la política de la presencialidad con burbujas, alternando semanas, pero se viene, se viene…

La Matanza vive desde hace varias décadas una histórica falta de tierra, de vivienda digna y de hacinamiento con un aumento de asentamientos urbanos, que se convirtieron en problemas urgentes a resolver en el marco de una pandemia. Esto aumenta de manera crítica la falta de nuevas escuelas. La infraestructura escolar existente está estallada de estudiantes y no hay ninguna posibilidad de que puedan acceder a nueva matricula. Aumentan las listas de espera y con mucha suerte, algunes, consiguen vacantes a mitad de año.

La respuesta hasta ahora ha sido que no hay presupuesto, o a lo sumo parches para que no se note. Se ocupan espacios internos de las escuelas como laboratorios, bibliotecas, SUM (salón de uso múltiple), comedores y hasta el patio, dejando sin lugar para los recreos a les alumnes y estudiantes. Si el equipo directivo de una escuela tiene buena llegada con el Consejo Escolar, el municipio o la provincia, puede lograr arreglos y aulas-container, pero siempre es una minoría. No alcanza para todes y la pandemia empeoró la situación, ya que tampoco se ha avanzado en inversión en conectividad ni en abastecimiento de recursos o dispositivos tecnológicos para les estudiantes y docentes.

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Los 12 puntos de las “Escuelas Seguras”

Después del crimen social de Moreno, en el acuerdo paritario 2019 con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires de la gestión anterior, se incluyeron los 12 puntos de infraestructura de Escuelas Seguras, que toman en cuenta las recomendaciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo:

1- Agua Corriente y potable segura, sin ningún tipo de contaminación. Examen bacteriológico, físico y químico. Limpieza de tanque de agua anual.
2. Instalaciones eléctricas legalizadas con planos de aprobación. Comprobación preventiva de las instalaciones en forma periódica por autoridad competente. Instalación de disyuntores y puesta en forma periódica por autoridad competente. Instalación de disyuntores y puesta a tierra. Tableros señalizados. Tomacorrientes en buen estado.
3. Instalación de gas legalizada, con planos de aprobación y control sistematizado de las mismas. Artefactos de combustión internas están prohibidos.
4. Construcción edilicia segura, sin riesgo en la estabilidad de su estructura total y/o parcial. Patios, escaleras y pasillos seguros y sin obstrucciones.
5. Instalaciones sanitarias suficientes en cantidad y capacidad para personal y alumnados. Seguridad de buen funcionamiento en toda la jornada laboral.
6. Red cloacal con eliminación segura de excretas. Pozos y cámaras sépticas en buen funcionamiento y mantenimiento periódico.
7. Planes de emergencia ígnea y química: incluyendo capacitación, estructuras y elementos de seguridad adecuados y funcionales (matafuegos, hidrantes, etc.) Simulacros de evacuación sistematizados. Puertas con apertura hacia afuera.
8. Iluminación y ventilación adecuadas a las actividades desarrolladas en aulas, oficinas, cocina, pasillos, escaleras, salones, talleres, salas, etc.
9. Almacenaje de sustancias químicas de acuerdo a normativa vigente.
10. Plan de emergencias zonales (sismos, inundaciones, incendio de bosques y otras)
11. El edificio escolar en obra debe estar sin actividad escolar.
12. Provisión de botiquín de Primeros Auxilios.

 Ninguna de ellas se cumplió en su totalidad y la conducción provincial de Baradel y el FUDB, nunca hicieron nada para que se cumplan.

Pero además, en medio de la pandemia, el Plan Jurisdiccional establecido como protocolo para la “vuelta segura”, en el Anexo II toma en consideración estos puntos, no es más que una confesión de parte. ¿No es obvio que no tiene que haber paredes electrificadas? ¿No es obvio que tiene que haber limpieza de pozos, agua potable, estabilidad edilicia? Evidentemente, si aparece en un documento tan importante en medio de la peor pandemia atravesada en los últimos 100 años, quiere decir que las cosas están muy lejos de estar bien. Y quiere decir también que el estado reconoce la situación, no es un invento de les docentes. La pregunta es cómo puede ser que no haya respuestas a la altura de las necesidades.

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¿Quiénes son los responsables?

Lo primero que hay que decir es que existe una política mundial desde hace décadas para degradar los sistemas educativos de los países periféricos. Distintos organismos como el Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y, en el ámbito latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) vienen interviniendo con políticas, proyectos, inversiones y  líneas de crédito, que terminan siendo condicionantes de las políticas educativas, al mismo tiempo que nos endeudan como país.

Desde hace varias décadas, les docentes que venimos siguiendo –y resistiendo- las eternas reformas inspiradas y fogoneadas por estos organismos internacionales, vemos que claramente al sistema capitalista no les interesa transmitir conocimientos a les hijes de les trabajadores en forma universal.

El proceso de descentralización recomendado por estos organismos, en donde el Estado pasa a tener un papel subsidiario para garantizar el servicio educativo,lleva varias décadas. En los ´60 y ´70 ya habían pasado paulatinamente las escuelas primarias a todos los gobiernos provinciales. Sigue en los ´80 con las transferencias de escuelas secundarias y terciarias. En la etapa neoliberal de los ´90, con el peronismo en el gobierno y Carlos Menem como presidente, con la Ley Federal de Educación (LFE), el Estado termina de pasar las escuelas que todavía quedaban en su órbita, reconoce la doble gestión de la escuela pública, en estatal y privada, desentendiéndose definitivamente de la gestión, gobierno y financiamiento de la casi totalidad de las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades. La fragmentación es un hecho generalizado y  la Ley de Educación Nacional (LEN) del 2006 no cambió esta situación.

 El resultado fue un Ministerio de Educación sin escuelas ni políticas nacionales. Sólo existe un Consejo Federal de Educación (CFE) que cumple la función de articulación de buenos deseos. Se les pasó la responsabilidad a las provincias, no importan si son ricas o pobres. Lo trágico es que esta política no la derogó ninguno de los gobiernos y las gestiones que se sucedieron. Incluso vemos avances en la municipalización, muchas veces festejados sin ver los verdaderos peligros que esto implica en el marco de una profundización de la fragmentación. Ahora se discute distrito por distrito, barrio por barrio, escuela por escuela. Es un fiel testimonio de cómo el Estado, al fragmentarla, abandona la educación y a la escuela pública a su suerte.

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También hubo un avance en la privatización de la educación. Vemos en un mismo barrio escuelas de primera y escuelas de segunda, con la paradoja de que se mantienen con subsidios estatales que pagamos todas y todos. Incluso las familias que mandan a sus hijes a las escuelas públicas. Esto la está desfinanciando y matando lentamente. Digámoslo una vez más: sin presupuesto, no hay educación de primera para todas y todos.

Como vemos, antes de la pandemia ya teníamos problemas en el sistema educativo.

¿Quién tiene que poner la plata?

La vuelta a la nueva normalidad educativa no puede pensarse por fuera de un aumento significativo de la inversión en la educación pública. No hay forma que esto pueda ser garantizado si no es por la inversión del Estado Nacional que cuenta con los mayores recursos.

En estos momentos el establishment y los organismos internacionales de crédito festejan al ministro de economía de Alberto Fernández, Martín Guzmán por haber achicado el gasto público. El gobierno se ahorró a costa de los trabajadores y trabajadoras para cumplir los compromisos de la deuda externa el 0,2% del PBI -unos $81.000 millones, un nivel que no se registraba para ese período en 6 años. Se requiere de un cambio de política para terminar con el ajuste y ninguna de las opciones políticas mayoritarias piensa hacerlo.

Defendamos de verdad la educación y la escuela pública

Hoy resulta fácil verificar las consecuencias de sucesivas políticas de desinversión pública en educación, corolario entre otras cosas de priorizar los pagos de una deuda externa ilegítima y fraudulenta. La pandemia profundizó las desigualdades sociales y dejo en evidencia la crisis del sistema educativo. Pero debemos mirar más allá de la escuela y ver que la crisis que atravesamos es a la vez una crisis sanitaria, ambiental, social y económica. La misma dejó al descubierto la etapa que estamos viviendo: el naufragio de la civilización regenteada por el capital. La nueva acumulación del capital y concentración de la riqueza a escala global se está produciendo aceleradamente, en la misma medida en que produce a escala ampliada el despojo, la exclusión y miseria de millones de seres humanos.

Sandra y Rubén, los cientos de trabajadores de la educación muertos durante la pandemia, dejan en evidencia que, para los gobiernos, para los de arriba, la vida no tiene ningún valor. Por eso, solo nosotres, desde cada escuela, desde cada territorio debemos ser impulsores y protagonistas de la defensa de la escuela pública y gratuita, pero también del derecho a la vida.

Dependerá de la fuerza que le podamos oponer para seguir sosteniendo los derechos adquiridos con tantos años de lucha y de plantearle a la sociedad en su conjunto, de manera clara y contundente, que los únicos que venimos sosteniendo el sistema educativo público y gratuito, fuimos, somos y seremos, les docentes y el pueblo organizado.

Comuna Docente

en La Multicolor de La Matanza y el Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires

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