Murieron, no es tragedia, es encubrimiento

En la tragedia griega los designios de los dioses definen las trayectorias de las vidas humanas, solo que el sentimiento trágico ocurre en personajes elevados, es decir, reservado a la casta dominante, donde la construcción acechante del destino decide sobre la vida y la muerte de ciertos personajes.

Sucede que actualmente, aunque no del todo fuera de la representación, un acontecimiento es denominado como tragedia por la dimensión y el imprevisto (algo que no debería haber sucedido, sucedió y cobró vidas humanas), justamente, lo contrario de la tragedia en términos literarios, donde el destino es insoslayable.

Ahora, sí. Lejos de la poética de Aristóteles, donde el héroe trágico se “equivoca” y va en contra de los designios divinos, lo que hoy se nombra como “tragedia” no es más que el encubrimiento de grados de responsabilidad, por ejemplo, cuando explota una escuela.

A 3 años de la explosión de la escuela 49, Nicolás Avellaneda, de la localidad de Moreno en la provincia de Buenos Aires, en la que murieron Sandra Calamano, vicedirectora y Rubén Rodríguez, auxiliar; el caso fue elevado a juicio con cuatro procesados: el gasista, Christian Ricobene, quien además tenía su licencia vencida desde 2015 e, incluso, sólo lo habilitaba para instalaciones domésticas; Sebastián Nasif, el ex interventor del Consejo escolar de Moreno, por incumplimiento de los deberes de funcionario público; al igual que Mónica Berzoni, ex presidenta del Consejo, la que fue separada del cargo ante la decisión de la intervención. Y Jorge Oscar Galian del área de Infraestructura, también acusado con la misma tipificación.

Más allá de lo que pueda suceder con las penas en el juicio oral, que todavía no comenzó y del que el propio juez de la causa, Gabriel Castro, sobreseyera a otros cuatro imputados, porque la fiscal Gabriela Urrutia no encontró pruebas que pudieran determinar el procesamiento; tres de los procesados coincidieron en que se contratara al cuarto procesado, el gasista de matrícula vencida y sin la habilitación correspondiente.

El universo ético de la eficiencia y la acumulación de falsedades

Un panorama judicial detenido, si bien ya están delimitadas las responsabilidades ejecutivas, aunque parezca que las dos muertes, que no deberían haber ocurrido, sigan ocurriendo de manera eterna, porque no sólo no se fijaron responsabilidades políticas, sino que el siniestro se localiza en la explosión y las causas en los cuatro procesados.

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La realidad indica que las causas se remontan a las decisiones políticas, en este caso preciso, las políticas sobre infraestructura escolar, los presupuestos y la realización de las obras.

Está claro que durante los gobiernos anteriores de la provincia de Buenos Aires, tampoco hubo la inversión necesaria, ni la deseada por la comunidad educativa. También es cierto que los espeluznantes niveles de deterioro de la infraestructura no se producen en 3 o 4 años; es decir que el abandono de las obras, de las remodelaciones y del mantenimiento escolar son la historia frecuente y no la excepción.

Sucede que además, que la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, se desligaba de la responsabilidad con la misma ligereza y perversión que cuando dijo: “Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad”. Lo que expresa no es más que su deseo, que podríamos traducir por: los vulnerados, los pobres no tienen cabida en la universidad. No asumiendo que vulneración y pobreza son los efectos de las políticas que quienes asumen la responsabilidad de “gobernar”, deciden para el país, las provincias y los municipios.

Esa fulminante levedad en el discurso de la entonces gobernadora, también tallaba en la carta abierta que publicó en las redes sociales una semana después del “homicidio” de Sandra y Rubén, aquel 2 de agosto de 2018.

En ese texto, la ex grupo Sophia, acude a las cifras de las inversiones y trabajos realizados en las escuelas de la provincia y, particularmente sobre el municipio de Moreno, dice en plan de justificación: “En Moreno el Gobierno provincial planificó 43 obras mayores de las cuales 14 ya están finalizadas. A su vez, el intendente recibió, en lo que va de la gestión, $275 millones del Fondo Educativo. Lamentablemente el 80% de ese dinero no fue destinado al arreglo de las escuelas sino a pagar sueldos de los empleados municipales.

A su vez, el Consejo Escolar recibió de la Provincia $ 15 millones para infraestructura escolar. En los primeros dos años de gestión no justificaron el uso de esos fondos. Por esta razón y porque mediante una Auditoría pudimos comprobar que se estaban robando la plata de la comida de los chicos, lo denunciamos en la Justicia y decidimos la intervención del Consejo Escolar.

Durante este año hicimos más de 1000 tareas de mantenimiento en escuelas de Moreno y particularmente en la escuela Nº 49 realizamos cinco intervenciones vinculadas al gas, la última un día antes de la tragedia, realizada por un gasista matriculado”.

Por una parte, frente a la muerte de les trabajadores, promociona las obras que nunca se realizaron; acusa al entonces intendente de desviar el 80% de los 275 millones de pesos del Fondo Educativo para “pagar sueldos…” y que el Consejo escolar había recibido $ 15 millones de la provincia para infraestructura escolar, pero que no se justificó el uso de esos fondos durante dos años lo cual ameritó la intervención tras la auditoria que fue ordenada oportunamente.

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En principio, el Fondo Educativo es el dinero que la Nación le gira a las provincias de acuerdo con lo establecido en el marco de la Ley Nacional N° 26.075 de Financiamiento Educativo, por lo que la responsabilidad de los actos de gobierno corresponden a la provincia que recibe el dinero. Es decir, que si la provincia decide descentralizar y adjudicar los dineros a los municipios, como sucedió luego de la resolución firmada por el entonces Director de Escuelas, Gabriel Sánchez Zinny, otro ex grupo Sophia, actual director de la  Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa porteña (UEICEE), ex director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y por sobre todo, un “empresario exitoso” con sus empresas offshore; esto no lo desliga de sus responsabilidades, ni en los manejos del Fondo Educativo, ni en la contratación del gasista, que según la carta de la ahora pre-candidata a diputada porteña, las cinco intervenciones vinculadas con el gas fueron realizadas por un gasista matriculado; lo que, según la fiscal y el juez, no es cierto y quedó documentado en la causa.

Lo que sí queda claro, es el cinismo declarado, frente a la desfinanciación palpable que sufriera la ya poco presupuestada educación, una de las áreas más sensibles desde lo discursivo, pero poco o nada sensible a la hora de la inversión.

De hecho la desinversión en la provincia fue evidente, durante los 4 años del gobierno de Vidal, en términos de lo que fue la ejecución presupuestaria para educación en relación con el presupuesto público de la provincia 2015/2019.

 [1]

El recorte real implicó el 20% de ajuste en el presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires, en perfecta sintonía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde todavía gobierna el PRO y ya lleva una desinversión cercana al 28% desde 2007.

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El concepto de eficiencia siempre ha sido vinculado con el gasto, lo que se resume de una manera muy pueril, en que cuanto más recorte presupuestario, más eficiente es la decisión política. En eso radica el universo de la eficiencia.

El modelo eficiente que arrastra la ex gobernadora lleva consigo denuncias por inundaciones, blanqueo de fondos, aportes falsos durante la campaña electoral y desvío de fondos públicos, entre otras marcas de la mentada eficiencia como el intento de cierre de las escuelas del Delta.

María Eugenia Vidal, gobernadora, eligió a Gabriel Sánchez Zinny, Director general de Escuelas; éste eligió a Sebastián Nasif, interventor del Consejo, quien aprobó al gasista (con matrícula vencida y sin habilitación para obras públicas), Christian Ricobene.

¿Es lógico que la cadena de responsabilidades sólo avance hasta Sebastián Nasif?

¿Por qué la fiscal y el juez no investigan la línea que lleva por la senda de la desinversión?

Los actos tienen consecuencias, pues entonces, los actos de gobierno también deben tener consecuencias, sobre todo cuando producto del entramado de “políticas eficientes” desencadenan dos muertes, las de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, que no habían elegido a ninguno de los anteriores.

¿Tampoco hay consecuencias por la decisión de que una escuela en obra tenga actividad docente? Acaso no fue la propia ex gobernadora la que dijo en la carta: “realizamos cinco intervenciones vinculadas al gas, la última un día antes de la tragedia”.

No fue la última explosión de una escuela, este 29 de junio, en la provincia de Neuquén ocurrió un episodio similar, que también parece rodar por los despeñaderos de la eficiente impunidad.    

Dejemos la tragedia para la literatura, acá no hay dioses, los destinos son las consecuencias de las políticas de la eficiencia capitalista, de la mediocridad política y del cinismo encubridor corporativo, todos atributos muy terrenales.

Por Darío Balvidares

*Profesor y Licenciado en Letras (FFyL-UBA). Fue docente durante 30 años y Rector de la Escuela de Comercio 3, Hipólito Vieytes (CABA). Como investigador es autor de “La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión”. Herramienta Ediciones y Contrahegemonía Web (2019) CABA.  Y del ensayo “La novela educativa o el relato de la alienación”  Redes Cultura (2005) CABA, con prólogo de Osvaldo Bayer. Además de decenas de trabajos y artículos publicados en Contrahegemonía Web; Rebelion.org  y Otras Voces en Educación. Durante 15 años fue productor periodístico y columnista del programa radial La Deuda Eterna. Actualmente es integrante del colectivo editorial del portal periodístico tramas.ar-periodismo en movimiento.


[1]Esta caída en la participación presupuestaria significó un recorte cercano al 20% de los recursos de la Dirección General de Cultura y Educación. A su vez, dado el crecimiento de la cantidad de estudiantes de la Provincia, implicó un ajuste del 24% del presupuesto por estudiante”, dijo Pablo J. López, actual ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires.

One thought on “Murieron, no es tragedia, es encubrimiento

  1. Llaman tragedia para separar y deslindar responsabilidades. A Sandra y a Rubén los mataron quienes no ejecutaron los presupuestos para lograr en las escuelas públicas lugares dignos en los que puedan habitar todos/as y en dónde no haya peligro. Ésto fue un hecho horroroso y con total desaprensión de la vida humana. A nadie de quienes tenían responsabilidades, políticos y funcionarios, no les importó nada. Parece un hecho calcado de Cromañón , dónde hubo una verdadera masacre. La Justicia tiene que intervenir y mandar presos a todos los/as responsables y a
    los políticos como Vidal y los responsables no permitirles tener más cargos públicos. Zulema Ángela Mahmud mamá de Alejandra Abosaleh víctima de Cromañón

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