Sandra y Rubén: una agenda político-pedagógica. Reflexiones sobre la infraestructura escolar a tres años de la explosión de Moreno

Antes del receso de invierno de aquel Julio de 2018, en el Instituto de Formación Docente N° 9 de La Plata, un grupo de docente y estudiantes nos congregamos en asamblea. Éramos alrededor de 20 personas intentando reflotar la construcción del nuevo y único edificio para instituto. Tres licitaciones fallidas en los años 2011, 2013 y 2015, en el gobierno de Scioli nos habían desorganizado. Cada licitación fue fruto de mucha lucha y a cada una siguió una desilusión. En frente ahora teníamos al macrismo, con el empresario Gabriel Sánchez Zinny a la cabeza de la Dirección de Escuelas; sabíamos claramente lo que para ellos significaba “caer en la educación pública”. En eso estábamos cuando ese 2 de agosto se produjo la explosión de la escuela primaria N° 49 Nicolás Avellaneda de Moreno con la muerte de dos compañeres: Sandra Calamano (48) y Rubén Rodríguez (45).  A todes nos recorrió una misma sensación: cualquiera podría haber ocupado aquel lugar trágico de Sandra y Rubén, transitábamos las escuelas públicas de provincia de Buenos Aires y la escena nos resultaba familiar. Docentes sosteniendo lo imposible: escapes gas, estufas que nunca andan, paredes electrificadas, mampostería que se caen, cables sueltos, pozos desbordados, aula separada con mamparas de cartón, clases en galerías o sótanos, formación docente en casonas de otros siglos. Esa escena del desperfecto de gas sin recibir respuestas, con un directive y un auxiliar haciendo lo imposible para poder hospedar a les niñes, nos resultaba cotidiana.  Lamentablemente, ese 2 de agosto, se había anunciado y denunciado. Actas de reclamos iguales o peores que los de la 49 de Moreno, sobraban en cada jurisdicción como fruto de reuniones con funcionarios que mucho se parecen a personajes kafkianos. No era necesario explicar nada. Todos lo sentíamos en el cuerpo casi como costumbre. También lo sabían los gestores de turno que, ante ese hecho irrefutable, no podían labrar una nueva acta, decir que “estas cosas llevan tiempo” o pedir que le expliquemos la situación por enésima vez “porque ellos son nuevos”. El velo se corrió cruelmente. No eran necesarios las vanguardias iluminadas, discursos interminables o argumentaciones infinitas. Allí estaba la escuela pública explotada, con compañeres muertos y con un Estado responsable. Ese mismo día, en innumerables escuelas, la costumbre se volvió indignación con asambleas y reclamos que se replicaron rápidamente. En el instituto N° 9  se realizó una asamblea con cerca de 500 participantes.

El problema de infraestructura escolar desnuda como pocas cosas las políticas de precarización de lo público de estas últimas décadas. Mientras se habla de derecho, presencia, cuidado o eficiencia (dependiendo del signo político), no se pueden garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, como tampoco pueden garantizar un plato realmente digno de comida en todos los comedores escolares. Cuando decimos comida, no hablamos de “comederos” para pobres, de cupos que se deben cerrar en una planilla de cálculo sino de comida saludable y mesa compartida. Estos problemas de materialidad básica constituyen escándalos imperdonables en el país de los alimentos y de la tierra. Los mismos, no pueden esperar, no pueden justificarse bajo ningún pretexto burocrático o “grieta”.

Lo que se llevó la vida de Sandra y Rubén es un problema político donde el estado es responsable. Y lo es porque el problema es generalizado, de gravedad estructural, sostenido en el tiempo y justificado por decisiones de responsables políticos que sostienen un modelo de administración de la precariedad. Para este modelo, la crisis edilicia representa una normalidad que solo se puede administrar-gestionar sin transformaciones de fondo, con parches, como realizar una pintura barata en un edificio con techos que se llueven y paredes que se derrumban. Este modelo, como todo orden, se reproduce casi naturalmente generando, muchas veces, subjetividades funcionales, resignadas y desidiosas. Como resultado general se da una “educación pobre para pobres” consecuente con un modelo económico donde el trabajo en plataformas de servicios representa, para muches, la única oportunidad laboral.

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Vale recordar el informe presentado por Suteba sobre infraestructura escolar el 13 de agosto de 2018. Permite cuantificar alguna de las ideas expresadas:

“61,3% las instalaciones de gas no se encuentran en perfecto estado de conservación y funcionamiento”, que el 67,1% de los artefactos no están en buen estado, y que en el 75% de los casos no se realizan controles sistemáticos sobre este servicio. Los resultados de la medición, que tomó un muestreo de más de 2.000 escuelas, sobre un total de más de 13.000 de gestión pública, plantea también que en los colegios no se realizan análisis físico-químicos del agua, en 75,1% de los casos, ni bacteriológicos, en un 69%; mientras que tampoco se trabaja en la limpieza de los tanques, 50,6 %.

El informe detalla que en el 72,2% de los casos las instalaciones eléctricas “no se encuentran en perfecto estado”, en el 79,2% “no se realizan comprobaciones preventivas” y en el 57,5% no se reemplazan artefactos defectuosos. En tanto, el relevamiento también asegura que existen conflictos en las paredes del 72% de las escuelas y desperfectos en techos en del 76% de los establecimientos.               (https://www.suteba.org.ar/escuelas-s-o-s-vidal-es-responsable-18084.html )

También sirve,  como ejercicio,  volver a los 12 puntos que Ctera logró como acuerdo paritario nacional en febrero del 2011.

https://www.suteba.org.ar/ctera-y-el-acuerdo-paritario-nacional-12-puntos-sobre-infraestructura-escolar-12824.html

Leerlos a la luz del territorio educativo de la provincia de Buenos Aires no puede generar otra cosa que indignación. El cumplimiento del punto 3, sobre las instalaciones de gas, implicó, la vida de Sandra y Rubén. Valen estos 12 puntos para una evaluación inicial de nuestros edificios educativos. El ISFD N° 9, por ejemplo, uno de los más grandes de la provincia, en el 2011 dejó el viejo edificio original por un principio de incendio debido al cortocircuito de una pared electrificada (punto 2). No volvimos a entrar y el estado reconoció la necesidad de nuevo edificio luego de larga lucha. En el mientras tanto nos desmembramos en cuatro partes con la promesa de nueva construcción: dos casonas viejas, una escuela primaria y un cuarto lugar que puede ser cualquier cosa con tabiques de durlock como separación de aulas, fueron los nuevos edificios transitorios.  Pasaron 10 años y la situación se volvió permanente. Las viejas casonas platenses están peor ediliciamente debido a la alta circulación de personas (punto 4-7), sin gas (punto 3), con peligro de derrumbe (punto 4), con escasos baños que casi nunca funcionan (punto 1- 5- 6). La ventilación no existe (punto 8-9). La sede donde funciona el profesorado de educación especial no cumple ninguna condición mínima de accesibilidad para personas con discapacidad, empezando por su escalera de entrada (punto 4-10). El botiquín no existe; nos conformaríamos con el suministro de elementos de limpieza que son adquiridos por la cooperadora (punto 12). Los reclamos no cesaron nunca, llegaron 4 promesas con planos y nuevas licitaciones: 2011, 2013, 2015, 2018. Ninguna se terminó concretando. Conclusión: ninguno de los 12 puntos se cumple. El estado, en 10 años, reconoce 4 veces una necesidad urgente a la que no le da respuesta nunca ¿Puede ser lo de Sandra y Rubén una casualidad? ¿Crisis o normalidad?

Aquel informe del 2018 de Suteba se titulaba “Escuelas S.O.S.: ¡Vidal es responsable!”Nosotres acordamos pero no olvidamos a Scioli.   En el trabajo de investigación titulado: La lucha por la declaración de emergencia edilicia durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner (La Plata, 2011-2015) , Romina De Luca señala:  “que en la zona del Gran La Plata, en el período de referencia se contabilizaron más 130 acciones protagonizadas por la comunidad escolar (padres, alumnos junto a docentes) reclamando por mejoras en las condiciones de infraestructura: reemplazo de edificios, reparaciones en techos, paredes, baños, dotación de más aulas, por la prestación de servicios básicos como luz, agua y gas” ( https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/121632 ). No olvidamos; tampoco nos volvimos estado, cogestionado a partir del 2019, por eso podemos decir: Escuelas S.O.S  ¡Kicillof es  responsable !

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En nuestra experiencia, los problemas lejos de solucionarse se repiten y se profundizan. Los edificios que se construyeron y se presentan como logro de cada gestión lejos están de cubrir la demanda en aumento fruto de una obligatoriedad creciente (que aplaudimos) en los distintos niveles. Dramático es el nivel inicial donde lo que se anuncia como derecho no se concreta en la apertura de nuevos centros educativos, dejando esta responsabilidad en manos del mercado.

Los sectores oficialistas, especialmente la conducción de los gremios docentes, construyen edificios argumentativos en una especie de ejercicio de progresismo platónico, donde la materialidad en la cuestión pedagógica pareciera una cuestión menor. Lejos están, estos sectores, de poder cobijar alguna esperanza que supieron inspirar en algún momento con la implementación leyes que en el relato parecen barrer con la etapa neoliberal de los 90. Pero la situación de precariedad de la infraestructura, que es una faceta más de una precariedad creciente de la vida, lejos estuvo de revertirse o de poder ser justificada por los 10 años de neoliberalismo (peronismo), ni por la gestión de Vidal. Esto lo sabe la conducción oficialista de Suteba. Sabe que más allá de las diferencias entre modelos educativos, en las últimas décadas, se experimenta un camino de precarización, flexibilización, privatización y segmentación del sistema que hasta el momento no se pudo revertir.  La infraestructura es un signo inequívoco de esto. Sabe lo que es caminar por los despachos públicos para que se resuelva algo que mañana ya no va a funcionar. Sabe que este es un sistema de parches. Sabe que los gobiernos administran precariedad.  Sabe que se requiere un plan global que no piense en términos de “salir del paso” o “evitar que un conflicto arda”. Sabe de esas reuniones para no solucionar nada. Sabe que el estado poco cuida si no puede, ni siquiera, asegurar un techo para estudiar.  Sabe que una fotografía del futuro no puede ser un FinEs funcionando en un garaje. Sabe todo esto porque en definitiva son parte de la administración de la precariedad.

 Aquella bronca por muertes anunciadas no encontró, ni siquiera con el macrismo enfrente, una respuesta acorde de las conducciones. Las acciones de las escuelas en cada una de las jurisdicciones fueron innumerables.  En el instituto N° 9, por ejemplo, estuvimos todo ese cuatrismestre sin volver a entrar a los edificios. Marchas, asambleas, talleres y clases públicas fue la forma de sostener las cursadas. Creíamos sinceramente que no se puede formar para la resignación aceptando que las escuelas fueran lugar de muerte. Finalmente se realizaron algunos arreglos y en noviembre llegó la promesa de reflotar el plan de construcción del 2011.  Sin embargo, esas innumerables acciones distritales se quedaron sin un plan de lucha coherente, radical, global y sostenido en el tiempo. Las conducciones ya estaban pensando como única salida en lo electoral del 2019. La foto del 20 de octubre de todo el sindicalismo con el peronismo en la basílica de Luján así lo muestra.  Nosotres, por lo pronto como pequeña muestra, en el 2021 seguimos sin edificio, no sabiendo a donde volveremos.  ¿Un caso aislado? Sabemos que no.

Todos los relatos de preocupación sobre la educación pública, quedan nuevamente cruelmente expuestos con la pandemia, donde la conducción en las políticas educativas hizo gala de desorientación extrema.  Fue el esfuerzo, el tiempo, la creatividad, la sensibilidad y los recursos de les docentes lo que permitieron sostener el vínculo pedagógico con grandes dificultades. Y ahora, con el lento regreso, después de más de un año de escuelas cerradas, el estado no puede asegurar que las estufas de las escuelas funcionen o la potabilidad del agua, por decir sólo dos cuestiones que no parecen demasiado complejas. El día anterior al regreso parecieran darse cuenta que la escuela es una materialidad viviente.

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¿Qué cambio, de lo anteriormente descripto, luego de más de un año de edificios escolares cerrados? Por ejemplo, en la Plata, la mayoría de las escuelas no pudieron abrir sus puertas. A comienzos de año se decía que 8 de cada 10 presentan problemas en sus techos y que en junio el 70 % no estaba en condiciones de volver a la presencialidad.  Esta situación, sabemos, se replicó en cada uno de los distritos con igual gravedad. Lo estructural del problema hace insuficiente el argumento de que esto se debe a los municipios macristas.  Igualmente, esta situación, rápidamente fue olvidada por las urgencias electorales. Lo que ayer era S.O.S hoy es un volver cueste lo que cueste.  Es en este contexto, que el 29 de Junio, a nivel nacional, se produce la explosión en la escuela Albergue N° 114 de la localidad de Aguada San Roque Neuquén. Mueren los obreros de mantenimiento Nicolás Francés y Mariano Spinedi  y,  14 días después, la maestra Mónica Jara (34).  La escuela está ubicada a 60 kilómetros de Añelo, puerta de entrada al yacimiento Vaca Muerta.  El cartel de la obra, con el eslogan del gobierno sigue intacto en aquel paraje: “Acá crece un sueño”. El acuerdo paritario del 2011 en el punto 11 señala: “El edificio escolar en obra debe estar sin actividad escolar” El gremio docente Aten denunció que casi “el 42% de las escuelas de Neuquén que requiere mantenimiento y tienen problemas de gas, que un 33% de los establecimientos está a la espera de un edificio propio, un 16% tiene problemas en las redes de agua potable y cloacas y un 8,4% cuentan con un sistema eléctrico deficiente.¿Cuál fue la reacción de Ctera? ¿Casualidad o crimen social?  Morir en la escuela pública no es algo extraordinario en estos tiempos. 

Estas muertes nos plantean de frente la necesidad de una agenda propia, construida desde abajo, autónoma ¿Qué expresión material debería tener una escuela que busque crear conocimiento para un mundo donde quepan muchos mundos? ¿Qué elementos deberíamos tomar en cuenta en la caracterización de la infraestructura escolar? ¿Con qué aulas deberíamos contar en nuestras escuelas? ¿Qué espacios deberían dibujarla? ¿Qué colores y luces deberían vestirla? ¿Qué pinturas embellecerla? ¿Qué árboles darle sombra? ¿Dónde debería echar raíces como expresión de la comunidad? ¿Qué características físicas de buen vivir deberían tener los espacios de aprendizaje?  ¿Cómo deberían ser las salas para jugar, cantar y hacer música? ¿Cómo pensar los laboratorios y las bibliotecas para imaginar nuevos mundos? ¿Cómo pensar la cultura en grande y no en migajas? ¿Cómo hacer escuelas accesibles, inclusivas y bellas? ¿Pueden las escuelas, (aunque sea por zonas), tener piletas, campos de deportes, estudios de música?  ¿Cuáles serían las políticas públicas educativas que se deberían fomentar para desarrollar mejores condiciones materiales para mejorar los aprendizajes? ¿Cómo organizarnos para prefigurar respuestas a estas preguntas? No parece tan difícil ¿no? El problema no es “para qué mundo debemos preparar a las generaciones venideras” o cuales son las “líneas pedagógicas” para hacer a la escuela “más atractiva”; bastaría por hacer común lo que hoy es privado. Elles luego sabrán qué hacer con este mundo cansado.

Estos cambios globales, estructurales, sostenidos en el tiempo también requieren nuevas formas de gobierno participativas y desde abajo. El crimen social de Sandra y Rubén pone en evidencia un sistema de gobierno escolar obsoleto que administra la precariedad y no puede resolver, ni siquiera, lo mínimo; depositando, cada vez más, la responsabilidad en la docencia ¿Qué dirigen los que dirigen? ¿Qué piensan los que supuestamente nos piensan? ¿Qué inspeccionan los que inspeccionan?  ¿Qué los “ocupa” a los “preocupados”? ¿Qué construyen los que construyen? El viejo edificio de verticalidad opera con la fuerza de la costumbre volviéndose huracán de desidia. Los cuadros que se reproducen al ritmo de las elecciones adquieren una mirada administrativa y de gestión impotente ante la vida. Urge pensar otras nuevas formas de buen gobierno, participación e involucramiento que, obviamente, serán parte de una voluntad transformativa de lo social más amplia.

Sandra y Rubén en este 2021 son una agenda incomoda. Su muerte injusta nos muestra un camino para construir desde abajo. A los de arriba no les importa, sus discursos preocupados por la presencialidad resultan ofensivos. ¿Qué significa “estar presente” en la escuela pública? Por lo pronto, Sandra y Rubén murieron por estar realmente presente en ese lugar que ellos desprecian.  A tres años de aquel 2018, en tiempos de desorientación, desmemoria, cooptación y lógicas electorales es necesario volver a mirarlos y plantear una agenda sin concesiones. 

José Kiefel

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