Infraestructura escolar en tiempos de pandemia (y en los otros también)

Hablar de infraestructura escolar en la provincia de Buenos Aires es recrear la visión del deterioro al que fue sometido nuestro sistema educativo. Las imágenes de los edificios con puertas y ventanas rotas, con techos que se llueven, con falta de agua y problemas eléctricos, las dificultades con el gas, la falta de pintura, los baños insuficientes y rotos, etc. son las “fotos” que nos vienen a la memoria si pensamos escuelas bonaerenses. La que sucedió en Moreno era la crónica de una tragedia anunciada y denunciada año tras año por la mayoría de directivxs y docentes de la provincia, a través de los consabidos reclamos formales, o por movilizaciones en la calle.

Un censo realizado por la misma Dirección General de Cultura y Educación en el 2017 arrojó un resultado contundente. El 70% de los edificios escolares bonaerense tenía algún tipo de problema de infraestructura.

Los recursos destinados a infraestructura escolar provienen de tres fuentes. El presupuesto provincial, el Fondo Educativo y el Fondo Compensador.

Dentro del presupuesto provincial, la partida para infraestructura escolar 2021 es de 6.561millones de pesos.

El Fondo Educativo que se repartirá en los municipios es de 21000 millones y el Fondo Compensador que se girará a los Consejos Escolares es de 1074 millones.

Frente a tantos años de abandono, seguramente los fondos son insuficientes, pero aún así no es poco dinero y es escaso lo que se ve en cuanto a arreglos, ampliaciones o construcción de nuevos edificios.

Realizar una obra a través del presupuesto provincial implica tiempos que, en pos de la transparencia, hacen que las adjudicaciones demoren meses y años, cuando no se declaran desiertas. Pero también surgieron las denuncias de los presupuestos subejecutados, frente a miles de reclamos de escuelas funcionando en condiciones extremas.

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Lo mismo sucede con el Fondo Educativo que, en vez de ser ágil para la adjudicación, pasa por los mismos procesos. Pero además, esta partida queda en manos de los intendentes, que disponen a su antojo la mayor parte de estos fondos. Solo entre el 40 y el 50% de este dinero debe ser destinado a infraestructura escolar. En Bahía Blanca, por ejemplo, se destinaron 112.847.255$ para pagar a lxs médicxs residentes en el Hospital Municipal.

Seguramente se pueden seguir dando ejemplos y números, pero entendemos que el análisis debe mirar más allá. No es un problema de números y telarañas burocráticas. Es un tema de decisión política. El ataque a la educación pública se ha dado en toda la línea y no hubo grieta en cuanto a la continuidad del mismo. La precarización de los aprendizajes, la precarización de la formación, los salarios y la infraestructura.

La prioridad de arreglos este año fue electricidad, ventilación y agua (acorde a los tiempos de pandemia). Resultaba más barato que proveer de dispositivos y conectividad a miles de alumnxs que quedaron fuera del sistema educativo al suspenderse la presencialidad.

Luego de la tragedia de Moreno fue el gas, pero solo arreglos superficiales. Y de acuerdo a la necesidad mínima y electoral, se van haciendo parches, sin presentar un plan integral de infraestructura escolar. Claro que esto debería responder al correlato de la necesidad que surgida de una política educativa pública y gratuita que responda a los intereses del pueblo y no del capital.

En tiempos de pandemia (y de no pandemia también), la infraestructura escolar sigue siendo un discurso que gobierno y oposición sacan a relucir cuando les conviene. Y las escuelas siguen casi igual que antes.

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No obstante, y de acuerdo a nuestro recorrido desde el Suteba Bahía blanca, el sindicato se convierte en una herramienta poderosa a la hora de enfrentar este problema. La organización dentro de las escuelas a través de lxs delegadxs, articulando esta demanda con la comunidad ha logrado revertir la decisión de no invertir en la infraestructura necesaria para que las escuelas sean espacios dignos para desarrollar la tarea de enseñar y aprender.

Conectar con la comunidad y hacer partícipes a las familias ha sido la estrategia que mejores resultados ha reportado.

 En cada ocasión que lxs delegados han recurrido al sindicato para hacer frente a un reclamo de este tipo, se ha apostado a la articulación con la comunidad y con los barrios.

Las convocatorias a padres y madres, recorriendo la institución e identificando lxs problemas que docente y auxiliares observan, genera la organización necesaria que potencia y supera el reclamo a través de la nota al Consejo Escolar.

Hemos transitado experiencias sumamente alentadoras, dónde el sindicato ha actuado como elemento articulador de las familias, las organizaciones barriales y lxs trabajadorxs de la educación posibilitando el desarrollo de las tácticas necesarias para lograr los resultados buscados.

Familias haciendo visibles ante los medios de comunicación el estado de los establecimientos, abrazo a las escuelas, cortes de calles o incluso la movilización de todo un barrio para evitar que trasladen un jardín de infantes del mismo, han sido algunas de esas experiencias. También el reclamo de las comunidades en el mismo Consejo Escolar y ante el Intendente han sido fruto de la organización que se propicia. La unidad comunidad, docentes, auxiliares y sindicato ha sido la estrategia correcta, que nos ha permitido quebrar la histórica respuesta gubernamental de “no hay fondos”.

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Finalmente, volviendo a una perspectiva macroeconómica, entendemos que la manera de revertir la crítica condición de la infraestructura escolar es la decisión política de conformar un presupuesto que surja de todas las necesidades que presenten las comunidades educativas (refacciones, ampliaciones o creación de nuevas escuelas), destinando los fondos que se requieran a través de mecanismos ágiles y que permitan resolverlas. Y    que la transparencia (que claramente tiene que estar) no se convierta en la excusa para hacer poco y nada.

Gaby Delfino SUTEBA Bahía Blanca

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