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¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! Orteguismo y cadenas de extracción en Nicaragua

El retorno de Daniel Ortega al gobierno de Nicaragua en 2007 no fue ningún impedimento para la continuidad de la integración del territorio nacional a las cadenas de espoliación. Al contrario, hubo una aceleración, pese a la resistencia que las comunidades han opuesto al avance de las fronteras extractivas.

Las grandes operadoras no han precisado mucho esfuerzo para que los gobiernos de la región declinen la soberanía nacional a los intereses de las corporaciones que no se detienen frente a las fronteras nacionales. Es el caso de las inversiones para la pesca del camarón, que abarca el golfo de Fonseca, en el Pacífico, sin solución de continuidad en la costa hondureña y nicaragüense, afectando la vida de las comunidades de pescadores, muchos de ellos organizados en cooperativas, y con gran impacto en los manglares, en la Reserva Natural Delta del Estero Real y en la biodiversidad marina. La principal empresa que actúa es la española Pescanova, pero intervienen instituciones financieras de origen estadounidense. El capital globalizado hizo del departamento nicaragüense de Chinandega el mayor exportador de camarón de América Latina, producto destinado a Europa, Estados Unidos, Taiwan y Vietnam. Los trabajadores del sector denuncian condiciones abusivas, como jornadas continuas de hasta 24 horas, y contaminación química. Debido a los conflictos, la zona está altamente militarizada, con amenazas y violencia contra los trabajadores y comunidades.[1]

La extracción de oro en los departamentos de Chontales y León por la empresa británica Condor Gold S.A. y la amenaza las comunidades del departamento de Matagalpa por la B2 Gold Corporation, de Canadá[2], dan cuenta de la expansión del sector minero.

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Los grupos privados locales no se quedan atrás en la explotación de la fuerza de trabajo, con gran impacto sobre la salud de sus trabajadores directos y la población de los territorios. Es el caso de la explotación de la caña de azúcar en la región de Chichigalpa, con persecución y asesinato de líderes locales, y complicidad del Estado, ocultando las causas de las enfermedades provocadas por las prácticas agrícolas de las empresas.[3]

La desforestación en las reservas de biosfera para negociar la madera nativa por la empresa ALBANISA, venezolana – nicaragüense afecta especialmente los territorios de las poblaciones Mayangna y Miskita. La intención, además, es crear pastajes para la ganadería y para el monocultivo, aunque esos territorios están protegidos por la constitución como tierras comunales. Gran parte de las amenazas vienen de grandes productores, que incendian aldeas y bosques para espantar a la población, provocando muertes y desplazamientos hacia Honduras, en el caso específico de los Miskitos.[4]

Otros pueblos de la tierra y comunidades tradicionales son afectados por grandes obras de producción de energía, llevadas adelante por empresas brasileñas, con participación de instituciones financieras estadounidenses y de otras procedencias, como es el caso de la hidroeléctrica Tumarín, en la región autónoma del Atlántico Sur.[5]

Se expande también la explotación de la palma africana, afectando los recursos hídricos, como en el caso de Kukra Hill, también en el Atlántico Sur; donde quien explota el monocultivo son empresas costarricenses, con apoyo financiero del Banco Mundial.[6]

En 2013, el gobierno de Daniel Ortega anunció su decisión de retomar un viejo proyecto de construcción de un canal interoceánico, como alternativa al Canal de Panamá, entregando la concesión a una empresa de Hong Kong. El canal tendría una longitud de alrededor de 280 km, atravesando el lago Cocibolca. Y su interés está asociado a la logística de circulación de mercaderías. El impacto ambiental y social sería incalculable. El proyecto sufrió una resistencia enorme de las comunidades campesinas e indígenas locales, y especialmente de grupos ambientalistas y del movimiento de mujeres, que veían el deterioro de la reproducción de la vida en los territorios aledaños. Francisca Ramírez Torres, líder campesina que se opuso al proyecto, tuvo que exiliarse con 42 integrantes de su familia, frente a las amenazas a su vida. Otros centenares de familias campesinas han sido forzadas al exilio. La obra se fue posponiendo y hay sospechas de que se trata de un “cuento chino”. Una excusa para la expropiación de los campesinos en un proceso de contrarreforma agraria justificada por el proyecto del canal, ya que la ley de expropiación continua vigente, mientras el proyecto compromete por 100 años la soberanía nacional.[7]

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El principal destino de las exportaciones nicaragüenses es Estados Unidos, quien compra más del 60% de esos productos[8]. Y, a pesar de toda la retórica antiimperialista de Daniel Ortega, el gobierno sigue religiosamente las recomendaciones de ajuste del Fondo Monetario Internacional, que año a año felicita las medidas económicas[9]. Por largos 11 años, antes del estallido del 2018, mantuvo un “modelo de consenso”, con el gran capital que depreda el territorio y explota a trabajadoras y trabajadores. Justamente, la insurrección cívica de abril de 2018 ocurrió como reacción inmediata de la población a las medidas de contrarreforma de la seguridad social, que oscila afectando especialmente las jubilaciones, y al incendio de la Reserva Indio Maíz[10].

Lamentablemente, un sector mayoritario del llamado progresismo latinoamericano, caracterizó esa reacción de la población como “revolución de colores” y parte de la “guerra híbrida” preparada desde las conspiraciones imperialistas[11]. El orteguismo, de vez en cuando, saca del mausoleo el cadáver embalsamado de una revolución popular, para ocultar la verdadera naturaleza programática de su gobierno: la integración de los territorios a las cadenas extractivas del capital globalizado.

Nota Editorial Waslalas

Imagen: Manuel Esquivel – fotoperiodista nicaragüense

Fuente: https://waslalas.wordpress.com/2021/08/07/ay-nicaragua-nicaraguita/

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