Miembrxs de comunidades Wichís de Tartagal, Salta, estuvieron acampando desde el 12 al 25 de agosto en la Plaza Congreso.
Les tomó 20 días en llegar a la Ciudad de Buenos Aires, trayecto que fueron haciendo a dedo y con la colaboración y solidaridad de quienes encontraban por el camino, en los pueblos, y que los fueron arrimando hasta la capital.
El 19 de agosto lograron ser recibidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de Vivienda de la Nación.
En esa reunión lograron exponer sus reclamos que concretamente consisten en:
-Aprobación de la Ley de propiedad comunitaria
-Prórroga de la Ley 26160 de relevamiento territorial
-Participación en los programas de vivienda
-Derecho al agua
-Derecho al trabajo
¿En qué situación se encuentran las comunidades?
En la actualidad, la relación de las comunidades y sus territorios es endeble, dada la escasa seguridad jurídica que les brinda el estado. La Ley de propiedad comunitaria lleva muchísimo tiempo cajoneada en el Congreso, siendo la que realmente puede efectivizar y proteger de manera colectiva los territorios de las comunidades.
No existiendo aun, solamente están bajo el amparo de la Ley de relevamiento territorial, que tiene la particularidad de ser provisoria, con una vigencia de 4 años. Por lo que, cumplido ese plazo, se tiene que solicitar la renovación.
Las comunidades Wichís ya van por su tercera renovación y están a punto de que la última se venza en noviembre.
Por lo tanto, el reclamo también implica una nueva renovación para tener una mínima protección de sus tierras. El problema mayor es que a muchas comunidades no les han hecho efectivamente el relevamiento de sus territorios, viviendas, etc., por lo que no poseen la documentación y las carpetas que los amparan y que certifican lo que hace siglos vienen haciendo: vivir allí.
La Ley de relevamiento territorial en ningún caso resuelve el problema, pero hasta tanto no se sancione la Ley de propiedad comunitaria, funciona como un paraguas jurídico ante las amenazas constantes, que sufren las comunidades, de desalojos y expoliación de sus tierras y recursos.
Como las tierras donde se encuentran las comunidades son territorios fiscales es usual que, con los favores y connivencia de los jueces y funcionarios, aparezcan súbitamente empresarios o gente con títulos de “propiedad” pudiendo luego expulsar e ir corriendo a las comunidades de sus propios territorios para instalar nuevos negocios.
Por eso el énfasis en el reclamo de la efectiva implementación y prórroga de la Ley de relevamiento territorial.
Las amenazas de siempre: colonialismo-capitalismo-extractivismo
El derecho al agua está en el centro de los reclamos de las comunidades Wichís, un recurso que les es negado progresivamente.
Las comunidades ya no pueden extraer prácticamente nada de los pozos, ya que las napas están cada vez más secas. Las grandes culpables son las empresas multinacionales de gaseosas que están instaladas en la zona, especialmente la firma MANAOS.
El otro gran problema son las empresas mineras que se dedican a las perforaciones para la extracción de litio, lo que suma a la escasez del agua la contaminación.
Las comunidades Wichís de Tartagal, dada la geografía de la región, se dedican mayormente a la cría de ganado, con lo cual el problema del agua afecta tanto a su propia subsistencia y su salud, tanto como a su actividad productiva.
En el día de ayer, las comunidades que llevaron adelante el acampe convocaron a una conferencia de prensa donde anunciaron los acuerdos logrados hasta el momento; lo que hizo que decidieran levantar el acampe.
En principio, tuvieron una nueva reunión con el INAI en la cual el organismo se comprometió en algunos de los puntos reclamados.
En principio, integrarán a las comunidades en la mesa de diálogo del INAI, junto a miembros de APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), para poder dialogar directamente con el organismo temas de desalojos, propiedad comunitaria, relevamientos, etc.
El otro punto importante que acordaron es que los programas de vivienda pasarán directamente por la cooperativa de las comunidades y no por la Provincia de Salta (ya que esa intermediación provocaba que el dinero no le llegara nunca a las comunidades).
Son 7 las comunidades Wichís que estuvieron acampando a la espera de la resolución a todos estos conflictos. Cada una de ellas está conformada aproximadamente por 100 familias.
Miles de personas estaban a la espera de que un estado invasor legalice lo que es suyo desde hace siglos, y asegure sus derechos fundamentales.
Fuente: Virginia Bolten