Breve historia de planes sociales y piqueteros

Los planes de empleo fueron conquista de los desocupados. El gobierno de Alberto Fernández repartió planes sociales para amortiguar los efectos de la pandemia, pero ahora pretende cambiar de rumbo volviendo a viejas estrategias ya fracasadas.  
 
Los primeras ayudas sociales nacieron después de la dictadura, como una iniciativa de gobiernos constitucionales tratando de paliar la situación de familias que vivían en condiciones de extrema pobreza. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1986 y ante el agravamiento de las condiciones de vida de la población, producto de los aumentos del costo de vida que culminó en la hiperinflación, alrededor de 5,6 millones de personas, el 17% de la población, empezó a recibir cajas PAN (Plan Alimentario Nacional). La distribución de estas cajas de alimentos era organizada por las provincias y los municipios y contaban con el apoyo de vecinos, la mayoría mujeres, que contribuían a hacer los repartos.
Eduardo Duhalde, que gobernó la provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999, retomó el plan de las ayudas familiares con algunas variantes. Creó la organización de “las manzaneras” que repartían el Plan Vida y otros beneficios. Este programa estaba ligado a los punteros del Partido Justicialista y a la estructura provincial, que salteaba a los municipios cuando gobernaban partidos de otro signo.
Los primeros planes sociales destinados a personas desocupadas surgieron a partir de los cortes de rutas producidos en 1996 en Cutral-Co y Plaza Huincul (Neuquén), que se repitieron en abril de 1997. En ese mismo año se producen otros piquetes en Mosconi y Tartagal (Salta).  Los primeros cortes de ruta se produjeron en zonas petroleras muy afectadas por las privatizaciones realizadas por el gobierno de Menem. Estas movilizaciones fueron  reprimidas, pero dejaron en el imaginario popular la idea de que interrumpiendo la circulación de mercancías con cortes de rutas, se podían conseguir planes de empleo. Esta forma de lucha se extendió a la Provincia de Buenos Aires con los primeros piquetes organizados por el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) en Florencio Varela en octubre y diciembre de 1997.
Los primeros planes para desocupados no fueron concesiones de los gobiernos, sino que fueron arrancados por luchas en las calles encabezadas por organizaciones piqueteras que empezaron a masificarse. Crecieron movimientos nuevos como la Coordinadora Sur que agrupaba al MTR y los grupos que después conformarían la Coordinadora Aníbal Verón. En el interior la UTD de Mosconi, el MTD General San Martin de Chaco, etc. También hubo organizaciones de desocupadxs que nacieron  vinculadas a partidos de izquierda como el Polo Obrero, La CCC, La FTC, la Teresa Rodríguez, Barrios de Pie y también agrupaciones como la Federación de Tierra y Vivienda que se organizó dentro de la CTA.  El gobierno de la Alianza tuvo que resignarse a que debía entregar planes sociales, pero temeroso de que esta concesión contribuyera a fortalecer el poder de los municipios justicialistas, abrió la posibilidad de que fueran entregados a asociaciones civiles. Ni lentas ni perezosas, las organizaciones piqueteras armaron esas asociaciones y con ello accedieron a los planes conseguidos en la lucha.  
Las luchas piqueteras se extendieron en todo el país, y el período de alza se inició en julio de 2001 con el levantamiento popular de Mosconi. Después adquirió gran relevancia pública y política con la rebelión de diciembre de 2001. Esa alza de luchas con records de cortes de ruta en todo el país, intentó ser contenida por el Presidente Eduardo Duhalde, con el lanzamiento del Plan Jefes y Jefas de Hogar, que alcanzaba a 2 millones de familias, en un momento donde la pobreza superaba el 50% de la población.
Duhalde reconoció el derecho de los desocupados a recibir planes, pero pretendió que la instrumentación de esos programas (quiénes serían los beneficiarios, cuáles serían las contraprestaciones), pasara exclusivamente por los Municipios. Allí los intendentes y funcionarios de Desarrollo Social iban a ser asesorados por un Consejo Consultivo donde estarían representados la iglesia, distintas entidades controladas por el Justicialismo y también movimientos sociales.  Frente a esta iniciativa se dividieron aguas en el movimiento piquetero. Unos como La FTV, encabezada por Luís D’Elía  y la CCC,  aceptaron la propuesta y se integraron a esos organismos de asesoría. Mientras que los llamados “piqueteros duros”, con fuerte presencia de la CTD Aníbal Verón y el Polo Obrero, defendieron el derecho de las organizaciones para administrar los planes y orientar las contraprestaciones.  Fueron los “piqueteros duros”  los que convocaron a la movilización del 26 de junio de 2002, cuando se produjo la Masacre de Avellaneda. Aquella jornada luctuosa donde las fuerzas represivas asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, definió el final del sueño de Duhalde de prolongar su presidencia, y confirmó el derecho de las organizaciones a decidir sobre los planes conseguidos con la lucha.
Durante la década kirchnerista, hubo una primera etapa en la que el gobierno trató de apoyar los proyectos productivos de las organizaciones de desocupados con el “Plan Manos a la Obra”, pero ese impulso decreció con el gobierno de Cristina Kirchner que impulsó otros planes como “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”, que apuntaban a la conformación de cooperativas (casi siempre de servicios públicos como limpieza de calles y recolección de residuos) y a la posibilidad de capacitarse y culminar los estudios.
En todo el período se advirtió un crecimiento de ayudas familiares, como la extensión de las Asignación Universal por Hijo, y un decrecimiento de los planes de trabajo. La cantidad de beneficiarios de estos programas sociales en 2015 eran 200.708 (“Argentina Trabaja” cubría a 122.331 personas, y “Ellas Hacen” a 78.377).
Durante el período kirchnerista se redujo el número de personas desocupadas, pero se mantuvieron situaciones de pobreza y precarización laboral. Las organizaciones de desocupadxs, muchas de las cuales habían adoptado una identidad multisectorial (agrupaban a trabajadores formales, estudiantes, campesinos, etc), tuvieron con esos gobiernos una relación compleja, con encontronazos y negociaciones.
Néstor Kirchner y Cristina Fernández, por un lado captaron una porción de dirigentes y organizaciones que ocuparon puestos en el Ministerio de Desarrollo Social y otras dependencias del Estado; y por otro, al reducirse el desempleo y la cantidad de planes, quitaron poder de movilización a las organizaciones. El reparto desigual de los planes entre organizaciones consideradas oficialistas o de oposición, contribuyó a promover la fragmentación de los movimientos. En CABA, como dato curioso, se observó un crecimiento de planes y recursos asignados a organizaciones piqueteras que crearon buenos vínculos con el gobierno de Rodríguez Larreta.
El macrismo, contra lo que se suponía, amplió los planes sociales y las cantidades de cargas  que recibían directamente las organizaciones. Cambiemos centralizó los planes del kirchnerismo en el programa “Hacemos Futuro”, que a fines de 2018 tenía 247.169 beneficiarios. A esto se sumaron los beneficiarios del Salario Social Complementario. Ambos programas sumaban 517.043 beneficiarios. En esos datos se basa el comentario de Cristina Fernández cuando dice que el macrismo duplicó los planes sociales. Esta afirmación es correcta, pero debe considerarse que las diferencias no son tan grandes, ya que el macrismo, por otro lado, disminuyó prestaciones en las AUH por Embarazo, el Seguro de Capacitación y Empleo, el plan Pro.Gre.Sar y las becas a discapacitadxs.
Los planes sociales del macrismo no apoyaron lo productivo, sino que pusieron el énfasis en promover que los beneficiados completen sus estudios primarios o secundarios. El núcleo de organizaciones que formó la UTEP: CCC, Barrios de Pie, Movimiento Evita, Movimiento La Dignidad y MTE, fue el principal beneficiario de los planes macristas, al punto que Horacio Vertbisky los llamaba “El Frente Carolina”, por sus aceitados vínculos con Carolina Stanley, Ministra de Desarrollo Social. Pero el proceso de estatización no abarcó exclusivamente a esas organizaciones, sino también a otras opositoras al gobierno que abandonaron lo formativo y lo productivo y dedicaron sus principales esfuerzos a realizar tareas administrativas estatales como las que impusieron los Entes Ejecutores. De alguna manera podría decirse que la estrategia del macrismo fue ahogar la conflictividad social de los movimientos de desocupados, promoviendo la despolitización y tapándolos de planes y tareas burocráticas. Este objetivo lo consiguió a medias, porque un pequeño sector de los movimientos de desocupados mantuvo una actitud de resistencia, y en el enfrentamiento contra la reforma previsional la convocatoria fue más amplia  e incluyó además a un sector sindical.
Sobre las consecuencias de este proceso de estatización de los movimientos de desocupados cabe hacer una reflexión.
La propuesta original de arrancar recursos al Estado para promover proyectos políticos disruptivos, empieza a desdibujarse cuando las organizaciones priorizan la lógica de obtener mayores recursos estatales. En los casos más extremos, las organizaciones tratan de mantener una relación amigable con los distintos oficialismos, presentándose como garantes de la paz social y transitando un camino parecido al de la conformación de la burocracia sindical. En los casos menos visibles, las organizaciones mantienen discursivamente la independencia del Estado, pero es el Estado quien les impone sus ritmos de crecimientos y las prioridades en su construcción social. La pérdida de multisectorialidad de los movimientos es una evidencia de esa estatización. No hay planes sociales que la promuevan.
Este proceso de estatización, ha sido facilitado por el avance del pensamiento neoliberal en el conjunto de la sociedad en el período macrista. Los procesos de ruptura con lo instituido como los que generaron la rebelión de 2001 o la ola verde, no necesariamente culminan con saltos superadores de la conciencia. En nuestra experiencia de los últimos veinte años, en algunos temas, los vacíos teóricos fueron ocupados por concepciones políticas como el autonomismo y el espontaneísmo o por una revalorización de la institucionalidad y de la política en sus versiones más pobres.
En la actualidad existen aproximadamente 22 millones de personas que reciben asistencia social, sea por planes sociales directos o  por prestaciones como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.
La política del gobierno de Alberto Fernández en relación a los planes sociales, ha estado directamente vinculada la gestión de la pandemia. A las oficinas de más alto nivel oficial llegaron las noticias de Ecuador, Haití, Chile, Bolivia y Colombia, donde el abrupto incremento de la pobreza, provocado por la parálisis económica, y el desmanejo de la crisis de la pandemia ha afectado políticamente a los gobiernos que fueron fuertemente cuestionados por grandes movilizaciones populares. A partir de esa preocupación y conscientes de que la gran apuesta de la oposición de derecha era que se produjeran estallidos sociales en el conurbano, la política del gobierno del Frente de Todos ha sido aumentar las ayudas sociales y aumentar las cargas de planes de las organizaciones de desocupados. En el mes de agosto el Ministro Arroyo ya se había gastado el 95% de su presupuesto anual. La mayor parte de los fondos ejecutados tiene que ver con el incremento de la cantidad de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar para los chicxs de hasta 14 años, que cubre a casi 4 millones. Por medio del decreto 489/2021 emitido en los primeros días de agosto, el Gobierno inyectó un aumento de partidas a Desarrollo Social que servirán para sustentar los planes alimentarios, el incremento del programa de empleo Potenciar Trabajo y el Plan Nacional de desarrollo de la Economía Social.  
Esta política ha favorecido a las organizaciones oficialistas, pero no ha discriminado totalmente a los opositores por izquierda. A modo de ejemplo, se ha mencionado que el Frente de Lucha, que actualmente agrupa a las organizaciones más enfrentadas con el gobierno, ha duplicado los planes que gestiona.
La última movilización del Frente de Lucha, que fue multitudinaria, generó preocupación en el gobierno y adelantaron las decisiones para un nuevo rumbo en la gestión de planes sociales. Pasada la pandemia y el peligro de estallidos sociales, el gobierno tratará de reordenar la distribución de planes y se cuidará especialmente de no engordar a las organizaciones opositoras. La llegada de Juan Zabaleta al Ministerio de Desarrollo Social, que fue resistida incluso por las organizaciones más oficialistas, marca ese nuevo rumbo. Las primeras instrucciones del nuevo Ministro a su equipo de trabajo fue: “con las calles cortadas el Ministro no dialoga”. Quienes conocen mejor los antecedentes de Zabaleta y sus mentores (entre los que se mencionan al matrimonio Duhalde), afirman que lo que viene es un regreso a la estrategia oficial anterior al 26 de junio de 2002: Planes si, pero menos, y administrados por los municipios y sus consejos de asesores.
Es difícil hacer pronósticos sobre cómo sigue esta historia.  El gobierno hace su apuesta pero puede flexibilizarla si no obtiene buenos resultados. Las organizaciones enfrentarán los nuevos conflictos desde las fortalezas y debilidades preexistentes. ¿Surgirán nuevas propuestas?
Hay un pueblo que ha sido muy golpeado por los efectos negativos de la pandemia, los índices de pobreza se acercan al 50%. Y hay decisiones de gobierno como la de mandar a fortalecer las reservas con los dólares ingresados por los Derechos Especiales de Giro (DEG), que parecen sobreestimar la capacidad de las Centrales Sindicales y la UTEP de amortiguar los conflictos sociales. La historia dirá cuáles son los tiempos que se tomará el pueblo, cuáles serán las nuevas referencias y con qué luchas van a empalmar nuestras mejores esperanzas.  

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