El 11S y su impacto sobre la geopolítica latinoamericana

Especial para ContrahegemoníaWeb

El viraje representado por el paradigma antiterrorista y la guerra preventiva aplicado por EEUU a partir de 2001, cambió también el escenario para la acción exterior de los países latinoamericanos. Y buena parte de esos cambios persisten aún hoy.

El 11 de septiembre de 2001 representó un claro cambio de paradigma en las relaciones internacionales, cuyos efectos vemos quizás con mayor claridad a distancia de 20 años. En términos geopolíticos para América Latina, el impacto fue dúplice: por un lado el comienzo de la (mal)llamada guerra contra el terror propició un claro desacople entre las agendas prioritarias de los Estados Unidos, volcadas hacia la acción en Oriente Medio, y las de la región, signadas por la seguidilla de crisis económicas y sociales (México 1994, Brasil 1998, Ecuador 1999, Uruguay 2000, Argentina 2001, Bolivia 2003 entre otras) que cerraron el ciclo económico impulsado con las dictaduras militares; y por el otro, la paulatina securitización de la política exterior norteamericana, conllevó la modificación de muchos de los ordenamientos internos de los países latinoamericanos para amoldarse al paradigma de la “lucha contra el terrorismo” a nivel internacional. Vamos por partes.

Los atentados contra las Torres Gemelas, y especialmente la posterior reacción de los Estados Unidos, ocurrieron en un momento especialmente delicado para la región. América Latina enfrentaba los efectos sociales y políticos de la implementación de las recetas económicas que habían imperado en el clima de “fin de la historia” de los ’90. Mientras la mayoría de los países latinoamericanos empezaban a deshacerse del lastre de las feroces dictaduras militares de los ’70 y ’80, Washington había logrado imponer la perspectiva que asociaba de manera indisoluble la democracia al libre mercado, arrastrando la región hacia lo que CEPAL denominó el “regionalismo abierto”: eliminación de barreras al comercio, liberación de capitales, privatizaciones, dolarización etc… Los efectos sociales de las políticas implementadas fueron feroces hacia finales de los ’90, agudizadas por las crisis financieras asociadas a eventos externos (la crisis asiática de mediados de los ’90) y domésticos (como las crisis de deuda, muy recurrentes en todos los países latinoamericanos).

En esta coyuntura, el llamado a la defensa de los valores occidentales de democracia y libertad que EEUU lanzó al mundo, tuvo muy poco eco en América Latina, inclusive entre sus élites. Es muy famosa en este sentido la anécdota que el mismo ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, contó en diversas ocasiones, del llamado que George W. Bush le hizo en 2003 para asegurarse el voto positivo de su país en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Santiago tenía un asiento no permanente por ese entonces. El No de Lagos fue seguido de la amenaza de Bush –que desde ese día dejó de llamarlo afectuosamente Ricardo, como solía hacer– de suspender las negociaciones sobre el TLC entre Chile y EEUU. Algo similar pasó con Vicente Fox, presidente de México que había recibido todo el apoyo militar de los EEUU para la implementación de su desastrosa guerra contra el narco, y que se negó a dar su voto en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de la invasión de Iraq. México y Chile son, desde los ’70, los dos países que se desentendieron de los procesos de regionalización latinoamericana para proyectar otro tipo de inserción internacional, y en ese camino siempre se han acercado más a los intereses de Washington. Y sin embargo decidieron no acompañar a la Casa Blanca en su cruzada en Oriente Medio, entendiendo que se trataba de asuntos ajenos a sus países y a la región.

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Está claro que hubo gobiernos que sí sostuvieron la política norteamericana desde un principio. El Salvador, Honduras, República Dominicana y Nicaragua hasta enviaron fuerzas militares de acompañamiento para la invasión de Iraq, y Costa Rica, Panamá y Colombia dieron su apoyo diplomático a la coalición internacional que intervino en esa guerra. Pero en líneas generales primó la necesidad de aprovechar la relativa pérdida de relevancia de la región en la política exterior estadounidense, para construir espacios de mayor autonomía, sea por vía de la integración regional (a través de Unasur y la Celac de forma muy especial), del contrabalanceo colectivo de los países latinoamericanos en las organizaciones internacionales (como en el caso del derrumbe del proyecto del Alca o la elección de Insulza como secretario general de la OEA) o de la contraposición abierta (el Alba-Tcp, Petrocaribe o la expulsión de organizaciones como la DEA o USAID). El llamado “ciclo progresista” latinoamericano está de alguna manera relacionado con el desacople de las agendas exteriores de EEUU y los países de la región posterior al 11S.

No hay que caer en la simplificación, sin embargo, de creer que Washington se desinteresó o no influyó en el continente durante la década posterior a la invasión de Iraq. Por el contrario, el golpe de estado en Honduras es quizás el ejemplo más evidente de lo inmiscuido que siguió estando el gobierno norteamericano en los asuntos internos de la región. Para 2003 el segundo país con mayor presencia militar estadounidense en el mundo después de Iraq era Colombia. Pero el distanciamiento fue claro, como lo atestigua el famoso discurso de Trinidad y Tobago pronunciado en 2009 por el entonces presidente Barak Obama, con el cual intentaba reanudar el lazo con los países de la región prometiendo “desideologizar” el vínculo. O como cuando el entonces secretario de estado John Kerry aseguró que “la doctrina Monroe terminó” en 2013. Pero el desastre de Iraq, el de la guerra en Libia, las imágenes de las torturas de Abu Ghrab, debilitaron temporalmente el consenso otorgado a Washington en esta parte del mundo.

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Que la agenda hacia América Latina no haya sido prioritaria en el post 11S para los EEUU no significa que la región no figurara en su acción exterior entonces. Todo lo contrario. Lo más notorio fue el cambio de perspectiva con respecto al ciclo anterior: del –trágico– intento de moldear las prioridades económicas de la región a través del Consenso de Washington de los ’90, se pasó a priorizar los asuntos considerados estratégicos por parte de EEUU en su vínculo con la región: contención de la inmigración, control del narcotráfico, y monitoreo de amenazas externas. En los tres ámbitos de interrelación la perspectiva aplicada fue la de la seguridad y defensa. De hecho, en 2019 el 40% del presupuesto asignado por el Congreso de los EEUU para la cooperación con América Latina tiene que ver con el ámbito militar, un sector en el que, tras el 11 S, también se concentraron algunos de los esfuerzos diplomáticos norteamericanos. Tras la adopción de la perspectiva de la “guerra preventiva” y la lucha antiterrorista, Washington puso mucho empeño en presionar a los países de la región para que modificaran sus ordenamientos internos y adaptarlos a su nuevo paradigma. Muchos estados comenzaron a publicar sus propias listas de organizaciones consideradas terroristas, en las que se incluyeron aquellas más interesadas por la acción exterior de la Casa Blanca.

Un caso extremadamente delicado y actual es del Hezbollah, debido a la cantidad de comunidades de origen libanés residentes en América Latina, que vieron sus relaciones con sus familias en el Líbano puestas bajo vigilancia a partir de la atención prestada a este tipo de problemáticas transnacionales. En el Cono Sur, se puso particular énfasis en las actividades de los descendientes sirios y libaneses en la Triple Frontera, considerada aún hoy, junto con Panamá, uno de los territorios más frágiles en la lucha contra el terrorismo por parte de los EEUU en el continente.

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Otro ejemplo del cambio de paradigma impulsado en la región a partir del 11S es el intenso trabajo legislativo hecho para tipificar y sancionar los delitos relativos al terrorismo en una región donde (excluyendo Colombia y su conflicto interno) se registró menos del 0,2% de los incidentes terroristas a nivel internacional entre 2000 y 2017. En América Latina se ha tendido a usar este tipo de iniciativas –enroladas en lo que comúnmente llamamos Ley Antiterrorista– para control y represión de movimientos sociales domésticos, más que para asegurar el monitoreo de amenazas internacionales, como lo demuestra el caso de Chile y el conflicto Mapuce en la Araucania. Bajo la presidencia Trump, se inauguraron también las Conferencias Ministeriales Antiterroristas del Hemisferio Occidental, que llegaron en enero de 2020 a su tercera edición en Bogotá.

Es decir que por vía directa o indirecta, la modificación de las directrices de la acción internacional del hegemón indiscutido del continente tras el 11S, influyeron -como no podría ser de otra manera- sobre las posibilidades de acción de los países latinoamericanos. Posibilitando proyectos incubados durante décadas, favoreciendo nuevos protagonismos y liderazgos, pero también encorsetando la acción dentro de ciertos límites, compatibles con la proyección global dibujada por los EEUU. Desde el punto de vista de la relación continental, aún nos encontramos bajo ese paraguas, con relaciones marcadas por el paradigma de la seguridad y signadas fundamentalmente por el interés norteamericano, especialmente en lo que tiene que ver con migración y narcotráfico. Desde ese prisma se abren la mayoría de las acciones estadounidenses en la región, aunque existen dos dimensiones que complejizan el análisis: el incipiente avance Chino -que de todas maneras lejos está de querer sustituir a EEUU como potencia hegemónica en la región- y la relación con gobiernos que representan un desafío abierto al sistema (Venezuela, Cuba, Nicaragua, y en un espectro político muy diferente podríamos comenzar a incluir a El Salvador en esa lista). El fin de la presidencia Trump sin embargo, marca la posibilidad de una revisión de buena parte del andamiaje constitutivo de este patrón, cuya nueva fórmula aún no parece del todo clara.

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