La experiencia del nuevo ministro de Seguridad

Si algo no le falta a Aníbal Fernández es experiencia como funcionario público, que se remonta a hace más de 30 años. De hecho, es la persona que más tiempo permaneció en cargos ministeriales nacionales en Argentina en las últimas décadas.

Fue intendente de Quilmes entre 1991 y 1995, durante la gestión menemista. Fue convencional en la Asamblea Constituyente de 1994. Durante la gobernación bonaerense de Eduardo Duhalde, fue secretario de Gobierno (1997) y luego, con Carlos Ruckauf, primero secretario y después ministro de Trabajo, hasta 2001.

Fue en ese cargo que CORREPI lo cruzó por primera vez. El 3 de agosto de 2001, un grupo de trabajadores desocupadxs del Movimiento Teresa Rodríguez viajaron desde Florencio Varela a La Plata para asistir a una reunión en el ministerio. Después que la delegación se entrevistó con Fernández, en el edificio fuertemente custodiado por la policía y en presencia del mismísimo ministro de Seguridad, comisario Ramón Orestes Verón, cuando la columna estaba a más de cinco cuadras del ministerio, se descargó un ataque que culminó con 59 personas detenidas. Acusadas por daño calificado, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas, coacción agravada y resistencia a la autoridad por el fiscal Leandro Heredia y el juez Federico Atencio, estuvieron un mes presxs en Magdalena, hasta que logramos su liberación con un habeas corpus al que la Corte Suprema de la Nación debió hacer lugar.

Tras la rebelión popular de diciembre de 2001, cuando fue designado presidente Eduardo Duhalde por la Asamblea Legislativa, saltó de la provincia a la nación, primero como Secretario General de la Presidencia y luego ministro de Producción. Néstor Kirchner lo nombró ministro del Interior en 2003, y desde 2007 fue ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Cristina Fernández de Kirchner y, entre 2009 y 2011 y de febrero a diciembre de 2015, su Jefe de Gabinete.

Como secretario de la Presidencia, fue uno de los armadores de la represión del 26 de junio de 2002 en Puente Pueyrredón, y por lo tanto uno de los responsables políticos del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En la conferencia de prensa posterior a la masacre, dio detalles sobre las asambleas previas de las organizaciones que convocaron la movilización, dejando bien en evidencia el trabajo de infiltración el gobierno había llevado a cabo y fue quien más insistió con que “los piqueteros se mataron entre ellos”.

A fines de 2003, cuando recrudeció la embestida oficial contra las organizaciones piqueteras que no se habían disciplinado al gobierno, anunció a los medios que “a quienes saquen los pies del plato los esperaremos con el código penal en la mano”.

En agosto de 2004, fue estratégica la decisión de devolver la Subsecretaría de Seguridad Interior, de la que dependen las fuerzas de seguridad federales, del Ministerio de Justicia a la órbita del Ministerio del Interior, justamente bajo la conducción de Aníbal Fernández. Allí entendimos aquello del “código en la mano”. Hubo una avalancha de detenciones al voleo en manifestaciones, que derivaban en imputaciones agravadas, no excarcelables. Para el mes de diciembre, había 42 compañeros y compañeras presxs en cárceles por haber participado de movilizaciones.

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El 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López no llegó a la audiencia en la que debía alegar su querella en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz. Una semana después, con el conjunto del movimiento popular en las calles denunciando su segunda desaparición forzada, el entonces ministro del Interior pidió “que no se califique ni adjetive la ausencia de López” y lanzó la célebre provocación: “No se descarta que esté en la casa de su tía”.

En septiembre de 2008, después que la Corte Interamericana de DDHH requiriera nuevamente al Estado Argentino que cumpliera los puntos de fondo de la sentencia dictada cinco años antes, el 18/09/2003, en el caso Bulacio, el ministro Fernández trató de salvar la imagen decretando la exoneración del comisario Miguel Ángel Espósito, hecho doblemente ineficaz para entonces. Primero, porque ya hacía más de una década que Espósito estaba retirado, y, segundo, porque como nos enteramos en el juicio oral diez años después, la exoneración tiene el efecto de una especie de “muerte”, por lo que la esposa del comisario empezó a cobrar la rica pensión, como si hubiera enviudado. Ante nuestro reclamo de que se cumpliera el punto fundamental de la sentencia, la anulación de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, nos contestó “Me encantaría, pero éste es un país federal y los gobernadores no quieren”. Nunca promovió la derogación de la ley nacional 23.950, que regula las detenciones “para identificar” (la vieja “averiguación de antecedentes”) en el ámbito federal.

El 4 de septiembre de 2008, cuando el hartazgo de lxs maltratadxs usuarixs del tren Sarmiento derivó en pueblada, el ministro Fernández convocó a una conferencia de prensa en la que acusó de quemar los vagones para desestabilizar al gobierno a integrantes de diversas organizaciones y partidos de izquierda, incluso algunos con nombre y apellido, como el docente José María Escobar. Nunca presentó –porque no existían- las pruebas que anunció iba a llevar a la justicia federal. Tan evidente fue su mentira, que la justicia federal civil y comercial lo condenó a reparar el daño moral padecido por ese compañero. Son innumerables las bravuconadas y falsas acusaciones similares, siempre desde el gabinete nacional, que hizo a lo largo de los años contra trabajadores organizadxs, como sucedió con el “Pollo” Sobrero y hasta “Pino” Solanas.

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El 20 de octubre de 2010, el ataque de la patota reclutada por la unión Ferroviaria dirigida por José Pedraza atacó trabajadores que se movilizaban para denunciar la tercerización e híper explotación a que los sometía la empresa UGOFE a través de las cooperativas truchas de la propia burocracia sindical y con el aval de funcionarios del gobierno. Mariano Ferreyra fue asesinado. En el juicio, demostramos que, como lo señalamos desde el primer día, ese plan criminal tuvo el aporte indispensable de la policía federal, que escoltó y abrió el paso a los agresores armados y los protegió en su retirada, frenando en cambio a lxs compañerxs que intentaron darles alcance, y los comisarios Osvaldo Mansilla y Jorge Ferreyra fueron condenados a 10 años de prisión como partícipes necesarios del homicidio. Fernández, a quien señalamos sin éxito ante la justicia como uno de los muchos funcionarios co-responsables, fue también el vocero oficial al día siguiente del ataque en Barracas: “La policía hizo lo que tenía que hacer”.

Pero no sólo defendió siempre a la policía federal. En 2015, cuando el referente social Ángel Verón murió, después de días de agonía, como consecuencia de los golpes y heridas recibidos en la represión a un corte, nuevamente fue Fernández el que aseguró a los medios que había muerto “por una infección”.

Esto son apenas si algunos antecedentes, de los muchos que reúne su historial, de quien desde hoy es el nuevo ministro de Seguridad de la Nación, es decir, el principal responsable y conductor de las fuerzas de seguridad federales, policía, gendarmería, prefectura y policía de seguridad aeroportuaria.

Vemos con preocupación el nuevo nombramiento, pero más allá de señalar que si algo no tenemos es mala memoria, seguiremos insistiendo, como lo hicimos con su predecesora Sabina Frederic, en la imperiosa necesidad de que se atienda la Agenda Antirrepresiva Urgente, cada vez más necesaria, que contiene medidas que podrían reducir de manera significativa la violencia de las fuerzas de seguridad en las calles.

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Entre otras, seguimos exigiendo:

• El cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio –dictada hace hoy exactamente 18 años-, lo que requiere la anulación, derogación y eliminación de todas las normas y prácticas que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener personas arbitrariamente, sin delito y sin orden judicial.

• La prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio, lo que reduciría sensiblemente los homicidios de gatillo fácil y los femicidios de uniforme.

• La anulación de la directiva que tiene la policía federal de portar el arma en condición de disparo inmediato (con bala en recámara y sin seguros).

• La prohibición de la defensa técnica institucional, con abogados del Ministerio, a los miembros de las fuerzas enjuiciados por hechos represivos.

Basta de represión – Basta de impunidad

Fuente: Correpi

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