Billetera mata ciudad. Cuando la excepción es la regla

Odioso para mí, como las puertas del Hades, es el hombre que oculta una cosa en su seno y dice otra”. Homero, siglo VII a.C.

A medida que la oferta de suelo urbano, un bien acotado y no reproducible, se vuelve escasa, y los bienes públicos a privatizar se van agotando, la gestión de Cambiemos, que en este aspecto tiene un récord difícil de igualar, responde a la demanda de los grandes operadores  inmobiliarios aumentando el factor de ocupación de los terrenos. Sensible como siempre a estos intereses, el Estado porteño, convertido en socio  fáctico del negocio, como un buen agente de bienes raíces vende espacio aéreo.

Un día después  de las Paso, el gobierno porteño  envió los proyectos de Convenios Urbanísticos, que les permitirá a un grupo de empresas constructoras incumplir con la normativa del Código de Planeamiento Urbano a cambio de 36 millones de dólares. Se trata de permisos para realizar más m2 y más altura,  llegando hasta 72 m2, con una tipología edilicia, perímetro libre, no autorizada en esas zonas.  

Las parcelas se encuentran en los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Nicolás, San Telmo y Barracas.

Entre estas excepciones se encuentra la que permite construir una torre lindera a la iglesia y convento de Santa Catalina,  en la Av. Córdoba y San Martin. Una de las pocas construcciones que se conservan de la época del dominio colonial español, inaugurada en 1745, fue  restaurada en 1964 y   declarada Monumento histórico, se halla en una zona de valor arqueológico. En el terreno contiguo la firma Nehuente SRL  propone desarrollar una torre de 20 pisos y tres subsuelos a pesar que una sentencia de 2016 ya había frenado su construcción.

En total se permitirá un plus de 200.000 m2, destinados en su mayoría a viviendas y oficinas de lujo en una urbe como Buenos Aires, que enfrenta gravísimos problemas de infraestructura sanitaria y de servicios, de polución ambiental, un tránsito vehicular colapsado, carencia  de espacios verdes comunitarios y un déficit habitacional para los sectores de menos ingresos, todo lo cual ratifica donde están las prioridades para este gobierno, que sostiene una mecánica que acelera los fenómenos de gentrificación, segregación y fragmentación espacial

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“Los Convenios Urbanísticos  públicos-privados, que permiten  profundizar el desarrollo sustentable de Buenos Aires y que los ciudadanos de todos los barrios tengan más oportunidades de progresar. Hay mucho potencial en la ciudad, zonas que pueden crecer muchísimo”, sostuvo el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.  Detrás de esta fraseología marketinera se impone un falso paradigma de progreso, donde más siempre es mejor, más autos, más metros cuadrados de hormigón,  más turismo, más negocios. Con los resultados a la vista,  en estos  aspectos, más es menos, porque significa menos calidad de vida. El concepto sustentable agregado al desarrollo, es nada más que un eslogan cargado de cinismo, porque ese criterio de sustentabilidad es en realidad insostenible.

Los Convenios Urbanísticos son un instrumento que debería tener el enfoque inverso, usarse como una herramienta que permita intervenir para una mejor utilización del territorio en función del interés público, como parte de un plan consensuado donde se consideren todas la variables socio espaciales que surgen de un diagnóstico sobre el estado de la ciudad y no violentando el Plan Urbano Ambiental y al  propio y controversial CPU que aprobaron en 2018. 

Se continúa privilegiando el interés corporativo, donde el que posee el capital diseña, modela y decide como es y será  la urbe donde vivimos. La actual metodología se convierte en un verdadero remate que premia al transgresor y que ratifica la caracterización de la legislatura como una empresa inmobiliaria, que a diferencia de las particulares, vende lo que no tiene dueño, pues forma parte del patrimonio común del colectivo social  que vive y trabaja en la ciudad.

Según el proyecto, el capital recaudado deberá ir a un Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible, FODUS,  pero por fuera de sus enunciados, el destino de lo recaudado, como ocurre  casi siempre es incierto. La experiencia del barrio Premium Puerto Madero, donde se suponía que lo producido por la venta multimillonaria de la mejor  tierra sería utilizada para beneficio del resto de la ciudad, muestra que entre los las palabras y los actos concretos, media un agujero negro donde se volatilizan discrecionalmente los recursos obtenidos por las privatizaciones

El Código es que no hay códigos

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El  Código de Planeamiento Urbano aprobado en 2018, tiene como objetivo  aumentar la posibilidad de materializar en más de un 50 % el volumen construido de la ciudad existente, con todas las consecuencias negativas que eso generará  en una urbe saturada y agobiada con conflictos de todo tipo. Pero para la voracidad del mercado no es suficiente, por eso se multiplican  las excepciones, a las cuales hay que agregar la aprobación en primera instancia de la modificación de la zonificación para permitir el proyecto de IRSA, Costa Urbana, en la ex Ciudad deportiva, el mayor mega emprendimiento del país, que a pesar de un historial de  irregularidades y corrupción, sigue su curso sin que se haya presentado ningún informe sobre el impacto ambiental de un proyecto que agrede aún más la violentada e invadida costa del rio.

Tan odioso como era  para Homero, es verificar hoy que todas las premisas formalmente planteadas en el CPU, que se  supone el gobierno que lo promulgó debería cumplir, son invalidadas sistemáticamente con políticas que las contradicen. Por ejemplo,  “la visión de un perfil edilicio más homogéneo y normas previsibles y transparentes, de forma que cualquier vecino pueda comprender qué, cómo y cuánto se puede construir en su manzana”, es negado  por las nuevas excepciones que rompen con la previsibilidad y reproducen una ruptura en la morfología que fue tan sobrevalorada por los defensores del nuevo código. Menos aún se cumple con la proclamada “protección del patrimonio de los barrios y la aplicación de ciudad verde y compromiso ambiental”. Ninguna de las recomendaciones y propuestas del Plan Urbano Ambiental son tenidas en cuenta a la hora de acumular metros en la torta de cemento,  se aprueban proyectos sin considerar la infraestructura de servicios, la trama de transporte,  el asoleamiento, la necesidad de incorporar parámetros de diseño bio-ambiental para reducir el consumo energético y  la producción de residuos, la reducción drástica de los índices de polución y contaminación, la utilización de materiales reciclables, el aumento de las superficies verdes y de terreno absorbente, entre otros elementos básicos que son claves para empezar a pensar una ciudad sustentable en serio.

El planteo que sostiene que estas excepciones favorecen una ciudad de usos mixtos, es vulnerado con la creación de distritos con rigidez de funciones uniformes, como el  tecnológico, de la innovación,  el audiovisual y particularmente el distrito de las artes que responde a la lógica de las industrias culturales y del turismo, que conserva y rehabilita un sector de la ciudad  como una postal, una escenografía desmembrada del tejido social existente, la gentrificación de la Boca y San Telmo, son el  elocuente resultado de ese proceso.   

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En el distrito más rico del país, vive en el 1% de su territorio, el 10% de quienes lo habitan, es la población de las 17 villas y los  20 asentamientos que  carecen de lo esencial, pero que va creciendo a ritmo acelerado ante la imposibilidad de acceso a un hábitat digno, al tiempo que aumentan los desalojos y la gente en situación de calle. Nada de esto figura  en la agenda del gobierno de la ciudad, su orgullo es autodefinirse  como un desarrollador de negocios, un gestor de oportunidades para la élite empresarial y financiera.  El promotor de la metrópoli neoliberal despliega una narrativa que la presenta como un edén de diversidad, energía y oportunidades y que  lamentablemente  cuenta con la complicidad de ámbitos académicos y profesionales que se benefician entre los pliegues institucionales y corporativos. La mayor parte de la oposición política, si bien tiene una postura crítica, tampoco muestra una voluntad de tensionar el músculo para enfrentar y movilizar en contra de esta línea que ocasiones también compartió.

 En esta democracia, desflecada y restringida, donde quien tiene el capital hegemoniza y decide, la ficción de la representación es usada para gobernar sin control. La Legislatura de la ciudad es el recinto donde se formalizan  las resoluciones, decretos y leyes que se tejen en otras esferas de los poderes reales.  Actúan en medio de la mayor opacidad, donde la venalidad es la regla, una mayoría automática aprueba sin ningún pudor a libro cerrado todo lo que les propone su jefe, sin que ello afecte la reiterada conducta leal de quienes los votaron, a pesar que desconocen el nombre y los actos de aquellos que se atribuyen la potestad  de representarlos. 

30 de septiembre

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