La intervención estatal en la protesta social como violación a los derechos humanos.

Desde la asunción del Frente de Todos somos testigos cómo se continúo desplegando desde el Estado la represión en la protesta social cuando se realizan justos reclamos, consolidándose de esta manera una concepción sobre la seguridad que atenta fuertemente contra los derechos humanos de la población. Es en este sentido que debe quedar claro lo qué dice sobre la seguridad el derecho internacional de los derechos humanos.

Antes de ir a las cuestiones más doctrinarias del derecho internacional de los derechos humanos debemos observar que hubo por parte del Gobierno de Macri y de Juntos por el Cambio un despliegue de hegemonía que obró sobre el sector progresista del Frente de Todos, permitiendo que la derecha más explícita de este frente comulgara con la visión de la seguridad como una herramienta de coerción que les sirva, que les sea útil para regular las potencialidades disruptivas del conflicto social y mantener la gobernabilidad.

En este sentido es que el peronismo se muestra como un mejor regulador del conflicto social al reprimir y al mismo tiempo otorgar contención social con algunos recursos económicos. Es decir el peronismo despliega claramente el libreto de la dominación a través del consenso y la coerción.

Después de las elecciones PASO la mayor derechización del gobierno no puede dejar de analizarse en cuanto a los significados y lo qué implicará para los sectores subalternos y oprimidos, es de esta manera que debemos observar que la política tiene una dimensión que se plasma a través de los símbolos, poner a Aníbal Fernández en seguridad es justamente un fuerte símbolo de cómo ven lo que vendrá. Con ello resaltamos que hay un aspecto de la hegemonía que requiere de los aspectos simbólicos para afianzar los modelos culturales que hacen a la política en despliegue hegemónico.

Muy claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)i diferencia una política de seguridad para la población de una desplegada para sostener el orden opresor estatal al decirnos que “La perspectiva de los derechos humanos permite abordar la problemática de la criminalidad y la violencia y su impacto en la seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la implementación de políticas centradas en la protección de la persona humana, en lugar de aquellas que primordialmente buscan afianzar la seguridad del Estado o de determinado orden político”. 

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En este sentido somos muchos quienes venimos analizando que el derrotero en el que nos encontramos en gran medida se debe a la falta de formación política crítica, de análisis censor de la realidad y no del escritorio, las elecciones PASO y las que llevaron a este gobierno al poder del Estado, con el apoyo de los sectores progresistas, de muchas organizaciones sociales y de algunos de los sectores populares siendo un gobierno de derecha es una clara muestra diagnostica de esta acuciante falta del pensar y el hacer o dicho en términos más parecidos a los que uso la CIDH, afianzan la seguridad del Estado y de determinado orden político sólo porque son de su signo partidario quienes gestionan el Estado.

Esto nos deja un poco aislados, en este sentido la compresión pedagógica de la política debe llevarnos a discutir, replantearnos y rencontrarnos con quienes vuelvan a transitar el mismo camino, para así lograr un saber colectivo que se imbrique en las mayorías plebeyas y que nos ayude de esta manera a generar conciencia y corrientes de opinión mayoritarias en estas grandes discusiones. Mientras militamos en ese sentido vamos a compartir algunas ideas que surgen desde la práctica militante como defensor de los derechos humanos.

Los Estados se encuentran obligados por el plexo normativo de los derechos humanos que exige la garantía de derechos particularmente afectados por el delito como son el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad individual, el derecho y garantías procesales y protección judicial, el derecho a la libertad de expresión; el derecho a la participación y de peticionar al Estado son también vistos como partes fundacionales de sentido democrático y por ello deben ser respetados.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también nos dice “la seguridad ciudadana debe ser concebida como una política pública (…), una política pública no puede comprenderse cabalmente sin una referencia concreta a los derechos humanos”ii. Pero el problema aquí es que los expertos en seguridad del progresismo nacional y popular han venido dejándose llevar por el pragmatismo y las explicaciones fáciles y superficiales para estampar políticas de seguridad, mostrando ciertamente que están incapacitados para penetrar en las razones históricas y estructurales que subyacen en la lucha popular por un mundo posible de ser habitado.

Otro aspecto a resaltar de la mirada de los derechos humanos sobre la seguridad hace a ir en contra del autogobierno de la fuerza policial, proponiendo siempre una responsabilidad y autoridad civil, las diferencias de funciones que hacen a la seguridad interior y exterior y por consiguiente el rol de las fuerzas armadas, que no son para seguridad interior.

Acá ingresa una cuestión controversial que es la estructura prusiana de la policía que la asemeja más a un ejército que a una “fuerza de seguridad democrática” con ello debemos explicitar que aún son más milicos los gendarmes, ello nos lleva a una clara diagnosis que hace a que la coerción sobre los sectores subalternos y plebeyos se realiza a través de la ocupación territorial como ejército de ocupación por parte de la policía y la gendarmería en las barriadas y villas.

El fomento de la represión por parte del Estado capitalista siempre va dirigido a los sectores subalternos, empobrecidos y a los sectores en lucha, sabiendo ello debemos operar de manera tal de conseguir en el marco de la resistencia en la que claramente estamos inmersos, algunas medidas que nos ayuden a protegernos en la lucha.

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Con ello debemos comprender que no sólo hay que estar sino que además hay que planificar, parte de esa planificación debe llevarnos a interpelar al Estado y su gobierno para conseguir que se adecue en lo posible, no a la dimensión discursiva de los derechos humanos sino a su respeto tangible, con ello sobre todo hay que hacerles rendir cuentas sobre cómo respetarán los derechos humanos de la población en grandes manifestaciones.

De este modo la contradicción obvia que mostraran nos podrá permitir ir construyendo la necesaria correlación de fuerzas trayendo para este lado a quienes hasta no hace mucho, pegaban el grito en el cielo cuando el macrismo reprimía y que ahora lo hacen cuando Larreta reprime pero no lo hacen cuando lo hace el gobierno nacional o algún gobernador aliado.

En este sentido se puede empezar a reclamar algunas medidas básicas, entre ellas están el no uso de armas de fuego en grandes manifestaciones, que toda la policía este correctamente identificada con mayoría de ellos de uniforme y con la chapa de identificación con nombre y apellido bien visible, que no se encuentren en grandes manifestaciones policías de civil sin estar debidamente identificados como personal policial, el personal de infantería que llamamos popularmente “tortugas” debe estar lejos de la manifestación. Siempre se debe privilegiar el diálogo con los manifestantes antes que la represión, con ello debe haber un mediador civil capacitado a tal fin.

Medidas resalto algunas de ellas los organismos de derechos humanos le llevamos en su momento a Nilda Garré, quien fuera ministra de seguridad y que las adopto en gran parte. Se trata de algo tan sencillo que nos debiera generar vergüenza como pueblo que en casi cuarenta años de democracia tengamos que salir a pedir que Alberto, kicillof, Larreta y cualquier gobernador respete los derechos humanos de las personas en grandes manifestaciones y sobre todo el genuino derecho a peticionar y reclamar al Estado cuando derechos fundamentales como lo son el de la vivienda, el alimento o vivir según nuestra cosmovisión son flagrante y sistemáticamente violados.

Para todo, todo

Damián Ravenna

Presidente

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires

(APDH ZONA NORTE)

i https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf

ii IDEM

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