Entrevista a Laura Cano: “En Venezuela, el empobrecimiento de las mujeres producto de la guerra económica fue agravado con la pandemia”

(Especial para CH). El pasado martes 28 de septiembre se conmemoró, en América Latina y el Caribe, el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Mediante movilizaciones, concentraciones y acciones de diversas índole, colectivos feministas y activistas del continente todo exigieron cambios jurídicos en sus respectivos Estados, apuntando a despenalizar el aborto y avanzar en la obtención de mayores derechos para las mujeres y personas gestantes. 

La iniciativa de coordinar en esa fecha acciones y movilizaciones en todo el continente lleva más de 30 años. Fue en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en 1990, donde, a través de su Declaración de San Bernardo, se estableció el 28 de septiembre como fecha de coordinación del movimiento feminista en la lucha por la legalización del aborto.

Desde aquel momento, las colectivas feministas no solo han logrado mayores niveles de visibilidad, organización y capacidad de movilización, sino que, a través de sus luchas, han logrado importantes conquistas en materia de ampliación de derechos. Han puesto en tensión paradigmas culturales y construido la irrupción de verdaderos movimientos de masas dando lugar a nuevos procesos de subjetivación.

Sin embargo, la despenalización del aborto y el derecho a elegir sobre los propios cuerpos sigue siendo una deuda pendiente en el continente. Actualmente, tan solo en Argentina, Cuba, Uruguay y Guyana está despenalizado. Mientras que en Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Guatemala, Bolivia y Perú el aborto es ilegal salvo, formalmente, bajo tres causales: violación, deformación del feto o riesgo en la vida de la persona gestante. Por otro lado, la interrupción de embarazo es totalmente ilegal, bajo toda circunstancia, en Haití, Nicaragua y El Salvador, donde rigen duras penas para quien lo practique o lo ejecute.

Charlamos con Laura Cano, comunicadora y militante feminista venezolana que integra la colectiva Tinta Violeta y forma parte de la plataforma por la despenalización legal y social del aborto, La Ruta Verde.

¿Cómo es el recorrido que da vida a La Ruta Verde, la plataforma que formaron por la despenalización del aborto que han conformado?

Podríamos decir que la lucha por la despenalización del aborto en Venezuela lleva, aproximadamente, más de 40 años.

Diversas investigaciones, como la de la Federación Médica venezolana, así como la elevación de diversas propuestas por la despenalización de las causales, por parte de colectivos feministas, tienen un punto ineludible de referencia en 1981.

A partir de ese entonces, se han llevado diversas luchas. Ya con el proceso Bolivariano, estas luchas encuentran otro periodo importante, que va del 2005 al 2010, donde se conforma la red de colectivas La Araña Feminista. Red que vuelve a elevar a la Asamblea Nacional propuestas en cuanto a la despenalización del aborto por tres causales básicas; presentando la penalización como un problema de salud pública, que afecta principalmente a los sectores más pobres de nuestro país.

Acercándonos más en el tiempo, La Ruta Verde encuentra un momento inmediatamente previo, en el año 2018. En ese año, la organización Falda R, quienes elaboran información sobre aborto seguro en Venezuela, demanda que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exija la despenalización del aborto a la Asamblea Nacional. Argumentando que la penalización del aborto es inconstitucional, ya que entra en contradicción con diversos artículos de la Constitución Nacional. En ese momento no hubo una respuesta política como tal, pero marcó el antecedente en la construcción de la Ruta Verde.

Siendo una iniciativa, sobre todo, de Tinta Violeta junto a Falda R, actualmente la Ruta Verde está conformada por diversas organizaciones y colectivos, manteniendo al interior una pluralidad de posiciones políticas e ideológicas. Desde organizaciones o compañeras que ejercen un feminismo más liberal, que no acompañaron las políticas de la Revolución Bolivariana, hasta organizaciones y compañeras con una visión en torno a un feminismo popular, que sí acompañó el proyecto bolivariano. La articulación gira en torno a la lucha por la despenalización.

¿Cuál es el estatus jurídico que tiene hoy el aborto en Venezuela?


El aborto está penalizado en el código penal, desde hace 120 años. Son 4 artículos que criminalizan las prácticas abortivas, con penas que rondan entre los 6 meses o los 10 años. Sin embargo, el aborto esta despenalizado por la medida causal de la vida. Es decir, cuando la vida de la persona gestante corre peligro, en ese caso sí se puede acceder a un aborto no penalizado. Lo cual, vale la pena remarcar, queda a discreción del médico o médica ya que no existe un instrumento protocolar que se accione en estos casos. 

Ahora bien, no se contemplan causales como la salud, ya sea física o mental, de la persona gestante, así como malformaciones en el desarrollo del feto. Tampoco se contempla causales por violación o incesto. Esos casos siguen siendo penalizados. 

Por otro lado, se da algo muy curioso. La organización Falda R realizó un informe en el 2020, basado en estadísticas recolectadas en su línea de atención, donde brindan información a personas que quieran tener acceso a información segura sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En ese informe, detectaron que más del 40% de las personas que realizaban consultas a esta línea, creían que el aborto esta despenalizado en Venezuela e incluso un sector llegando a creer que es legal. 

Esta cifra nos hace pensar a nosotras que esa excusa reiterada, entre los políticos o las esferas de toma de decisiones, de que no hay consenso social, no es real. A través del trabajo territorial podemos inferir que un amplio sector de las mujeres de los sectores populares sí creen que el aborto debería estar despenalizado bajo estas causales.

Desde distintos sectores se planteó que la movilización del pasado 28 de septiembre fue un punto de inflexión en la lucha por la despenalización del aborto. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta idea? ¿Por qué la plantean como un hito?

Bueno, en primer lugar porque fue la primera movilización luego de varios años con estas características. Desde hace tres años no habíamos agrupado a tanta variedad de sectores del movimiento feminista. El año pasado, por ejemplo, estuvimos varios sectores frente al Tribunal Interior de Justicia, pero éramos solo un sector, mientras otros espacios convocaron a movilizaciones paralelas. Las diferencias políticas e ideológicas entre las distintas organizaciones hizo que no podamos articular una convocatoria en común.

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Por el contrario, la movilización del pasado 28 de septiembre fue la marcha más grande en defensa de la despenalización del aborto. Marcha que logró agrupar colectivos, agrupaciones e individualidades de diversos territorios, compañeras de distintos estados, así como a distintos sectores del feminismo.

¿Cuáles son en tu opinión los principales desafíos que enfrenta el movimiento feminista en Venezuela hoy en día?
Uno de los principales desafíos que tenemos es llegar a acuerdos en lo interno del movimiento feminista para poder elevar nuestras demandas. ¿Qué es lo que vamos a exigir? ¿Qué proyecto proponemos como movimiento de manera conjunta? Organizarse política y discursivamente dentro del propio movimiento.

El 13 de octubre tendremos una reunión con las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional que nos recibieron en la movilización del 28 de septiembre. Tenemos el desafío de elevar de manera conjunta nuestras demandas ese día.

Por otro lado, tenemos el desafío de descentralizar la lucha feminista de Caracas. Extenderla territorialmente, pero también extenderla hacia otros sectores. Sumando en una agenda pública, notoria, a movimientos sociales -que es lo más importante- en la lucha por la despenalización. Territorializando la Ruta Verde en distintos lugares del país, sobre todo en los barrios y entre la juventud.

Hay una idea que surca con fuerza entre distintos sectores, de las izquierdas o los progresismos, que es la idea de que habría que posponer las agendas feministas en pos de supuestas otras urgencias. ¿Qué opinión te merece esta idea?

Creo que esa idea está muy atravesada también por lo que ha sido la avanzada conservadora, teniendo una expresión en los sectores más conservadores de las iglesias evangélicas. Avances que se dan dentro de nuestros espacios y sobre todo dentro de nuestras no victorias como movimientos, partidos y gobiernos. Lo cual ha significado, no solamente en el discurso político, un retroceso para poder posicionarnos como movimientos revolucionarios por la lucha de una vida libre de violencias. En nuestra región supuso una pérdida de oportunidad de avanzar sobre las instituciones controladas por las derechas.

Las organizaciones feministas tenemos el desafío de ir tomando esos lugares. Tenemos una oportunidad enorme siempre y cuando hagamos vida comunitaria y establezcamos nuestra agenda a través de un trabajo en los territorios. Incorporando formas de posicionar nuestras luchas, formas que no solo parten de lo comunicacional, sino por la incidencia en espacios de poder político y formas de participación real.

Estamos atravesando lo que, esperemos, sea el fin de una pandemia global que nos ha confinado a los espacios privados, a los hogares. ¿Cómo afectó esta situación en lo que respecta a la violencia hacia las mujeres en Venezuela?
Yo creo que en todo el mundo esta situación afectó en el recrudecimiento de la violencia machista en el espacio doméstico. Esto como primera instancia. Y lo segundo que agregaría, es la extensión de la jornada laboral. Quienes realizan las tareas domésticas, en general mujeres de los sectores populares, vieron extenderse sus jornadas de trabajo enormemente. Tenemos que recordar que en medio de una guerra económica, como la que vive Venezuela, son ellas las que están ahí en primera línea, pero también son las más golpeadas en cuanto al no reconocimiento de sus tareas de cuidado. El empobrecimiento de las mujeres, en Venezuela, producto de la guerra económica fue agravado con la pandemia.

En nuestras tareas de acompañamiento, desde Tinta Violeta, fuimos percibiendo esta situación: el aumento de la violencia machista. Apenas fue anunciada la pandemia, abrimos unas líneas telefónicas para la atención remota de casos de violencia. Y solamente a través de esa línea, nos llegaban entre 5 y 7 casos diarios. 

– ¿Cómo ves la relación entre el proceso bolivariano, en tanto un pueblo en revolución, al decir de las organizaciones de base, con las mujeres en general y los movimientos feministas en particular?


Creo que dentro del proceso revolucionario la participación de la mujer es un hecho indudable. Y no solamente estamos hablando de mujeres adultas, mayores de 30 años, sino también de mujeres muy jóvenes en espacios de decisión política. Cuestión que nos permitió ser parte de la dirección del proceso. Por otro lado, también durante el proceso revolucionario se dio una profesionalización de las mujeres que accedieron a estos espacios de coordinación, deliberación y ejecución de decisiones a nivel estatal. Así mismo, es sumamente notoria la participación política de las mujeres en los Consejos Comunales o en los UBCH.

Ahora bien, esta participación política importante tiene una contraparte que no debe ser olvidada. Que es también que muchas de estas mujeres afectadas por este contexto actual que estamos viviendo de guerra económica, no pueden participar de manera consecuente en estos espacios. Sobre todo en los sectores populares. ¿Por qué? Porque son quienes se encargan de los cuidados, la manutención, las tareas reproductivas de la vida. Yo creo que una deuda del proceso es una política real de la atención de los cuidados, que hoy recae principalmente en las mujeres pobres. Situación que produce un flujo de despolitización en momentos de crisis, porque mantiene a las mujeres en el espacio doméstico. El feminismo tiene, dentro de la revolución, una agenda transformadora de la cultura. Que es nuestra bandera principal. Una transformación cultural dentro de los espacios revolucionarios y en aquellos que no se asumen como tal. Pero ahora, estamos en un momento de exigencias simples, tenemos el desafío de hacer que se aplique realmente los derechos que hemos alcanzado. De transformación, real y protocolar, de las instituciones que son las encargadas de responder a los derechos que ya legalmente hemos alcanzado. Estamos hablando de derechos laborales, del derecho de ser atendidas en instituciones médicas bajo un pleno respeto, de ser atendidas en una oficina pública cuando vamos a denunciar. Contribuyendo en ese sentido, de hacer letra viva aquello que desde hace veinte años venimos conquistando, en la Constitución o las leyes que como movimiento hemos tenido una participación importante.

Todas esas conquistas en lo legal han sido producto de un cúmulo de luchas revolucionarias que hemos dado. Y hoy tenemos el desafío de hacer que esto no sea solo parte de un mitin político o un slogan, sino de hacerlo carne a partir de nuestras luchas. Visibilizando todas las desigualdades que en momentos de guerra estamos viviendo. Y para ello debemos también hacer frente a los elementos más reaccionarios que existen dentro de las filas propias. Tenemos el desafío de transformar la vida.

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Por: Gabriel Vera Lopes

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