El gobierno de Fernández pos-PASO: sin sorpresas

(Especial para CH) Pasado un mes de las PASO y a menos de 30 días de las elecciones generales, la economía da señales preocupantes. Mientras tanto, el gobierno nacional da señales de cuál será el camino a partir de noviembre. No hay tantas sorpresas.

Frente al resultado electoral y los indicadores económicos que indican la continuidad de un deterioro en las condiciones de vida de las mayorías, el gobierno nacional ha desplegado una multiplicidad de iniciativas que buscan inducir un incremento en el consumo popular. El adelantamiento de los aumentos en el salario mínimo y, por lo tanto, en los programas de transferencia condicionada de ingresos (Progresar Trabajo y otres) apunta en sentido el sentido de mejorar los ingresos de los sectores populares. De la misma forma, una nueva suba en el mínimo no imponible de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias (sobre los salarios) busca impulsar el consumo en sectores medios. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno cierra la puerta a un nuevo IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). De esa forma, limita seriamente tanto el impacto de las transferencias de ingresos sobre los hogares, como sobre el volumen de consumo popular.

Todas estas medidas son de corto plazo y de carácter electoral (lo cual no es un detalle menor, y tampoco invalida el poco o mucho impacto que puedan tener en los ingresos populares). Sin embargo, en las semanas que sucedieron a la derrota en las PASO y el tumultuoso proceso de reestructuración del gabinete presidencial, el gobierno de Alberto Fernández tuvo acciones que tienen mucha mayor trascendencia estructural.

En la misma semana de crisis del gabinete, se anunció un proyecto de ley de promoción de la industria hidrocarburífera con el Ministro de Economía (Martín Guzmán) a la cabeza; días después, el nuevo Ministro de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Julián Dominguez) presentó el proyecto de ley para la promoción del complejo agroindustrial; finalmente, hace poco, se anunció un proyecto de ley para promover la electromovilidad. Sintéticamente, proyectos para promover el extractivismo en Vaca Muerta, el extractivismo sojero y el extractivismo del litio como expresión concreta de la propuesta de desarrollo productivo verde presentada hace unos meses por el ministro de Desarrollo Productivo (Matías Kulfas). En una suerte de lavado de cara verde, el proyecto es reordenar la inserción global de la Argentina sin transformar su rol dependiente (subordinado a las necesidades de las grandes transnacionales) y, en un mismo golpe, encontrar una salida a la limitación estructural de divisas internacionales (la conocida “restricción externa”). Por supuesto, el avance de este proyecto sólo podrá producirse pisando las necesidades y sueños, la salud y la vida, de las comunidades directamente afectadas por los megaproyectos extractivos. Al mismo tiempo, pretende “resolver” la falta de dólar sin alterar la base del problema: el gasto suntuario excedente de los sectores más acomodados (turismo internacional y el atesoramiento de dólares) y las demandas excedentes de las trasnacionales (para importaciones) y el sistema financiero (para el pago de la deuda y la fuga de capitales).

Te puede interesar:   Caída de Temer atiende intereses de la clase hegemónica

Estos proyectos son la contracara del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya estaría cerrado según el presidente. Más allá de los chisporroteos en la coalición gobernante, es evidente que el acuerdo se cerrará en breve. Un período de gracia de 4 o 5 años es la condición mínima para el gobierno, sumada a la posible reducción en las tasas punitorias por endeudamiento excesivo que cobra el organismo. La posibilidad de un acuerdo de más de 10 años es el objetivo máximo, algo que difícilmente ocurra. La opción de la investigación, votada en el Congreso, no tendrá consecuencias reales, siendo sólo fuego de artificios. La estrategia encabezada por el presidente Fernández y el ministro Guzmán ha descartado esa opción.

El próximo acuerdo no resolverá el sobre-endeudamiento de la economía y el Estado argentino, sólo patea la crisis para el futuro. Lo que sí producirá será una aceleración del programa de ajuste fiscal y reformas estructurales que ya está en marcha.

A los proyectos mencionados y la política de ajuste fiscal centrada en los salarios públicos, jubilaciones y pensiones (que viene corriendo por detrás de la inflación y la recaudación de impuestos), se agrega alguna forma de reforma laboral. La propuesta empresarial de eliminación de las indemnizaciones generó revuelo pero expresa el sentido general del debate. El proyecto oficial de “transformar planes en trabajo” va en el mismo sentido: el consenso hegemónico es que es necesario bajar los costos laborales a partir del deterioro en los salarios y condiciones de trabajo. Si no se reducen las indemnizaciones, se reducirá sustancialmente el costo de contratar nuevos trabajadores y trabajadoras.

Te puede interesar:   Este es el fin. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio

La propuesta (atribuída por los medios hegemónicos al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en un intento de darle visibilidad como candidato presidencial de reemplazo) supone que los programas sociales (tales como el Progresar Trabajo) no son programas de empleo sino meras transferencias incondicionales de ingreso. La crítica pública de sectores de la UTEP se han centrado en esta discusión: en efecto, esos programas sociales son transferencias “condicionadas” de ingreso; son complementos de ingresos para trabajadores y trabajadoras de la llamada economía popular.

Sin embargo, el problema no es semántico. En realidad, el fondo del asunto es la propuesta de promover que una serie de trabajos realizados en ámbitos diversos pero en general de manera autónoma, pasen a ser empleos directamente subordinados al capital (a través de formas de empleo asalariado). El objetivo es garantizar que el Estado subsidiará (en principio, de manera temporal) el salario de aquellas personas que sean contratadas por empresas privadas. Siguiendo una modalidad similar a la del programa ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), el objetivo es que el Estado reduzca el costo laboral sosteniendo una porción significativa de los salarios de ingreso.

Suponiendo que (contra toda evidencia) esto funcione, surge una pregunta clave: ¿quién realizará el trabajo comunitario en tareas de reproducción -como son, por ejemplo, los miles de comedores comunitarios- si esas personas (mayoritariamente, mujeres) abandonan esas actividades? La visión tecnocrática y burguesa detrás de la iniciativa simplemente ignora que esos trabajos son esenciales en la reproducción de la vida en los barrios populares. En lugar de que el Estado promueva y fortalezca las iniciativas comunitarias de organización, el proyecto simplemente las ignora y -en el límite- promueve su desarticulación. ¿Casualidad?

Te puede interesar:   Argentina en tiempo de descuento ¿De la crisis económica a una nueva crisis orgánica?

La continuidad de la crisis argentina es el trasfondo del debate político y electoral. El capitalismo vernáculo está herido de muerte (y nos está matando), pero sin alternativas radicales sólidamente consolidadas, son los sectores dominantes quienes están llevando la delantera para proyectar su presente de dominación hacia el futuro.

En las vísperas del veinte aniversario de las jornadas de diciembre de 2001, los sectores populares tenemos la responsabilidad y la necesidad urgente de construir un proyecto político colectivo que supere los atajos y proponga un real camino de liberación social y política.

Mariano Féliz

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *