La Matanza: con una orden judicial falsa, por la noche y bajo la lluvia, la policía desaloja a 300 familias en La Matanza.

A un año del desalojo en Guernica, la única respuesta estatal ante la crisis habitacional sigue siendo la represión y el desalojo. De manera ilegal, sin orden de desalojo, por la noche y bajo la lluvia, este lunes 1 de noviembre la Policía Bonaerense desalojó violentamente con balas de goma a 300 familias que ocupaban terrenos baldíos en el Barrio 22 de Enero ante la necesidad de tierras para construir viviendas dignas. Cinco personas fueron detenidas en la Comisaría 3° – luego fueron liberadas en la madrugada – y hubo varias heridas. «Nos quemaron y desarmaron todos los merenderos», relató a ANRed una vecina de la toma. Las familias denuncian que la policía presentó una orden de desalojo «trucha» correspondiente a otro desalojo. Ante la cacería que se desplegó en el barrio, unas 100 personas se refugiaron en la iglesia local, dentro de la cual la policía tiró gases lacrimógenos. El procedimiento no respetó la Resolución 707/19 (inciso 2-j) de la Corte Suprema de Buenos Aires, que dispone que «antes de dictarse el desalojo, el Agente Fiscal interviniente debe proponer a las partes, al menos una vez, concurrir a una instancia de mediación o composición para encontrar una solución alterna al conflicto». Ahora movilizan las familias y movimientos sociales en La Matanza repudiando el desalojo. Por ANRed.


La nueva represión y desalojo contra familias con necesidad de vivienda digna se dio a poco de cumplirse un año de la emblemática toma de tierras de Guernica, en el marco de la última oleada de tomas de tierras ante la crisis habitacional que se vive en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, y donde la única respuesta de los gobiernos sigue siendo la represión y desalojo.

El operativo policial fue ilegal y estuvo plagado de una gran cantidad de irregularidades, denuncian las familias desalojadas. Comenzó a desplegarse por la tarde de este lunes 2 en el Barrio 22 de Enero de la localidad de Ciudad Evita, partido bonaerense de La Matanza. Más tarde, por la noche y bajo la lluvia, la policía avanzó disparando balas de goma contra las 300 familias y destruyendo las casillas instaladas en los terrenos baldíos que ocupaban desde hace 11 días ante la crisis habitacional irresuelta por el gobierno de Axel Kicillof y la necesidad de tierras para construir vivienda digna.

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Según testimonios de los y las vecinas del barrio, la Policía Bonaerense desplegó una cacería de las familias por todo el barrio, que se puede ver en los videos que se difundieron en las redes sociales. Debido a la represión policial varias personas terminaron heridas y otras cinco fueron detenidas y trasladadas a la comisaría 3° de Ciudad Evita, para luego ser liberadas a la madrugada.

Denuncian que para proceder con el desalojo la policía presentó una orden «trucha», de otro desalojo anterior. Además, sostienen que la fiscal general les aseguró que no había ninguna orden de desalojo. También cuentan que intentó mediar Daniel, el cura de la iglesia local (dentro de cuya institución se resguardaron unas 100 personas ante la brutal represión con balas de goma de la policía a lo largo de todo el barrio) y el referente defensor de los derechos humanos Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, pero no obtuvieron resultados. También denuncian que la policía tiró gases lacrimógenos dentro de la iglesia.

Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunció que el operativo incumplió con el protocolo de la Resolución 707/19 (inciso 2.j) de la Corte Suprema bonaerense, que sostiene que «de dictarse el desalojo, el Agente Fiscal interviniente debe proponer a las partes, al menos una vez, concurrir a una instancia de mediación o composición para encontrar una solución alterna al conflicto».

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«Nos quemaron y desarmaron todos los merenderos»

Sara, una de las vecinas de la toma e integrante de la organización Izquierda Latinoamericana y Socialista, expresó a ANRed: «necesitamos el apoyo de todos. Nos quemaron y desarmaron todos los merenderos, cuando el jefe de calle nos había permitido armar un merendero, por lo menos para sostener a las familias que estábamos luchando día a día. Nos quemaron todo. Nos reprimieron y nos corrieron hasta la iglesia. Fue horrible todo lo que pasamos. Sin orden ni nada. También ligaron vecinos que estaban mirando, que los metieron adentro de las casas. Necesitamos apoyo y mercadería para los chicos, porque no tienen nada para merendar, desayunar ni cenar. Nosotros les hacíamos la merienda y la cena, y ahora nos quemaron toda la mercadería que teníamos adentro. El merendero completo nos quemaron, con las sillas, la mesa, el freezer. Había dos merenderos a lo largo de ocho cuadras. Quemaron los dos», relató.

En tanto, otra vecina del Barrio 22 de Enero, que prefirió resguardar su nombre, expresó a ANRed, sobre la situación habitacional en Ciudad Evita: «esta es la séptima toma de esas tierras. Los que dicen que no a las tomas son la gente de Ciudad Evita, la familia de Balestrini, que tiene una de las inmobiliarias más importantes de la ciudad. El tema con esas tierras es que las declararon espacio verde, y con esa excusa no se permiten las tomas y se desalojan. Pero cuando te vas para otras zonas también tienen excusas». Y sobre el operativo de anoche agregó: «nunca recuerdo un desalojo a las 22 y en estas condiciones climáticas«.

«Nos tiraron gas lacrimógeno dentro de la iglesia diciendo que si no sacaban a la gente nos iban a matar»

Ailín, nieta de Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza relató: «vinieron la fuerzas especiales de la Bonaerense. Eran 2 mil policías, 500 de civil. Me dijeron que no tenían orden de desalojo, que estaban esperando que venga la fiscal María Belén Casalgatto, de la UFI N°2 de Laferrere, la cual, según ellos, nunca llegó. Pero sí vino. Yo me presenté delante de la fiscal como la nieta de Pablo Pimentel, representante de la APDH. Les comenté que después de Guernica no existía el desalojo nocturno, que de 19 a 7 ellos no podían hacer nada si no había orden, y que no se podía reprimir porque la orden no llega de un día para el otro», detalló Ailín, quien además agregó: «presentaron una orden desalojo falsa, que es de otra toma. Llamaron a Berni y no quiso dar respuestas. La fiscal general decía que era una verguenza, que no había orden de desalojo, pero no hizo nada«.

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Y continuó su relato: «la fiscal siempre estuvo detrás de la policía. Le acerqué el teléfono para que pudiera hablar Pablo Pimentel con ellos, y nunca me lo aceptaron. Me dijeron que no existía ningún jefe de policial, que no existía ninguna fiscal, y se la llevaron a la fiscal en un patrullero. Y empezaron a meter policías de civil, entre la gente, en medio del campo. Lo que supuestamente el club dice que compró es un terreno baldío, es enorme. No hay nada más que una arboleda y un basural. Empezaron a cerrar, hicieron un candado y encerraron a toda la gente. Cuando fui a buscar al padre Daniel (de la iglesia local) y a Pablo Pimentel, ya estaban reprimiendo. La policía estaba reprimiendo, mayormente a mamás embarazadas y con hijos. Las sacaron a los golpes. A una persona la hirieron con una 9 milímetros, con un arma reglamentaria. Hasta el momento de ese chico la familia no quiere dar la identidad», denunció.

Ailín también denunció que cuando unas 100 personas corrieron a socorrerse en la iglesia del padre Daniel, la policía quiso entrar y gaseó a las familias: «a la iglesia se quisieron meter. Yo no dejé que entren. Nos tiraron gas lacrimógeno dentro dela iglesia diciendo que si no sacaban a la gente nos iban a matar a los que estábamos cerrando las puertas. Como yo conozco, les dije que iba a hacer la denuncia en Asuntos Internos, a lo cual me resindieron que si yo hacía la denuncia me iban a encontrar muerta y que nos iban a matar a todos porque éramos unos usurpadores», destacó Ailín.

Al cierre de esta nota, una masiva movilización de las familias desalojadas junto a movimientos sociales de la zona movilizaban a Desarrollo Social, para exigir que se hagan cargo de devolver todo lo que quemaron de los comedores populares de las organizaciones populares, y al Municipio de La Matanza en repudio al accionar estatal y policial en el desalojo.

Fuente: Anred.org

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