Hace falta un sistema agrario emancipador

Cómo funciona y qué hace falta hacer con el sistema exportador del sector agrario argentino.

              Como todo país económicamente dependiente de los centros del poder mundial, Argentina basa sus exportaciones en productos llamados comodities, es decir, de materias primas con poco valor agregado. En el año 2015, la región pampeana generó el 75,05% de las exportaciones totales y de ellos, sólo el 23% fueron productos industriales. A nivel nacional, las exportaciones agropecuarias significaron el 41% del total. A su vez, de las 600.000 empresas registradas en Argentina, apenas 5.000 son exportadoras. De estas, solo 550 son agroexportadoras y para el 2017, solo 4 de ellas [Cargill, BUNGE, Dreyfus y AGD] representaron el 44% del total de exportaciones de granos, subproductos y aceites. Las condiciones que imponen estas cifras afectan a la totalidad de la estructura productiva, comercial y social del país, lo cual se evidencia a partir de una evaluación de las características del sistema exportador.

              Casi el 90% de las cosechas son transportadas mediante unos 90.000 camiones (90.000 grandes motores de combustión). Que a su vez necesitan miles de kilómetros de carreteras y autopistas que se construyen y mantienen con asfalto (es decir, petróleo) que pagan con creces los usuarios, no con sus impuestos (como era antes de Carlos Menem) sino con los peajes. Esta estructura de distribución pensada para favorecer a las petroleras y las automotrices extranjeras (y de la cual participó con entusiasmo el sindicato de camioneros con diversas y jugosas prebendas) necesitó reducir a la mínima expresión el ferrocarril como medio de transporte. Y lo poco que mantienen en funcionamiento está en manos de las propias empresas exportadoras, que en los hechos trasladan sólo sus cargas y a veces ni siquiera realizan las inversiones imprescindibles para un normal funcionamiento y quedan para que las haga el Estado. Los principales sindicatos ferroviarios participaron de estas concesiones con jugosas porciones de la privatización como premio por no impedirlas.

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              A su vez el 76% de las exportaciones de granos se despachan por la Hidrovía (cuya columna vertebral es el río Paraná) y, en definitiva, el 80% de las exportaciones agrícolas se concentra en el Paraná. Son unos 20 puertos concesionados a empresa privadas (de estrecha vinculación con las propias exportadoras) desde la gestión destructora de Carlos Menem, que nunca se revirtió. Esta estructura portuaria define una logística según los tiempos de carga, descarga, estadía y trayectoria de los buques. Eso define costos del cereal y por lo tanto, del pan y los fideos. A su vez, la buques de transporte no son de bandera argentina y, menos aún, del Estado Nacional (como era antes de Carlos Menem). Por lo tanto, el costo de 3500 millones de dólares anuales por fletes se suma al precio de los cereales y pagan los pobres cuando compran pan o fideos.

              Esto sigue siendo así aún con los gobiernos kirchneristas de por medio, desde el tsunami neoperonista de Carlos Menem que, acompañado por toda la dirigencia peronista (incluyendo a Néstor y Cristina), arrasó el Estado que aún se mantenía en base a la estructura heredada del primer gobierno de Juan Domingo Perón. En el caso del Comercio Exterior, mediante el Decreto 2284/91 se disolvió toda forma de control y regulación estatal regresando a la Argentina de principios del siglo XX, pero agregando condiciones anteriores a la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845), cuando los ríos interiores con acceso marítimo eran de libre navegación para buques de bandera extranjera. La Ley 24.093/92 modificó el sistema portuario nacional transfiriendo a las provincias la regulación de los puertos fluviales y autorizando su privatización. Las grandes concentradoras de granos generaron holdings empresarios para quedarse con los puertos (donde instalaron grandes plantas aceiteras) y el transporte terrestre, fluvial y marítimo. Y por último, pudieron disponer libremente de los dólares pagados por las exportaciones. Como detalle del nivel de derechos otorgados a las empresas puede mencionarse que la custodia de los puertos – que desde los orígenes del Estado Nación, le correspondía a las Fuerzas de Seguridad del Estado – puede quedar en manos privadas. Por supuesto que también se recortaron derechos laborales y también los sindicatos del sector fueron premiados con posibilidades de negocios a cambio de no entorpecer la reconversión portuaria.

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              Mucho antes del gobierno de Carlos Menem, en 1933, el Estado conservador de Agustín P. Justo, había regulado las exportaciones mediante la creación de la Junta Reguladora de Granos. Lo hizo con un argumento hoy en desuso: defender los intereses nacionales. En 1946, Juan Domingo Perón creó el Instituto de Promoción del Intercambio (IAPI) con el plan de centralizar (monopolizar) el comercio exterior para acumular y transferir los recursos logrados entre los diferentes sectores de la economía. Se lo consideró como un acto de Soberanía Nacional. En 1963, bajo un gobierno de la UCR (de aquellos años), se creó la Junta Nacional de Granos que iba en el mismo sentido y absorbió las atribuciones de la Junta Reguladora creada en 1933. Queda claro que el control por parte del Estado Nacional sobre las exportaciones era un planteo político de la propia burguesía nativa, que desde el gobierno de Carlos Menem, fue dejado de lado por los siguientes gobiernos (radicales, kirchneristas o macristas).

              Esta apretada síntesis deja en claro que las condiciones necesarias para que la exportación de granos brinde divisas al servicio de las necesidades de los sectores populares y más desprotegidos de la sociedad tienen un piso a partir del cual se deben pensar nuevas construcciones. El piso es el que el propio Estado de la burguesía nativa había impuesto a los largo de casi sesenta años (1933/1992): regulación y control del comercio exterior por parte del Estado Nacional.

              Pero siendo lo imprescindible, lo verdaderamente necesario es revertir totalmente la entrega del comercio exterior a las empresas multinacionales. Esto significa:

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1) Recuperar el monopolio estatal del comercio exterior.

2) Imposición de cupos de exportación para garantizar el abastecimiento interno.

3) Imposición de un precio máximo de compra para las distintas cosechas (exportables o no).

4) Recuperación estatal del sistema ferroportuario, centralizado nacionalmente.

5) Construcción de una marina mercante del Estado.

6) Exportación obligatoria bajo bandera nacional.

7) Distribución de la renta agraria nacional según las necesidades públicas y sociales, no según las necesidades particulares de los propietarios de los campos.

8) Definir, construir y poner en funcionamiento, una organización democrática de control, obrero y popular, sobre el funcionamiento de todo el sistema exportador.

              Mientras no se le impongan estas condiciones al gran capital, las harinas con las que el pueblo conforma la mayor parte de su dieta alimentaria mantendrán sus precios en constante aumento (incluso por encima de la inflación) por estar atadas a los precios internacionales. El pueblo y los sectores populares seguirán pagando de su bolsillo la fiesta de acumulación monstruosa de capital de la gran burguesía nacional e internacional.

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Documentos presentados para el debate de las Comisiones del Foro Agrario Soberano y Popular (mayo 2019)

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