Nicaragua, la revolución derrotada

“Y el dolor de ya no ser”

Gardel – Le Pera  “Cuesta abajo”

(Especial para Contrahegemonía) Las recientes elecciones presidenciales en Nicaragua, con el “triunfo” de Daniel Ortega por el 75% de los sufragios y el 65% de asistencia a las urnas, realizadas tras la represión a los reclamos populares de la gran oleada de 2018, avivan incertidumbres en la izquierda latinoamericana. El trance desde aquella revolución triunfante en 1979 -que abrió esperanzas inconmensurables, regaló sobrevidas y búsquedas de otros posibles- al escenario actual, demanda ser repensado y asumido.

Un punto de partida: la revolución sandinista fue una revolución derrotada, no traicionada. Hubo errores tácticos y hasta estratégicos, pero fue asediada, aislada, ahogada económicamente y estuvo en guerra permanente contra el imperialismo que sostuvo sin tregua alguna el accionar de la “contra” hasta lograr su derrota.

Estar en guerra permanente no fue un dato menor. Significó para ese paisito -con bajísimo nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas- no solo la destrucción de los escasos recursos económicos y humanos con los que contaba. Además obligó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) -con los riesgos que conlleva- a verticalizar el poder del estado conquistado. Y en una organización en donde sus principales cuadros se forjaron en la disciplina de la guerrilla, eso implica un retroceso en las prácticas democráticas, en la toma de decisiones. La participación se torna formal, no real. Esa práctica repercute, tanto en los viejos cuadros profundizando su infalibilidad y rasgos más autoritarios, de tiempos de guerra, como en los nuevos, en su propia formación bajo esa matriz. La consigna “¡Dirección ordene!”, daba cuenta de una solución inmediata que acarreaba un problema de mediano y largo tiempo.

En un punto, aquellas elecciones de 1990 en las que perdió el FSLN, fueron para América latina su propia caída del “Muro de Berlín”.  

Ningún proceso es lineal y en este en particular había movimientos contradictorios, en disputas. Al FSLN el triunfo electoral de Violeta Chamorro le generó, primero, asombro y  parálisis, porque esperaba ganar “por paliza”. Ese análisis previo ya mostraba cierta pérdida de termómetro de lo que estaban viviendo las masas. Pero la bronca pudo más, era mucho lo que estaba en juego y rápidamente pasó a una ofensiva política, de enfrentamiento en barricadas, paros y protestas callejeras en un ciclo de alza entre julio de 1990 hasta mediados de 1991. Luchó desde sus frentes de masas contra la política privatista y hasta se retiró de la Asamblea Nacional. Sin embargo negoció que permanezca Humberto Ortega al frente del Ejército (¿por qué exponer a tamaño dirigente y no dejar una segunda línea?). En ese contexto se produjo el affaire por la entrega de armas estratégicas (SAM 7 y SAM 14) al FMLN salvadoreño, denunciado por el propio Mijail Gorbachov en vías de sus acuerdos con EEUU. Y el frente destituyó a esos militares sandinistas porque actuaron “cegados por la pasión política”, en lugar de premiar su internacionalismo. Algo estaba mal.  

La repartija de bienes públicos conocida como “la piñata” lo corroboró. Esa fue la primera expresión de algo tóxico: con la excusa de que Chamorro le sacaría la estructura económica al FSLN, los “comandantes” pondrían a su nombre empresas para conservar el “aparato” en manos confiables, las de ellos. Rápidamente se fueron fusionando esas “cajas de la revolución” del Frente con las cajas personales de los otrora comandantes, familiares y aledaños que así se transformaron en dueños de empresas, tierras, etc.

El Congreso del FSLN de 1991 fue autocrítico tanto de la lentitud en haber practicado algunas reformas, como la agraria, lentitud que dio base social a la “contra”, como así también con la verticalidad en la construcción de poder popular. Las luchas de calles de 1990 y 1991 mostraron vitalidad al mismo tiempo que profundizaron las disputas internas del FSLN, que concluirían en la ruptura de 1995 y en una nueva derrota electoral a manos del empresario Arnoldo Alemán (51% vs 38% de Ortega). Finalmente, en 1998 se cerraron los debates internos a partir del férreo control del aparato político, que iría mutando de organización revolucionaria hacia una “franquicia electoral”, cuyo único norte ya no sería retomar el poder popular, sino llegar al poder “realmente existente” para administrarlo, gestionarlo… o tal vez algo peor.

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Hay un punto de inflexión en la firma del primer gran acuerdo estratégico con Alemán para votar la reforma constitucional que le permitió al FSLN compartir/repartir negocios y cargos a cambio de “gobernabilidad”. Ese acuerdo implicó no enfrentar al neoliberalismo en curso, al contrario. El vector estratégico radicó en estructurar la posibilidad de un régimen de alternancia  bipartidista entre liberales y “sandinistas”, haciendo recordar lo peor de la tradición “pactista” de Nicaragua: la de “Espino Negro” que en 1927 le otorgó la presidencia a Moncada y este a cambio aceptó desmovilizar y desarmar al ejército, confirmar el tratado Chamorro-Bryan y permitir la permanencia de los Marines hasta la organización de la Guardia Nacional (es frente a ese pacto que se alzó Augusto César Sandino). También recuerda el “Pacto de los Generales”, firmado por Somoza García y Emiliano Chamorro en 1950. Allí, el segundo se subordinó al primero a cambio de algunos cargos y negocios, conformando así una coalición liberal conservadora cuyo unificador para el contacto ideológico con los “simples” era la Iglesia Católica.

En las nuevas elecciones presidenciales de 2001 el FSLN encabezado por Ortega volvió a ser derrotado por el vice de Alemán, Enrique Bolaños (56% a 42%). La cosa empeoró porque Bolaños acusó y encarceló al expresidente por corrupción. Y Ortega intervino en esa “interna” para liberar a Alemán, convalidando la corrupción.

En ese segundo acuerdo, al mismo tiempo que exculpaba a Alemán, debilitaba a Bolaños quien -¿será casual?– tenía demandas contra la trasnacional Unión Fenosa por incumplimientos varios, que Ortega, una vez llegado al gobierno, licuará. De la misma manera haría con todos los proyectos de energía eólica, hidroeléctrica o geotérmica que serían concesionados a las empresas transnacionales, en las que Ortega y su grupo –según Mónica Baltodano, exdirigente sandinista- tienen participación accionaria.

En pos de llegar al gobierno, Ortega siguió ampliando su abanico de acuerdos y en 2005 -luego de las denuncias de 1998 sobre la violación a su hijastra– se convirtió al catolicismo y se casó por Iglesia con Rosario Murillo. Ofició la ceremonia el Cardenal Miguel Obando y Bravo, histórico militante antisandinista en los “años de fuego”, quien incluso había apoyado a la “contra”. Ese mismo año, Ortega apoyó modificar la normativa existente y con sus votos en la Asamblea Nacional se ilegalizó el derecho al aborto, incluso en casos de riesgo la salud.

Y así, con esas “nueva señales”, en las elecciones de 2006 triunfó Daniel Ortega y retornó a la presidencia de Nicaragua.

Inmediatamente tomó dos decisiones: consolidó el acuerdo con los grandes empresarios nicaragüenses nacionales, expandió el tratado de libre comercio con EEUU, y reconoció la deuda externa contraída para los negociados de las privatizaciones. Ni siquiera la investigó, como justamente en ese mismo tiempo hizo su par Rafael Correa, en un contexto latinoamericano que iba cambiando al calor de experiencias como la de Ecuador y motorizadas por Venezuela, Bolivia y como referente la siempre presente Cuba. Es decir, no fue siquiera una cuestión de cierto objetivismo en el concepto de “correlación de fuerzas”, de tiempos adversos. Fue la convicción de un converso.

La estrategia de desarrollo económico propuesta por Ortega fue claramente neoextractivista, recostada en una alianza de clases entre la gran burguesía nacional agrupada en la COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada), y las trasnacionales. Además recordemos los tratados de comercio con EEUU y hasta la autorización para que una flota yanqui monitoree sus costas.  El eje fue consolidar las privatizaciones del ciclo de la derecha en el gobierno (1990 – 2007) y alentar a “inversores externos” para así dinamizar la economía. Así se ampliaron o realizaron las concesiones de los recursos naturales nicaragüenses a empresas trasnacionales como Pescanova en el área de pesca (controla el 82% de la superficie concesionada), la citada Fenosa en recursos energéticos, a la B. Gold en los minerales, el proceso de deforestación maderera de la reserva natural Bosawas… El proceso de concentración de las riquezas y los medios de producción junto al enriquecimiento descomunal de la burguesía nicaragüense convivió con la extensión de la miseria. Tampoco hubo derrame. Salvo lo sugerido como política de contención por los organismos de crédito multilaterales junto a los créditos otorgados por el gobierno venezolano: planes de asistencia social para administrar la miseria, el trabajo informal, la precariedad… Nunca para buscar modificar las causas estructurales de la pobreza.

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El punto de disputa con EEUU, sin embargo, pervive tanto por la participación de Ortega en el ALBA, su solidaridad con Cuba, Bolivia y Venezuela. Y fundamentalmente, el intento de construir el canal interoceánico con empresas chinas y acuerdos en armas con Rusia. Hay que tener en cuenta que -desde una mirada internacionalista- las contradicciones externas o de disputas geopolíticas no pueden determinar el posicionamiento político interno.  

Ese proceso se consolidó y se transparentó en 2011: en su carrera hacia la reelección, Ortega llevó como compañero de fórmula al “contra” Jaime Morales Corazo. Un dato que debería ya ser suficiente para caracterizar su itinerario, sin olvidar otro: Ortega también permitió que “los contras” se integren a la policía nacional y realicen su carrera profesional. Inevitable recordar a la vieja “Guardia Nacional”, a los “perros” que hoy asedian al pueblo en la calle.

Cabe poner en diálogo algunos tópicos de lo que fue el proyecto de la revolución sandinista y este presente.

Primero, la cuestionada economía mixta implicaba que las zonas económicas estratégicas estaban en manos del Estado a través de las áreas de propiedad del pueblo y de las cooperativas, con suficiente poder como para subordinar a la propiedad privada. Era definición que la “burguesía nacional” no era fuerza motriz de la revolución. Esto, sin debatir aquí ni esa posibilidad ni si fue parte de una estrategia de guerra de posiciones. Pero hoy, en Nicaragua el 96% del PBI lo produce la economía privada, con un altísimo nivel de concentración y extranjerización, que se profundiza cada vez más. El 7 % más rico de la población se apropia del 46% de la riqueza.  

Segundo, el terreno ideológico. Si bien el frente no se definía como marxista leninista sino como sandinista, con cierta ambigüedad, era muy claro que la revolución era racionalista, parte de la modernidad y planteaba el laicismo en educación. Actualmente, la misma está plagada de esoterismo, espiritismo y el discurso oficial de Murillo -e incluso de Ortega- se apela permanentemente a la voluntad de dios y se acusa a Satanás de los males, impulsando así una degradación política y cultural.

Un tercer elemento, casi fundante de su identidad y acumulación, era la dimensión ética de su accionar principista, hoy modificado por el discurso de “come y comamos”. En aquel momento ético político, el sujeto protagonista era el pueblo, pero diferenciado del lugar asignado por las tradiciones populistas que lo considera “masa de maniobra”. Aquel FSLN intentó ¡y logró! darle un sentido diferente como “portador de consensos activos y protagónicos” sintetizados en el concepto de “poder popular”.

Hoy, las organizaciones de la sociedad civil fueron subsumidas en el aparato del Estado. Se busca amputar cualquier autonomía de los sindicatos, cooperativas, centros de estudiantes, etc., para subsumirlos en el aparato estatal y transformarlo en simples trasmisores del poder de arriba hacia abajo. O infiltrarlos y perseguirlos, como en el caso de los movimientos feministas, atacados por la nueva identidad clerical reaccionaria de la pareja presidencial. 

Un cuarto elemento era la conquista de una democracia sustantiva junto al pluripartidismo. Y en este punto hasta la estructura del frente abría sanas expectativas, ya que era el acuerdo estratégico entre tres tendencias diferentes (la “insurreccional”, la “guerra popular prolongada” y la “proletaria”) lo que permitía la conformación de un partido único de la revolución junto a tendencias internas. Sin embargo, el imperialismo actuó, azotó a la revolución, su presupuesto de guerra ocupó el 80% de su economía, las levas de jóvenes etc., etc.

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Pero vale detenerse en la dificultad para transformar una organización político militar en tiempos de guerra, en una estructura de cuadros dirigiendo al Estado con una lógica diferente a la que se habían formado, en un país con un nivel educativo y cultural bajo, demolido por décadas de somocismo. En el marco de esa dificultad –junto a las económicas- y de aquella derrota también está la “base” del personalismo autoritario murillo – orteguista.   

Lo que eran defectos en el FSLN “¡Dirección ordene!” en la etapa revolucionaria con el orteguismo en el gobierno, significó el paso ya no a un régimen personalista, sino una democracia restringida, de corte autoritario con prácticas dictatoriales.      

Tal vez una experiencia que habría que retomar para comprender -como lo hace la ex dirigente sandinista Mónica Baltodano– es la del PRI. Un partido que expresó la tradición de la revolución mexicana, con sus dirigentes históricos (Pancho Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas), sus extraordinarios murales realizados por Rivera, Orozco, en los cuales hasta se reivindican sus medidas agrarias y la educación socialista, pero que mutaría en Partido de Estado, en el sentido planteado por Horowicz, es decir un Partido que se define por representar el programa del bloque de clases dominante, que se adecúa a los intereses de su Estado. Y desde esa lógica tendrá -por su tradición- capacidad para cooptar e ir integrando a las instituciones de la sociedad civil paridas por la propia revolución, dirigentes que permanecen por ese legado (partido en disputa, es la frase) que se sentían parte de esa identidad pero que comenzaron a ser extensión del propio brazo estatal, y con capacidad para destruir a cualquier atisbo de autonomía de los sindicatos, cooperativas, obligándolas a acatar -vía los más variados mecanismos con los que cuenta el estado- la política de gobierno y en algunos casos llegando a ser  vectores de la propia coacción del aparato estatal. Es decir, una cáscara aparentemente vacía pero que suplantaba con el aparato y el “legado simbólico” de carácter nacionalista y antimperialista que había traicionado. Y se fue convirtiendo en una maquinaria estatal/electoral, organizada por carreristas políticos pragmáticos con prácticas gangsteriles que abdicaban de cualquier legado ideológico o político, pero no les molestaba repetir viejas consignas reverenciadas en las que no creían. Pero el dato sustantivo -interesante no olvidarlo- es que paralelamente llevaban a cabo una política aparentemente contradictoria en el plano internacional: habían descubierto que les permitía hacer reverdecer aquel viejo legado revolucionario sin costos altos (o el debe y haber les daba en positivo) porque se posicionaban con cierta autonomía de EEUU (“pobrecito México tan lejos de dios y tan cerca de EEUU”, dice el viejo dicho),  porque acogía a los exiliados de las dictaduras del cono sur, porque reconoció inmediatamente  justamente a la revolución sandinista. Y simultáneamente el poder del Estado mexicano ya había producido la “Masacre de Tlatelolco”  y en ese preciso momento secuestraba y torturaba guerrilleros mientras establecía planes económicos llamados “neoliberales”, que apuntalaban a la concentración de la riqueza. Baste la anécdota: cuando familiares de víctimas de la represión en México acudían a foros latinoamericanos de Derechos Humanos, no les era fácil a los organismos de DDHH chilenos o argentinos suscribir la condena al estado y gobierno mexicano del PRI por aquellos motivos…

Hoy, después de las elecciones nicaragüenses irrumpen voces que consideran que la elección legitimó el accionar de Ortega más allá de los 350 muertos en las manifestaciones, la persecución a la oposición –alguna ciertamente pro yanqui  aunque la mayoría, la que salió a las calles, no-. Cabe recordar que ese pueblo se movilizó en abril de 2018 contra la modificación en el sistema de pensiones y seguridad social impulsado por Ortega y elogiado por el propio FMI. La pregunta es: ¿desde cuándo para un pensamiento de izquierda las elecciones “burguesas” son el único parámetro de legitimidad? Lo masivo no lo torna en si mismo justo ¿o fue -llegando a extremos– el de Hitler un gobierno legítimo? ¿Lo es actualmente el de Iván Duque en Colombia o el de Jair Bolsonaro en Brasil? La legitimidad emerge de las políticas que apuntan a resolver las contradicciones fundamentales de un proceso histórico, considerando a las masas como sujeto y no objeto de dicho proceso, y no solo por el voto en las elecciones.

Hoy, no existe un argumento para pensar al gobierno de Ortega como una nueva etapa del proceso revolucionario abierto en 1979, al contrario: es su sepulturero. 

Boedo, 12 de noviembre de 2021

Artículos de referencia.

Julio Bulacio es Profesor de Historia.  En 1987 integró las Brigadas internacionalistas que viajaron a Nicaragua a colaborar con la Revolución

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