Memorial del engaño

 
Noemí Brenta es doctora en Economía (UBA, medalla de oro) y coordinadora académica e investigadora del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales (IDEHESI) del Conicet. Le pregunté cómo calificaría el proceso de endeudamiento macrista y cuáles son las operaciones más objetables.
 
Ella cree que al proceso de sobreendeudamiento macrista tuvo “la doble intención de facilitar las ganancias especulativas de unos pocos y de dejar atado al país, de dejarnos a todos atados, a las consecuencias de este tipo de deuda”.
 
Brenta tiene una lista larga de operaciones cuestionables del macrismo, pero considera que “el acuerdo con los fondos buitre fue un pésimo acuerdo. Se les reconoció todo lo que ellos reclamaban y, contradiciendo la doctrina Champerty, que en Estados Unidos justamente evita o estipula que no se puede dar lugar a este tipo de reclamo cuando los bonos se compran a precios bajos”. Recordemos que se les pagó a los buitres íntegramente unos bonos que habían comprado por nada. No solo eso. La investigadora recalca que se pagaron cifras mil millonarias en dólares por los honorarios del incidente judicial.
 
Otra operación objetable, cree Brenta, es el bono a cien años emitido por U$S 2.750 millones con una tasa de interés del 8 %: “era como una renta perpetua: lo comprabas y por cien años cobrabas una tasa de interés muy superior a las vigentes en el mercado”. En esa operación, el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, benefició al fondo Noctua, en el cual había sido administrador. La investigadora también cree cuestionable la decisión de defoltear luego de perder las PASO de 2019 las deudas de corto plazo emitidas en pesos por el propio Gobierno de Mauricio Macri porque agravó la situación general.
 
Finalmente, Brenta objeta el acuerdo con el Fondo, que “hizo muy mal porque era completamente irregular darle en ese momento a la Argentina el acceso extraordinario a esos recursos. Además, que el monto era once veces la cuota de la Argentina: esos U$S 57 mil millones, de los cuales desembolsó U$S 44 mil millones”, detalla Brenta. La investigadora señala que el Fondo autorizó ese préstamo por presión del Gobierno de los Estados Unidos: “presionó para perjudicar a un país, para apoyar a un político neoliberal, a un político de derecha; es decir, para tomar injerencia en los asuntos internos de un país”. Pero considera que el Fondo no puede excusarse diciendo “nos presionó Trump”, que debe asumir su responsabilidad institucional.
 
La investigadora dice que en muchos aspectos la experiencia cambiemita dejó a la economía argentina como la dejó la dictadura.
 

Dificultades extendidas

 
El Gobierno de Alberto Fernández se encamina a establecer un acuerdo de facilidades extendidas. Brenta conoce bien al Fondo: escribió el libro Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI (Eudeba). La investigadora señala que el oficialismo necesita más plazo porque “en trece meses el Fondo desembolsó bajo la modalidad Stand-By U$S 44 mil millones. Dado que era un Stand-By, las cuotas empezaban a vencer a los tres años y medio después y había que pagarlo a no más de cinco años terminado el acuerdo”.
 
En los próximos dos años se concentran pagos por casi U$S 40 mil millones, algo imposible de asumir para una economía que siempre navega por las aguas turbulentas de la restricción externa. Brenta señala que se necesita más plazo, pero que “así y todo es muy difícil de pagar”.
 
Frente a la consulta sobre qué características tiene el acuerdo de facilidades extendidas, Brenta explicó que, además de los mayores plazos tanto de vigencia del acuerdo como para el repago, se supone que se otorga a países que tienen problemas de balanza de pagos, como todos los demás acuerdos del Fondo, pero que además esos problemas de pagos internacionales están generados por cuestiones de fondo de la economía, por cuestiones de la estructura económica, entonces, estos acuerdos también implican reformas estructurales de la economía: “viniendo del Fondo, viniendo de Washington, sabemos que las reformas estructurales son el neoliberalismo”.
 
En cuanto a acuerdos de facilidades extendidas previos, la investigadora recuerda que Argentina tuvo uno en el año 1992 asociado al Play Brady, es decir a salvar a los bancos acreedores trasnacionales, principalmente estadounidenses por los malos préstamos que habían hecho a la Argentina y a otros países periféricos durante la etapa de los petrodólares. También en 1998 hubo otro acuerdo de facilidades extendidas, que en su momento se dijo que era precautorio, es decir que la Argentina no lo iba a usar, pero después efectivamente lo uso. Luego de la crisis asiática, la rusa y, casi en simultáneo con la de Brasil de 1999, en aquel 1998 comenzó en el último trimestre la recesión en Argentina que devendría en depresión con el desenlace caótico de 2001.
 
Los antecedentes de préstamos de facilidades extendidas no son muy alentadores. Pienso… ¿no sería más preciso llamarlos de dificultades extendidas?
 

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El nuevo viejo Fondo

 
Francisco Cantamutto es integrante de la Sociedad de Economía Crítica e investigador del CONICET. También participa en Lo prometido es deuda, un podcast muy didáctico de la Fundación Ebert. Le consulté qué opinaba sobre el próximo acuerdo con el Fondo en términos de consecuencias sociales. Su visión es que existe alguna renovación retórica del organismo internacional que hasta cierto punto es cierta.
 
Cantamutto entiende que el FMI acepta cierto piso de protección social o de tolerancia a ciertos controles en las cuentas externas. Pero parece que no va por ahí en la negociación con Argentina. Y agrega que “sin embargo, incluso durante la pandemia, el FMI insistió con la recomendación de medidas de austeridad en cuatro de cada cinco acuerdos que firmó”.
 
Hasta ahora el ministro de Economía, Martín Guzmán, no detalló cómo sería el anunciado “Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable” que presentará en el Congreso en función de la negociación con el staff del Fondo. Aun así, de las pistas que fue dando en los medios de comunicación se pueden deducir algunos rasgos.
 
Cantamutto explica que “Argentina propone un sendero de convergencia fiscal que sería apostar a que el crecimiento y la recaudación recompongan las cuentas fiscales sin ampliar el gasto, reduciendo así el déficit fiscal, lo que haría disminuir las complicaciones para financiar ese déficit vía monetización, impuestos o crédito. Aparentemente, el FMI estaría pidiendo una aceleración en esa convergencia fiscal de manera que sea un ajuste más veloz”.
 
Por otro lado, otro punto de discusión estaría focalizado en reducir la brecha cambiaria. Las consecuencias pueden ser gravosas para los ingresos populares. Cantamutto cree que podría generar un nuevo impulso inflacionario que, junto con el ajuste público, tendría como efecto pulverizar los ingresos de los que vivimos de nuestro trabajo. “¿El FMI está dispuesto a aceptar sostener una brecha sin devaluar, como sostiene el ministro? ¿O a un sendero de convergencia de reducción del déficit fiscal de aquí a cinco años?”, se pregunta el investigador. Todavía no hay respuestas ciertas.
 
Pero lo sucedido hasta el momento, aún sin acuerdo, anticipa de qué se trata negociar con el Fondo: el plan “platita” de las elecciones, dice Cantamutto, insumió apenas el 0,3 % del PIB, menos que lo que gastó Macri cuando perdió las elecciones.
 
Una de las fuentes de crecimiento, en los términos que razona el Gobierno, es mantener la expansión del gasto en obra pública, pero es algo que el organismo internacional no necesariamente va a aceptar. En el caso que lo acepte, indica el investigador, la obra pública demanda una mano de obra totalmente masculinizada. Y lo vincula a “a la retracción en el debate de los planes sociales para ser convertidos en fuentes de trabajo barato, desconociendo la demanda de todos los movimientos sociales de que las tareas de cuidado, por ejemplo, son trabajo concreto y que debe ser remunerado”.
 
Cantamutto cree que, a pesar que un acuerdo de facilidades extendidas comprende reformas estructurales, podría ocurrir lo que señala Guzmán de que no haya roces con el FMI porque muchas de esas reformas fueron realizadas con el macrismo o no fueron modificadas, o avanzan por vías laterales, como en el caso de cambios en los convenios de trabajo, por ejemplo, en Toyota.
 
Y, además, el gobierno trabaja en el aumento de las exportaciones de litio, de gas de yacimientos no convencionales, en la incorporación de la producción de marihuana, en los polos de exportación de servicios de tecnología y en el tradicional agronegocios. No obstante, advierte el investigador, que “las posibilidades de avanzar en una lógica extractivista son un riesgo real y concreto que amenaza las condiciones de vida de las poblaciones en los lugares concretos de operación del capital”.
 
Por último, explica que “el FMI puede estar considerando algún tipo de negociación en este plano siempre y cuando esto implique el alineamiento diplomático argentino con Estados Unidos, que es el principal acreedor”.
 

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¿Hasta la próxima crisis?

 
Brenta señala que “tenemos experiencia de todo, pero seguimos siendo un país subordinado en el orden mundial entonces hasta que esa situación no cambie lamentablemente es muy difícil que podamos emerger para una buena vida”. Y agrega que “de todas maneras, es mucho mejor que haya un gobierno que mira los intereses populares de la manera que puede. O, por lo menos, no les da la espalda, que nos haya tocado en pandemia eso y no la otra cosa monstruosa”.
 
Lo señala sabiendo que conversa con quienes desde la izquierda somos críticos del Gobierno de Alberto Fernández y creemos que es posible pensar otras alternativas frente al fraude de la deuda, además de opuestas a la derecha pampeana, justamente vinculadas a terminar con la situación de subordinación en el orden mundial en base a la movilización en las calles y con un programa de ruptura con el orden financiero imperialista.
 
La investigadora indica que las reformas estructurales que propone el oficialismo están vinculadas a la resolución de la restricción externa “que es el problema estructural de la Argentina, que a su vez deviene de su posición subordinada en el orden económico político mundial”. No obstante, señala que “vamos a ver si efectivamente se alcanza un sendero sustentable para el pago de la deuda”. Y afirma que el único sendero sustentable es el del crecimiento económico que genere un círculo virtuoso. Pero la verdadera solución es “salir del Fondo lo antes posible. Creo que a medida que se tengan fondos para pagar al Fondo hay que pagarle. Hay que salir y no volver nunca más”.
 
Cantamutto opina que el país va a tener que pagar cifras siderales de deuda desde 2024, con lo cual es previsible que tenga que volver a reestructurar la deuda con acreedores privados, algo que el propio “mercado” da por hecho. La idea del gobierno es que, si para ese entonces están normalizadas las tendencias financieras y cambiarias, esa reestructuración n0 sea costosa, sino que sea fácil de llevar adelante. Pero se está muy lejos de un sendero sustentable. Lo más grave es que esto implica “seguir dilatando la recomposición en las condiciones de vida de la población”.
 
El investigador opina que hay varias cosas que se pueden plantear como alternativa a pagar sin cuestionar. Una de ellas es detener los pagos por causa de fuerza mayor debido a la situación de la pandemia y para auditar la deuda. Cree que las investigaciones judiciales en curso afectan el plano político interno, pero “en la negociación con el FMI no está afectando en nada”. También señala la necesidad de crear vínculos diplomáticos con otros países deudores y tomar una acción en común, lo cual considera una alternativa real y necesaria. Por otro lado, afirma que el país puede aducir que no puede asumir un acuerdo que “ponga en juego el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado en término de derechos internacionales” de protección de derechos humanos.
 
La posibilidad de poder conversar con quienes estudian el proceso de endeudamiento desde miradas distintas, con cierta expectativa en la perspectiva que propone el Gobierno en el caso de Brenta, con una visión crítica en el caso de Cantamutto -pero no necesariamente compartiendo el planteo íntegro de la izquierda-, permite observar que en todos los casos existe un profundo cuestionamiento a la estafa de la deuda, un cuestionamiento al rol de la deuda como un mecanismo de dominación, un señalamiento del carácter crónico de las crisis de deuda que imponen la miseria sobre las mayorías populares y una conciencia de que hay que salir del Fondo. El problema es cómo y bajo qué perspectiva.
 
Cantamutto señala que no se puede ceñir la discusión a un problema técnico porque ahí es el terreno donde siempre gana el Fondo. Como ocurrió en diciembre de 2017 contra el “reformismo permanente” con el que Macri quería llevarnos a todos puestos, como ocurrió recientemente, con sus límites y potencialidades, en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica y en otras latitudes más lejanas contra el Fondo, cambia el horizonte de lo posible y lo imposible, cuando las calles hablan. La convocatoria del Frente de Izquierda para preparar una amplia movilización contra el FMI es para que el acuerdo de dificultades extendidas no sea el único destino posible.

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Fuente: Newletters de Pablo Anino
 

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