El 23 de marzo de 2002, una movilización de asambleas barriales de la zona de Palermo lanzó una convocatoria contra los aumentos tarifarios anunciados por el entonces gobierno nacional. Varias Asambleas de la zona, principalmente la de Palermo Viejo y la de Scalabrini Ortiz y Córdoba, prepararon una propuesta de campaña “Contra los Tarifazos y por la Recuperación de las Empresas Privatizadas”. La convocatoria se hizo extensiva a numerosas asambleas, que finalmente dieron lugar en mayo de 2002 a la integración de una Comisión de trabajo interasamblearia. Esta comisión tuvo continuidad en el tiempo y participó de diversas iniciativas tendientes a desarrollar un debate político e ideológico, acciones y alternativas para recuperar la gestión popular de las empresas públicas.
1. La crisis del modelo neoliberal y la disputa por recuperar lo público.
En el proceso de reformas neoliberales de los ´90 y durante la convertibilidad diversas fracciones económicas convergieron en el proceso de privatizaciones, asegurándose rentas extraordinarias y un nuevo ciclo de endeudamiento externo y fuga de capitales. Al restringirse el acceso del crédito externo, y frente a un estado desguazado y exhausto para seguir financiando dicho modelo, una fracción dominante con mayor anclaje productivo y poseedora de cuantiosos activos financieros en el exterior impulsó la salida devaluadora, frente a las otras fracciones dominantes privilegiadas, como el sector financiero y las privatizadas que sostenían la alternativa de dolarizar la economía. La protesta popular que eclosionó el 19 y 20 de diciembre de 2001 puso en evidencia el colapso del sistema inaugurado a partir de la dictadura del 76, basado en la valorización financiera y la transferencia de recursos al exterior. Así como de sus principales beneficiarios, el sector financiero y las empresas privatizadas.
Al colapsar la convertibilidad y decretarse la devaluación de la moneda, se dictó la Ley de Emergencia Económica Nº 25.561 que otorgaba diversas herramientas para encarar una revisión integral de los contratos con las empresas de servicios públicos privatizados y reducir las tarifas, suprimiendo los innumerables privilegios (dolarización de tarifas, ajuste a la inflación de EE.UU, entre otros) que habían beneficiado a las empresas. Frente a la devaluación, las privatizadas presionaron por exorbitantes incrementos tarifarios tendientes a recomponer sus tasas de ganancia, reclamando también un seguro de cambio con el cual hacer frente a sus deudas en dólares, adquiridas por decisión exclusiva de las propias empresas. La pesificación se tornaba gravosa para las empresas, que buscaban mantener las tasas de ganancias que tenían durante el período de la convertibilidad.
La ley de emergencia económica fijaba restricciones al aumento de tarifas hasta tanto se termine la revisión de los contratos de concesiones y licencias. Sin embargo, durante el gobierno de Duhalde, el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna trató de imponer en reiteradas oportunidades sustantivos aumentos tarifarios, convocando a audiencias públicas por decretos de necesidad y urgencia, violando la propia normativa vigente. Tales iniciativas fueron frenadas por vía judicial así como por la protesta popular de las asambleas barriales, organizaciones de trabajadores (CTA-Frenapo, sectores de la CGT y empresarios pymes). Por entonces se realizaron masivos apagones y movilizaciones de repudio a los tarifazos y a las empresas privatizadas.
2. La lucha contra los tarifazos
En una primera etapa las asambleas trabajaron en la denuncia de los tarifazos que pretendían las empresas privatizadas para mantener sus rentas extraordinarias. En ese accionar las asambleas fueron concientizando a los vecinos en sus respectivos barrios y establecieron relaciones con diversos sectores sociales, gremiales y de partidos para frenar los tarifazos y la suspensión de los cortes a quienes no pudieran pagar los servicios por falta de ingresos. Instalaron así el reclamo por una tarifa social y una agenda para impulsar la caída de las concesiones y la recuperación de las empresas a manos públicas. Con este fin impulsaron campañas de firmas, apagones y cacerolazos, marchas, escraches a los entes reguladores, tomas simbólicas de empresas de servicios públicos, etc.
En un contexto donde la movilización popular estaba en alza, las asambleas tenían un despliegue territorial importante que permitía llegar a los vecinos, a la vez que presionar a las empresas y entes reguladores en diversas zonas. Ninguna otra organización contaba con el despliegue territorial masivo que aseguraban las asambleas barriales.
Los tarifazos exigidos por las privatizadas al colapsar la convertibilidad fueron frenados por acciones presentadas ante la Justicia, pero fundamentalmente por la presión popular durante el 2002 y 2003.
En este proceso la Comisión tradujo la consigna general de las protestas del 2001, “Que se vayan todos” en “Que se vayan las privatizadas ladronas, nosotros nos hacemos cargo”, en base al concepto de que las empresas privatizadas debían volver a manos públicas.
3. Por la rescisión de las concesiones y la gestión popular alternativa
Frenados los tarifazos, la Comisión por la Recuperación de las Privatizadas, evaluó conveniente concentrarse en acciones más específicas para presionar por la caída de las concesiones ante incumplimiento de los contratos. Esto llevó a evaluar cada empresa en particular porque los marcos legales y el tipo de concesión son diferentes en cada caso.
La Comisión priorizó instalar los debates sobre aquellas empresas privatizadas que tenían mayores incumplimientos respecto a los compromisos asumidos en los contratos de concesión, porque ilustraban mejor el fracaso del modelo privatista y permitía lograr mayores consensos con la gente para instalar la idea de las reestatizaciones con una nueva modalidad de gestionar lo público, con control popular.
Las Asambleas barriales trabajaron entre el 2003 y el 2007 en diversas campañas de firmas, con escraches, caravanas y movilizaciones por la caída de las concesiones de empresas de servicios públicos privatizados: entre éstas estaba en la rescisión del contrato con Aguas Argentinas, las concesiones ferroviarias, el correo y las empresas de energía. En todos estos casos se participó en el debate y propuestas para la elaboración de alternativas de gestión de estas empresas.
En el caso de la lucha por la rescisión del contrato de la empresa Aguas Argentinas S.A.(AASA), se señalaba que éste contaba con la mayor área concesionada del mundo, controlada por la transnacional del agua Suez Lyonnes, e integrada por Vivendi, Aguas de Barcelona, Banco Galicia y la Corporación financiera Internacional (Banco Mundial), que incumplieron en forma sistemática y reiterada el contrato de concesión tanto en lo referente a las metas de distribución de agua potable como respecto de la expansión de la infraestructura y obras de saneamiento, generando perjuicios a los usuarios y a los intereses del país.
En esta disputa se daban por entonces varias alternativas:
. El gobierno nacional (ya entonces había asumido Néstor Kirchner) se planteaba renegociar los contratos, a cambio de asegurar planes de inversiones más exigentes. En el caso de AASA, la empresa quedaba circunscripta a la operación del servicio, con un plan de inversiones más controlado en su ejecución. Tal como proponía el Acta de Entendimiento (previo a la renegociación del contrato), se constituía un fondo fiduciario para financiar las obras. Dicho fondo se conformaba con aumentos de tarifas, créditos internacionales y aportes especiales de los beneficiarios, que replicaba el modelo vigente de obras por cuenta de terceros. Aunque se aceptaban incrementos tarifarios, el gobierno nacional no estaba dispuesto a aceptar los aumentos que exigía la empresa.
. La otra alternativa que estuvo en juego, y contaba con diversos adherentes, era la búsqueda de otros socios, como potenciales candidatos a capitalizar la compañía. Se hablaba del grupo Dolphin, el fondo inversor de IRSA, del grupo Werthein, que había comprado Telecom, el empresario Eduardo Eurnekian que manejaba Aeropuertos Argentina 2000 y al grupo Benito Roggio, que finalmente intervino en la renegociación y concesión del servicio en la ciudad de Córdoba, donde la Suez mantuvo un porcentaje menor de acciones. Entre estas variantes también se planteaba segmentar la empresa en unidades con diversos operadores. Esta alternativa era sostenida por el Defensor del Pueblo de la Nación y era rechazada por diversas organizaciones populares.
. La tercera alternativa era la rescisión y estatización del servicio, que finalmente fue la que terminó adoptándose, ante el fracaso de las variantes anteriores. Ésta era la alternativa impulsada por las asambleas y diversas organizaciones populares.
En el movimiento asambleario se planteaba la necesidad de coordinar las acciones contra las privatizadas y en ese lineamiento tomaron contacto con la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua en Santa Fe, que había realizado un plebiscito por la rescisión del contrato de la empresa provincial controlada por la Suez. Organizaciones santafesinas de usuarios y asambleas barriales habían logrado conformar un espacio de coordinación común. Igual situación padecía la provincia de Córdoba con la misma empresa, donde también se había formado alrededor del sindicato local de obras sanitarias, el SIPOS, y con asambleas barriales locales, una Coordinadora por el Agua que reclamaba la rescisión del contrato y su estatización. La lucha contra la transnacional Suez se nacionalizaba desde territorios concretos que se expresaban con diversa suerte de coordinación en varias provincias. En Santa Fé esas luchas tuvieron incidencia para la estatización de la empresa; en Córdoba pese a movilización alcanzada, y fuertemente reprimida, no se logró la rescisión del contrato con la Suez.
Las organizaciones territoriales como sociedades de fomento, Foros Hídricos, organizaciones socioambientales, y las asambleas barriales, fueron desplegando diversas acciones tendientes a lograr la rescisión del contrato con la Suez y la estatización del servicio. En Lomas de Zamora la concesionaria había enviado boletas del servicio con una alerta sanitario donde se advertía que el agua provista no era conveniente para embarazadas y niños, por la presencia de nitratos en la red. Esto alarmó a los vecinos y fue el detonante de una protesta local, encabezada por el Foro Hídrico, que fue determinante para instalar el tema de la calidad del agua provista por la concesionaria AASA y generó otra causal más para repudiar a la empresa y reclamar la rescisión y estatización del servicio. Tal dimensión cobró el reclamo que este tema fue determinante en los fundamentos para la rescisión del contrato con la Suez.
Las organizaciones vecinales (sociedades de fomento y asambleas barriales), ambientalistas (Foros Hídricos) y desocupados intensificaron acciones (movilizaciones en la Plaza de Mayo) con la consigna de “la caída de la concesión de la empresa Aguas Argentinas” y por la reestatización.
Finalmente, el fracaso de la renegociación del contrato con la Suez llevó al gobierno nacional a rescindir el contrato y se decretó la estatización del servicio.
Posteriormente, se dictó un nuevo marco regulatorio que reconoció al agua como un derecho, y por lo tanto no podía cortarse el servicio ante la imposibilidad de pago. A pesar de ese logro, las organizaciones que venían trabajando por la estatización cuestionaron por entonces el diseño institucional adoptado y plantearon diversos reclamos. El antiguo ente regulador se dividió en dos agencias, una encargada de la atención de los usuarios y el desempeño de la prestación (ERAS) y otra encargada de la expansión de los planes de obras (Agencia de Planificación -APLA). Principalmente objetaban que “el control social” quedaba fragmentado entre los dos entes, de modo que la posibilidad de ampliar la participación y profundizar algunos mecanismos de control social quedó sujeto a la capacidad de presión y movilización que pudieran ejercer.
En suma, el nuevo marco regulatorio acotó el grado de participación de los usuarios y las organizaciones populares a la Sindicatura de Usuarios, cuyas principales tareas asignadas fueron la atención de los reclamos por deficiencias en la calidad del servicio y los asuntos tarifarios. Mientras que uno de los temas centrales a encarar era y es la expansión del servicio y la definición de áreas prioritarias, el control de las obras públicas previstas quedó a cargo del APLA, donde no se previeron mecanismos institucionales de participación.
Una de las luchas encaradas por la Comisión fue la recuperación del Correo, donde se cuestionaba a uno de los principales exponentes de la “patria contratista”, encabezado por Franco Macri. Estos grupos económicos nacionales, diversificados durante la dictadura militar y ampliamente apañados bajo los gobiernos democráticos, se habían quedado -entre otras empresas- con el correo, incumpliendo con el contrato de concesión. No sólo achicaron el servicio a las áreas más rentables, desguazaron infraestructura, precarizaron a los trabajadores (fuera de convenio), sino que también, y sobre todo, contrajeron una deuda con el Estado que está impaga desde entonces y en proceso judicial. Las Asambleas participaron activamente en la Coordinadora por la Recuperación del Correo Nacional, desplegaron campañas de difusión “Para que no te vendan más buzones” y acciones directas (firmas, caravanas con “la posta de los chaskis). Se coordinaron acciones con sectores de los trabajadores del correo, y todo esto terminó con la rescisión del contrato y la estatización del servicio postal.
En relación a las empresas de energía, las asambleas participaron en las audiencias públicas donde se trataron las Cartas de Entendimiento (previo al acuerdo definitivo de las Actas Acuerdo). El tema principal de esos debates fue la exigencia para que las empresas presentaran planes de inversión. Según el marco regulatorio, las inversiones dependían de la mera voluntad de las concesionarias. La normativa neoliberal daba señales indirectas (sanciones por incumplimientos), como motivo de inducción a las inversiones. La mayor demanda de energía al iniciarse una mayor reactivación económica a partir de 2003, generó la necesidad de que el estado intervenga para financiar obras de infraestructura (generación y transporte). Las distribuidoras escasamente cumplieron sus compromisos y los cortes de energía se sucedieron reiteradamente. Ante esa situación, las asambleas salieron con campañas contra los cortes con la consigna “Para que no te corten la luz, encendé tu conciencia”, donde planteaban cumplimentar la tarifa social y la estatización del servicio por nuevos incumplimientos.
Ciertamente, las estatizaciones señaladas tuvieron modalidades “sui generis” (se dieron con la modalidad de sociedades anónimas regidas por el derecho privado), y los resultados no eran los esperados por las organizaciones populares. Sin embargo, aún con sus límites organizativos, las asambleas barriales jugaron un papel que gravitó en el debate político ideológico tendiente a cuestionar esa herencia neoliberal, en el reclamo de las rescisiones y estatizaciones. El “consignismo” de muchas fuerzas de izquierda no alcanzaba por entonces a interpelar a muchos sectores a los cuales las asambleas lograban llegar. Precisamente, era esa mirada asamblearia “donde naides era más que naides” lo que contribuyó a la construcción colectiva entre diversos espacios.
4. Algunos aprendizajes adquiridos de esa experiencia
Como conclusión de diversos plenarios, la Comisión acordó algunos criterios de construcción, señalando en su informe que “no siempre logramos cumplir, pero tratamos”. Replicamos textualmente:
“Frente a un diagnóstico donde veíamos una fragmentación del campo popular, apostamos a la unidad de acción y a la necesidad de ampliar y profundizar una política de articulación y enlace con diversos sectores en lucha. Esto nos llevó a coordinar actividades con fuerzas muy heterogéneas según las diversas coyunturas.
Se enfatizó que, en conjunto con el reclamo por la caída de las concesiones de las privatizadas, debíamos contribuir y fortalecer el trabajo de organización popular capaz de sostener y hacerse cargo de las empresas. Porque en este contexto la mera estatización, si bien resulta un avance, no supone un cambio en la gestión, y las estatizaciones realizadas han sido sui generis, con marcos jurídicos regidos por el derecho privado como las sociedades anónimas. En este sentido tratamos de coordinar con trabajadores, ex trabajadores y jubilados de las empresas (que son la historia viva de lo que fueron esas empresas) y vincularlos con organizaciones territoriales. Esto ha sido lo más difícil de lograr y las veces que logramos algunos avances no pudimos sostenerlos en el tiempo.”
Muchas asambleas se fueron disgregando, otras se reconvirtieron y fusionaron en otros espacios donde dejaron su impronta. La Comisión por la Recuperación de las Privatizada participó en diversos espacios de coordinación, de los cuales se citan los principales:
. El Espacio Intercuencas que surgió a partir de un encuentro realizado en La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos, el 16 de junio de 2007, integrado por diversas organizaciones ambientalistas, ONGs, Foros Hídricos y de Salud, Sociedades de Fomento, Comisiones y Asambleas Barriales, grupos autoconvocados de vecinos y personas, que accionan contra la contaminación ambiental, la defensa de bosques nativos y humedales, la expansión del servicio de agua y saneamiento, la gestión integral de residuos sólidos urbanos y la gestión integral del Agua y de las Cuencas Hídricas.
. Usuarios por los Trenes, que se promovió con la intención de sumar a lxs usuarios del ferrocarril en la lucha por recuperar las concesiones y la gestión pública de los mismos. A través de encuentros y plenarios entre organizaciones de usuarios y trabajadores, se impulsaron campañas de denuncias de las concesionarias, por ejemplo en el apoyo al reclamo de justicia por parte de los familiares de las víctimas de una tragedia anunciada: “el Cromañón ferroviario” de Once. Se impulsaron y apoyaron diversas luchas para recuperar y mantener servicios de trenes de pasajeros suburbano y de algunas provincias, se realizaron auditorías sociales de usuarios sobre el estado de situación de los ferrocarriles con denuncias presentadas ante la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Auditoría General de la Nación.
En todos estos espacios se puede observar la influencia “asamblearia” en su funcionamiento como redes pluralistas de intercambio de información, solidaridad, apoyo y movilización. Los agrupamientos de matriz asamblearia o autoconvocados presentan objetivos genéricos multipropósitos, esto es, que las organizaciones intervienen en un amplio campo de acción donde se asumen con diverso grado de intensidad, según el tipo de organización, con múltiples objetivos que frecuentemente no pueden ordenarse en base a alguna estrategia predominante. Pese a estas limitaciones, la experiencia de la Comisión por la Recuperación de las Privatizadas permite reflexionar acerca de organizaciones de base como las asambleas, que sin aparatos políticos o sindicales de apoyo, y sin recursos financieros, pudieron instalar agendas, organizar en muchos casos los reclamos, definir estrategias y presentar alternativas. Ese esfuerzo no alcanzó para gravitar con mayor poder de incidencia sobre las políticas públicas, pero permite concluir que es posible construir plataformas de trabajo que recuperen para nuestro pueblo las sendas de un proyecto que no se limite a administrar la herencia neocolonial del neoliberalismo, sino que, por el contrario, recupere la senda de proyectos emancipatorios.