Ismael Jalil: «Del ‘gatillo alegre’ de Walsh al ‘gatillo fácil’ de hoy»

Los recientes asesinatos de Lautaro Rosé, Lucas González y Luciano Olivera en el curso de menos de un mes han vuelto a poner de relieve que el gatillo fácil sigue siendo pan nuestro de cada día. En este artículo Ismael Jalil registra, desde que Rodolfo Walsh percibiera los orígenes del fenómeno a fines de los ’60, bautizándolo como «gatillo alegre», hasta hoy, los hitos que jalonan el despliegue de este método de control social que azota a los jóvenes de los barrios pobres.

Walsh por milonga

Cuando Rodolfo Walsh popularizó la expresión “gatillo alegre” (del inglés trigger happy) corrían los años ’60. Para explicar la modalidad represiva estatal de control social que se imponía todavía silenciosamente en, Walsh citaba algunos casos de ejecuciones frías y calculadas de jóvenes pobres, indefensos o que no representaban peligro alguno para nadie.

La información, la que aparecía en los medios de prensa -prestos siempre a brindar como reales las versiones policiales- convalidaban la existencia de un presunto  enfrentamiento particularmente feroz.  Generalmente morían los civiles, mientras que  los “valientes servidores de la ley” no sufrían ni un solo raspón.

En su minucioso recorrido por los medios de la época, el filoso periodista revolucionario demostraba que la noticia que comunicaba hechos de ese tipo no era otra cosa que la pura transcripción del comunicado institucional: «En horas de la noche de ayer, una comisión de la comisaría primera de tal lugar observó a varias personas en actitud sospechosa. Al acercarse a interrogarlos, fueron recibidos por una descarga cerrada, generalizándose un tiroteo a cuyo término encontraron heridos de muerte a N. N., con antecedentes por robo, y X. X., cuya identidad se procura establecer. Junto al cadáver de uno de los malhechores se halló un revólver 38 con dos cápsulas servidas».

Tomando un caso sucedido en el conurbano norte, para explicar cómo era posible que en similares relatos se hayan registrado diez bajas de civiles contra una policial, Walsh anota: «Si admitimos que los antecedentes los pone la policía, y el revólver también, esta historia cotidianamente admitida por todo el mundo es la misma historia de los menores Seijo y Rodríguez Fontán. Con la sola diferencia —que los matadores ignoraban en el momento de apretar el gatillo— de la edad y la condición social de las víctimas».

Y remata con una frase que hoy ya no sorprende a nadie: «Pero es un hecho que la comisaría de Florida inventó delincuentes a posteriori, y «encontró» un revólver. Parece que la consigna fuera tirar primero y averiguar después. Quizás eso explique el diez a uno».

Si no fuera porque lo escribió hace sesenta años, el título de este pasaje de su informe no sorprendería tanto:“Milongas Clásicas” tituló.

El disciplinamiento como política de estado.

La represión, que alguno llaman violencia institucional, es una política de estado. Va de la mano del diseño de políticas hambreadoras que multiplican la desigualdad. Es política porque las complementa y está pensada, decidida, instrumentada de modo tal que las consecuencias son completamente previsibles y evaluadas.

Pertrechar, instruír y garantizar impunidad a las fuerzas de seguridad para su despliegue hacia el interior de la sociedad no es otra cosa que elegir el modo de resolver, mediante la represión, el conflicto social que esas otras políticas (las hambreadoras) generan.

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No por casualidad fue en la década de los ’90 cuando el fenómeno que Walsh percibió como embrionario treinta años antes, se desplegó en toda su amplitud. No sólo volvieron a potenciarse los índices de pobreza y desocupación que ya había duplicado la dictadura, sino que además se difundió la idea de que mayor presencia policial en las calles era la respuesta adecuada a la amenaza al derecho de propiedad. El caso del Ingeniero Horacio Santos constituyó un hito en el proceso legitimador.

Todo se resumió con una palabra que el imperio mediático terminó de consolidar: inseguridad. Una construcción de época que cayó como anillo al dedo. A partir de allí “el combate a la delincuencia, la tolerancia cero y la mano dura” se incorporaron al habla cotidiana de los argentinos. Lo curioso – o no tanto- es que se transformó en la primera preocupación de los argentinos “…a pesar de una disminución de la cantidad general del delito desde 2002” (Pedro Cerrutti en Scielo, Brasil 2013).

Que hoy la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, ostente el nivel más alto de policías por habitantes (873 por cada 100 mil habitantes) no es un dato menor. Que la Argentina toda resulte proporcionalmente el país con mayor cantidad de policías por habitantes de la región, (558 por cada 100 mil habitantes) tampoco. Naciones Unidas recomienda 300 cada 100 mil.

Pero no fue un fenómeno descolgado de todo un proceso cultural conglobante, un parámetro impuesto de arriba hacia abajo, ratificando aquello de que las ideas dominantes de una época no son otra cosa que las ideas de la clase que ejerce el poder material dominante. Eso sí: la llamada “inseguridad” no incluye las tragedias que sufren los pobres como consecuencia de la generalización del proceso de policialización de la cotidaneidad.

Entonces se naturalizó que nuestros pibes fueran arrojados al reclutamiento en condiciones policiales (las banditas que roban para…), al soldadito narco, al consumo problemático. Destino de cárcel – si cuentan con suficiente suerte para seguir vivos-, de tortura institucionalizada, de balas callejeras de la policía si la taba se dio vuelta.

Desde 1983 hasta Noviembre de 2020 los registros de la CORREPI dan cuenta de 7587 muertes en manos del estado. Más del 40% en modalidad gatillo fácil, más del 50 % en muertes en lugares de detención, y el resto por otras modalidades tales como el femicidio de uniforme.

Mientras para los pobres la inseguridad es un drama que se expresa en una indigerible puja entre iguales, a la que se debe sumar el accionar policial en las calles, para los que administran las reglas del juego, en cambio, un pibe caído bajo el accionar de la policía es un “daño colateral”, o un presunto daño accidental. Un simple eufemismo para encubrir lo que es una verdadera masacre social.

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Lautaro, Lucas, Luciano, desenmascarando a la hipocresía

En la madrugada del 8 de Noviembre, a Lautaro Rosé (18), la policía correntina comandada por el gobernador radical Gustavo Valdéz lo dejó morir ahogado en las aguas del Paraná, mientras en la orilla le pegaban a su amigo Ismael de apenas 16 años. Once policías comparten la responsabilidad de un “procedimiento policial irregular”, según los términos de la Fiscalía. El procedimiento no quedó registrado en actas, pero se realizó bajo la modalidad de la razia, inaugurada por los franceses en Argelia, que implicaba la incursión violenta sobre población civil indefensa para someterla.

Arbitraria, irracional e ilegal”, calificó el juez de la causa el accionar de la policía de la ciudad de Buenos Aires que al mando del macrista Horacio Larreta, asesinó a Lucas González (17) y sometió a torturas y a privación ilegal de la libertad a sus tres amigos, en cercanías de la Villa 21- 24 de Barracas. Aquí la modalidad fue el gatillo fácil “de manual”, con 17 policías involucrados en el asesinato, la simulación de un enfrentamiento, el plantado de prueba falsa, la mentira y el encubrimiento.

De “abuso y poco profesional, estúpidos y mafiosos” trataron los peronistas Berni y Kicillof por un lado y Aníbal Fernández por el suyo, al procedimiento policial con el que de un balazo en el pecho, la fuerza bonaerense por ellos comandada, asesinó a Luciano Olivera (16) por no detenerse con su moto en un retén policial el viernes 10 de Diciembre en la ciudad de Miramar.

Podríamos señalar varios denominadores comunes. El parecido físico entre los pibes, el origen humilde de los tres, la violencia desplegada contra ellos, la estigmatización prejuiciosa que los convierte en el blanco predilecto de estas modalidades de control social: más del 90% de los casos se dan sobre pibes de estas características.

En los casos de CABA y Miramar el disparo sobre un vehículo en movimiento, algo completamente prohibido por la legislación cuando no hay peligro inminente (y en caso que lo hubiera, los policías deberían disparar a las ruedas). Los encubrimientos en todos los casos. Las complicidades de los mandos. Son citas que pueden ampliarse con muchas otras similitudes. Pero habrá que detenerse en las reacciones como elemento diferenciador.

De un lado

La posición de trascendencia social que ocupa debería someter al policía a una exigencia superior a la de cualquier ciudadano. Sin embargo, esa posición es asumida como un privilegio. Así, los policías asesinos de Lucas González estuvieron comunicados entre sí, libres en sus casas y hasta con atención psicológica durante varios días antes de que se concretara su detención.

La justicia y los gobiernos responsables invocan por un lado una legislación que burlan sistemáticamente. Las conductas que se reiteran y multiplican a lo largo y a lo ancho del país sin no conmueven a los responsables políticos ineludibles. Larreta, Valdéz, Kicillof, Berni, Fernández, (no agotan la lista) repiten el versito de la manzana podrida, remarcando que “hay policías buenos y policías malos”.

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En verdad encubren  a una institución que no está ni para cuidarnos ni para servir al pueblo pobre. Una institución de la que, en virtud de las políticas que despliegan y de los intereses que defienden, no pueden prescindir.

¿Puede ignorar un funcionario de ese rango que la recomendación  a sus policías por parte de los instructores de las fuerzas, es que lleven la reglamentaria sin seguro, listas para el disparo?

Y sin embargo, ellos son los primeros en abonar la teoría del daño colateral. Porque tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo custodian la impunidad de las fuerzas. Sólo excepcionalmente, cuando es tan rotunda y notoria la evidencia que la impunidad apareja un costo político mayor, pagan los homicidios arteros y alevosos. Entonces son “rigurosos”… los primeros tiempos: la mayoría de los policías que llegan a juicio lo hacen en libertad y perteneciendo a la fuerza. La regla es la impunidad y hacia allí apuntan todos los discursos legitimadores.

Vaya como ejemplo las 34 horas que demandó a Larreta y su equipo fijar posición frente al crímen de Lucas González. Vaya como ejemplo la permanencia de Berni en el equipo de ministros del gobernador Kicillof con dos años de sucesivos crímenes como el de Luciano Olivera. Tampoco agotan la lista.

Del otro

Rodolfo Walsh escribió «La Secta del Gatillo Alegre» en 1969. Suma y sigue es otro de los subtítulos de ese artículo de pavorosa actualidad. Pensemos un momento en los casi 8 mil casos que se conocen y en todos esos pibes que fueron víctimas del mismo accionar sin que sus caso repercutieran y, lo que es peor, por el contrario, engrosaran los listados de la impunidad.

Todo esto lo saben los familiares. Esos que no quieren ser revictimizados con la resignación y la injusticia y entonces comienzan ese brutal aprendizaje de las reglas del sistema y las decodifican: “no están para cuidarnos sino para disciplinarnos, no es sólo la sentencia es además la conciencia”, repiten mientras peregrinan con fuerza y sin bajar los brazos.

La reacción del Pueblo, de las comunidades que rodean a los tres pibes ha sido notable. Se movilizaron en Corrientes, en Barracas y en Miramar. Lo hicieron rápido, masivamente, ganaron la pulseada ante los medios masivos – nunca hay que olvidar que el consenso para reprimir en democracias devaluadas como la nuestra tiene en ellos un aliado fundamental- . Lo hicieron con criterio más allá de la natural indignación, señalando a los responsables materiales e ideológicos de esos crímenes.

Esa movilización ha sido determinante y la respuesta más efectiva al palabrerío oficial. La articulación defensiva entre los iguales, la solidaridad inagotable de los comprometidos con una vida mejor sigue siendo la herramienta más eficaz para afrontar estas durísimas luchas.

Que a la muerte de estos tres pibes, que engrosa la interminable lista de víctimas, no se agregue, dolorosa y brutal, la carga de la impunidad.

Ismael Jalil es Abogado Penalista, defensor de familiares de víctimas de gatillo fácil.

Fuente: estación finlandia

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