El maestro Damián, símbolo de presos políticos de México.

El maestro mexicano Damián Gallardo Martínez, del estado de Oaxaca, fue detenido en 2013 en manifestaciones de rechazo a las reformas educativas del gobierno de Enrique Peña Nieto y por defender los derechos de los pueblos indígenas. Privado de la libertad, fue torturado para obtener una confesión falsa y permaneció cinco años en una cárcel de máxima seguridad.

Su caso llegó al Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que utiliza este hecho y otros muchos antecedentes, para afirmar que estas violaciones se enmarcan en un patrón de criminalización de las protestas sociales en México. La víctima llevó su caso a la ONU en 2019 debido a que sus denuncias de tortura no se investigaron en el país.

El Comité de la ONU responsabiliza al Estado mexicano y pide resarcir a las víctimas y no penalizar la defensa de las garantías fundamentales. Los hechos del maestro indígena oaxaqueño ocurrieron durante uno de los tres gobiernos que más violó el estado de derecho de su pueblo: Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los miembros del Comité determinaron que las violaciones sufridas por Damián Gallardo Martínez ocurrieron por el mero hecho de luchar por sus derechos y los de su pueblo. “Fue víctima de tortura en México, en violación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, afirmó ese órgano.

Más específicamente, tras exponer ampliamente el desarrollo de los acontecimientos iniciados en 2013, el Comité confirmó que el ataque a Gallardo Martínez, docente y defensor de los pueblos indígenas y del derecho a la educación, respondió a su labor de años de promoción de la educación comunitaria en las comunidades indígenas del estado de Oaxaca.

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Originario del pueblo indígena Ayuujk de Santa María Tlahuitolteopec de la región Mixe, Gallardo Martínez participó en Oaxaca en 2013 en una serie de protestas organizadas por el sindicato de maestros. En mayo del mismo año, fue arrestado por siete policías que irrumpieron en su casa sin orden judicial.

Una vez detenido se le incomunicó y trasladó a un centro clandestino donde padeció golpizas de los policías para que diera información sobre otros activistas del derecho a la educación. Terrorismo de Estado en su máxima expresión.

En su testimonio frente al Comité, aseguró que sus victimarios lo obligaron a firmar una “confesión” en un papel en blanco que se usó para acusarlo de participación en el crimen organizado y del secuestro de dos jóvenes sobrinos de un importante empresario.

Relató ante la ONU que los policías lo amenazaron con violar a su hija y su pareja antes de matarlas, además de asesinar a sus padres. Durante el mismo periodo, su padre se apostó en el Zócalo de la capital de Oaxaca para exigir justicia mientras que la familia de la víctima sufría una estigmatización y acoso que la obligó a abandonar su comunidad.

Peter Vedel Kessing, uno de los miembros del Comité de la ONU, sostuvo que los familiares directos de Gallardo Martínez también fueron víctimas, dado “el impacto psicológico y emocional de la tortura sufrida por él y por la estigmatización y el hostigamiento que enfrentaron”.

Desde la cárcel, escribió “Fragmentos de un espejo oculto” su primer libro, que contiene imágenes ilustradas por él mismo, extractos de cartas que les ha enviado a su familia, a amigos y a organizaciones: y poemas y cuentos, en los que explora la memoria y la cultura indígena.

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En los días de diciembre de 2018 en que la Fiscalía pidió desistir de las acusaciones contra el maestro, dejó el cargo el presidente Enrique Peña Nieto, quien actualmente goza de impunidad –como otros exmandatarios de México- pese a haber utilizado con otros líderes sociales los mismos métodos que aplicó contra Gallardo Martínez.

Peña Nieto, además de la persecución a líderes sociales, indígenas, estudiantiles y maestros, está acusado de haber espiado a estos sectores de la comunidad mediante el programa informático Pegasus, comprado a Israel. También mintió sistemáticamente sobre el hecho que provocó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre otros delitos no investigados, incluyendo casos de corrupción.

El Comité contra la tortura de la ONU advirtió que el proceso penal iniciado contra Gallardo Martínez –y todo lo que siguió luego- refleja un patrón de criminalización de las protestas sociales. Urgió a Estado mexicano a tomar medidas para garantizar que quienes defienden la educación y los derechos de los pueblos indígenas no serán criminalizados por sus actividades legítimas a favor de esa causa.

El Comité también instó a México a que otorgue a Gallardo Martínez y a sus familiares una reparación integral, que les ofrezca una disculpa pública y que difunda la decisión del Comité, especialmente en el estado de Oaxaca.

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