Ninguna lucha se termina con la sanción de una ley, ni siquiera la tan peleada ley de aborto seguro y gratuito. Esa enorme conquista que hoy está cumpliendo un año todavía no se aplica de manera pareja en todo el país ni para todas las poblaciones. Sin embargo, el acompañamiento de las redes feministas en sintonía con el sistema público de salud logran cambiarle la vida a muchísimas personas gestantes.
A un año de la sanción de la Ley 26.710 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Gobierno Nacional difundió datos sobre los avances en todo el territorio nacional: se realizaron, dentro del sistema público, 32.758 abortos en condiciones seguras; ya hay 1.238 hospitales y centros de salud de todo el país que garantizan la práctica (30% más que antes de la ley); se distribuyeron 46.283 tratamientos de misoprostol (en 2020, 18.590); se capacitaron 904 efectores de salud y se recibieron, en la línea 0800 de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, 19 mil consultas sobre interrupción del embarazo, una cifra superior al total de las llamadas sobre el tema en los diez años anteriores (entre 2010 y 2020, la línea respondió 17.302 llamados vinculados al derecho a la interrupción legal).
La ley es un piso de posibilidades sobre el que hay que seguir trabajando. En relación con los obstáculos para la implementación de la IVE, hubo a lo largo de 2021 cerca de 35 acciones judiciales contra la ley, de las cuales sólo prosperaron dos que esperan resolución de la Corte, aún sin fecha. La que más preocupa a las organizaciones feministas es la causa iniciada contra la médica salteña Miranda Ruizpor realizar un aborto legal, considerado un caso claro en términos de disciplinamiento.
¿QUÉ REGULA LA LEY 27.610?
Es una ley que permite elegir hasta la semana 14 de gestación y no pagar esa elección con la salud, con la vida o con la libertad. Es una ley contra el disciplinamiento y la violencia sobre nuestros cuerpos.
La ley se enmarca en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional (artículo 3), en especial en los tratados con jerarquía constitucional y en virtud de los cuales reconocen los derechos sexuales y reproductivos, la dignidad, a la vida, la autonomía, la salud, la educación, la integridad, la diversidad corporal, la identidad de género, la diversidad étnico-cultural, la privacidad, la libertad de creencias y pensamientos, el derecho a la información, a gozar de los beneficios de los avances científicos, la igualdad real de oportunidades, la no discriminación y a una vida libre de violencias.
Se establece el derecho a decidir la interrupción del embarazo de conformidad con la ley; a requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud; a requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud y a prevenir los embarazos no intencionales.
La sanción de la ley significa contar una herramienta que abarca a todas las provincias y a los distintos subsectores de salud, que legitima y posiciona a los equipos de salud como garantes de derechos y que sienta bases para una relación diferente de las personas con capacidad de gestar con el sistema de salud.
¿QUE QUEDA PENDIENTE?
A un año de ley, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina exige la efectiva implementación de la ley en todo el territorio nacional. Denuncian que en muchas ocasiones se realizan derivaciones que demoran el acceso a la práctica, contradiciendo el plazo de 10 días que establece la ley. Resaltan la falta del acceso a la mifepristona, un medicamento que garantizaría mejor atención a quienes deciden interrumpir un embarazo.
Se sigue reclamando la efectiva implementación de la educación sexual integral en todo el territorio y que las niñas no sean obligadas a gestar y a parir.
Se reclama por la libertad de las más de 1500 presas por abortos o eventos obstétricos y el sobreseimiento de la médica Miranda Ruiz, criminalizada en Salta por garantizar un aborto legal.
Remarcan y demandan al Estado una campaña nacional de difusión de la ley en los hospitales y centros de salud, para que todas las personas que requieran interrumpir un embarazo puedan acceder a la información necesaria para decidir. Y capacitación –además de sensibilización – en perspectiva de género a los equipos de salud en su totalidad: personal médico, de enfermería, de salud mental, de servicios sociales y de admisión.
Esta lucha inmensa conquistó una ley, ahora hay que conquistar el derecho.
Yanina Waldhorn @yaniwald Integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina