A 17 años las zapatillas siguen marchando

Las zapatillas siguen marchando, porque a 17 años es necesario continuar en las calles. A 17 años, es importante, todavía, volver sobre las causas de la masacre, con la certeza, de que la lógica Cromañon ocurre a lo largo del país, por eso se habla de “escuelas Cromañon”, “Cromañon en el subte”, etc.

A 17 años tenemos que repetir que la masacre -no tragedia, no accidente- se produjo por una sumatoria de hechos probados tanto en el Juicio Político a Aníbal Ibarra,  como en los Juicios Penales donde fueron condenados empresarios, entre ellos el dueño del boliche, Rafael Levy,  y  una serie de funcionarios del gobierno: la sobreventa extrema de entradas, el funcionamiento de un local sin la habilitación, los matafuegos vencidos, las puertas con candado, el uso de material prohibido, el desastroso operativo de la emergencia, la represión de la policía a los mismos chicxs que entraban a intentar salvar a otrxs.

Una y otra vez denunciamos el  incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos, la adjudicación de puestos “a dedo” a personas no capacitadas, la connivencia Estado y sector privado, y en el post Cromañon, el encubrimiento del Poder Judicial, al que fue necesario arrancarle condenas insuficientes que aún así, son históricas.

Todo lo descrito, no es una casualidad o un “no darse cuenta” sino que por el contrario cada acción que permitió que Cromañón ocurriera tuvo que ver con la máxima ganancia empresarial y el mal desempeño de funcionarios estatales con el costo de la vida de personas.  (1)

Por qué pasó Cromañón? Por qué no se respetó al ser humano? ¿Por qué la noche del 30 de diciembre al menos 194, miles de sobrevivientes, y cientos de familiares, fuimos  abandonados a nuestra suerte?

El estado debería cuidar la vida de las personas y garantizar su seguridad. Ahora cuando garantizar ese cuidado, se convierte en un peligro para la ganancia empresarial, en nuestra experiencia la función del estado entra en contradicción y surge la coima, la vista gorda y la muerte evitable.

Se puede matar, por acción u omisión. Omisión de políticas adecuadas, omisión de controles necesarios, inacción ante el desastre. Acción en la corrupción, acción en la represión.

Es por todo esto que el estado tiene responsabilidad cuando un policía aprieta ese gatillo fácil que se lleva tantas vidas, generalmente jóvenes, casi siempre pobres. Tiene responsabilidad en  aquello que llama accidentes, cuando lxs laburantes deben  viajar en trenes atestados y peligrosos.

Tiene  responsabilidad cuando muere una mujer por violencia extrema, femicidio que afecta en lo que va del año a más de 200 mujeres y personas travestis y trans, agravados porque en muchos casos son cometidos por personal de las fuerzas de seguridad, ante la mirada de un poder judicial en el mejor de los casos, lento, y en el peor, cómplice.

Tiene responsabilidad cuando ejercemos el derecho a la protesta por pan, trabajo, vivienda, y no volvemos o volvemos heridxs. Las acciones violentas o las omisiones cómplices suelen reforzarse con discursos en los medios de comunicación que ponen la carga de la sospecha sobre la víctima: qué habrá estado haciendo, cuál es su orientación sexual o aspecto físico, tenía la pollera corta, “no se cuidó” o “los padres no los cuidaron”, etc. Nos pasa frecuentemente en este golpear puertas de legisladores y funcionarios, cuando a 17 años tenemos que explicar, otra vez, que en el boliche NO HABIA UNA GUARDERÍA o que ningún joven tiene la obligación de revisar un matafuegos cuando entra a un boliche.

El estado tiene responsabilidad cuando espía a lxs familiares  para amedrentarnos  o para adelantarse a nuestras  preguntas;  así ha ocurrido vergonzosamente, bajo la presidencia de Macri con familiares de las víctimas del Ara San Juan que se llevara la vida de 44 personas entre tripulantes y buzos; acción por la que está imputado el ex presidente y funcionarios de altos cargos. 

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Si el estado tiene responsabilidades, es con el pueblo. Con nosotrxs como afectados directos, y con el pueblo en general. Y si tiene responsabilidad, hay que reclamar, como venimos haciendo hace 17 años, en la convicción de que la única lucha que se pierde, es la que se abandona.

Las zapatillas siguen marchando, porque reclamamos leyes de reparación integral y no los parches que se vienen sucediendo desde el momento de la masacre. Este año 2021, participamos de un espacio unitario, la Unidad Cromañon, que trabajó con creatividad y consenso y presentó el proyecto ante una legislatura, en general no comprometida con las víctimas, que votó finalmente sólo la continuidad de un subsidio. Desde esta Unidad apostamos a que todos los y las sobrevivientes sean alcanzados por este derecho y reconocidos por el estado y no solamente 1800 personas, cuando sabemos que esa noche fuimos más de 4.500.

Las zapatillas siguen marchando, porque exigimos que el estado de la Ciudad y el Nacional se presenten a los Juicios Civiles, la mayoría a tantos años aún sin resolver. No queremos la constante revictimización, no queremos seguir exponiéndonos a pericias a 17 años. Exigimos lo justo, lo justo es el respeto a nuestra condición de afectados, testigos y protagonistas.

Las zapatillas siguen marchando, porque reclamamos la puesta en valor y el cuidado del santuario y de la calle paralela, soluciones que presupuestariamente son menores en la ciudad más rica del país. El santuario, armado originariamente con pertenencias de las y los chicos y recuerdos de las y los sobrevivientes, es de por sí un espacio de memoria, de encuentro y afecto. Allí permanentemente se ve el abandono del estado, corporizado en la Comuna 3, ya que faltan luminarias, las fotos se desgastan, la suciedad invade, el espacio verde no se respeta y ni siquiera un guardaparque recorre el sitio.

Las zapatillas siguen marchando, porque exigimos que el ex boliche Cromañon sea declarado un espacio de memoria y cultura, no solamente para las víctimas, sino también para que las escuelas, los movimientos sociales, las y los vecinos, tengan ese recordatorio constante de que la lucha es por Cromañon Nunca Más. El ex boliche, en propiedad ahora de Levy, condenado por la masacre, representa un peligro para el barrio de Once. Levy, empresario de la noche, dueño de propiedades, oculto en sociedades off  shore que el Poder Judicial se está tomando más de 16 años en investigar.(2)

Desde 2019 estamos creando proyectos vinculados al espacio de memoria, tanto el de Expropiación como el de Patrimonialización presentados de manera independiente por sobrevivientes y  familiares, proyectos que cuesta esfuerzo redactar y que la legislatura dejó caer por su propio funcionamiento burocrático, por desidia o por falta de decisión política, o por todos estos motivos combinados.

NUEVAMENTE volvimos a presentarlos, y en este 2021, la pandemia fue la excusa del partido en el gobierno para evitar reuniones de debate –inclusive aquellas por vía internet. Sin embargo, conseguimos que se declaren de Interés las bellas obras creadas por artistas que nos acompañan en el santuario y calle cercana, declaración producto de la lucha la insistencia.

El ninguneo de una parte de los legisladores es para nosotrxs una violencia más que se ejerce sobre nuestros derechos. Derecho a ser escuchados, derecho a ser protagonistas, derecho a ser recibidos por las autoridades, derecho a tener una respuesta, derecho a gestionar colectivamente un espacio de memoria y cultura.

El silencio de Larreta y sus legisladores ante un proyecto que cuenta con el consenso absoluto de sobrevivientes y familiares,  contrasta con la celeridad en que se votó en la misma legislatura, y pese al cuestionamiento de los vecinos, la pérdida de 100 hectáreas de espacios verdes y humedales, para seguir construyendo torres de lujo que luego quedan vacías por la especulación inmobiliaria.

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Negarse a considerar la expropiación del boliche tiene que ver también con esa misma especulación inmobiliaria. Mayores ganancias, casas sin gente, gente sin casas, y también silencio y excusas para no tratar proyectos como el nuestro que no generan ganancias.

Llevamos nuestra exigencia también a la Secretaría de DDHH de la Nación, ya que consideramos que se trata de un tema de derechos humanos, en el marco de un hecho que implicó tanto a la Ciudad de Buenos Aires como al estado Nacional. Entendemos que Nación debe involucrarse con políticas reparatorias concretas para las víctimas de Cromañón y que nuestra exigencia por un Espacio de Memoria debe ser abordada con seriedad, compromiso, voluntad política y celeridad.

Llegamos también  a la Comisión Nacional de Monumentos,    Lugares y Bienes Históricos porque entendemos que la patrimonialización del ex boliche es un paso más, aunque no el único, para frenar el avance sobre el inmueble siendo uno de los registros más importantes que testimonian los hechos ocurridos esa noche.

Tampoco el presidente de la nación respondió nunca nuestra carta entregada en esta misma plaza, hace exactamente un año.

No queremos más puestas en escena sobre la protección de nuestros espacios, queremos acciones que materialicen un real compromiso.

Quienes caminamos las calles, exigimos que se oigan nuestros reclamos, que dejen de hacernos creer que hay intenciones de resolver cuando de hecho sucede todo lo contrario. No queremos más funcionarios que hagan lo que quieren sino lo que el pueblo expresa con su propia voz porque a cada paso hay que recordar que es el pueblo el que elige quiénes han de representarnos.

Un diciembre también, pero hace 20 años, el pueblo estuvo en las calles exigiendo Que se Vayan Todos, en un hartazgo total ante una forma de hacer política. La respuesta fue la represión que costó la vida de 38 personas. Para ellxs hoy nuestro homenaje y abrazo así como a los familiares y amigos de las víctimas de la Masacre de Floresta, habiéndose cumplido en el día de ayer 20 años de un hecho que fue reflejo de las prácticas de las fuerzas de seguridad del 2001.

Abrazamos a los pueblos que luchan, abrazamos a al pueblo de Chubut que se levanta contra la megaminería y los negociados del Gobernador Arcioni y nos muestra, una vez más, que LUCHAR SIRVE.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS

A 17 AÑOS DE CROMAÑÓN LAS ZAPATILLAS SIGUEN MARCHANDO

PORQUE MEMORIA ES PRESENTE

BASTA DE GATILLO FACIL, NI UN PIBE NI UNA PIBA MENOS, BASTA DE CRIMINALIZAR A LA JUVENTUD

POR LOS QUE NO ESTÁN POR LOS QUE SÍ ESTÁN Y POR LOS QUE VENDRÁN

LAS Y LOS PIBES DE CROMAÑÓN PRESENTES

LAS Y LOS SOBREVIVIENTES DE CROMAÑÓN PRESENTES

LOS FAMILIARES Y SOBREVIVIENTES QUE YA NO ESTÁN, PRESENTES

LOS FAMILIARES Y AMIGOS EN LUCHA, PRESENTES

AHORA Y SIEMPRE!!!

  • ESA NOCHE

En el 2003, un año antes de la masacre de Cromañón, Aníbal Ibarra, por decreto  – y aduciendo un focazo de corrupción- redujo el cuerpo de inspectores, de 300 quedaron sólo  30. Estos 30 inspectores serían los encargados de “controlar” 78751 actividades de la ciudad. Como agravante, la funcionaria a cargo del área de control, no tenía otro antecedente que ser amiga del entonces Jefe de Gobierno.

Entre estas  actividades se encontraban los locales de baile, galerías comerciales, geriátricos guarderías y recitales.

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Los nuevos controladores eran los encargados de recaudar las “cajas negras”  que era dinero de la corrupción con la cual la estructura política de Ibarra se financiaba. Dicho dinero se daba a cambio de “favores “. Que no era otra cosa que hacer la vista gorda en los controles o directamente no controlar.

Esto generó  olas de denuncias de vecinos que veían las irregularidades en las diferentes actividades de la ciudad. Hasta que en septiembre del 2004 se pide un informe de la situación de los boliches y locales de baile. Se constató en el informe que sólo el 40% de los locales de baile contaba con salida de emergencia y los que las poseían, las tenían trabadas o anuladas.  Además un 60% de estos locales bailables no tenían la habilitación en regla o directamente no tenían habilitación.

La misma suerte corrían los hoteles, guarderías y geriátricos:  no cumplían con la reglamentación contra incendios y la mayoría de ellos no contaba con habilitación.

Sobradas pruebas como para que las cosas cambien. A pesar de las denuncias y las pruebas de las irregularidades, las actividades siguieron funcionando. Hasta desencadenar la noche del 30 de diciembre del 2004.

El boliche República de Cromañón  no escapaba de estas  irregularidades. Material no ignífugo hacía de amortiguador acústico. Medias sombras como cielo raso. Puertas que abrían hacia adentro y no contaban con barras anti pánico. Ventilaciones eólicas anuladas. Ventanas tapiadas. Matafuegos vencidos y salidas cerradas con candado para que no entren” colados” se convirtieron en una trampa mortal, que terminó con la vida de más de 200 jóvenes y dejó secuelas irreparables en más de 4000 sobrevivientes y familiares que fuimos abandonados, solo recibiendo asistencia de otras víctimas, familiares, vecinos colectiveros y taxistas que fueron los héroes de esa maldita noche.

El caos, la desesperación y la falta de planificación de la emergencia por ausencia del estado hicieron otro combo mortal. La mayoría de los afectados fueron llevados por taxistas y colectiveros, por sentido común, al hospital más cercano el Ramos Mejía ,el cual se encontraba con una guardia mínima. Cientos de jóvenes fueron abandonados a su suerte en los pasillos de ese hospital. Muchos murieron por falta de primeros auxilios y sobre cargas de las ambulancias que no tenían oxígeno para la cantidad de víctimas provocadas , el mismo panorama se veía en la calle Bartolomé Mitre en la puerta de Cromañón, decenas de jóvenes morían por falta de atención y otros eran reprimidos cuando intentaban entrar a salvar a sus amigos.

Los familiares eran mal informados, recorrían hospitales morgues cíclicamente sin que nadie les de ninguna información.  Muchos cuerpos fueron entregados días después.

La Policía Federal, dependiente del Gobierno Nacional, también estuvo en la mira del accionar de esa noche.

  • ACERCA DE LEVY

Rafael Levy comenzó su carrera como empresario textil y más tarde se convirtió en inversor inmobiliario. Sin embargo, ninguno de los edificios que compró figuraba a su nombre sino de empresas fantasmas radicadas en el exterior. Levy es el hombre detrás de al menos 5 sociedades off shore, firmas que se traspasan entre sí la titularidad de los inmuebles.

Sin embargo, ninguno de esos edificios figuraba a nombre de Levy sino de empresas radicadas en el exterior.

Al momento de la masacre, la titularidad del complejo donde funcionaba Cromañón, el hotel “Central Park”, un estacionamiento, un kiosko y una cancha de fútbol estaba en manos de Nueva Zarelux S.A. Cinco meses después del incendio y a raíz de la investigación de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, por entonces titular del organismo, denunció la nulidad de las personas jurídicas a nombre de Levy argumentando la “simulación y abuso del derecho” de esas sociedades “detrás de las cuales se ocultaron sucesivamente los verdaderos propietarios del inmueble donde funcionó República Cromañón”. Esa investigación fue fundamental para comprobar que el propio Levy era el dueño del boliche y que se lo pudiera llevar a juicio oral por su responsabilidad en el incendio del 30 de diciembre de 2004.

Así fue como el 13 de julio de 2012, casi ocho años después de la masacre, Levy fue condenado a 4 años y medio de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 24 de la Capital Federal, por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de incendio culposo calificado”. Levy fue responsable de “haber provocado, con acciones u omisiones, la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1400”.

Cumplida su condena, el TOC 24 le devolvió el inmueble sin crear ninguna restricción para su uso ni resguardar las pertenencias de las víctimas ni las huellas de su paso. Levy, en las sombras, tapió las ventanas del boliche, sacó en contenedores pertenencias y dio una “lavada de cara” por dentro al lugar.

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