El Plan Guzmán+Kulfas ¿Retorno al coloniaje?

En los años cincuenta, Arturo Jauretche escribió su renombrado documento contra la propuesta de Raúl Prebisch para superar dificultades emergentes de la estrategia de desarrollo del peronismo durante el 2do mandato de Perón. Si bien mucho ha cambiado en la Argentina desde entonces, hoy participamos de una polémica del mismo tono, pero que -por el lugar de los actores y actrices- se presenta como farsa y no como tragedia.

Hace unos días, el Presidente Fernández junto con el Ministro de Economía Guzmán presentaron frente a los gobernadores aliados a su gobierno, los lineamientos de las discusiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En simultáneo, el Ministro de Producción Kulfas y funcionarios menores, salieron a defender abiertamente el proyecto de desarrollismo verde (o saqueo desarrollista).

El ministro Guzmán marcó los límites de la negociación con el Fondo. Indicó que si bien se avanzó en los detalles, el FMI no acepta ninguna de las demandas argentinas (extensión del crédito a más de 10 años, eliminación de las tasas de penalización, período de gracia) y plantea un sendero de reducción del déficit fiscal mucho más acelerado que la propuesta oficial. Si bien el Presidente indicó que “la palabra ajuste está desterrada de la discusión”, eso no indica que los hechos (que valen más que mil palabras) no marquen el sendero de un ajuste, que ya está ocurriendo. Guzmán presentó un gráfico donde muestra de manera evidente una de las caras de ese proceso: el déficit fiscal se redujo de casi 8% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2020 a 3,1% en 2021, y un proyectado de menos de 2% en 2022. Recordemos que el ajuste acelerado en 2021 se hizo con un presupuesto aprobado “asumiendo el fin de la pandemia”, algo que la segunda y tercera olas del COVID en nuestro país desmintieron. Aun así, el ajuste continuó y continúa.

En la práctica, el gobierno argentino no se opone al ajuste fiscal, al recorte del gasto público, sino que se preocupa por evitar que tales reducciones resientan la incipiente recuperación económica y compliquen sus chances electorales en 2023. En cualquier caso, la mentada levantada de la actividad es todavía insuficiente e inestable. Los datos de producción industrial recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) muestran que en el último año, el crecimiento industrial parece más una meseta que una pendiente ascendente, y la producción se encuentra bien por debajo de los valores de 2017.

Es interesante que el gobierno manifiesta voluntad de negociación (pagando religiosamente los vencimientos y acercando posiciones con los equipos técnicos del FMI), acompañada de una leve retórica beligerante. Funcionarios del Ministerio de Economía señalaron que si el Fondo no acepta el sendero de ajuste propuesto por el gobierno argentino “no hay acuerdo”. Por supuesto, es probable que esto sea sólo una bravuconada. Como nos explicó Francisco Cantamutto, tanto la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), como el FdT y el propio Fondo prefieren un “mal acuerdo” a ningún acuerdo. Mientras JxC terminaría apoyando un acuerdo que legitimaría sus desmanejos y barrería bajo la alfombra su “pesada herencia”, el Fondo desea cobrarle a su mayor acreedor. Por su parte, la conducción del FdT (aunque le pese a muchos de sus integrantes) preferirá firmar un acuerdo en el que el FMI ceda un poco (aunque no mucho, ya lo sabemos) y ratificar la idea de que “no da la correlación de fuerzas” (Santoro dixit).

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Más allá del discurso, la pregunta que ni el Ministro ni el Presidente responden es: ¿si no hay acuerdo, entonces qué? El FMI sabe que sacar los pies del plato no está en la agenda oficial. Frente al planteo del Gobernador de San Luis Rodríguez Saa, quien remitiendo a la doctrina de la Deuda Odiosa solicitó plebiscitar el acuerdo pues “las estafas no se pagan”, Fernández señaló que “es muy difícil considerar deuda odiosa a la deuda que ha tomado un gobierno elegido popularmente, y que además la contrajo inmediatamente después de haber ganado unas elecciones en 2017. Con lo cual, es muy difícil explicarle al mundo que eso es una deuda contraída por una dictadura”. No sólo hay ignorancia y cinismo en esa respuesta (como señaló el Diputado Del Caño), sino que el gobierno se traga sus propias palabras y acciones del pasado reciente. La causa judicial iniciada para indagar en la legalidad del crédito del FMI (presentada con bombos y platillos por el Presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de este mismo año), las iniciativas impulsadas por su aliadxs en el parlamento y el informe elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), todo va a parar a la basura.

Si más allá de las declaraciones altisonantes, está claro para todes que el gobierno buscará un acuerdo a toda costa, también es evidente que esta negociación condicionará la política económica (y la política social, previsional, laboral, educativa, y un largo etcétera) en Argentina por muchos años por venir. Podría decirse que dando un crédito a un gobierno aliado (el de Macri), el FMI y sus principales accionistas, se garantizaron recuperar control directo sobre nuestro territorio. Obviamente, el Fondo negocia con una fuerza de gobierno como el Frente de Todos (FdT) incapaz (y sin la voluntad) de encarar de manera coherente y decidida la discusión.

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Retomando la referencia al Plan Prebisch de los años cincuenta, podríamos decir que el gobierno tiene un plan, pero un plan que garantiza consolidar un nuevo coloniaje, una nueva dependencia. Si la abultada deuda externa se toma como un dato, la contracara de la misma es la estrategia que impulsan descaradamente Kulfas y compañía (incluyendo al “Ministerio del Desmonte y Agrotóxicos”, retóricamente llamado ​​Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca).

Históricamente, la dialéctica desarrollista remitió a la contradicción campo versus ciudad, o agro versus industria. Era una pelea entre los sectores agroexportadores y una burguesía nacional que veía crecientemente amenazado su reinado por las demandas obreras, por un lado, y la competencia creciente del gran capital multinacional en proceso de transnacionalización, por otro. Prebisch, defendía una posición que buscaba promover los intereses exportadores y del capital extranjero. Planteaba que el crecimiento económico establecía una relación inversa entre la exportación agropecuaria y las demandas populares. Si crecía el empleo y los salarios, las exportaciones caían, y la economía entraba en crisis. Según esa idea, la culpa de la crisis económica era la mejora en el consumo popular, y sus solución destruir el poder de compra de los salarios.

Ese argumento, remozado y disfrazado, es el que hoy sostienen quienes conducen el Ministerio de Industria. En una nota reciente, Daniel Schteingart (director del Centro de Estudios para la Producción, CEPXXI, de ese ministerio) señaló es necesario explotar recursos naturales que puedan exportarse para “financiar el aumento de los salarios reales que todo proceso de inclusión social requiere”. Es decir, sin exportaciones, no hay posibilidad de aumentar los salarios de las y los trabajadores. El argumento corre como corría el de Prebisch: sin exportaciones, la economía no puede crecer pues choca velozmente contra la ‘restricción externa’. No alcanzan los dólares para pagar las importaciones de insumos y piezas o de productos de consumo o el turismo internacional, pagos de deuda y remisión de utilidades, entre otros usos. Se dice que si la economía no crece por falta de dólares, no pueden aumentarse los salarios, y al contrario, la presión sobre el dólar ‘obliga’ a devaluar.

Claro está, este argumento obvia algunos puntos elementales. Comienza por asumir que la demanda de dólares es un factor que no puede modificarse, es un dato. Pero la deuda no es un dato aunque, como señalamos, el gobierno ha asumido que el endeudamiento con los fondos privados internacionales y con los organismos de crédito como el FMI es legítimo, y no hace nada para cuestionarlo.

El planteo no hace ninguna referencia al proceso de extranjerización de la economía que desde el Estado es aceptado y facilitado con acuerdos de inversión y estabilidad fiscal, con pocas o nulas exigencias reales de reinversión, protección ambiental o laboral, o integración nacional. Sean los capitales europeos o norteamericanos, o sean chinos y rusos, el capital extranjero llega a nuestro territorio para explotar nuestros recursos para destinarlos a sus negocios a escala global. Estos emprendimientos, al igual que la mayoría de las inversiones extranjeras en el país, son extremadamente intensivas en importaciones, mucho más que las inversiones de empresas locales. Además, las grandes corporaciones tienden a endeudarse en el exterior (más barato para ellas, pero con costos sustantivos para un país sin dólares) y a remitir utilidades multimillonarias cuando así lo dictan sus intereses.

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Un elemento fundamental en este debate es la desigualdad en la distribución de la riqueza y los ingresos en nuestro país. Celso Furtado hacía notar que esa desigualdad se constituye sobre la base de un sector social privilegiado (tal vez el 1% de la población) que pretende imitar los patrones de consumo de los países centrales, pero partiendo de las condiciones de desarrollo de un país dependiente. El consumo suntuario de estas clases ociosas (como las llamaba Thorstein Veblen) conduce a un sobre-gasto de divisas que acumula presión adicional sobre la restricción externa.

El argumento de la explotación de nuestros bienes comunes, convertidos en recursos naturales mercantilizados, en favor de la exportación, oculta la reformulación de la estrategia de ubicar a nuestro país como sumidero de las potencias imperialistas. Mientras las naciones centrales y sus corporaciones, externalizan los costos de la explotación a gran escala de recursos naturales, nuestros territorios son forzados a cargar con los costos de la destrucción de la naturaleza, la contaminación y el deterioro de la salud de las poblaciones, y sufren la fragmentación y desarticulación de las comunidades penetradas por las transnacionales y sus emprendimientos extractivos. Negar el derecho de los pueblos a decidir sobre su destino y del territorio que habitan, es una práctica profundamente antidemocrática, más cuando las corporaciones muestran una enorme capacidad para afectar las decisiones de los poderes políticos. ¿Miles de voces en contra en una audiencia pública, valen menos que los intereses de un puñado de grandes empresas? ¿Miles de personas en las calles son algo menor, frente a las reuniones de funcionarios con CEOs? Las resistencias populares en Chubut y la costa argentina, y en todo el país, y la respuesta oficial represiva, despectiva o simplemente ignorando las demandas, dan cuenta del dilema que enfrentamos.

Finalmente, decir que Argentina puede participar de la transición energética a nivel global aportando gas, petróleo, hidrógeno o litio (como plantea el Plan Productivo Verde) es puro cinismo si no hay una estrategia real (con políticas y acciones significativas) para apostar a salir del derroche capitalista de recursos y energía en nuestro propio territorio. Lo único que vemos son multimillonarias inversiones de capitales privados que, con apoyo estatal multidimensional (desde subsidios hasta represión de las resistencias), vienen a llevarse nuestros recursos. Mientras tanto avanza el agronegocio y la especulación inmobiliaria sobre bosques y humedales, las comunidades siguen siendo arrasadas por la megaminería y el fracking, o se intenta multiplicar la destrucción de nuestros mares y cursos de agua, al tiempo que nuestras ciudades y pueblos, nuestros barrios y comunidades, nuestras vidas cotidianas siguen sufriendo el deterioro, la contaminación y la violencia de una lógica de desarrollo que nos lleva a la catástrofe. Es un tiempo bisagra: las transnacionales vienen por todo. No tenemos más opción que resistir y construir un proyecto colectivo alternativo para salir del atolladero.

El plan Guzmán + Kulfas es uno solo: el retorno al coloniaje.

Fuente: Tramas

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