Violencia, miedo y precariedad: el riesgo de ser periodista en México

Tras el quinto asesinato en lo que va de 2022, varios periodistas relatan las dificultades para ejercer su oficio en México.

Temor, rabia, frustración, dolor. Son algunas de las palabras empleadas por periodistas mexicanos para describir sus sentimientos ante la ola de violencia que afecta al gremio. En enero fueron cuatro comunicadores asesinados. Este mes ya ha sumado otra muerte más. Son cinco solo en los primeros 42 días del año, situando de nuevo a México como uno de los países más letales del mundo para dedicarse a la información: según el recuento de la organización Artículo 19, en las últimas dos décadas han perdido la vida 150 periodistas.

“Es una desesperanza, cubrir o hablar de cualquier cuestión relacionada de la violencia puede ser mortal”, asegura a elDiario.es Alejandro Meléndez, fotoperiodista y subdirector de Periodistas Unidos, una de las plataformas que este lunes convocaron concentraciones en distintos puntos del país bajo lemas como #PeriodismoEnRiesgo y #NoSeMataLaVerdad.

Además de pedir el cese de la violencia y la protección de los profesionales de la información, las diferentes organizaciones también inciden en uno de los grandes problemas estructurales: la precariedad. “Durante la pandemia muchas empresas no dieron medidas de protección mínimas a los periodistas”, lamenta Meléndez. “Estamos hablando de empresas periodísticas grandes que no dan las mismas prestaciones exigidas por Ley y de disparidades de salarios que nos vulneran, un director puede ganar un millón de pesos [algo más de 43.000 euros] mientras que sus trabajadores cobran entre 7.000 y 12.000 pesos al mes [entre 300 y 600 euros]”.  

El peligro, apunta Meléndez y respaldan los datos, afecta especialmente a los periodistas locales. Ninguna de las cinco víctimas mortales de este 2022 residía en la Ciudad de México: primero fue José Luis Gamboa, apuñalado en Veracruz, el primer estado en el ranking de homicidios contra periodistas, según las cuentas de Artículo 19. Días después, abatidos a tiros frente a sus domicilios, fallecían los periodistas de Tijuana Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Las dos últimas muertes tuvieron lugar en el oeste del país: el 31 de enero mataron en Michoacán a Roberto Toledo; diez días más tarde, asesinaron a Heber López en Salina Cruz, localidad del estado de Oaxaca. 

Vista de los retratos de periodistas mexicanos asesinados en lo que va del año, durante una protesta de sus colegas frente a la sede de la Secretaria de Gobernación para rechazar la violencia, en Ciudad de México. EFE/Isaac Esquivel

A la violencia y la precariedad hay que sumar las tensiones entre el presidente del Gobierno y el gremio periodístico. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha acusado personalmente a periodistas en sus conferencias matutinas. La última vez, el pasado 11 de febrero, cuando exhibió los ingresos del presentador Carlos Loret de Mola, que supuestamente ascendían a más de 35 millones de pesos [1,5 millones de euros] en 2021.

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Un señalamiento que ha desatado indignación, pero también divisiones entre el gremio. “No somos Loret de Mola, compárenos con los periodistas mortales”, exigía el portavoz del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de los Medios en la concentración de este lunes en Ciudad de México. “Quienes trabajamos en la capital del país, ¿sentimos cerca el peligro que corre alguien como Goyo Jiménez cubriendo la nota policiaca por 20 pesos en Veracruz’”, se preguntaba la periodista Luisa Cantú en una columna de opinión publicada el domingo, cuestionando la existencia de “una élite hasta ahora intocable y con un enorme poder de convocatoria”. 

Miedo a salir a la calle

Desde Tijuana, Carlos Zúñiga cuenta a elDiario.es que lleva siete años en medios de comunicación, cubriendo principalmente lo que se denomina ‘nota roja’, nota policiaca o nota de violencia. Comenzó a trabajar en este tipo de informaciones relacionadas con sucesos violentos junto al fotoperiodista Margarito Martínez, a quien consideraba un amigo. Lo llamó al teléfono “cuando supo que algo había pasado”. Nunca obtuvo respuesta.

Ahora, tras ser amenazado junto a otros compañeros y ver su imagen difundida en redes sociales, acaba de entrar en el Protocolo de Protección Estatal para Periodistas y tiene a dispositivos de la guardia estatal de Baja California vigilando su domicilio. Aún así, no se siente tranquilo. “Tenemos nervios, enojo y temor por el lento actuar de las autoridades”, asevera. “Hay nerviosismo al no saber qué va a ocurrir cuando sales a la calle”, dice. 

“Estamos viviendo una guerra de cárteles tremenda, parece no tener fin, claro que tenemos miedo que afecte a nuestra labor”, prosigue, aludiendo a la tensión entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, que se disputan varias zonas de Tijuana. “Sí, sentimos temor por hacer nuestro trabajo, hay un punto en el que no sabemos a quién beneficiamos”, apunta.

Teme que Tijuana, donde, según datos de la Fiscalía recogidos por medios locales, se alcanzan los 200 homicidios en lo que va de 2022,  acabe por ser “una zona de silencio, como Tamaulipas, donde ni siquiera se pueden cubrir ni contabilizar las muertes”. “Pero el miedo no es solo por el crimen organizado, también son las autoridades, a quien puede no parecerle bien cómo opinas o qué informas a la población”, afirma. 

Vinculación entre políticos y narcotráfico

De los periodistas asesinados durante los primeros 42 días del año, solo Maldonado se encontraba amparada bajo un mecanismo de protección. Precisamente, una de las principales exigencias que plataformas como Periodistas Unidos, Artículo 19 o Periodistas de A Pie hacen al Gobierno es la mejora de estas garantías estatales y federales que comenzaron a erigirse en 2012, tras la guerra contra el narco, y que están demostrando ser ineficaces. 

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“Necesitamos una votación equitativa y en el mejor de los casos que el mecanismo sea autónomo”, apunta Meléndez, señalando la problemática de que las propias autoridades estatales y federales tengan más poder que otros actores de la sociedad civil para decidir quién puede gozar de protección. 

“Hemos registrado dos dinámicas dentro de los mecanismos de protección: los mismos agentes perpetradores de los asesinatos están involucrados en ellos, y también hay un infiltramiento de los grupos del crimen organizado”, explica el subdirector de Periodistas Unidos, refiriéndose a la vinculación entre políticos y narcotráfico como “una práctica común en México”.

“Eso es lo verdaderamente fuerte de los asesinatos a periodistas. Cuando alguien reclama algo a un alcalde, gobernador o persona del municipio, generalmente están ligados a esas bandas de narcotráfico que también se implican en los asesinatos”.

Mujer, periodista y precaria

“La situación laboral es muy precaria, no tengo seguro ni prestaciones”, relata Alina Navarrete, periodista independiente de Chilpancingo, en el Estado de Guerrero, el segundo Estado de México en número de agresiones a periodistas. Habla por teléfono con elDiario.es mientras realiza la cobertura de unas elecciones en una comunidad indígena de Guerrero, a donde ha acudido por sus propios medios, “sin que me paguen ni el viaje”. Coincide con sus compañeros en denunciar que en México la prensa queda en medio de varios frentes y, por tanto, “ser periodista implica vivir un hostigamiento por parte de diferentes actores”.

Actualmente, Navarrete tiene abierta una denuncia contra académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, que iniciaron una campaña en su contra cuando cubrió la protesta de un grupo de alumnas a raíz de abusos sexuales perpetrados en la misma universidad. “El hecho de ser periodista y mujer en Guerrero es un doble agravio, no sabemos por dónde va a llegar la agresión, si por ser periodista o por ser mujer”, lamenta. “También me duele ver a compañeros decir que las agresiones son gajes del oficio, ningún oficio debería representar un riesgo”.

“Me da miedo pensar que la siguiente puedo ser yo, mis colegas, mi familia. Pero yo me siento comprometida con el periodismo, no quiero dejar de hacerlo”, concluye.

Diana Manzó, reportera en Oaxaca, asegura haber vivido muchas situaciones de discriminación a la hora de ejercer el oficio. “El hecho de ser mujer y que te vean con un teléfono o una cámara grabando es aún peor”, recalca. En el estado del suroeste, donde la violencia de la frontera norte en ocasiones se percibe más lejana, hay conmoción tras el asesinato de Heber López. “El ambiente se siente más hostil, cada vez es más violento querer escribir y eso te lleva a la autopreservación, por no llamarlo autocensura”, asevera.

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Ella trabaja para varios medios y no cuenta con seguro ni prestaciones sociales. “Estoy saliendo de un cuadro de COVID-19 y yo pagué todos mis gastos médicos”, lamenta. Se reincorporó el día del asesinato de Herber López y siente que, por mucho que ame el periodismo, está “en un momento de desgaste” entre la precariedad y lo que afecta “ser consciente de que te matan por hacer tu trabajo”.

“Nada de lutos ni silencios”

Este lunes, cientos de personas se reunieron de nuevo frente a los muros grises de la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México. Más de la mitad de los asistentes eran periodistas. Fotografían las cinco sillas con imágenes de su compañeros asesinados y graban las palabras de portavoces de diferentes agrupaciones.

“La negación de los derechos laborales también es una forma de violencia, trabajamos jornadas de hasta 12 horas y no tenemos derecho a descansos dignos”, denuncian en un comunicado acordado entre 300 periodistas de distintas partes del país.

Periodistas de diferentes medios de comunicación protestan en la Plaza del templo de Santo Domingo de Guzmán, en Oaxaca (México). Daniel Ricardez/ EFE

El 5 de marzo tendrá lugar en Chiapas un Encuentro Nacional de Periodistas, con la intención de seguir organizándose contra “una violencia homicida, laboral, política y económica”, en palabras de la portavoz del colectivo Tenemos que hablar.

“No deberían estar ustedes aquí, deberían estar en las salas de redacción”, son palabras de Griselda Triana, esposa de Javier Valdez, periodista sinaloense asesinado en mayo 2017, leídas frente a la Secretaría de Gobernación. “Yo solo sé que no debemos permitir que la impunidad nos rebase, no basta venir aquí cada vez que asesinan a un periodista, me pregunto si debemos radicalizar nuestras acciones, si debemos traer aquí a nuestros muertos para demostrar que sus vidas cuentan”, dice.

Y lee las palabras escritas hace algunos años por su marido: “Nada de lutos ni silencios, dejemos la protesta de utilería y sigamos haciendo periodismo; hay plazas que nos esperan, calles vacías que esperan nuestros gritos, nuestra dignidad atragantada. Ante la muerte de periodistas, nada de lutos ni silencios, sigamos haciendo periodismo, encabronados y dolidos”. 

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