Discurso y realidad del acuerdo con el Fondo Monetario

Cuando comenzó el Gobierno de Alberto Fernández se puso en marcha un operativo discursivo que podría sintetizarse así: agrandar la crisis para achicar las expectativas.

Evidentemente, la situación era (y es) dramática: los números del endeudamiento eran escalofriantes; las cifras de la inflación eran bochornosas; los niveles de pobreza e indigencia eran inenarrables; en definitiva, la crisis era grave.

Pero, la apelación a la crisis por parte de la nueva administración no fue para plantear que había que tomar medidas extraordinarias; fue para decir que había que limitar las exigencias populares. La mayoría de los funcionarios decían que recuperar los salarios al nivel previo del saqueo del macrismo era muy difícil o que aumentar las jubilaciones a un horizonte más o menos digno era una poco menos que utopía. En síntesis, la apelación a la crisis era desde la perspectiva del ajuste, del orden, no como una oportunidad.

Algo parecido sucedió con la pandemia del coronavirus. Discutiendo contra el relato que decía que no había alternativa a un acuerdo con el Fondo Monetario, nuestro compañero de acá de la radio, Alejandro Bercovich, escribió en la revista Crisis: “La heterodoxia cautelosa de (Martín) Guzmán y (Alberto) Fernández dejó pasar la oportunidad excepcional que ofreció la pandemia, especie de guerra mundial para esta generación, que habilitó infinidad de rupturas de cuanta regla inquebrantable haya imperado antes, desde la disciplina fiscal hasta el derecho a la reunión o la libertad de tránsito”. Es decir, la crisis del COVID se abordó desde la perspectiva del ajuste y no de una oportunidad para ir contra los privilegiados que, incluso, están saliendo más enriquecidos de la pandemia.

Bueno, ahora en la discusión sobre el pacto con el Fondo Monetario tuvo lugar —como continuidad— una operación similar: poner el acento en lo que el FMI —supuestamente— no exigió, en las calamidades que se evitaron, para hacer digerible que lo ya hizo y lo que pide abiertamente.

Pablo Anino va a analizar la letra chica del entendimiento que se fue conociendo por estos días: allí hay exigencias importantes como la limitación del gasto; de la emisión para asistencia del Banco Central al Tesoro; la posibilidad de extender “voluntariamente” la edad jubilatoria o revisar “regímenes especiales” de jubilaciones. En este último caso, se mezclan sectores privilegiados (como los jueces) con otros sectores de trabajadores y trabajadoras que mantienen conquistas; y el aspecto “voluntario” de la extensión de la edad jubilatoria puede funcionar como muchas veces funcionan las cosas “voluntarias” en este país, por ejemplo, los retiros “voluntarios”. Es decir, son la puerta de entrada a futuras exigencias.

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Pero, en el discurso oficial se destaca que el Fondo no pidió explícitamente una reforma laboral; que no exigió una reforma previsional, que no quiere imponer otras contrarreformas que serían el “mal peor”. Y en esa misma operación, no solo se da por “bueno” lo que sí exige, sino que se da por hecho y consolidado lo que ya impuso: partiendo del reconocimiento mismo de la deuda, los recortes salariales que ya se impusieron, las jubilaciones ajustadas que hoy tenemos y que la inflación se seguirá comiendo o las reformas laborales que también rigen de hecho.

Para graficar un poco esto, cito un artículo bastante ilustrativo del periodista Roberto Navarro en El Destape, y digo que es ilustrativo porque está elaborado desde la defensa del acuerdo. Dice: “El otro artículo importante es el referido a la masa salarial de empleados estatales. El acuerdo asegura una suba real ligada al crecimiento económico. Este ítem puede leerse de dos maneras. Algunos dirán que así tardarán mucho en recuperar lo que perdieron en los años de Macri y otros señalarán que es inédito que un acuerdo con el Fondo prevea aumentos salariales reales de empleados públicos. De hecho el acuerdo con Costa Rica los congeló”.

En esto se puede ver en grado concentrado alrededor de un ejemplo concreto, la operación de la que hablo: dice que uno de los artículos del pre-acuerdo estaría consolidando la enorme pérdida en la masa salarial de los empleados estatales (estuvieron entre los que más perdieron) con la excusa de que “en Costa Rica los congelaron”.

Es como esas maniobras clásicas de muchas dirigencias sindicales burocráticas en conflicto que informan: la empresa quería despedir a 200 compañeros y “logramos” que sólo despidan a 100 (cuando muy probablemente, la empresa esté muy satisfecha) o quería recortar el 50 % del salario y “logramos” que sólo recorten el 20 %.

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Entonces, la operación es consolidar el ajuste ya realizado (sacar del horizonte la posibilidad de recuperar lo perdido) y disminuir la gravedad de lo que está imponiendo el nuevo acuerdo, en nombre de las siete plagas imaginarias que presuntamente se lograron evitar sin ninguna lucha de por medio.

La realidad es que las mayorías en la Argentina venimos de por lo menos cinco años de pérdida sistemática de derechos y de ingresos, a lo que ahora se suma la pérdida de soberanía sobre los lineamientos de la política económica. Y corresponde rechazar que se consolide todo lo que perdimos, que impongan nuevas pérdidas y repudiar el ajuste de ayer, de hoy y de mañana.

Fuente:  La Izquierda Diario

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