Consumada la estafa del FMI como único camino posible, luego de un consenso entre oficialismo y oposición, nos proponemos observar algunas características económicas del año que pasó y de lo que vendrá que bien pueden hacer recordar a los ´90.
Si como sabemos es cierto que la historia no se repite o, a lo sumo lo hace primero como tragedia y luego como farsa, seguramente podremos convenir en que trazar paralelismos entre diferentes procesos políticos y diferentes gobiernos no tenga demasiado sentido. Más aún en el caso del Frente de Todos donde se pueden encontrar rasgos del alfonsismo, la Alianza y el kirchnerismo, entre otros. Sin embargo existen algunos núcleos duros de la política económica del gobierno de Alberto Fernandez -y ahora del cogobierno con el FMI-, así como de sus efectos, que permiten recordar al menemismo y que pueden permitirnos hipotetizar cómo serán los años que siguen.
El punto de partida: todo roto y la promesa de otro futuro
Tanto en el caso de la asunción de Menem, como en el de Fernández, es posible afirmar, que ambos llegaron al poder en momentos de profunda crisis. La hiperinflación y los problemas para hacer frente a la deuda, que sacaron a Alfonsín de la presidencia previo a la finalización de su mandato, son perfectamente comparables a la enorme inflación y al default encubierto, dejados por Mauricio Macri. Si a eso le sumamos el impacto de la pandemia -importante diferencial entre ambos procesos-, es posible observar que la situación a la que deben hacer frente ambos gobiernos del PJ se asemeja bastante.
Ahora bien, el parecido es aún mayor en términos de las promesas realizadas en campaña. Ya sea la “Revolución productiva” o la propuesta de “Prender la economía”, suponen la implementación de una serie de políticas que permitan sacar al país de la recesión, en el marco de un aumento de la producción que favorezca el consumo.
Finalmente, cabe destacar que, si bien es cierto que la desocupación y la pobreza que dejó Juntos por el Cambio es muy superior a la del Radicalismo, también lo es que en ambos casos ambos índices venían deteriorándose aceleradamente. Más aún, y salvando el importante impacto social que implican estas diferencias, la variación las magnitudes puede explicarse, en parte, como consecuencia del deterioro permanente que estos indicadores han tenido desde el inicio de la dictadura -no obstante la existencia de fluctuaciones cíclicas.
El crecimiento sin inclusión
Si es cierto que la pandemia alteró el primer tercio de gobierno de Alberto Fernández, también lo es que el menemismo sufrió, en sus primeros dos años en el poder, el coletazo de las hiperinflaciones previas, que se reprodujeron en el año 1990. Ambas presidencias tuvieron entonces importantes turbulencias hasta poder “reorientar el barco”.
Ahora bien, en ambos casos se abrió, luego de este periodo, un proceso de importante crecimiento, con una fuerte subida inicial y un desempeño más modesto a continuación -al menos eso es lo que se desprende de las estimaciones del propio Ministerio de Economía y del FMI en el presente.
Con todo, aquí radica uno de los más fuertes puntos en común: este cambio de tendencia, hacia un camino que pareciera ser provechoso para la economía, dista de implicar un importante cambio de tendencia en lo social. Si bien es cierto que durante el gobierno del PJ en los ´90 este preoceso estuvo directamente acompañado de un aumento de la pobreza, la desocupación y la informalidad, mientras que, durante la actual dirección del PJ, los primeros dos índices han mejorado escasamente -estaban mucho más deteriorados que a fines de los ´80-, no es menos verdad que en ambos casos se ha consolidado y agudizado fuertemente la desigualdad, dando al capital concentrado nacional y transnacional enormes dividendos frente a una población pauperizada.
Ejes de la política económica: algunas similitudes
Antes de centrarnos en los puntos comunes entre ambos gobiernos es necesario reconocer una diferencia fundamental. El menemismo tendió hacia el capital financiero de un modo voluntario explícito, mientras que el gobierno de Alberto Fernández lo ha denostado públicamente y ha sostenido la importancia de avanzar hacia un camino de crecimiento productivo. Esto no quita que, por mostrarse incapaz de hacerle frente, termine sucumbiendo ante sus designios.
Ahora bien, yendo a la similitudes podemos destacar dos fundamentales: la acelerada primarización y la cesión de soberanía. Cabe destacar, a su vez, que ambas vienen de la mano.
Así, la primera se caracterizó en los ´90 por una serie de políticas que favorecieron una profunda reconversión productiva del campo, cuyo proceso acelerado de sojización terminó de consolidarse en la década siguiente con el “Boom de los comoditties”. Hoy en día la situación es parecida, pero diferente. En lo referente al sector agrícola, hay, una importante profundización del proceso iniciado en los ´90 que, con el objetivo de aumentar las exportaciones hasta llegar a los USD 100.000 millones, propone una serie de exenciones impositivas sobre el excedente producido y exportado en relación a lo que se tenía planificado. Cabe destacar a su vez, que si bien este no es más que un proyecto, con la llegada de Julián Dominguez a la cartera de agricultura, el uso de las retenciones como herramienta de política económica y de precios ya se ha visto limitada.
El efecto de ambos procesos, aquel de los ´90 que carecía del instrumento de las retenciones y el actual que tiende a limitarlas, ha sido el mismo: una fuerte suba del precio de los alimentos, que contribuyó a la existencia de índices de pobreza e indigencia realmente escandalosos.
Con todo, no es sólo en este proyecto de ley del sector agroindustrial en donde se observa la tendencia hacia la primarización propuesta por este gobierno. En estos dos años de “fernandismo”, el Ministerio de Desarrollo Productivo se ha erigido en un verdadero “Ministerio de saqueo y apropiación de bienes comunes”. Con la excusa de conseguir divisas para el desarrollo industrial -la industria solo ha crecido utilizando capacidad instalada que estaba en desuso y en base a inversiones de transnacionales de sectores privilegiados como el automotor con Toyota a la cabeza- y, aunque no se lo reconozca, para el pago de la deuda, el Gobierno en general, y el mencionado ministerio en particular, han propuesto e impulsado todo proyecto primario exportador posible sin contemplar su impacto sobre los territorios explotados. En todo caso, si este saqueo no se ha llegado a implementar, es fruto de la lucha y de la organización en cada uno de los mismos, que han logrado frenar diversos proyectos mineros y petroleros.
La segunda similitud hallada es la importante cesión de soberanía. No pocos son los ámbitos en que ésta ocurre, sin embargo nos centraremos solo en los siguientes: la relación con los organismos multilaterales de crédito, la incapacidad de realizar política monetaria y la implementación de reformas.
Aquí una vez más es necesario marcar diferencias. El PJ menemista fue en búsqueda abierta del FMI, con el fin de legitimar la implementación de sus políticas neoliberales, mientras que el PJ fernandista inició su mandato con el condicionante de ser el mayor deudor de la historia de dicho organismo. En todo caso, el punto común aquí pasa porque el presente gobierno ha hecho todo lo posible por no romper con el FMI, hasta llegar a una situación en la que no acordar implicaría un default no planificado y desordenado, con bruscas consecuencias inmediatas. De este modo se volvió a firmar un acuerdo con un organismo cuyo accionista principal es EE.UU. y aceptando revisiones trimestrales que pueden llevar a nuevas exigencias.
Así, si en el primer caso el país intentó ser el mejor alumno del Fondo y un mercado de deuda atractivo para la especulación de los acreedores privados, en el actual la falta de impugnación a deudas ilegítimas e ilegales -odiosas-, tanto de dicho organismo como de los privados, deja al país en el mismo lugar de sumisión.
Pero hay más. Las políticas acordadas entre Guzmán y el FMI ponen al país en una situación muy cercana a la de la convertibilidad. La obligación de que el valor de la moneda acompañe a la inflación -es decir que el dólar aumente acompañando al aumento de precios-, sumada a la imposición de reducir el déficit y a la imposibilidad de financiarse con impresión monetaria, pone al país en una situación similar a la de la convertibilidad -en la que sólo podía haber pesos circulando en la misma cuantía de los dólares guardados en el Banco Central. Esto lleva, en ambos casos, a la imposibilidad de llevar adelante políticas monetarias, que permitan enfrentar los vaivenes del ciclo económico – “poner más dinero en la calle” es fundamental para hacer crecer la producción y el empleo en los momentos en los que el consumo cae.
Yendo a las reformas, es posible encontrar, una vez más, diferencias. Si durante el menemismo la reforma laboral y la previsional se ejecutaron por medio de leyes, en la actualidad las mismas se llevan adelante de hecho y sector por sector. Ejemplos de esto son el convenio que el Sindicato de Trabajadores de Carga y Descarga tiene con Mercado Libre y el que firmó SMATA con Toyota, la empresa nueva “modelo” del gobierno actual. A su vez, por el lado de las jubilaciones esto se observa en la propuesta de extender “voluntariamente” la edad hasta la que se trabaja, en combinación con una jubilación mínima que no cubre la mitad de la línea de pobreza. En ambos casos la lógica es la misma, se basa en supuestos acuerdos voluntarios que, en realidad, no son más que imposiciones propias de un modelo en el que todo se paga lo que cuesta… menos el trabajo.
Finalmente es posible enumerar un par de similitudes extra. En primer lugar, la tendencia a la focalización de las políticas sociales, que en la actualidad limitarán el alcance de los subsidios a la energía y la posibilidad de implementar la “Renta básica universal”. En segundo lugar, la presentación de la inflación como principal enemigo que, no obstante tiene un impacto real sobre el bolsillo de los sectores populares, es utilizada para moderar sus aspiraciones salariales.
¿Discurso único?
La votación del acuerdo con el FMI ha traído también otras reminiscencias de los ´90. Al igual que en ese momento, este proyecto de ajuste y cesión de soberanía ha tenido la “virtud” de concitar el apoyo de los principales partidos políticos, el capital concentrado, en sus diferentes ramas y organizaciones y la cúpula de la CGT. Terrorismo mediático de por medio -tanto desde posturas afines al gobierno, como desde las opositoras- se ha intentado imponer la visión tatcherista de que no hay otra salida, de que hay que asistir resignades a la pérdida de nuestros derechos y de nuestra dignidad.
Por su parte los sectores que, dentro de la alianza de gobierno, pretenden resistir estos embates han sido puestos en un lugar de extrema marginalidad y, de ahora en adelante, serán permanentemente chantajeados con el riesgo para con la gobernabilidad que sus desplantes -hasta ahora tibios- puedan generar.
Ahora bien, no todo está perdido. Si, como en los ´90, el marco de lo institucional nos juega con la cancha inclinada, será necesario desandar el camino de institucionalización que, como sectores populares, venimos llevando adelante desde 2003 -y que se ha profundizado como reacción frente al macrismo. La historia no se repite, eso es cierto, pero no podemos negar que solo con procesos de lucha creativos y creadores como los de fines del ´90 y principios del 2000, podremos torcer nuestro destino hacia la vida que como pueblo merecemos.