Secuestros, torturas y abusos contra el colectivo travesti y trans durante la dictadura

Una decena de civiles, militares y policías retirados, entre ellos Miguel Etchecolatz y Jaime Smart, fueron procesados por violaciones a los derechos humanos de personas travestis y trans durante el terrorismo de Estado. La decisión la tomó el juez federal Ernesto Kreplak en el marco de la investigación por delitos cometidos en centros clandestinos del sur del conurbano bonaerense.


El represor multicondenado por crímenes de lesa humanidad Miguel Osvaldo Etchecolatz junto a una decena de civiles, militares y policías retirados fueron procesados por perseguir, secuestrar, torturar y abusar de personas travestis y trans durante la última dictadura cívico militar. La decisión la tomó el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak en el marco de una serie de procesamientos que involucraron más de un centenar de víctimas en las causas que investigan los delitos del terrorismo de Estado sucedidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El infierno, centros clandestinos que funcionaron en el sur y sureste del conurbano bonaerense. Es la primera vez que el ataque sistemático contra el colectivo travesti y trans es tenido en cuenta dentro del accionar del terrorismo de Estado. Se espera que los hechos sean tratados en el juicio oral que se desarrolla desde hace más de dos años sobre las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en aquellos escenarios del horror.

En el Pozo de Banfield “se cometieron diversos crímenes que tuvieron por víctimas a personas en razón de su orientación sexual e identidad de género autopercibida al tiempo de los hechos, evidenciando una situación de palmaria discriminación que, hasta la fecha, no ha sido puesta debidamente de manifiesto en el marco de las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar”, puntualizó Kreplak en uno de los tres autos de procesamiento que emitió en las causas que investigan los crímenes de “las brigadas”, como suele identificarse a los campos de concentración que funcionaron en la ex División Delitos Contra la Propiedad y Seguridad Personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Brigadas de Investigaciones de la bonaerense en Quilmes y Lanús.

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Las resoluciones de Kreplak atienden y acompañan a un trabajo conjunto de la Fiscalía federal, las querellas que representan a sobrevivientes, familiares de víctimas y al Estado, al que se sumó personal del Juzgado de Instrucción Federal 3 de La Plata, que tuvo como objetivo completar el mapa de violaciones a los derechos humanos perpetradas en esos tres centros clandestinos: casos que habían quedado incompletos y, por lo tanto, no habían podido ser incorporados al juicio que se está desarrollando. “Incorporamos casos nuevos, sumamos responsabilidades a casos que ya integraban la causa y sumamos a un imputado. La idea es tratar todo esto en el actual debate para no tener que hacer otro más adelante”, apuntó Ana Oberlin, auxiliar fiscal que trabajó en los expedientes. 

Entre los casos preexistentes que sumaron nuevas imputaciones y aquellos que fueron incorporados en estos autos, son unas 300 las víctimas por las que la quincena de represores, entre civiles, militares y policías retirados deberán responder ante la Justicia.

Aquello significó un trabajo monumental dentro del que se destacan alguna cuestiones. Por un lado, “se amplió el criterio de imputación” sobre el ejercicio de la violencia por medios sexuales que los represores llevaron a cabo contra mujeres cis, travestis y trans. Y aquí hay un apartado que es “fundacional” en el tratamiento judicial de los crímenes de lesa humanidad, destacó Oberlin: el procesamiento de una decena de represores por secuestro, torturas y violaciones a siete travestis y trans. “Es la primera vez que en el ámbito judicial se considera al colectivo travesti y trans como objetivo a atacar dentro del Plan Sistemático”, expresó la fiscal.

La persecución

A partir de un trabajo de hormiga encabezado por Oberlin, se logró hallar a las siete víctimas para que contaran su historia en el marco del expediente que hoy las considera víctimas de delitos de lesa humanidad. Muchas de ellas viven en el exilio, al que acudieron en calidad de refugiadas tras secuestros, torturas y abusos.

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A través de sus relatos, el Juzgado Federal de Kreplak pudo saber que fueron secuestradas en situación de prostitución, golpeadas y trasladadas al centro clandestino que funcionó a pocos kilómetros de Puente La Noria, en la localidad de Banfield. Entonces, todas eran muy jóvenes –algunas adolescentes–. Al llegar al centro clandestino las “tiraron como animales, con hambre, frío, maltrato, corte de pelo, violadas, tratadas malísimamente”, relató una de ellas. Recordaron maltratos físicos, insultos sobre su identidad de género, sometimiento a la servidumbre, abusos sexuales –eran obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de comida o abrigo–.

“Tales crímenes no resultan aislados sino que se enmarcan en un contexto de discriminación histórica y estructural, ahondada por las acciones desplegadas durante el terrorismo de Estado”, remarcó Kreplak en el documento en el que consideró responsables de esos hechos a nueve de los 14 represores procesados por los hechos del Pozo de Banfield. El magistrado consideró que “el constante hostigamiento y criminalización sufrido estructural e históricamente por las disidencias sexo-genéricas (…) alcanzó niveles de intensidad y sistematicidad mayores en la época” de la última dictadura.

Hasta ahora, la causa que investiga los hechos del Pozo de Banfield contaba con un solo caso de la comunidad travesti trans en la lista de víctimas querellantes que llegaron a juicio: el de Valeria del Mar Ramírez. En el país, no hay otros que hayan llegado a juicio y son poquísimos los que integran un expediente judicial de lesa humanidad. Ninguno, a excepción del de Ramírez, cuenta con personas procesadas por esos hechos. En este caso, Kreplak responsabilizó, con diversos grados de participación y responsabilidad, a Jaime Smart, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Jorge Antonio Bergés, Roberto Balmaceda, Alberto Candioti, Carlos María Romero Pavón, Juan Miguel Wolk, Héctor Di Pasquale y Luis Horacio Castillo por los secuestros, las torturas y los vejámenes de Valeria y las otras siete víctimas recientemente incorporadas.

“Lo que sucede aquí sienta precendente no solo en el país, sino en la región ya que se toma un grupo de casos y se considera que el colectivo travesti y trans fue objetivo de la violencia sistemática del terrorismo de Estado”, remarcó Oberlin. Así, “Argentina vuelve a ser pionera” en materia de juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos.

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Por último, la auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Federal para juicios por crímenes de lesa humanidad destacó que este procesamiento “puede servir de mensaje para quienes no prestaron testimonio todavía, para que vean que hay una respuesta de parte de la Justicia”. Es que muchos integrantes del colectivo travesti y trans “descreen de la Justicia, una de las instituciones que las violentó y las continúan violentando. Entonces este procesamiento ubica las cosas en su lugar: el Poder Judicial las escucha y se pone a investigar”, resaltó.

Un nuevo imputado

Hasta hace no mucho tiempo, Luis Horacio Castillo vivía libre, jubilado de la Policía bonaerense. Había sido oficial inspector de esa fuerza durante los años 70 y tempranos 80, hasta que en 1986 solicitó su “retiro activo” con el cargo de comisario. Sin embargo, sus días de descanso se terminaron: el pasado 30 de marzo, Kreplak le dictó prisión preventiva –que por estos días cumple en su casa– por hallarlo responsable de secuestros, torturas, abuso sexual, apropiación de niñes, delitos que tuvieron lugar en los centros clandestinos que funcionaron en las ex brigadas de Investigaciones de Banfield y Lanús.

Castillo fue reconocido y nombrado por dos sobrevivientes de El infierno, quienes lo “señalaron en tareas que permiten establecer que tenía conocimiento de la situación de detenciones ilegales” allí. Una de ellas testimonió que la obligó a punta de pistola a firmar una falsa declaración. La investigación también dio con su legajo, en donde figura su derrotero en años de la dictadura: desde 1973 y hasta agosto de 1976, Castillo cumplió funciones en la Brigada de Investigaciones de Lanús; entonces fue trasladado al Pozo de Banfield, donde estuvo designado con el cargo de oficial primero de seguridad hasta enero de 1977 y luego ascendido a oficial principal hasta marzo, cuando volvió a Lanús. 

Fuente: Página/12

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