La realidad sicaria: la historia de Vanesa Castillo, en Santa Fe

Fue asesinada en la puerta de la escuela, tras haber acompañado a una alumna a denunciar abuso sexual infantil. Nadie indagó la relación entre ambos hechos, pero el culpable confesó que fue un crimen por encargo (dijo que lo mandaron a “sicarear”). Pero, por ser insolvente, lo increíble: la familia de la víctima debía pagar el juicio, casi $500.000. Hasta llegaron a hacer una colecta. La responsabilidad del Estado, el sicariato de lo “legal” y lo que se impulsa desde abajo: la Ley Vanesa. 

Alto Verde es un barrio de la ciudad de Santa Fe al que se accede por un puente. Un islote de alrededor de una docena de manzanas rodeadas de ríos. Según el censo de 2010, 7.257 habitantes. 

Vanesa trabajaba como docente en la escuela pública N° 533 “Victoriano Montes”, ubicada en la manzana 7 del barrio. Fue allí donde acompañó a una alumna, menor de edad y embarazada, en una denuncia por abuso sexual infantil. Corría diciembre de 2017.  

Dos meses después comenzó el ciclo lectivo. El segundo día, 16 de febrero de 2018, cuando partía de la escuela, todavía sin alumnxs, para volver en su moto a Santa Rosa de los Calchines, donde vivía, fue interceptada por Juan Ramón Cacho Cano, quien se acercó y dijo que quería venderle un par de ojotas. Vanesa dijo que no. Él insistió, y le pidió que lo llevara a una cancha de fútbol que estaba cerca. Ella volvió a decir que no. Cano se subió a la moto, con la mano izquierda la agarró del cuello, y con la derecha la apuñaló 13 veces en distintas partes del cuerpo. Vanesa intentó conducir mientras pedía auxilio. Chocó contra un montículo de tierra y cayó al piso. 

Murió cuando era trasladada de urgencia al Hospital Cullen. 

Cano escapó sin llevarse ninguna pertenencia de Vanesa, se atrincheró en su casa y fue detenido horas después. 

Sin protección

Vanesa Castillo tenía 32 años y una hija que al momento del femicidio tenía 11. Había estudiado abogacía pero, sin trabajo, no pudo sostener la carrera. El femicidio interrumpió sus estudios: cursaba la carrera de Historia en el Instituto Superior del Profesorado Nº 8 “Almirante Brown”, en Santa Fe. 

Desde 2012 trabajaba en la escuela de Alto Verde, donde empezó haciendo reemplazos, y terminó siendo parte. Tanto que, a finales de 2017 una alumna de séptimo grado de la escuela le reveló que estaba embarazada. Vanesa averiguó el protocolo para denunciar abuso sexual infantil. “Eso fue en noviembre de 2017. El 1° de diciembre la llamaron a declarar desde el Ministerio Público de la Acusación”, relata Silvia Castillo, hermana mayor de Vanesa. “Fue a declarar a la Comisaría de la Mujer, para corroborar todo lo que ella había escrito en el acta que presentó la escuela para el inicio del protocolo. Esa declaración fue incorporada a la causa del abuso de la nena, sin ningún tipo de protección de identidad. La verdad es que la entregaron. No tienen obligación de reservar la identidad si no lo solicita el testigo, pero Vanesa esa chance no la tuvo, no se lo dijeron. Le hicieron firmar un acta; ellos dicen que cumplieron con la ley de protección de víctimas, un acta que dice que tiene derecho a protección ella y la familia, pero es un acta: no te explican nada”. 

Silvia reconstruyó todo lo que pasó antes y después de la declaración. Hasta ese momento no se habían enterado de que Vanesa había iniciado el Protocolo de Atención Interinstitucional para el Acceso a la Justicia de Menores Víctimas de Violencia, Abuso Sexual y Otros Delitos, como dispone el Decreto 2288. “Reconstruimos que Vanesa hizo su parte, que es hacer el acta y entregarla a la dirección”, dice Silvia. También reconstruyeron mediante audios que Vanesa envió a otras docentes, que se sintió desamparada por la dirección de la escuela, no se había sentido acompañada. Cuando ella volvió al establecimiento, en febrero de 2018, después de las vacaciones de verano y de haber declarado en la causa de abuso, se enteró de que el abusador de la nena estaba detenido a la espera del juicio. 

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Poco después terminó condenado a 13 años de prisión. 

Se supo así que su intervención había ayudado a desarmar toda una maraña de violencias. 

No sería gratis para ella.

Muerte anunciada

El 14 de febrero de 2018 Vanesa volvió a la escuela para preparar el inicio del ciclo lectivo. Un día después, fue asesinada. Recién en ese momento su familia se enteró deque había estado acompañando la denuncia de abuso sexual. 

La noticia corrió rápido: una maestra asesinada. La comunidad docente de la ciudad se convocó por cadenas de Whatsapp y al día siguiente se juntaron en la Fuente de la Cordialidad, ubicada en el acceso a Santa Fe. Marcharon cruzando el puente que da entrada a la ciudad. Para ese momento Juan Ramón Cano, que tenía 31 años, ya estaba detenido. 

Cano contaba con antecedentes penales previos. Silvia, hermana de Vanesa, y su mamá se presentaron como querellantes en la causa, reclamaban que la investigación estableciera el vínculo entre el femicidio y el acompañamiento en la denuncia de abuso. El trabajo lo iniciaron dos fiscales: Andrés Enrique Marchi, jefe de la Unidad Especial Homicidios, y Mariela Jiménez, de Violencia de Género, Familiar y Sexual. Cuenta Silvia: “Una docente dijo haber recibido una advertencia de unos amigos del barrio el día 14, y que por eso no fue a la escuela. Con la fiscal de género habíamos llegado un punto: tenemos este teléfono de la docente, podemos determinar quién le advirtió; pero en ese mismo momento la sacaron de la causa. Estuvimos 8 meses sin fiscal de género, teníamos el fiscal de homicidio que se ocupaba de la parte de pericias científicas, con quien yo no tenía buena relación ni buen diálogo”.

La familia de Vanesa pidió entonces que la causa vuelva a tener fiscal de género y cambiase del fiscal de homicidios. Convocaron a una marcha a la fiscalía para reclamarlo. Ese día Silvia no pudo marchar: estaba en el médico, con una parálisis en el rostro producto del estrés. 

Finalmente la causa tuvo nuevas fiscalas: Cristina Ferraro, de homicidio, y Bárbara Ilera, de género. La familia de Vanesa volvió a insistir en que la investigación vinculase la denuncia de abuso infantil y el femicidio, pero cuando a finales del 2020 la fiscalía cierra la investigación y eleva a juicio, había descartado esa hipótesis. 

Las fiscales pidieron prisión perpetua por la autoría de los delitos de homicidio calificado con alevosía y ensañamiento, y por mediar violencia de género, amenazas calificadas, agresión con arma y atentado a la autoridad por agredir a uno de los policìas que lo detuvo.  

Sicarear

El 5 de marzo de 2020 fue la audiencia preliminar del juicio. La familia de Vanesa estaba representada por los abogados Carolina Walker Torres y Matías Pautasso. Hasta ese momento Juan Ramón Cano prácticamente no había hablado; solo le pidió perdón a un policía que agredió cuando lo estaba deteniendo. Pero cuando la abogada Walker estaba haciendo su planteo al juez Nicolás Falkenberg, Cano interrumpió a los gritos. Dijo que lo habían mandado a “sicariar” a Vanesa, que le “pagaron $50.000 pesos para que la mate” y que no se iba a comer el “garrón” de perpetua solo. El juez le dijo que espere para hablar, pero cuando llegó su momento los abogados defensores Gustavo Durando y Javier Casco le recomendaron que no declarara. Y Cano ya no habló más. 

“No le tomaron declaración, pero quedó la grabación”, dice Silvia que agradece que en ese momento había prensa en la sala. “Cuando la acusación desestima el vínculo de crimen por encargo, trata a la familia de irresponsable por sostener la hipótesis, por asustar a la comunidad docente. Pero después Cano lo gritó, y fue un alivio por la necesidad de conocer la verdad, y de estar seguras de que no nos equivocamos en la justicia que estamos pidiendo”. 

La querella pidió la ampliación de la acusación a homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria. “Querían un testigo, el tipo habló, pensé que no se podían oponer, pero la fiscalía se opuso. El argumento era que no lo podían relacionar con la acusación. Claro, habían hecho una acusación descartando esa hipótesis y fundada en la condición psicológica de Cano, que era un sujeto con una tolerancia muy baja a la frustración y como Vanesa no le quiso comprar unas ojotas que estaba vendiendo, la mató”. 

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Finalmente el 21 de septiembre de 2020 Juan Ramón Cano fue condenado a perpetua por unanimidad por los jueces Rosana Carrara, Leandro Lazzarini y José Luis García Troiano. La defensa apeló y tres meses después un tribunal de segunda instancia de Santa Fe confirmó la condena.  

La sensación de la familia fue que no se llegó a la verdad. “Lo condenaron por femicidio, la condena máxima que se le podía dar, medió violencia de género, y este sujeto tiene un historial de violencia de género y abusos, un montón de causas. Sí, está bien condenado, pero hay una cuestión a investigar: lo que él afirma, que a él lo mandaron a sicariar”.

Sicariar: Silvia todavía se conmueve cada vez que dice o escucha ese término.    

Cuando la sentencia quedó firme, la abogada y el abogado de la familia decidieron dejar la causa. Silvia tenía la seguridad de que aún faltaba investigar lo que Cano gritó, entonces se replanteó cómo seguir. “Después de un tiempo de pensar qué hacer, porque es una responsabilidad en lo económico, decidí no poner otro abogado, y dejar que la fiscalía investigue”. 

Llamó al fiscal regional Carlos Arietti y le pidió una reunión para hablar de la declaración de Cano. Fue con el video de la audiencia preliminar donde se lo ve y escucha gritar, lo miraron juntos. “Le dije: yo quiero que esto se investigue, no está dentro de mis posibilidades dejar esto así. Pedí un cambio de fiscal, y me dijeron que sí. Se designó un nuevo fiscal de homicidios, Martín Torres, y hay una investigación abierta para investigar lo que Cano gritó”.

La ley propia 

Vanesa tenía 4 hermanas. Silvia es la mayor de las cinco, y es quien cuida a Sara, la hija de Vanesa.

A Sara le correspondía recibir, desde el femicidio de su mamá, lo establecido por la Ley Brisa: una reparación económica para les hijes de víctimas de femicidios, hasta los 21 años y sin límite de tiempo si existe alguna discapacidad. La reparación es equivalente al monto de una jubilación mínima, es mensual y además contempla la atención integral de la salud. No sucedió: comenzó a recibirla recién en 2021. «El espíritu de esta Ley, que es proteger o darle una ayuda económica a los hijos de víctimas de femicidios, no se cumple porque en realidad cuando pasa, estás totalmente desorganizado y en esa situación, necesitás la ayuda, no después”.

A la par que se desarrollaba el juicio, Silvia empezó a pensar en una ley que le garantizara protección a las docentes que detecten y denuncien situaciones de abuso en las infancias. Convocó a organizaciones sindicales, sociales. Llamó uno por uno a cada legislador y legisladora de Santa Fe para pedirles que se interesen, y lo logró. En 2019 la Legislatura creó, mediante la Resolución 1274 que tuvo apoyo transversal, una comisión especial que tenía como objetivo el estudio, elaboración y redacción de la Ley Vanesa, para la protección y asistencia de niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones de derechos y abuso sexual infantil, y la protección de las y los agentes estatales denunciantes.  

Durante meses la comisión –integrada por las diputadas Agustina Donnet, Lucila De Ponti y Erica Hynes– trabajó en el texto de la ley con aportes de la familia y organizaciones. El 16 de febrero de este año el proyecto se presentó formalmente con tres objetivos concretos: 

Evitar la revictimización y reducir tanto como sea posible, el estrés que atraviesan las niñas, niños y adolescentes a lo largo del proceso, desde que realizan la primera exteriorización hasta la finalización del juicio.

Garantizar la protección y acompañamiento de las víctimas y las personas adultas que tengan algún tipo de participación en el proceso. 

Lograr la articulación y coordinación entre organismos para optimizar las prácticas de abordaje que recibe una niña, niño o adolescente víctima y las personas adultas involucradas. 

Silvia cuenta sobre el proceso que incluyó cuatro audiencias públicas muy convocantes: “Fue un trabajo colectivo, entre la comisión de las diputadas, las comisiones gremiales, las organizaciones civiles y todas las instituciones del Estado: Ministerio de Educación, Justicia, Salud, Seguridad, Público de Acusación. Fue un proceso bastante largo, había muchas cosas con las que combinar. El trabajo colectivo es una cadena de contactos, de apoyo, de difundir, de militar ideas y propósitos. Ahora tenemos que seguir impulsando y sosteniendo para que llegue a Labor Parlamentaria, se trabaje y se apruebe. El espíritu de esta Ley, que es proteger o darle una ayuda económica a los hijos de víctimas de femicidios, no se cumple porque en realidad cuando pasa, estás totalmente desorganizado y en esa situación, necesitás la ayuda, no después”.

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El colmo de la injusticia

Mientras se espera que se designen las comisiones y que las sesiones arranquen para que el Estado pueda saldar lo pendiente, Silvia retoma la idea: “No logro comprender qué es lo que le pesa tanto al Estado que no resuelve esta situación: proteger a los adultos que acompañan, y proteger a la niñez garantizando sus derechos. Les quiero recordar a los funcionarios que el principio de la política es el bien común, no construir poder y permanecer en el poder. Eso es lo que nos está afectando como sociedad: los políticos abocados a la construcción de poder”.  

El mismo febrero que se presentó el proyecto de ley, el femicidio de Vanesa Castillo volvió al debate mediático y político porque Juan Ramón Cano fue declarado insolvente. Y entonces, automáticamente, la familia de Vanesa pasó a tener una deuda con sus abogados: Carolina Walker Torres y Matías Pautasso. El monto de la deuda: $457.000, número que quedó cuando se descontó lo que Amsafe, Asociación del Magisterio de Santa Fe, había pagado a los abogados en el inicio de la causa como ayuda a la familia. El mismo sindicato había ayudado a la familia con los costos del juicio que Silvia encaró para tener la guarda de su sobrina. 

A Silvia y su familia pagar casi medio millón a abogados les resultaba, obviamente, imposible; entonces lanzaron una colecta ante la posibilidad de que les remataran la casa. La noticia volvió a correr rápido y llegó hasta la ministra de Mujeres, Igualdad y Diversidad de Santa Fe, Florencia Marinaro, que llamó a Silvia para una reunión. Después de ese encuentro se difundió que el gobierno se iba a hacer cargo de pagar las costas del juicio. El supuesto anuncio generó rechazos insólitos: los Centros de Asistencia Judicial calificaron la medida de “desacertada, irresponsable y carente de seriedad, porque se trata de una relación establecida entre particulares”. El Colegio de Abogados de Santa Fe también sacó un comunicado en contra: “Genera un precedente a tener en cuenta para futuras situaciones similares de manifiesta injusticia, independientemente de la causa o de la materia de que se trate”. 

Más acá de los indignados, la realidad era otra. Cuenta Silvia: “En el Ministerio nos dijeron que ellos tienen unos programas de subsidio de ayuda económica a las familias de la víctima, programa a los que yo no había accedido en la gestión anterior. Ellos me dan ese subsidio y con eso voy pagando, en cuotas, a los abogados. Cada uno usa el subsidio para lo que necesita: yo lo uso para pagar a los abogados para tener justicia”.

¿Por qué el Estado es responsable? 

-Yo sé que la responsabilidad del crimen de Vanesa es del Estado porque Cano era un sujeto que no tenía que estar libre: tenía antecedentes y estaba dispuesto a cometer un delito mayor a los que venía cometiendo. Es responsabilidad del Estado porque Vanesa era una docente que inicia un protocolo que no se lleva adelante como debía hacerse. Porque hay una ley que la obliga a intervenir pero no le da seguridad al hacerlo. Claramente el Estado es responsable del crimen de Vanesa, y también debería ser responsable de las costas de este juicio. Eso en un mundo ideal, pero en la realidad los abogados vienen a reclamarme a mí porque la ley dice que pueden hacerlo. No era la defensa la que estaba demandando: era mi abogada querellante. Y ahora, así, al menos estamos con la seguridad de que no nos van a embargar la casa.

Fuente: Revista Mu

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