Estamos en Estado de guerra

𝑆𝑎𝑛 𝐹𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎, 4 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜 𝑑𝑒 2022.-

Así nos han ubicado las autoridades represoras -criminales ecocidas- que disponen balas para el pueblo y custodia policial para las empresas que continúan el proceso de destrucción y muerte iniciado hace más de cinco siglos. Así nos han ubicado a través de la represión ejercida sobre los pueblos de Choya y de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, que se oponen a la destrucción extractivista de sus territorios.

Varias voces lo han repetido en los tiempos que nos toca vivir: es una guerra contra la Madre Tierra, contra las Mujeres y contra los Pueblos agro-culturales que sobreviven al genocidio en marcha. Junto a esas Voces varias, diversas, múltiples, sentimos la necesidad ética de pronunciar nuestra voz. Frente a los discursos inventados que otra vez quieren construir un “enfrentamiento” entre las comunidades que abrazan y defienden sus cerros y aquellos mandados a defender el capital de los poderosos, es necesario visibilizar y denunciar las desigualdades estructurales que se sustentan en el despojo de los pueblos y sus medios de vida.

Hace un mes, lxs vecinxs de Choya, alarmadxs por ver con sus propios ojos la destrucción, apenas inicial, que estaban haciendo los trabajos de MARA, decidieron cortar el paso de los vehículos de la empresa, en legítima defensa de su territorio, sus medios de vida, su hogar. Poner los cuerpos, detener el enorme tajo en el cerro, parar el paso de quienes estaban contaminando las nacientes del agua con la que se apaga la sed de las plantas, los animales y las personas de Andalgalá. Hace un mes solicitaron al gobernador y las autoridades que se acerquen a ver y dimensionar la catástrofe que está haciendo la empresa, que vea en persona las consecuencias de aprobarle a las mineras los permisos para sus “trabajos”. Las autoridades se plegaron todo este tiempo a la absoluta negación y subdimensionamiento que sostienen hace más de 25 años acerca de los impactos negativos de la megaminería sobre los territorios. Sostuvieron todo este tiempo la estigmatización y criminalización de quienes se animan a denunciar las afectaciones sobre sus cuerpos y sus territorios. Ayer por la mañana, cuando comenzaron a subir las camionetas de la policía, se revivía la memoria de todas las veces en las que el Estado dispuso de las fuerzas policiales para atacar y amedrentar los pueblos que ejercitan y se recrean en su digno derecho de autodeterminación. Horas antes, varixs asambleístas habían recibido en sus casas otro embate de los poderosos, el judicial, para dejar bien en claro que la parodia de las “Mesas de diálogo” y las acciones de participación ciudadana llamadas desde el Estado sólo va a tener de invitados a quienes compartan la mirada extractiva y esperen llevarse parte de la torta.

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Estamos en guerra. Y no sólo a los pies del cerro. Mientras ordenan acribillar los cuerpos territorios de las comunidades en lucha, horadar los cerros y nevados, devastar y amputar los suelos que nos dan vida y sustento, los mercaderes de la muerte –dichos ‘jefes de gobiernos democráticos’- continúan planificando la subasta: sin vergüenza, sin dignidad, sin mínimo pudor. Así queda al descubierto la alianza estratégica que vienen tejiendo los estados en sus distintos niveles con las empresas transnacionales protagonistas de la destrucción de los modos de vida de nuestros pueblos. Se trata de una alianza que se sostiene en la necesidad que ven los estados de avanzar con los extractivismos en nuestros territorios para “crecer”, lograr el anhelado “desarrollo” y hacer frente al pago de la deuda ilegal contraída con el Fondo Monetario Internacional. No importan las consecuencias de destrucción y muerte que esa alianza deja a su paso; sólo importa la consolidación del país como proveedor de bienes comunes a las potencias mundiales, reflejada en cifras récord de las exportaciones argentinas de esos rubros.    

Repudiamos esta manera perversa de ejercer autoridad. Repudiamos los diversos sistemas de control y amedrentamiento con los que pretenden mantener sumisa y cautiva a la población. Repudiamos la soberbia violenta de un poder que miente, corrompe, reprime…

Como institución civil de inspiración cristiana, asociada a la Red latinoamericana y caribeña de Iglesias y Minería, nos cabe también renegar de las autoridades eclesiásticas de la diócesis local. Por el silencio cómplice que han observado a lo largo de las luchas protagonizadas por las comunidades de nuestro territorio afectado por la mega minería.

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Alzamos nuestra voz desde el no-poder; desde la experiencia de caminar al lado de las comunidades en Re-Existencia de Catamarca y Santiago del Estero; desde el reconocimiento de nuestra condición humana, frágil y limitada.

Con indignación y gratitud, nos unimos al concierto de voces que se solidarizan con la comunidad acribillada de Andalgalá. Junto a la Pacha -Abya Yala- reafirmamos que
#NO ES NO
#MARA NO VA
#EL ACONQUIJA NO SE TOCA
#NUESTRA PACHA ES SAGRADA
#BASTA DE REPRESIÓN Y MUERTE
#BASTA DE MENTIRAS
#FUERA LAS MINERAS DE AMÉRICA LATINA

𝘼𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝘾𝙞𝙫𝙞𝙡 𝘽𝙞𝙚𝙣𝙖𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙧𝙖𝙙𝙤𝙨 𝙡𝙤𝙨 𝙋𝙤𝙗𝙧𝙚𝙨 

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