Violenta represión al pueblo de Choya, Andalgalá

Especial para ContrahegemoníaWeb

La noche del 3 de mayo terminó con otra violenta represión a los vecinos y vecinas del pueblo de Choya, departamento de Andalgalá, Catamarca, quienes realizaban un acampe pacífico desde hacía cinco días en el marco de un bloqueo selectivo a los camiones y maquinarias del Proyecto megaminero MARA (Minera Agua Rica Alumbrera).

Con la orden de levantar dicho bloqueo, unos sesenta efectivos de la policía de Catamarca dispararon a quemarropa armas con balas de goma contra, aproximadamente, quince vecinas y vecinos. El hecho dejó varias personas heridas y la detención de Karina Orquera, vecina y productora de Choya, por pararse frente a la policía simplemente gritando que se vayan, tal como documentan los videos registrados. Karina fue liberada durante la tarde del 5 de mayo.

La reacción de la comunidad de Andalgalá ante estos y otros hechos a lo largo de los años fue volver a salir para manifestarse a las plazas y las calles. La contrapartida, un fuerte despliegue de policías y fiscales por parte del Estado. Lo cual deja en alerta a la comunidad por el miedo a que se repitan situaciones como las del año pasado cuando, por manifestarse y defender su territorio, recibieron citaciones judiciales y amedrentamientos. Estos mecanismos se hicieron presentes recientemente dado que, integrantes del Asamblea El Algarrobo, fueron citados el 2 de mayo por realizar un supuesto bloqueo en el marco de la asamblea permanente encontrándose ahora judicializados por desobediencia judicial.

José, de la Asamblea El Algarrobo, nos cuenta que la orden de desalojo del bloqueo selectivo fue impartida por el fiscal Martín Camps quien ahora niega haberla emitido. Esto es parte de un pase de manos de responsabilidades, lo cual no es un evento aislado. Senadores y diputados del Frente de Todos, entre ellos el senador Horacio Gutiérrez, intentan culpar al Intendente Eduardo Córdoba como si lo ocurrido fuese producto de una maniobra política, cuando los vecinos y vecinas resisten la megaminería desde hace más de 12 años en la provincia.

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José relata que, en el predio que tiene la minera, se va a realizar un evento por el “día de la minería” convocando a personas de los distintos departamentos de Santa María, Belén y Tinogasta para lo cual Agua Rica ofrece la contratación de transporte y espectáculos. En este marco, la policía, al servicio del proyecto extractivista, controla las dos entradas al departamento de Andalgalá solicitando documentación. Los asambleístas vienen observando que también circula personal policial de civil realizando tareas de inteligencia. Un ejemplo de esto es la identificación de personas tomando fotografías durante la última caminata de las que realizan los vecinos desde el comienzo de la resistencia al proyecto minero. Una de estas, al ser increpada por las vecinas y vecinos, terminó admitiendo que pertenece a una empresa de seguridad de Tucumán que trabaja con la minera.

El Proyecto megaminero MARA, como los demás proyectos extractivistas en agenda en todo nuestro país, no cuenta con licencia social. Las diferentes organizaciones ambientalistas afirman su ilegalidad, ya que la empresa viola dos resoluciones dictadas por la ex secretaría de Minería provincial (hoy Ministerio) del año 2009, que prohíbe el tránsito minero por el camino de Choya y de Potrero. Los dos accesos que la asamblea están bloqueados hace dos semanas de forma selectiva. En Andalgalá, a su vez, aún sigue vigente la ordenanza municipal 029/16 que “prohíbe toda actividad minera metalífera, en la modalidad a cielo abierto, y la actividad minera nuclear, bajo cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá”.

En este contexto, el proyecto MARA además, viola la Ley de Glaciares, la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución. Los argumentos, razones y pruebas han sido presentados en varias oportunidades por las asambleas de Catamarca, por universidades nacionales y por investigadores nacionales e internacionales.

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El conflicto contra los extractivismos no se reduce solo en Andalgalá, sino que, dentro de la provincia de Catamarca, también se encuentran afectadas las localidades de Fiambalá y Antofagasta, afectadas por proyectos de extracción de litio. Tres comunidades sumergidas en la pobreza por proyectos económicos excluyentes, donde las resistencias de sus comunidades se mantienen a viva voz.

Ante la tergiversación de los hechos acontecidos durante esta semana por parte de los medios de comunicación, la Asamblea Pucara emitió un comunicado que detalla tres puntos que dejan en evidencia que lo ocurrido el 3 de mayo no fue un enfrentamiento sino una violenta represión por las fuerzas provinciales.

“1         Verdad: Los vecinos realizan hace días un BLOQUEO SELECTIVO. Es decir, solo se bloquea a camiones y vehículos que trabajan en el Proyecto MARA. Cualquier otra persona y vehículo pueden circular libremente.

Mentira: Los vecinos no emboscaron a la policía. La policía podía circular libremente por una parte del camino. Es ridículo creer que un grupo de 20 vecinos puede “emboscar” a 50 efectivos fuertemente armados de la policía.

2          Verdad: La policía tenía orden de “levantar” el bloqueo selectivo. Es decir, liberar el camino para que pasen los camiones del Proyecto Mara. Por esa razón, atacaron intencionalmente a los vecinos en el bloqueo.

Mentira: No hay ningún vídeo que muestre agresiones de los vecinos a la policía. Ninguno. Y es harto sabido que siempre hay un policía encargado de filmar estas acciones. Por el contrario, hay vídeos contundentes de los disparos de la policía. Fotos de los heridos y la cantidad de balas disparadas.

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3          Verdad: Desde el 5 de Abril, los vecinos llaman al diálogo. Insisten con la presencia del gobernador Raul Jalil en el lugar. Piden inspección ocular, piden información confiable. Hace 1 mes, que el gobierno niega el diálogo, no responde a los vecinos y sigue sin dar la cara.

Mentira: El gobierno no quiere dialogar. No tiene argumentos ni razones para dialogar. No tiene legitimidad ni legalidad. Solo tiene la violencia. Es su único argumento y siempre lo ha sido. Reprimió ayer, reprimió hace un año y también hace diez.

Verdad: No es un gobierno de diálogo, es una dictadura Minera

Verdad:  Raul Jalil es responsable.  Yamana Gold es responsable.”

José nos relata que la lucha de la asamblea nace hace más de una década, en el 2009, como reacción ante un nuevo proyecto de instalación de megaminería en la provincia de Catamarca: “Teníamos 12 años de antecedentes de la Alumbrera, que empezó en 1997, siendo una de las explotaciones más grandes de Sudamérica. Ya sabíamos de la pobreza que traía y las divisiones sociales que los extractivismos generan en nuestros pueblos”.  

Una vez creada la asamblea, como modo de protesta se empezaron a dar caminatas, muchas de ellas multitudinarias. cada sábado dando 2 vueltas a la plaza.

Hoy por hoy después de 25 años de instalada la Alumbrera, la provincia es la segunda más pobre del país. Los mitos de generación de empleo y de riquezas no se sostienen más que con mentiras. Durante estos 11 años la empresa trabajó en profundizar aún más la brecha social que generan los extractivismos al interior de los pueblos en los que quieren desarrollarse: vinculaciones con los diversos sectores de la sociedad a fin de alcanzar cierto grado de legitimidad. El eje está en intervenir en las escuelas, clubes, centros de jubilados, espacios culturales y sobre todo en los medios de comunicación que invisibilizan las problemáticas y las luchas que se llevan a cabo. En un pueblo de 20.000 habitantes aproximadamente “un 80% que no quiere la mina y un 20% que sí la quiere. Entre estos últimos están obviamente los empresarios y la mayoría de la clase política”.

Fuera el Proyecto Mara. Fuera Yamana Gold.

#EstadoRepresor 

#CatamarcaResiste”

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