Masacre de Budge: lo institucional de la represión y la necesidad de decir las cosas por su nombre.

Se cumplen 35 años del caso que no fue el primero de gatillo fácil, pero sí el primero en el que todo un barrio se organizó para pelear contra esa política represiva. En esta nota, un repaso sobre lo fundacional del triple asesinato para la construcción de la organización popular en la defensa de los derechos humanos. Y una advertencia sobre la implicancia de entender a la represión y la violencia como sinónimos.

El 8 de mayo de 1987, la Policía Bonaerense fusiló a Agustín Olivera, de 20 años, Oscar Aredes, de 19, y Roberto Argañaraz, de 24. El triple asesinato, que luego se popularizó como la Masacre de Budge, fue el primer caso de gatillo fácil en el que todo un barrio se organizó y logró desarmar un entramado de encubrimiento y la posterior condena de los asesinos. Para que eso sucediera, necesariamente se tuvo que dar la fusión de dos factores fundamentales: el primero y principal fue la reacción de todo un barrio que salió a las calles a exigir justicia mediante movilizaciones, asambleas y cacerolazos. Sobre el hecho, recomiendo la película documental “Budge pregunta y seguirá preguntando”, de 1988, de Cosentino Tulio; y el libro “Al suelo, señores…La Matanza de Ingeniero Budge”, de 1987, de Jorge Luis Ubertalli.

El segundo factor, y no menos trascendente, fue la intervención en la causa como abogados -en verdad, fueron mucho más que eso-  de León “Toto” Zimerman y Ciro Annicchiarico, quienes sostuvieron desde un primer momento que no estábamos frente a un mero hecho “policial”, sino ante un nuevo-viejo método sistemático de violación a los derechos humanos.

Fue esa combinación la que daría como resultado que este caso se convirtiera en emblema, y fundamentalmente en germen, de la organización popular, ya que es aquí donde debemos buscar el origen de lo que tiempo después -al confluir las experiencias de lucha de Budge con el caso Walter Bulacio, en 1991-  sería el nacimiento del primer organismo que centraría su acción en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período constitucional: la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Podríamos decir que ni la lengua castellana logró mantenerse indiferente ante este crimen de Estado, ya que de la Masacre de Budge surgió la expresión “gatillo fácil”. Fue cuando Zimerman tomó un concepto de Rodolfo Walsh, quien en su momento había escrito que la Policía “es una jauría de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley; la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata”, y lo reformuló como “gatillo fácil”, una expresión que con los años se instaló en nuestro hablar cotidiano y se convirtió en un “argentinismo” que identifica los asesinatos cometidos por personal perteneciente o vinculado a las fuerzas represivas del Estado. En verdad, la expresión “gatillo alegre” es la traducción literal del inglés “happy trigger”, empleado en otras latitudes. Walsh, como traductor de ese idioma que era, fue fiel al original, mientras que “Toto” lo modificó porque consideró que lo de “alegre” era un término inadecuado para referirse al asesinato de esos tres jóvenes.

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Efectivamente, la Masacre de Budge es el hito histórico que vino a tirar por tierra el sueño ochentista del “Nunca Más” y nos dijo en la cara que en “democracia” también se violan los derechos humanos y que se lo hace de manera sistémica. Por supuesto que la direccionalidad y la intensidad de esas violaciones difieren en muchos aspectos de las sufridas durante el período genocida. No obstante, contienen un grado de continuidad histórica ineludible.

Eso que hoy nos parece tan claro, en su momento no lo fue tanto. Cuando “Toto” Zimerman comenzó a plantear que el asesinato en manos de la Policía de esos tres pibes pobres que estaban tomando cerveza en una esquina era una violación a los derechos humanos, hubo gente del “palo” que no lo comprendió, ya que en ese entonces había quienes no tenían muy en claro el rol que el sistema les adjudicaba a los “excluidos”. ¿Cómo iban a igualar a las y los militantes con esos pibes? Con el paso de los años, y muy especialmente luego del estallido de diciembre de 2001 y la Masacre del Puente Pueyrredón de junio de 2002, se comprendió que Zimerman se había adelantado unos cuantos años en política. Quizás por eso no debería resultarnos extraño que, si nos detenemos a estudiar el período post dictatorial, nos vamos a encontrar con que en gran proporción la lucha organizada contra los “edictos policiales” no proviene de los organismos de derechos humanos, ni de los partidos de izquierda tradicionales, sino del movimiento punk en su tendencia anarquista militante. Sobre los orígenes del movimiento antirrepresivo durante el período post dictatorial previo al surgimiento de la CORREPI, y sus vínculos con las corrientes punk vinculadas al anarquismo militante, se pueden encontrar testimonios y documentación en la película documental “Desacato a la Autoridad”, de 2014, de Tomás Makaji y Patricia Pietrafesa.

Llamar a las cosas por su nombre

Está claro que hoy, cuando hablamos de los “excluidos”, sabemos de lo que hablamos, pero en esos tiempos no era así. El “por algo será” y “en algo andarán” de los milicos se trasladaba a estas nuevas víctimas. Efectivamente, por algo era: la inmensa mayoría de las personas asesinadas por gatillo fácil eran pobres en general, y jóvenes en particular. Zimerman insistía en que no se trataba de “excesos” ni  de “locos sueltos”, sino que era la consecuencia de una política de Estado: la de utilizar la represión como parte del sostén del sistema capitalista. Asimismo, sostenía que el asesinato de Agustín Ramírez (ocurrido en San Francisco Solano en 1988, es decir, un año después de lo de Budge), vino a cerrar ese círculo de lo que son las políticas del gatillo fácil. Si bien Agustín también era un pibe joven de un barrio humilde, la motivación de ese crimen radicaba en su condición de militante popular. Es decir, el gatillo fácil es una política represiva y disciplinadora del sistema, destinada tanto al enemigo potencial (jóvenes pobres de barrios humildes), como al enemigo real (militancia popular).

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Es justamente en ese carácter sistémico de la represión donde debemos encontrar parte de las explicaciones del porqué desde Budge a estos días los índices de víctimas de gatillo fácil no se detienen, independientemente de quién gobierne. Sin ir más lejos, hace menos de un año se conoció el veredicto del juicio al policía bonaerense Luis Chocobar, a quien se “condenó” a la pena de dos años y medio de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación por haber asesinado a quemarropa a un adolescente que se encontraba desarmado, en el piso y en completo estado de indefensión. Esa sentencia puso en evidencia la existencia de un aval a las ejecuciones sumarias. Podemos decir que el fallo es la continuidad en el plano del Poder Judicial, del consentimiento dado en su momento por el Poder Ejecutivo a la “Doctrina Chocobar”. Ya lo dije, se dispara por la espalda respaldados por la espalda del Estado. Valga -o no- la redundancia.

Sin embargo, los 35 años de Budge nos demuestran que la “Doctrina Chocobar” es un hecho y lo es desde mucho tiempo antes que supiéramos de la existencia de un policía con ese apellido. Es más, lo es incluso desde antes que naciera el tristemente célebre uniformado. Y ya que hablamos de nombres propios, es bueno recordar que en ese caso hubo una persona asesinada de quien casi nadie recuerda cómo se llamaba. Valga -o no, otra vez- la redundancia.

Ahora bien, volviendo a esa sentencia, alguien podría decir: “Pero, lo condenaron”, y hasta argumentar que el fallo tiene una conceptualización de los hechos más severa que la del propio ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien sostuvo que “Chocobar no es un asesino, lo que hizo fue con la mejor intención”. O ese alguien también podría esgrimir que el fallo va contra el pensamiento de la exministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien manifestó que “Chocobar se podría haber hecho el distraído, pero actuó como policía y lo condenan”. “Estas condenas paralizan a todos los policías del país”, sumó.

Desde mi punto de vista, tanto la sentencia del caso Chocobar como las opiniones de esas almas gemelas llamadas Sergio Berni y Patricia Bullrich no son otra cosa que la enésima confirmación de aquello que puso en evidencia la Masacre de Budge: el gatillo fácil es un crimen de Estado. Y hablando de Estado, no puedo dejar de mencionar que, motivado en la Masacre de Budge, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.811/13 que designa el 8 de mayo como el Día Nacional de lucha contra la Violencia Institucional.

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Si ya de por sí resulta curioso que el Estado establezca por ley un día para conmemorar una lucha que es contra el propio Estado, y por hechos que sigue cometiendo actualmente, igual de sorprendente es la denominación que se le dio.

Si justamente la Masacre de Budge fue el hito generador de una nueva corriente en el movimiento de derechos humanos que vino a plantear el carácter institucional de la represión policial, ¿cómo puede explicarse que años después -ley del Congreso mediante- se utilice la fecha de ese hecho para “rebautizar” el concepto de “represión institucional” por el de “violencia institucional”?

Seamos claros, represión y violencia no son sinónimos. Hay una carga ideológica en el término “represión” que no está contenida en la palabra “violencia”.

La “represión” es patrimonio exclusivo del Estado y siempre es utilizada por los más poderosos en contra de los mas débiles. La violencia no, ya que muchas veces puede ser la expresión de reclamos populares justos, o la vía para derribar privilegios o privilegiados. El 20 de diciembre de 2001 podría servir de claro ejemplo de este planteo. Ese día, en las calles de nuestro país, hubo violencia popular y represión institucional y, claro está, ambos conceptos fueron contrapuestos, enfrentados y, como es sabido, dejaron un saldo de más de 30 muertos. Todos provocados por la represión. Ninguno por la violencia popular.

Por eso, la Masacre de Budge nos sigue interpelando, porque su problemática es actual y no tiene cabida en ningún museo. Porque es historia, historia de muerte que sigue viva, porque nos obliga a seguir posicionándonos cuando un uniformado jala el gatillo, pero también cuando se alza una voz para reivindicar las políticas de mano dura que apuntan a criminalizar la pobreza, la protesta o la niñez.

Así de simple e incómodo resulta el ejercicio de pensar con sentido crítico los 35 años de la Masacre de Ingeniero Budge, porque te obliga a definirte. A decir de qué lado de la mecha te encontrás.

Sergio «Cherco» Smietniansky es militante de Derechos Humanos. Fue miembro de la CORREPI – donde coordinó la campaña de búsqueda de los policías prófugos de la Masacre de Budge – y de la Coordinadora Sur contra la Represión Policial e Institucional. Es cofundador de CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo) organismo en el que milita hasta la actualidad.
Es miembro de Banfield por los Derechos Humanos y de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino.
Padre de 3 hijas,  hincha de Banfield, admirador de Garrafa Sánchez y amante de SUMO.  Además es abogado.

Fuente: Revista Cordón cordon.unlz.edu.ar


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