A 20 años de su ejecución, ¿cuál era el objetivo del plan «Jefes y Jefas de Hogar»?

Dos décadas atrás la clase gobernante argentina intentaba recuperar la institucionalidad y sacarse el lastre de la rebelión popular acontecida el 19 y 20 de diciembre del 2001. El 17 de mayo de 2002 se ejecutaba el plan «Jefes y Jefas de Hogar». En su imaginario, el entonces presidente Eduardo Duhalde buscaba que dichos planes, que llegarán a entregarse a alrededor de 2 millones de familias, tuvieran un carácter universal, con al menos dos objetivos: aminorar la bronca de los sectores más castigados por la crisis y sacarse de encima a las organizaciones de desocupados y desocupadas que se mantenían en la calle. En el presente, una de las primeras visitas recibidas por Axel Kicillof en calidad de gobernador bonaerense fue la de Eduardo Duhalde. Lo mismo hizo Andrés «El Cuervo» Larroque (La Cámpora) en su rol de ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, cuando se fotografíó y reunió con Hilda «Chiche» Duhalde. La ecuación es simple: caracterizan un crecimiento de la conflictividad social y buscan emular las recetas duhaldistas de 2002 para enfrentar a las organizaciones piqueteras que vienen marcando mayor dinamismo en la calle. Por Nicolás Salas, para ANRed.

Dos décadas atrás la clase gobernante argentina intentaba recuperar la institucionalidad y sacarse el lastre de la rebelión popular acontecida el 19 y 20 de diciembre del 2001. Para ello, el entonces presidente Eduardo Duhalde buscó bloquear el desarrollo y accionar de las organizaciones piqueteras intentando socavar su base social a partir del despliegue de políticas sociales que canalizaran el descontento a través de los organismos estatales.

El 17 de mayo de 2002 se ejecutaba el plan “Jefes y Jefas de Hogar”. Ese día se cerraba la inscripción y se abonaban los montos correspondientes a las primeras personas anotadas. El programa había sido anunciado en enero y rubricado en el mes de abril a partir del decreto 565/2002.

El plan sería de $150 destinados a “jefes/as de hogar con hijos de hasta DIECIOCHO (18) años de edad, o discapacitados de cualquier edad, y a hogares en los que la jefa de hogar o la cónyuge, concubina o cohabitante del jefe de hogar se hallare en estado de gravidez, todos ellos desocupados y que residan en forma permanente en el país”[1].

Imagen del momento del anuncio del entonces presidente Eduardo Duhalde del lanzamiento del Plan Jefes y Jefas de Hogar en el 2002.

Durante todo el 2002, el financiamiento de la iniciativa requirió aproximadamente de 2.400 millones de pesos provenientes del tesoro nacional, la reasignación y unificación de partidas destinadas a los programas sociales anteriormente vigentes y, a partir de mayo, de los saldos que dejaban las retenciones a las exportaciones. De todas formas, también se dio curso a distintos recortes en otras áreas ya que se utilizaron partidas educativas, científicas y hasta alimentarias.

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La contraprestación y un fallido plan “empalme”

En su imaginario, el duhaldismo buscaba que dichos planes, que llegarán a entregarse a alrededor de 2 millones de familias, tuvieran un carácter universal con al menos dos objetivos: aminorar la bronca de los sectores más castigados por la crisis y sacarse de encima a las organizaciones de desocupadxs que se mantenían en la calle.

Una de las encuestas mandadas a hacer por el ejecutivo nacional mostraba el rechazo de la clase media a que se entregarán subsidios, interpretados como la asignación de dinero a gente sin que medie trabajo alguno. El mismo Duhalde lo reconocerá años después:

Realizamos una encuesta los resultados daban un altísimo desacuerdo con el subsidio, algo comprensible, pues en semejante crisis los habitantes piensan que lo que se da a otros, se les quita a ellos. En una de las repreguntas de la investigación aparecía “¿Y si el subsidio incluyera ofrecer trabajo?”, entonces la gente contestaba afirmativamente. Era un imposible. Porque, ¿quién puede ofrecer tanto trabajo en medio de una crisis tan grande, en la que ni los municipios podían pagarle los sueldos a sus empleados? No se podía dar ocupación efectiva a esa cantidad de gente aunque nosotros les diéramos la plata a las entidades civiles para que emplearan a los beneficiarios[2].

El rechazo mostrado en los sondeos, llevó al gobierno a continuar la lógica de contraprestación que se había inaugurado con el Programa Provincial de Emergencia de Empleo (PPEE) llevado a cabo en la provincia de Buenos Aires hasta los “Trabajar” puestos en funcionamientos a partir de las puebladas de 1996.

Esta contraprestación era vista con buenos ojos por los intendentes y el aparato punteril del PJ que intentaba retomar la iniciativa territorial perdida a manos de las organizaciones sociales.

Además de servir de mano de obra barata para los jefes comunales peronistas, también buscaba ser ofrenda de explotación para el empresariado local. Allí se daba comienzo de lo que años después se conocerá como “plan empalme”, es decir la búsqueda de transformar planes en empleo registrado. En el texto de la iniciativa expresaba la necesidad de vincular los planes al sector privado que estuviera dispuesto “a incorporar a los beneficiarios del PROGRAMA para el desarrollo de actividades laborales”. Esta perspectiva no tendrá ningún desarrollo significativo y caerá bajo su propio peso ya que el empresariado argentino no estaba en condiciones o directamente no tenía la voluntad de contratar a lxs mismxs trabajadorxs que había despedido años atrás. Más allá de marginales excepciones, este planteo no tendrá asidero concreto sobre una economía golpeada y sacudida por la convertibilidad y por la devaluación que implicó la salida de esta.

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La disputa con las organizaciones piqueteras

Al analizar la forma de adjudicación de los “Jefes y jefas” puede denotarse uno de los objetivos políticos que se perseguía en ese momento; correr de la disputa a las organizaciones piqueteras que se mantenían en la calle.

El gobierno definió, a partir del artículo N°9 del mencionado decreto, que el programa tenía “descentralización operativa en cuanto a su ejecución, la que se producirá a través de cada Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se aplicará por medio de los municipios”. Fue el gesto directo a intendentes y gobernadores en la búsqueda por recuperar la territorialidad perdida.

Casi desde el inicio de la gestión, el gobierno había puesto en funcionamiento los consejos municipales y provinciales iniciados por el gobierno de De la Rúa y que tenían como función definir los y las adjudicatarias de los programas de empleo que se remitían desde el Estado. Con el “Jefes y jefas” se reforzó esa perspectiva, creando el Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control (CONAEyC), el cual estaba conformado por organizaciones de empleadores; organizaciones sindicales; organizaciones no gubernamentales; instituciones confesionales; y representantes del gobierno nacional. Entre ellas podían contarse la Sociedad Rural, la Unión Industrial, asociaciones de bancos, la CGT, la CTA, la Iglesia Católica, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el Consejo Evangélico, entre otros. Las organizaciones piqueteras del sector combativo estaban prácticamente vedadas de la participación en dichas instancias.

De todas formas, este intento institucional se encontró con los planes de luchas y acciones llevadas a cabo por el sector piquetero “combativo”. De esta forma, “los piqueteros duros” (apodados así por la prensa) lograban torcer el brazo del gobierno ingresando a sus propios listados de compañeros y compañeras que eran cercenados por intendentes y punteros que se encontraban a cargo de las inscripciones en los barrios y ciudades.

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Dichas organizaciones lograrán así incrementar parte de su base organizada, profundizando la disputa con el Estado, lo que hará que el gobierno de Duhalde sacara a relucir la segunda pata de su construcción hegemónica; la represión abierta contra lxs piqueterxs. Así se configuró la masacre del Puente Pueyrredón que se cobró la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, acontecimiento que cumplirá 20 años el próximo 26 de junio.

Un paralelismo con el presente

Sectores del gobierno actual, hacen una reivindicación de las políticas llevadas a cabo por Duhalde durante su paso por la Casa Rosada. Cabe recordar que una de las primeras visitas recibidas por Axel Kicillof en calidad de gobernador bonaerense fue la de Eduardo Duhalde. Lo mismo hizo Andrés “el cuervo” Larroque (La Cámpora) en su rol de ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires cuando se fotografío y reunió con Hilda “chiche” Duhalde. La ecuación es simple, caracterizan un crecimiento de la conflictividad social y buscan emular las recetas duhaldistas de 2002 para enfrentar a las organizaciones piqueteras que vienen marcando mayor dinamismo en la calle.

Retomando la disputa con las organizaciones, el 23 de mayo de 2021, Larroque fue muy claro de su programa político y social en el contexto que se abre. Durante una entrevista con INFOBAE afirmará: “Cuando las organizaciones determinan quiénes son los beneficiarios o los sujetos de derecho, estamos en una dificultad frente al conjunto de la sociedad”

En este marco, los dirigentes de La Cámpora fueron los principales impulsores para que el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, asumiera al frente de Desarrollo Social de Nación en 2021 con el objetivo claro de diezmar el poder de las organizaciones piqueteras (tanto las que se encuentran dentro como fuera del gobierno) empoderando en contraposición el poder territorial de punteros, intendentes y gobernadores. Las persecuciones, detenciones y judicializaciones de militantes sociales realizadas tras la aprobación del acuerdo con el FMI en el Congreso es otro capítulo de la misma película.


[1]  “Decreto 565/2002”. Infoleg.gob.ar.

[2] “El nuevo rumbo de la Argentina I MEMORIAS DEL INCENDIO Los primeros 120 días de mi presidencia”, de Eduardo Duhalde. Editorial Sudamericana. Buenos Aires.

Fuente: anred.org


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