El centenario de YPF y el desamor con Comodoro Rivadavia: Del estatismo mosconiano a la privatización y Vaca Muerta

El centenario de YPF y el desamor con Comodoro Rivadavia: Del estatismo mosconiano a la privatización y Vaca Muerta

YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) cumple 100 años de su fundación y su realidad se encuentra completamente disociada de la Comodoro Rivadavia que la vio nacer el 3 de junio de 1922. El centenario de la compañía estatal que fue fundada por Enrique Mosconi nada tiene que ver con la actualidad de una Sociedad Anónima, con mayoría accionaria del Estado, pero que no cumple el rol productivo, de regulación del mercado y función social que supo desarrollar el modelo estatista y paternalista mosconiano; especialmente con la ninguneada capital nacional del petróleo. Esta YPF que festeja su centenario se rompió en 1992 con la privatización menemista, pero ya había sido usada por la dictadura militar en los años ’70 para endeudar al país, y desde la supuesta “recuperación” en 2012 solamente sirvió para maximizar las ganancias y apuntar casi con exclusividad a los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. El amor entre YPF y Comodoro se quebró hace años y sólo podría rencausarse con un profundo y categórico proceso de nacionalización y estatización, un tránsito que cuanto menos aparece como utópico en los tiempos que corren.

Algunos hitos históricos de YPF:

La fundación

El 3 de junio de 1922 se fundó por decreto Yacimientos Petrolíferos Fiscales bajó la gestión del presidente Hipólito Yrigoyen. La compañía fue 100% estatal, pero no se apropió del conjunto de los yacimientos nacionales y convivió con las petroleras privadas. Fue la primera petrolera estatal integrada en todas sus actividades y se transformó en ejemplo para la puesta en marcha de otras compañías estatales en Latinoamérica. En octubre de ese mismo año asumió la presidencia Marcelo Torcuato de Alvear, quien nombró al general Enrique Mosconi como director general de YPF, cargo que ocuparía durante ocho años.

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Mosconi, paternalismo anti huelga y argentinización

Mosconi combatió las organizaciones sindicales de los obreros petroleros y en particular buscó sacar de YPF a los trabajadores de origen extranjero recambiándolos por obreros llegados del norte del país, para poder aplicar su paternalismo y desarticular el sindicalismo clasista que imperaba en los yacimientos desde el descubrimiento del petróleo durante 1907 en Comodoro Rivadavia.

Durante los años 1917 y 1919 se produjeron dos enormes huelgas de los obreros petroleros. El movimiento obrero argentino, y en particular los trabajadores inmigrantes, recibían por aquellos años una fuerte influencia política y clasista por parte de la revolución rusa de 1917 y los movimientos revolucionarios que se desarrollaban en el mundo de principios del siglo pasado. Los petroleros no estaban exentos de dicho influjo en los yacimientos del sur, por eso no es casualidad observar fotografías de las masivas marchas por el día internacional del trabajador o las pancartas de protestas que estaban escritas en ruso.

Como respuesta comenzaba a diseñarse el plan de “argentinización” de los yacimientos petroleros patagónicos. En Comodoro Rivadavia había un total de 1.720 obreros petroleros y solamente el 3,3% eran de origen argentino; mientras que en Buenos Aires se aplicaba la Ley de Residencia que había instaurado Roca a principios del 1900.

Pero Mosconi no sólo midió fuerzas con los trusts, en la batalla más importante en la historia petrolera argentina, sino que también concretó un duro enfrentamientos contra los obreros petroleros de origen extranjero.

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Esa dualidad de batallas tuvo sus orígenes en la concepción militar con la que formó el joven coronel e ingeniero. Justamente esa visión castrense fue la que marcó a fuego todo su desempeño al frente de YPF y la que también lo llevó a optar por obreros “dóciles” de origen nacional para reemplazar a los extranjeros que consideraba un “obstáculo” para desarrollar su plan petrolero.

El propio Mosconi interpretaba que el personal extranjero de YPF “constituía un obstáculo para desarrollar el espíritu patriótico”, que él consideraba esencial. Sobre la base de esa concepción castrense llevó adelante tres facetas de un mismo plan: cercenó derechos de organización sindical; expulsó a los experimentados obreros europeos reemplazándolos por inexpertos obreros argentinos, esencialmente traídos desde Catamarca; y puso en marcha complejo entramado social, al estilo militar, que contemplaba el otorgamiento de beneficios sociales para concretar la cooptación, dependencia y sumisión de los trabajadores; y finalmente incorporó un fuerte esquema educativo vinculado a la Iglesia que apuntaba a la profundización de “argentinización” de los obreros y sus familias.

La guerra contra los trusts

A fines de 1920 Mosconi quiso comprar combustible para aviones, con la finalidad de concretar una serie de raids de entrenamiento, pero la compañía WICO -que manejaba el monopolio de los combustibles en el país- se lo negó. Fue en ese momento cuando Mosconi se preguntó: “Y si en lugar de tratarse de un simple raid de entrenamiento se debiera cumplir la orden de atacar una escuadra enemiga…? ¿qué haríamos en tal circunstancia, en que, por la torpe actitud de un comerciante, nos veíamos impedidos de hacer levantar vuelo a nuestras máquinas por carecer de combustibles para ello?”.

Allí está la clave de la comprensión, la elaboración y las posteriores acciones de Mosconi al frente de YPF. Él jamás estuvo completamente en contra de la coexistencia de las petroleras privadas y el Estado en el manejo de este recurso natural estratégico, tampoco se opuso a que los trust pudieran extraer petróleo en la Argentina, pero comprendió que la existencia de monopolios privados imposibilitaba la concreción de los planes estratégicos para el avance industrial y militar del país.

El ya teniente coronel inició la más dura batalla de la historia argentina para limitar el poder de los  trusts. La WICO (que había pasado a denominarse ESSO a finales de la década de 1920) monopolizaba el mercado de los combustibles e imponía discrecionalmente el precio de los combustibles y lubricantes.

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Mosconi la enfrentó a ESSO y a fuerza del desarrollo de YPF consiguió en agosto de 1929 imponer por primera vez un precio establecido por el Estado en la nafta, el kerosene y el fuel oil. Había logrado conquistar su máximo objetivo, el que se había juramentado cuando abandonó las oficinas de la WICO.

Dos años antes se enfrentó con la Standard Oil. La compañía había conseguido enormes concesiones en el norte del país y pretendía construir un oleoducto desde Bolivia para así dominar el mercado petrolero en ambos países, pero Mosconi hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar la construcción de ese gasoducto.

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Retroceso en la “década infame”

A lo largo de la “década infame” fue el momento en que las compañías privadas petroleras superaron en la extracción de crudo a la YPF estatal y esa tendencia recién se revirtió a mediados de los años ’40. Para cuando se inició la década de 1940, una serie de cambios profundos se preanunciaban en la política y la economía de Argentina, aunque también significó un fuertísimo impacto el inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Los años ’30 y los primeros del ’40 fueron de absoluto predominio de las compañías privadas extranjeras, tanto las inglesas, holandesas o estadounidenses. La pérdida del rumbo nacionalista de la YPF mosconiana se tradujo claramente en la supremacía inclusive extractiva de los capitales foráneos.

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Consolidación y convivencia en tiempos del peronismo

Cuando Juan Domingo Perón llegó a la Presidencia, YPF se había transformado en una sólida empresa estatal en el ámbito de los hidrocarburos, más allá que durante toda la década del ’30 las acciones de los gobiernos abrieron el mercado de los combustibles a las petroleras privadas, perdiendo mucho terreno frente a estas compañías. Por ejemplo, ante el faltante de petróleo para la destilación y la obtención de combustibles, YPF era la encargada de importarlo y luego le facilitaba una porción importante a las destiladoras privadas para que lo comercializaran. A pesar de casi una década de supremacía de las petroleras privadas, YPF estaba mucho más sólida y mejor posicionada para cuando se inició la etapa peronista.

El general Perón anunció una dirección política sobre la cuestión petrolera el 13 de diciembre de 1947 cuando dijo en el discurso por el Día del Petróleo que: “la política petrolera argentina… ha de basarse en los mismos principios en que descansa toda la política económica: conservación absoluta de la soberanía argentina sobre la riqueza de nuestro subsuelo y la explotación racional y científica por parte del Estado”.

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Dos años más tarde -en 1949- el peronismo modificó la Constitución Nacional y en su artículo 40 plasmó sus intenciones de avance estatal sobre el manejo de los yacimientos de hidrocarburos, estableciendo la posibilidad de expropiar y monopolizar los recursos hidrocarburíferos y sus derivados. Pero ese famoso artículo 40 quedó en letra muerta ya que jamás se expropio, se nacionalizó o se monopolizó nada del mercado petrolero en el país.

En 1955, ya con la finalización del boom exportador de posguerra y un enorme déficit energético, Perón buscó firmar un convenio absolutamente favorable para la subsidiaria en el país de la compañía petrolera estadounidense Standard Oil. Era el fin de un intento monopolista y nacionalizador que jamás llegó a concretarse.

Las fracasadas batallas de Frondizi e Illia

El camino similar al de Perón transitaron los presidentes Arturo Frondizi y Arturo Illia, aunque este último dio un pequeño pero importante paso adelante que quedó trunco por otro golpe militar.

El primero, Frondizi, intentó llevar adelante e instalar los ideales y las banderas del desarrollismo nacionalista en el país; escribió libros importantísimos (especialmente el brillantemente descriptivo “Petróleo y Política”) donde cuestionó las políticas entreguistas de todos los gobiernos que lo antecedieron, pero cuando accedió al poder fue él quien concesionó buena parte de los yacimientos argentinos a empresas privadas extranjeras, dando inicio a un proceso de concesiones privadas que sólo concluiría con el empeoramiento de las privatizaciones y la entrega definitiva del petróleo nacional.

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El segundo, Illia, dio un paso importante anulando las concesiones y nacionalizando los yacimientos, pero no contó con la fortaleza política suficiente para aplicar y sostener una decisión de tamaña importancia, quedando completamente aislado y siendo víctima del golpe encabezado por Juan Carlos Onganía en el ’66.

Luego de una intensa campaña electoral pro nacionalista con la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), Frondizi ganó los comicios del ´58 e inmediatamente después de asumir abrió las puertas de par en par del país a las inversiones extranjeras, especialmente a las estadounidenses. Lo mismo sucedió en el ámbito petrolero donde firmó los famosos contratos de 1958, entre los cuales se destacó el que entregaba en concesión el yacimiento de Cerro Dragón en la provincia de Chubut.

Dictadura y avance del neoliberalismo

Las décadas de 1970, ‘80 y ‘90 marcaron el recorrido de la entrega y liquidación definitiva del Estado en el ámbito de los hidrocarburos. El predominio de las empresas privadas que se produjo durante la segunda mitad del siglo pasado tuvo su punto más elevado con la privatización definitiva de la YPF estatal en septiembre de 1992.

Las batallas perdidas a lo largo de casi todo el siglo pasado desembocaron en un triste privilegio para la Argentina. YPF se fundó en 1922 y 70 años más tarde, en 1992, se privatizó durante la gestión del presidente peronista Carlos Menem.

Desde la creación de YPF, el Estado usufructuó las bondades del enorme gigante petrolero de Latinoamérica, quedándose con una suculenta tajada de sus utilidades que iban a la bolsa común de las Rentas Generales; pero paralelamente YPF iba deteriorándose por el manejo burocrático concretado por tecnócratas que tenían una fuerte raigambre privatista.

Los contratos de concesión firmados por Frondizi en 1958 le abrieron la puerta grande a las empresas privadas quienes pasaron a controlar más del 30% del sector y se afincaron en esa posición estratégica. Atrás quedaron los años del nacionalismo petrolero y los proyectos de desarrollo industrial basado en YPF y las empresas estratégicas del Estado.

Esa situación se profundizó y marcó el inicio de la debacle de YPF con la llegada del golpe militar de 1976.

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YPF como herramienta para la deuda externa

La privatización efectiva de YPF no comenzó con las leyes del menemismo, sino que concluyó con la transformación de YPF en Sociedad Anónima; en realidad se inició de manera concreta con la dictadura militar de 1976, el apabullante endeudamiento de la petrolera estatal y la instalación del modelo neoliberal.

Fueron justamente los gobiernos anticonstitucionales de Videla, Galtieri y Bignone quienes forzaron el endeudamiento catastrófico en el que se hundió el país y al que la petrolera estatal no estuvo ajena. Es más, la cuantiosa deuda en que dejaron sumida a YPF es uno de los casos más paradigmáticos de todo el proceso dictatorial.

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El gobierno dictatorial, encabezado económicamente por Alfredo Martínez de Hoz, fue el encargado de llevar adelante el plan neoliberal de endeudamiento externo y destrucción del aparato productivo lo que posibilitó que se abriera el camino para el desarrollo de la economía especulativa. Dicho proceso se desarrolló simultáneamente en toda América Latina y estuvo impulsado esencialmente por los organismos de créditos internacionales (FMI, Banco Mundial, BID, etc.), con el auspicio de los Estados Unidos.

La práctica más frecuente, inculcada por los organismos financieros internacionales, era la de tomar créditos externos -en dólares- a nombre de YPF y posteriormente dirigirlos hacia gastos corrientes y el mercado cambiario. Hacia la petrolera estatal sólo se destinaban pocos fondos en pesos para el funcionamiento administrativo, sobre un total de 423 créditos tomados por una suma cercana a los 9.460 millones de dólares. Las empresas del Estado se transformaron en las poleas transmisoras de la obtención de los créditos externos que provenían fundamentalmente de bancos estadounidenses.

Autoabastecimiento alfonsinista y apertura al capital privado

El retorno de la democracia significó una profundización de la desnacionalización petrolera que se combinó con el autoabastecimiento del mercado interno. Con el objetivo de escaparle a dependencia del petróleo importado, el gobierno radical de Raúl Alfonsín salió a buscar inversiones en el extranjero y firmó contratos beneficiosos para las petroleras foráneas. El único mérito de dicha política fue haber logrado el autoabastecimiento.

A priori lo que podría considerar como un paso adelante, como lo fue el autoabastecimiento de hidrocarburos, se convirtió en un retroceso ya que las multinacionales del sector continuaron instalándose con mucho más peso en el mercado nacional y se vieron beneficiadas con los contratos otorgados a principios de la década del ’80.

Con la obtención del autoabastecimiento de petróleo se redujeron a cero las importaciones de crudo, pero paralelamente comenzaron a desarrollarse dos procesos complementarios: por un lado, se iniciaron las exportaciones de crudo y por el otro se redujeron considerablemente las reservas de hidrocarburos nacionales.

El menemismo y la liquidación de YPF

A partir de la salida anticipada del radicalismo y la llegada de Carlos Saúl Menem al gobierno, en 1989, el proceso de desregulación y privatización tuvo una profundización ya conocida y que quedará inscripta en los libros de historia. El menemismo privatizó en septiembre de 1992 la enorme petrolera estatal con el argumento de la ineficiencia pública y la supuesta capacidad privada para hacer funcionar todo lo que el Estado decían que no podía. Pero antes de entregarla por completo a las petroleras multinacionales transformó a YPF en Sociedad Anónima y posibilitó el ingreso de los inversionistas privados.

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El proceso ya era irreversible y casi no existió resistencia a la privatización de YPF, salvo escasos ejemplos en Comodoro Rivadavia y algunos otros pocos sectores Noroeste. La enorme campaña propagandística y mediática contra todo lo que fuera estatal -encabezada por Bernardo Neustad y Mariano Grondona- surtió efecto y se instaló en el imaginario colectivo la idea que el Estado era ineficiente y corrupto.

El golpe de gracia definitivo estuvo también en manos del menemismo cuando en 1998 vendió la casi totalidad de las acciones de YPF SA y la española Repsol adquirió el 98% del capital accionario de la moribunda empresa estatal.

El 22 de septiembre de 1992 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 24.145/92, la cual significó la privatización definitiva de la petrolera estatal. Todas las áreas concesionadas pasaron a manos de las provincias productoras de hidrocarburos, las que solamente podrán disponer de las mismas a partir del año 2017, quedándoles a los gobiernos provinciales para su administración concreta tan sólo el 0,2% de las áreas productivas del país.

El ocultamiento de las reservas

Antes de que YPF fuera transformara en Sociedad Anónima y sus acciones se ofertaran a los inversores privados, el gobierno menemista contrató a una consultora internacional para que relevara las reservas de petróleo y gas existentes en el país.

La evaluación de la consultora privada arrojó como resultado que las reservas de YPF eran muy menores a las que se venían declarando durante los años previos a la privatización. Producto de esta revisión de los reservorios la petrolera estatal perdió considerablemente su valor accionario, ya que las petroleras valen esencialmente por las reservas con las que cuentan. Poco tiempo después y con una valuación menor YPF era privatizada y sus acciones vendidas a valores casi irrisorios.

Para evaluar las reservas de petróleo y gas el gobierno nacional decidió convocar a seis consultoras internacionales, a través de fondos provenientes del Banco Mundial, se contrató para la auditoria a la estadounidense Gaffney, Cline y Asociados. Dicha firma se encargó relevar 234 yacimientos de todo el país y elaboró un informe de las reservas existentes al 31 de diciembre de 1989.

Privatización y despidos

Conjuntamente a los devastadores efectos económicos y estratégicos en el manejo de los hidrocarburos nacionales, la privatización de YPF generó también una gran expulsión de trabajadores que se distribuían a lo largo y ancho de casi todo el país. En algunos pueblos, ciudades y regiones los efectos de los despidos generados por la privatización provocaron daños sociales muy importantes y ondas expansivas tal como si hubiese tratado de una explosión nuclear.

La dictadura militar no sólo se encargó de endeudar a YPF, sino que también redujo de manera importante las reservas de crudo y gas, pero también achicó en casi 20 mil trabajadores la dotación de personal nacional de la petrolera estatal. En 1975, YPF empleaba 50.555 trabajadores en todo el país -máximo histórico en la empresa-, pero para cuando concluyó la administración militar en 1983 había 18.000 empleados menos. Esa enorme oleada de despidos sólo fue superada en 1992/93 con la privatización menemista, inmediatamente después de la privatización (en el año 1994) sólo quedaban 10.100 empleados; es decir que el personal se había reducido en 40.400 trabajadores.

Los efectos de la privatización no sólo se hicieron sentir a través de la desocupación, sino que también repercutieron en las economías regionales, en la circulación de divisas y en los consumos elevados que posibilitaban los salarios petroleros.

En la totalidad del país YPF llegó a tener en 1975 más de 50 mil empleados, pero de ahí en más los despidos y el achicamiento del personal en la petrolera estatal fue una constante que jamás se revirtió en los años posteriores.

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De la Sociedad Anónima al desembarco de Repsol

Después de que se concretara la privatización e YPF se transformara en una Sociedad Anónima, la petrolera fue perdiendo constantemente terreno en el mercado de los hidrocarburos del país, pero también fue deteriorándose como empresa importante en el contexto internacional.

Cuando se desguazó la YPF se estatal se lo hizo bajo las concepciones de “eficiencia” y “productividad” del capital privado en el manejo de las empresas que el Estado supuestamente no podía conquistar. La producción hidrocarburífera nacional tuvo un incremento más que notorio, pero una de las variables que da por tierra con los principales argumentos privatistas se vincula al horizonte en años de las reservas obtenidas en el conjunto de las cuencas hidrocarburíferas del país.

Mientras que en 1993 había en la Argentina reservas petroleras para 10,2 años, en el lapso 1994/1998 esa perspectiva se redujo en más de un año. Recién en 1999, y seguramente que a partir de la incorporación de tecnología de punta en la etapa exploratoria, las reservas retornaron al nivel de 1993. En dicho período se observa un crecimiento en la producción del 35,2% y del 38,5% en las reservas, producto de esa paridad en los incrementos el horizonte en años siguió siendo el mismo.

En el marco de esta etapa de entrega, con formato legal de venta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la misma se cumplió en distintas fases:

– La primera se dio en julio de 1993, cuando la composición accionaria contenía una fuerte presencia Estatal, tanto Nacional como Provincial, y la tenencia de la acción de oro que le otorga al Estado la potestad de dar acuerdo para la venta total de la empresa o su cambio de sede. El precio de la acción fue fijado en 19 dólares.

– La segunda comprende hasta 1998 donde fue creciendo el porcentaje de participación privada, fundamentalmente orientado hacia fondos de inversión extranjeros (especialmente estadounidenses) y del sector privado argentino, manteniéndose la participación del Estado Nacional. El precio de la acción alcanzó los 30,68 dólares.

– La tercera se produjo a inicios del año 1999, cuando el Estado Nacional vendió el 14,99% de sus acciones a Repsol. La participación privada estaba compuesta por fondos de inversión extranjeros (ingleses, franceses, estadounidenses, bancos nacionales y AFJP, bancos internacionales, empresas petroleras de capitales nacionales y particulares).

– Finalmente, entre mediados y fines de 1999, se concretó la venta del resto del paquete accionario del Estado y Repsol adquirió el 83,24% de las acciones, quedando el 0,4% en litigio y en poder de los ex agentes ypefianos.

De la argentinización a la expropiación de Repsol

En el año 2012 y cuando se cumplían los 90 años de la creación de YPF el kirchnerismo expropió Repsol para quedarse con el control del 51% de las acciones de la petrolera privatizada.

Ese fue el último punto de inflexión que se desperdició para cambiar el curso de la historia y convertir a la compañía en manos privadas y extranjeras en una verdadera empresa de bandera nacional y estatal.

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Las expectativas fueron muchas hace una década y hasta se mostró una efervescencia anti privatista que se fue diluyendo al poco tiempo. Atrás quedaron los intentos de la argentinización a través de los socios nacionales del Grupo Petersen y también las esperanzas de que YPF vuelva a ser un faro contra las privatizaciones y la reconstrucción de una empresa estatal y federal.

YPF y su prioridad hacia Vaca Muerta

La “nueva” YPF estatizada parcialmente no cambió sustancialmente su mecanismo de funcionamiento y siguió desarrollando el esquema de decisiones como lo venían haciendo la Sociedad Anónima menemista o la patronal de los españoles.

El gobierno puso el centro en los hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta para aminorar las importaciones de gas natural licuado, abrió de par en par las puertas al desembarco del empresariado petrolero privado en los yacimientos neuquinos, implementó un festival de subsidios estatales a las multinacionales y hasta firmó con Chevrón un acuerdo “secreto” para la explotación de esos recursos naturales.

El macrismo continuó y profundizó ese proceso, mientras que el albertismo no da ninguna muestra de modificar esa lógica.

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En ese marco, Comodoro cada vez quedó más lejos de los planes de desarrollo de YPF. Incluso hace apenas dos años amagó con llevarse de la capital nacional del petróleo las oficinas centrales de la compañía, localizadas en Kilómetro 3 y fundadas en 1929, en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Desde mayo del 2012 -cuando se aprobó el proyecto de “soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”- YPF no recuperó íntegramente la enorme renta petrolera -ni la propia ni la del conjunto del sector- y además se transformó en un actor privado más que se desempeña con la misma lógica que el resto de los actores petroleros. Eso ocurre tanto en el terreno de las inversiones como en el productivo, y también en el proceso de flexibilización de los Convenios Colectivos y los aumentos constantes en los precios de los combustibles -dentro de los cuales la Patagonia perdió toda ventaja comparativa-.

Diez años más tarde, el modelo de empresa instrumentado por el kirchnerismo terminó siendo un fracaso. Si se consideran los millones que se le pagaron a Repsol -13.437 millones de euros- y los juicios que aún persisten en Nueva York por haberse quedado con el 51% de las acciones de la compañía, el resultado no admite juicios positivos.

El sueño kirchnerista de lograr el autoabastecimiento de gas gracias a uno de los mayores yacimientos no convencionales del mundo también se tradujo en la prioridad del macrismo y ahora del albertismo. En esa porción neuquina de la Patagonia la tan intransigente grieta se esfumó.

La quimera de hacer funcionar Vaca Muerta para reducir las importaciones de gas y así comprimir el uso de dólares hasta el momento se evidenció como inconsistente.

Una lluvia de subsidios a la producción no convencional salió desde las arcas del Estado nacional para el empresariado privado petrolero, tanto en tiempos del peronismo como del macrismo -incrementados exponencialmente durante la faceta neoliberal de Cambiemos, pero pagados religiosamente en tiempos del kirchnerismo-.

Desinversión en Chubut

Las inversiones petroleras proyectadas por las operadoras ascenderán en Chubut durante 2022 a unos 1.030 millones de dólares. Dicha suma representará una suba del 11% respecto del año pasado, pero será 10% menor a la registrada en el período previo a la pandemia y 41% más baja respecto del punto que se alcanzó en 2015. En contrapartida, los hidrocarburos no convencionales de la Cuenca Neuquina concentrarán 5.089 millones de dólares en inversiones y su suba interanual será del 34%.

2022 no será el año del despegue definitivo de las inversiones y la actividad petrolera en Chubut y la Cuenca del Golfo San Jorge. Por el contrario, el leve repunte proyectado para este año sigue mostrando cierto estancamiento en la provincia y evidencia que las operadoras priorizan los desembolsos de dólares en Vaca Muerta.

En 2012, durante la segunda gestión de Cristina Kirchner en la Presidencia y tras la recuperación parcial del capital accionario de YPF, Vaca Muerta se transformó en el objetivo principal para la otrora petrolera estatal.

Ese año las inversiones de YPF en Chubut representaban el 56% de lo que se comenzó a desembolsar hacia los hidrocarburos no convencionales en la Cuenca Neuquina. Los yacimientos dejaron de ser definitivamente prioridad para la compañía con mayoría accionaria del Estado nacional.

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Tras la firma del acuerdo secreto con Chevron en Vaca Muerta durante el 2013, las proporciones se fueron desequilibrando aún más en perjuicio de Chubut hasta llegar en 2021 a representar tan solo el 9,7% de todo lo invertido por YPF en los convencionales neuquinos.

Para este año la oscilación será un poco menor, pero Chubut recibirá solamente el 14% de todo lo que YPF desembolsará en Vaca Muerta.

Así, y con un panorama desalentador, llegan YPF y Chubut al centenario de la empresa que supo ser una línea directriz productiva y de desarrollo para la región y el país.

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Con extractos del libro “YPF, la liquidación” (Espacio Hudson – 2012), de los autores Marcelo García y Alejandro Bassi.

Fuente: El Extremo Sur.

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