Heredia: «Es la propia Corte quién está garantizando la impunidad de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado»

«Cuando asumí este caso en agosto de 2017 ya sabía que estaba frente a un trabajo de mucho costo, en tiempo de trabajo, de estudio, con un gran desgaste profesional y personal: el caso de la desaparición forzada de Iván Torres me enseñó a trabajar como si me preparara para correr 100 km., paso a paso, todos los días, sin cansarme», explica la abogada Verónica Heredia sobre la causa de desaparición forzada y posterior muerte de Santiago Maldonado, que actualmente se encuentra paralizada pero podría reabrirse a raíz de un nuevo testimonio que compromete aún más a las Fuerzas de Seguridad.

El 17 de octubre de 2017, tras 77 días desaparecido, se halló el cadáver de Santiago Maldonado en el Río Chubut, dentro del Pu Lof en Resistencia de Cushamen. En agosto había participado en un corte de ruta en medio de la lucha por la recuperación de tierras ancestrales mapuches que fue dispersado por efectivos de la Gendarmería Nacional. Al igual que otros casos que implican desapariciones en democracia con la participación de Fuerzas de Seguridad, la causa sufrió diversas dilaciones. Hoy se encuentra paralizada, según explica la abogada Verónica Heredia en diálogo con este medio. Su desaparición forzada y posterior muerte desnudó la complicidad de ciertos sectores con la Justicia y la fuerte presencia mediática en la construcción de narrativas hostiles contra el Pueblo Mapuche.

La autopsia estableció que Santiago Maldonado falleció por «ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia», que había permanecido «siempre abajo del agua y no en otro medio» y se descartó la existencia de moretones o traumatismos asociados a una muerte intencional. La familia y el equipo legal repudió esta resolución y desde el 2018 luchan por la reapertura de la causa y el esclarecimiento de los hechos.

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La familia Maldonado, junto a cuatro organizaciones de Derechos Humanos, apeló la sentencia de Lleral que cerró la causa en 2018. En septiembre de 2019, la Cámara hizo lugar a la apelación y anuló la sentencia del juez, al considerar que la investigación había sido insuficiente y que no se habían realizado las pruebas solicitadas por la querella.

Se ordenó reabrir la causa para llevar a cabo las investigaciones pendientes que apuntan a un eventual delito de abandono de persona, especialmente por parte de Gendarmería.

La Cámara precisó el estado de la investigación y explicó: «nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos».

«La causa está paralizada»

En diálogo con El Extremo Sur, la abogada de la familia, Verónica Heredia, precisó que la causa «hoy está totalmente paralizada hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva nuestro planteo de qué se investiga y quién investiga».

Recordó la declaración del Juez Lleral el 29 de noviembre 2018: «Ningún agente del Estado, y ninguna otra persona o grupo de personas, privó de la libertad a Santiago Andrés Maldonado, menos aún en nombre, con la autorización, apoyo o la aquiescencia de aquél. Santiago por propia voluntad se introdujo en las heladas aguas del Río Chubut y allí murió, sin testigos de ese trágico final.»

Heredia recuerda que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y la Cámara de Casación Penal «revocaron la sentencia de Lleral y sostuvieron que había que continuar investigando porque ‘existen medidas de prueba pendientes de producción, cuya realización podría arrojar una luz definitiva que permitiría esclarecer en profundidad las circunstancias que rodearon la muerte de Santiago Andrés Maldonado y establecer, si las hubiera, las eventuales responsabilidades penales de ese deceso’».

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«Sin embargo, como descartaron la hipótesis de desaparición forzada, impugnamos ante la Corte Suprema en marzo de 2020 sosteniendo que no se puede descartar ninguna hipótesis de investigación. También impugnamos que sea el Dr. Lleral quien continúe investigando, postura que comparte el propio Dr. Lleral», agregó. Es por ello que desde esa fecha no hay actividad en la causa.

Un nuevo testimonio comprometedor

En abril de este año, apareció un nuevo testimonio con alto poder probatorio que compromete aún más a la Gendarmería. Una profesional civil de esta Fuerza declaró declaró que en su consultorio varios gendarmes comentaron el operativo del 1 de agosto de 2017 en la Pu Lof de Cushamen, y dijeron que «había un detenido, se referían a él como el ‘hippie’, lo habían detenido en la zona del campo de (Luciano) Benetton».

«El nuevo testimonio da cuenta de todo lo aún falta investigar y refuerza la hipótesis de la desaparición forzada, pero fue ‘reservado’ por el Dr. Lleral hasta que la Corte Suprema resuelva nuestros planteos. Así queda al desnudo que es la propia Corte Suprema quien está garantizando la impunidad de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado», analizó Heredia.

La abogada destacó el rol de los medios de comunicación en el proceso de desacreditación contra Santiago y su familia: «El rol de los medios de comunicación fue analizado por el Grupo de Expertas y Expertos Independientes (GEEI) que dio cuenta del evidente interés e injerencia que tuvieron en procurar diluir responsabilidades y explicaciones de los acontecimientos».

«Comprobaron que, a través de la estigmatización y desvalorización de Santiago y del acompañamiento a la comunidad mapuche de la Pu Lof en Resistencia en Cushamen en su reclamo, se buscó diluir la hipótesis de intervención del Estado en su desaparición e instalar y fortalecer «el accidente» como explicación última de los hechos», agrega.

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«A casi 5 años, la insistencia de los medios en la desacreditación de Santiago y su familia, especialmente de Sergio, y también de la comunidad a la que apoyaba, nos permite afirmar que en este caso y su configuración mediática y digital, existe un escenario de disputa narrativa que no puede dejarse a merced del discurso oficial de entonces ni de las estrategias y operaciones de propaganda mediática», detalla Heredia.

Consultada sobre las expectativas a futuro, comentó: «Cuando asumí este caso en agosto de 2017 ya sabía que estaba frente a un trabajo de mucho costo, en tiempo de trabajo, de estudio, con un gran desgaste profesional y personal: el caso de la desaparición forzada de Iván Torres me enseñó a trabajar como si me preparara para correr 100 km., paso a paso, todos los días, sin cansarme».

«Estar junto a Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que están hace 45 años buscando a sus hijos, hijas, nietos, me recuerda que es imposible no creer todos los días que vamos a encontrar la verdad, a conocer a los responsables y a tener justicia», concluye la letrada. 

Fuente: El Extremo Sur

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