Desde el inicio del período ordinario a esta parte los bloques mayoritarios eludieron el tratamiento de proyectos como la relanzada protección de los humedales y, por efecto del lobby empresarial vigente, podrían dejar caer iniciativas de fomento a la agroecología o que apuntan a sancionar los delitos ambientales, entre otras. El extractivismo, blindado por oficialistas y el macrismo. La política juega al desaliento y la separación del drama social.
Se va la primera mitad del año y en la Argentina de
la crisis ambiental acelerada el Congreso de la Nación hace de cuenta que no
pasa nada. Desde el inicio del período ordinario en marzo pasado hasta la
fecha, el tratamiento de leyes y regulaciones relacionadas directamente con la
protección de ecosistemas, el estímulo a la agroecología, la sanción a los
delitos ambientales y la responsabilidad en la generación de envases, por
mencionar algunos tópicos, es igual a cero.
Por supuesto que esta inacción no es un brote de casualidad: representa la
manifestación de lobbys, acuerdos, diferencias y representación de intereses
privados que encarnan los principales legisladores que integran los bloques
mayoritarios del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Detrás de cada decisión que se demora o, directamente, no se toma hay un
privilegio que se otorga. En este caso, a favor de un extractivismo que, en
mayor o menor medida, dice presente en todas las gestiones vigentes –nacional,
provincial y municipal– y explica por qué hoy prolifera tanto proyecto en el
cajón. A la espera, en más de una situación, de que se pierda estado
parlamentario.
Desde la Asociación Argentinas de Abogados/as Ambientalistas uno de sus
referentes, Rafael Colombo, me acercó un detalle de las iniciativas apiladas en
el freezer por efecto, también, de una burocracia que se amolda perfecto al
deseo de amplios sectores de la dirigencia política de mantener el saqueo y la
contaminación de áreas naturales.
Entre las propuestas que siguen sin tener lugar en la agenda inmediata del Congreso se destacan:
Proyecto de ley de humedales.
Fomento a la agroecología.
Proyecto de ley de protección de los derechos de la naturaleza –perdió estado parlamentario y se propone el reingreso–.
Incorporación al Código Penal de los delitos contra el ambiente y la naturaleza.
Proyecto de ley de envases –también perdió estado parlamentario y la intención es reingresar la iniciativa–.
Colombo indicó que, si no es tratada en los meses
venideros, la propuesta de legislación que contempla el fomento a la agroecología
se caerá este año. Para evitar esto, precisó, deberían sortearse las trabas que
surjan en comisiones como Agricultura y Ganadería, espacio bajo control de
Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri.
Otro que también podría perderse este año es el marco que amplía la
penalización de los delitos contra el ambiente. Respecto del proyecto de ley de
humedales, en cambio, la iniciativa se volvió a presentar hace más de dos meses
–perdió estado parlamentario el año pasado– pero aún no arribó a las comisiones
correspondientes para su discusión.
La potencial normativa propone, entre otras cuestiones, penalizar los incendios
intencionales en estos territorios y contempla, también, una serie de controles
sobre la aplicación de químicos en general y agrotóxicos en particular. La
iniciativa, presentada a principios de marzo por el diputado Leonardo Grosso,
crearía, además, un inventario nacional de humedales con detalle de ubicación y
características de estos ecosistemas.
La agenda ausente
El experto de la Asociación Argentinas de Abogados/as Ambientalistas se refirió
a los factores negativos que se combinan para que no exista tratamiento de este
tipo de normativas.
“La agenda legislativa ambiental en el Congreso se encuentra de momento paralizada
por una serie de razones. La primera tiene que ver con una demora casi dos
meses y medio del mismo Congreso en iniciar su funcionamiento regular y con
comisiones integradas y constituidas. Recordemos que el Presidente abrió el
periodo ordinario el 1° de marzo. Desde ese momento a la fecha no ha habido una
actividad continua”, dijo.
Como segunda variable en contra Colombo mencionó “la ausencia de consensos
políticos robustos para estudiar, analizar, debatir, tratar y llevar al recinto
las principales leyes ambientales actualmente en agenda”.
Y, por último, dio cuenta del aspecto que expone la inclinación por el
extractivismo que evidencian los principales bloques: “La tercera razón refiere
al lobby de legisladores y legisladoras contra determinados proyectos y el rol
de estos funcionarios en cada una de las comisiones. Sobre todo, en aquellas
donde predomina la racionalidad extractivista y desarrollista, como son
Agricultura y Ganadería, Industria, Energía y Combustibles, Intereses
Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, y Minería”.
Colombo remarcó lo relevante de “entender de qué provincia proviene cada
legislador o legisladora y cuáles son los intereses del gobernador y las
empresas que allí arrasan con los ecosistemas y los derechos humanos de las
comunidades”.
“En Agricultura y Ganadería, por poner ejemplo, yacen en una suerte de
cementerio de expedientes buena parte de los proyectos que cuestionan el actual
modelo agroindustrial a base de transgénicos y agrotóxicos”, graficó.
El especialista no dudó en afirmar que fue en esa comisión donde hacen de las
suyas el mencionado Buryaile, el oficialista Carlos Ponce, el también macrista
Pablo Torello, Gabriela Brouwer de Koning, de Evolución Radical, y Carlos
Gutiérrez, de Córdoba Federal, entre otros nombres, donde ocurrió el mitin “en
el que se firmó el acta de defunción del proyecto de ley de humedales”.
Un desastre que la política no quiere ver
A la par de las presiones e influencias que juegan en contra del tratamiento de
proyectos esenciales para la supervivencia socioambiental, Colombo sostuvo que
la discusión en torno a la afectación que generan las actividades productivas y
el consumo no representa prioridad alguna para el grueso de las huestes
políticas sentadas en el Congreso.
“La situación ambiental no tiene la dimensión necesaria y por eso está ausente
de las prioridades parlamentarias. Cuando el Congreso decide debatir un asunto,
esto se lleva a cabo de inmediato. Lo vimos y estamos presenciando en lo que
refiere a la boleta única de papel, el cultivo de cannabis, el monotributo, la
ley de alquileres. Con los proyectos ambientales eso directamente no ocurre”,
dijo.
Para luego ejemplificar: “No ocurrió con la ley de humedales a pesar que vimos
en vivo cómo ardieron cientos de miles de hectáreas. Y no sólo esa clase de
ecosistemas: tampoco se prestó atención cuando ocurrió lo mismo en bosques,
áreas naturales protegidas y reservas”.
Por último, Colombo destacó la labor que, más allá de la férrea oposición de la
que hacen gala los legisladores nucleados en Agricultura y Ganadería, viene
llevando a cabo la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente
Humano, a la que se refirió como “parte de la solución en lugar de otra arista
del problema”.
“La comisión realmente funciona. Con liderazgo, reuniones periódicas,
participación efectiva de la sociedad civil, acceso a la información y
rendición de cuentas. Es algo que hay que preservar”, comentó.
También dio cuenta de una buena novedad dentro de tanto desaliento: en una
sesión especial concretada el miércoles pasado se aprobaron proyectos para el
fortalecimiento de áreas naturales protegidas en Entre Ríos, Córdoba y Río
Negro.
“En rigor fueron formalidades sobre cesión y transferencia de dominio y
jurisdicción. Se trataron proyectos relevantes, claro, pero que no forman parte
del núcleo duro de lo que está reclamando la sociedad civil organizada. Esto
es, marcos legales para los humedales, los envases, la agroecología, la
evaluación de impactos ambientales o los delitos penales ambientales”,
concluyó.
La ceguera que predomina en el Congreso, cuando no es interés confeso por
profundizar el extractivismo, resulta fiel reflejo de la tradición dirigencial
imperante desde mediados de los 90 a este presente. Pero no por ello
corresponde aflojar la presión, aminorar la exigencia, y creer que, como
lamentablemente ya se ha consolidado en otros países de la región, la política
no es camino oportuno para la solución real de los problemas en los
territorios. Todo lo contrario: la salida es por ahí.
La idea de que la dirigencia y la sociedad transitan caminos irremediablemente
separados es otra máxima que, a modo de mensaje por ahora subterráneo,
transmiten los cultores del lobby y la representación corporativa que hoy se
disfrazan de diputados y senadores. A la par de intensificar el reclamo,
desactivar semejante complot con ribetes de asociación ilícita es otra tarea
que debemos asumir y emprender de un modo tan urgente como obligatorio.
Fuente: Revista Sudestada