Hay un intento de negación del carácter de crimen de Estado que tuvo la masacre de Avellaneda

El 26 de junio de 2002 fue un impacto para toda la militancia de ese momento. Había participado como integrante del CEPRODH de todas las reuniones previas a la preparación de esa jornada y recuerdo que la noche anterior, las amenazas que se lanzaban desde el gobierno eran serias, por eso no corresponde la teoría que quiere instalar que aquellos que apretaron el gatillo cometieron un exceso. Acá hubo un crimen de Estado. Desataron una cacería, de fuerzas conjuntas, federales y provinciales, que se continuó incluso hasta en el hospital donde nos dirigimos a reclamar que nos digan los nombres de los heridos y a saber su estado.

Con respecto a la disputa de sentidos en relación a aquellas jornadas, en primer lugar me parece que existe un intento de negación del carácter de crimen de Estado que tuvo la masacre de Avellaneda. Esto se profundiza por la presencia en el gobierno del Frente de Todos de algunos de sus responsables políticos. Hay también desde hace un tiempo un intento de ciertos sectores para relegitimar la figura de Duhalde como “pacificador”, buscando ocultar su responsabilidad fundamental en lo acontecido. Hay un segundo aspecto, no menor, que es la relación entre el asesinato de Darío y Maxi y el incremento de la persecución y represión a los movimientos piqueteros. Los discursos que bajaron desde sectores del gobierno, de la derecha y de gran parte de los medios de comunicación en los días del acampe en la 9 de julio [el 30 de marzo de 2022] hacían acordar en parte a los que se utilizaron para justificar la represión en el Puente Pueyrredón. No olvidemos la campaña previa montada desde los servicios de inteligencia y los voceros del gobierno de Duhalde, creando el clima para la represión, y que en el operativo represivo participaron tanto fuerzas de seguridad manejadas por el gobierno Nacional como por el de la Provincia, junto con los propios servicios que quisieron hacer pasar todo como “un enfrentamiento entre piqueteros”. En relación a estas cuestiones está en disputa el sentido de las movilizaciones populares, que desde el poder se tildan de “extorsivas” señalando a quienes se manifiestan como “delincuentes”. Creo que este contexto le da más valor a la reivindicación del legado de la lucha de Darío y Maxi en este 20 aniversario de su asesinato.   

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En medio de tanto intento de meter los valores del individualismo y de estigmatizar a quienes se movilizan por sus reclamos, la reivindicación de la jornada del 26 de junio de 2002 gana nueva fuerza. Lo mismo la convicción militante de Darío y de Maxi. Esa jornada enfrentaba los planes de terminar con el proceso de movilización que se abrió el 19 y 20 de diciembre de 2001. Por eso la política del gobierno duhaldista de montar ese brutal dispositivo represivo y el intento posterior de encubrimiento de lo ocurrido, incluida la célebre tapa de Clarín con el título “La crisis causó dos nuevas muertes” y las conferencias de prensa anteriores y posteriores de los miembros del gobierno. 

Un proyecto emancipatorio siempre se tiene que apoyar en la convicción y la solidaridad militante. Y Darío, a quien conocí, era clara expresión de esto. Por eso, como se canta en las movilizaciones y actos, él y Maxi siguen viviendo en cada lucha popular.

(*) El texto forma parte del libro Darío y Maxi. 20 junios. La ilustración pertenece a Maximiliano Kosteki.

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